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Lunes, 03 Junio 2019 12:37

A prueba la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; denuncian al fiscal Gerardo Octavio Solís por el “Samsung Gate”

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Por Jorge Olmos Contreras

La autonomía e imparcialidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción está una vez más a prueba, toda vez que ayer fue denunciado el fiscal general del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez (en la foto, del lado izquierdo) por delitos cometidos en la administración de justicia. Junto con Solís Gómez, también fueron denunciados dos agentes del ministerio público, Fernando Puga Paredes y David López Casillas (en la foto del lado derecho) y el juez de control y oralidad, Juan Antonio Reynoso Nava, todo derivado del “Samsung Gate”.

La querella fue interpuesta por el ex fiscal regional de Puerto Vallarta, Francisco Sandoval Rodríguez, por sentir que se violaron sus derechos humanos y porque estos funcionarios se habrían coludido para elaborar una Carpeta de Investigación falsa con el avieso objetivo de inculparlo por hechos en lo que, asegura, no participó y que ahora lo tienen vinculado a proceso luego de ser detenido en la ciudad de Guadalajara.

De acuerdo con Sandoval Rodríguez, Gerardo Octavio Solís Gómez sí tuvo conocimiento de la confección de una Averiguación Previa (AP) falsa para que un juzgado penal girara orden de aprehensión contra ejecutivos de la empresa de telecomunicaciones Samsung, uno de los cuales fue detenido y trasladado a Vallarta para tomarle su declaración preparatoria.

Francisco Sandoval afirma que el fiscal general siempre supo del asunto irregular en donde se simuló un delito para presionar a los ejecutivos de Samsung a firmar un contrato con la empresa Uomini Servicio de Seguridad Privada, cuyo representante es Javier Coello Zuarth, hijo del ex procurador general de la República, Javier Coello Trejo.

EL AMIGO DE SALVADOR GONZALEZ DE LOS SANTOS

Durante una conferencia de prensa ofrecida ayer por la mañana, Francisco Sandoval manifestó que incluso “se sabe que Javier Coello Zuarth es amigo de Salvador González de los Santos, que ostentaba el cargo de Fiscal Ejecutivo recientemente despedido por el Gobernador Alfaro, aparentemente por estar relacionado con este caso. Se dice que el despacho de los Santos en Guadalajara maneja los asuntos legales de Coello Zuarth y que presuntamente el trabajo sucio se hizo en Vallarta por órdenes de dicho personaje y que fue despedido por el gobernador, por que éste le preguntó si él estaba detrás de ese asunto, pero aquél lo negó y más tarde Alfaro supo cómo sucedieron los hechos y lo despidió un día después de mi detención”.

Ahora bien, Francisco Sandoval relató punto por punto este espinoso caso de corrupción que deja por los suelos la imagen de la Fiscalía jalisciense y, sobre todo, la credibilidad de Gerardo Octavio Solís Gómez.

Por ejemplo, que el siete de diciembre del 2018 se consignó por el Agente del Ministerio Público la AP 93/2015 en contra de Rubén Francisco Morales Guilfoyle, Oscar Roberto González Guillen y Jung An Jeon, ante el Juzgado Penal del Sistema Tradicional; solicitando el MP se girara orden de aprehensión contra los antes citados, que son funcionarios de la empresa de telefonía Celular Samsung Electronics México SA; esto, derivado de una denuncia formulada por la empresa Uomini Servicio de Seguridad Privada con la que tenía celebrado un contrato de Prestación de Servicios con vencimiento del 01 de Julio del 2015, y cuya recisión, dio lugar, primero a demandas de carácter civil ante el Juzgado Cuadragésimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, instaurándose el expediente 1102/2017; y segundo, a una denuncia penal por abuso de confianza en PV.

EL MÓVIL, LA SIMULACIÓN Y LOS CÓMPLICES

Sin embargo, la empresa Uomini –molesta porque ya no les quisieron renovar el contrato—reclamó unos muebles que, dijo, habían quedado dentro de las instalaciones de Samsung, cosas que fueron exigidas a través del apoderado general para pleitos y cobranzas de Uomini, Javier Coello Zuarth.

Y para que hubiera competencia de los tribunales estatales (de Jalisco), “fingieron que esos muebles habían sido trasladados a una bodega de Samsung en Puerto Vallarta y dado que no tenían facultades para formular querella, que ya había operado la prescripción de la acción penal del delito de abuso de confianza y que su objetivo era presionar a Samsung de México para que les devolvieran el contrato, pidieron el apoyo a un alto mando de la Fiscalía del Estado, que ahora sabemos era el Fiscal Ejecutivo de esa Institución, Salvador González de los Santos, quien a su vez contaba con el apoyo del Fiscal Estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez, para lograr su cometido; instruyendo a los subdirectores de la Dirección Regional para que prepararan una AP apócrifa, con la que se pudiera obtener una orden de aprehensión en contra de los funcionarios de la empresa de telefonía celular referida, para lo cual, contaron con  la complicidad de funcionarios del Juzgado Penal del sistema procesal tradicional referido”, subrayó Sandoval Rodríguez.

“En su momento –agregó el ex fiscal regional-- , el juzgado penal inició la causa 11/2018-B el 7 de diciembre de 2018 y dictó, a través de Guillermo Arnoldo Galindo Sahagún, secretario del mismo tribunal en funciones de juez, ante la ausencia del juez titular  Héctor Miguel Godínez Morales, las ordenes de aprehensión, habiéndose cumplimentado únicamente en la persona de Rubén Francisco Morales Guilfoyle por agentes de la policía investigadora, --aparentemente en el Estado de México o en la Ciudad de México--, el 23 de febrero de 2019; y una vez que fue puesto a disposición de dicho juzgado, se le tomó su declaración preparatoria a las 04 de la mañana del día 24, ya por el titular del juzgado, Héctor Miguel Godínez Morales, quien reasumió sus funciones, fijando al detenido una caución para gozar del beneficio de libertad, cosa que ocurrió el 25 de febrero luego de pagar una fianza”.

Aquí, llama la atención la actuación del juez Héctor Godínez, pues siempre dijo que no estaba al tanto de las irregularidades cometidas por sus secretarios, y ahora Francisco Sandoval asegura que fue el mismo Godínez quien le tomó declaración preparatoria al ejecutivo de Samsung que había sido detenido por la AP falsa.

LOS SINVERGÜENZAS

Pero siguiendo con lo que comentó ayer Sandoval Rodríguez ante la prensa, también afirmó que “se sabe que inmediatamente después (de la detención de su ejecutivo) Samsung de México se quejó ante la Presidencia de la República, que luego lo hizo del conocimiento del Gobernador del Estado Enrique Alfaro Ramírez”.

Y añadió: “resultando que después de hacerse una investigación no muy minuciosa por parte del Director Regional de la Fiscalía en Puerto Vallarta, Jesús Torres Ramírez, el 27 de febrero del 2019 se confirmó que las actuaciones practicadas en la AP 93/2015 eran falsas, dado que se tomó un número de otra indagatoria que fue archivada provisionalmente en el año 2015, pero que estaba referida a otros hechos, ciertos o falsos y personas diferentes; que los agentes del ministerio público y secretarios de las agencias que supuestamente practicaron las actuaciones negaron haberlas realizado y desconocieron las firmas que obraban en las mismas”.

No solo eso, sino que Francisco Sandoval citó otras irregularidades de este caso, como son que “los hechos que originaron la AP fueron realizados en junio del 2016; mientras que el poder general notarial que se presentó para facultar al representante de la empresa Uomini y formular querella, fue expedido el 7 de septiembre del 2015, es decir antes que ocurrieran los supuestos ilícitos; que las acciones penales ya habían prescrito antes de que en la indagatoria se ejercitara acción penal; que no se acreditó el elemento de tipo penal que exige un requerimiento previo formal para la devolución de los objetos, ya sea ante notario o antes dos testigos”.

Lo anterior dio lugar –agregó-- a que Gerardo Octavio Solís Gómez, el 28 de febrero 2019, en su carácter de Fiscal de Jalisco, presentara el desistimiento del ejercicio de la acción penal, y pidió el sobreseimiento de la causa penal y el sobreseimiento de la causa respecto a Rubén Francisco Morales Guifoyle (el ejecutivo de la Samsung), en virtud de las irregularidades encontradas con relación a la petición de la orden de aprehensión y  la revocación de la orden de aprehensión a favor de los otros dos ejecutivos de Samsung, Oscar Roberto González Guillén y Jung An Jeon.

OTRA IRREGULARIDAD

Derivado de lo anterior y con motivo de las primeras investigaciones –puntualizó Sandoval--, se inició la carpeta de investigación 1130/2019  por parte de Norma Adriana Sánchez Vázquez, Agente del Ministerio público adscrita a la Fiscalía Regional, que no era competente para conocer de estos hechos, pues los delitos por los que se judicializó finalmente son competencia de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Jalisco, ordenándose  mediante el oficio 77/2019, la declaración de  los servidores públicos de la Fiscalía de PV que aparecían en las actuaciones de la indagatoria mencionada, entre ellos David López Casillas; pero sin resultar sus nombres en ninguna actuación, ni en la declaración de los servidores públicos mencionados; providencialmente se agregaron los nombres de Oscar Ramón canales Rodríguez, Omar Quintero Becerra  y Rodolfo Rodríguez Rivera, que en las fechas cercanas a los hechos tenían el carácter de subdirectores en Puerto Vallarta, desde donde los llevaron a la Ciudad de Guadalajara “con el único objetivo de que declararan en mi contra, conforme a una estrategia ilegal y violatoria de derechos humanos, para culparme y proteger a los responsables. Habrá que señalar que las diligencias practicadas en dicha carpeta aparecen realizadas en Vallarta” (cosa que no fue así).

EL INVENTO

Francisco Sandoval comentó que, a finales de la administración de Jorge Aristóteles fue cambiado de adscripción a Guadalajara, y que el lunes 26 de noviembre del 2018, “encontrándome ausente, se presentaron en la Dirección Regional, agentes del ministerio público de la oficina de Asuntos Internos de la Visitaduría, y llevaron a cabo el cambio de mi adscripción y provisionalmente dejaron como encargado de la Dirección Regional en Puerto Vallarta al subdirector Oscar Canales”.

Que él se presentó hasta el día 28 del mismo mes, “debido a un problema de salud y el nuevo encargado me dio una copia del acta levantada con motivo de mi cambio y me dio el original del oficio en donde se me ordena que me presentara en Recursos Humanos en Guadalajara. Después, acompañado de dicho funcionario recogí mis cosas personales que ya estaban en cajas y en las que mis secretarias las habían empacado. Nunca regresé a las que fueron mis oficinas, por lo que a partir de mi salida no pude haber intervenido en la confección de la averiguación previa fraudulenta”.

Sin embargo, durante la integración de la carpeta 1130/2019, sin haber sido señalados los nombres de los tres subdirectores, procedieron a entrevistarlos y Oscar Canales, Omar Quintero y Rodolfo Rodríguez, dijeron que en los primeros días de noviembre de 2018, --“tal vez para defenderse de que les endilgaran la responsabilidad de haber  integrado  la AP calificada de falsa, o porque habían sido coautores del hecho, dado que ellos sí estaban trabajando por la fechas en que sucedió la creación de la falsa indagatoria, (ninguno se acordó de la fecha exacta casualmente, pero sí de la hora: las tres de la tarde)—que estando los dos citados dentro de mi oficina tratando asuntos de la misma y afuera Oscar Canales, vieron o escucharon que como a esa hora entró David López y que yo le dije, al tiempo que le entregaba un expediente en el que faltaban firmas, que las firmara y que David me había contestado: que no podía porque él no había practicado esas diligencias”.

SE LA CUADRARON

“No supieron los mendaces testigos cuál era el número, sino hasta el 27 de febrero de 2019, según sus declaraciones, en que el propio David les dijo que se trataba de la A.P. 93/2015. Debo señalar que esa reunión nunca existió, por lo menos para el fin que yo supuestamente me proponía, que dicho sujeto firmara las actuaciones de la AP falsa, sino que de esa manera me la “cuadraron” y  para completar la falta de precisión de los dichos de los  tres subdirectores, al ser entrevistado David López el 28 de febrero de 2019, dijo que él no había integrado la indagatoria falsa, que ninguna de las firmas que aparecen arriba de su nombre en las diligencias practicadas en la misma era la suya y ratificó casi tres meses después de la hipotética reunión, que la AP que presumiblemente le di a firmar tres meses antes, era la 93/2015, es decir cuando le convino hizo la aclaración, aunque en los tres meses siguientes nunca hizo ningún comentario a la superioridad, ni presentó denuncia, ni  lo hizo del conocimiento de ninguna autoridad”, enfatizó.

“Es notorio –puntualizó-- que pese a que la responsabilidad penal de David López y la coparticipación o encubrimiento de Oscar Canales, José Omar Quintero y Rodolfo Rodríguez es muy clara, la investigación y consignación de la carpeta de investigación 1130/2019 sólo se dirige en mi contra, pese a que mi salida de Fiscalía de Puerto Vallarta, fue como ya se dijo, fue el día 26 de noviembre; por eso inventaron algo que si bien no es una acusación sólida, pues David juega “al yo no fui, fue tete”, es él que reúne los mayores datos de prueba que demuestran que fue quien realizo la falsificación”.

“El Fiscal Estatal sigue apoyando a la gente que ejecutó las órdenes del funcionario mencionado (Salvador González de los Santos). La acusación es en mi contra y no contra David López y los coautores o encubridores-testigos citados. Y esa decisión de que la situación permanezca igual, aún a costa del deterioro de la credulidad ante la ciudadanía, puede significar que el Fiscal Estatal tuvo conocimiento y autorizó, primero, la falaz  indagatoria en contra del personal de Samsung que se hizo en Vallarta y que derivó en un escándalo y segundo, también de la otra carpeta de investigación penal arteramente falsa, utilizando como testigos a quienes son los verdaderos autores materiales de la primera impostura: los tres subdirectores y David López Casillas y con una investigación perversa y deficiente, resultó  que no hubo indicios suficientes para fortalecerla,  y establecer al menos las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión de los hechos que se me atribuyen, y que solo están en la mente de quienes elaboraron la indagatoria en mi contra”, acotó Sandoval Rodríguez.

VIOLAN AMPARO

Francisco Sandoval aportó más datos sobre la actuación de los funcionarios implicados en la denuncia que hizo en la Fiscalía Anticorrupción, pues afirmó que no respetaron un amparo para poder detenerlo.

Indicó que a mediados de marzo pasado supo que estaban trabajando para sacar una orden de aprehensión en su contra; por lo que acudió con una demanda de amparo ante el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal con residencia en el área de reclusorios en Puente Grande, correspondiendo el número de Juicio de Amparo indirecto, 271/2019, en el que se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión dictada en su contra por los hechos narrados.

Entre otras autoridades, señaló como autoridad ejecutora al Fiscal Estatal, Gerardo Octavio Solís Gómez y como autoridad ordenadora al Juez de Control y de Juicio Oral, Juan Antonio Reynoso Nava, contestando ambos que se negaba el acto reclamado.

El Juez de Distrito, con fecha 26 de marzo 2019 negó la suspensión definitiva de los actos reclamados respecto de las autoridades responsables, procediendo a celebrar la audiencia constitucional el 9 de abril y ante la inexistencia, en su opinión, de los actos reclamados, decretó el sobreseimiento del Juicio de amparo.

Francisco Sandoval precisó que “supuestamente el 12 de abril se ejercitó acción penal en mi contra, dentro de la causa penal 1139/2019 solicitando orden de aprehensión, que dio lugar al correspondiente dictado el día 13 del mismo mes y año y el domingo 14 de abril se ejecutó en mi persona”.

LAS MENTIRAS DEL FISCAL

“Habrá que señalar –subrayó--, que las autoridades responsables sobre todo el Fiscal Estatal y el Juez de Control señalado, mintieron al rendir sus informes previo y justificado, porque efectivamente la carpeta de investigación 1130/2019 se inició el día 28 de febrero del presente año, cuestión que está debidamente acreditada con las actuaciones practicadas en la misma y judicializando dicho expediente en mi contra el día 12 de abril de los corrientes, para luego el día 13 de abril, según la primera hoja del mandato de captura, fue decretada la orden de aprehensión por el Juez de Control y de Juicio Oral mencionado”.

“Pero haciendo el análisis de dicho documento –indicó--, resulta que en la última página u hoja el mismo Juez señala que siendo el día 29 de marzo del 2019 se resolvió la petición del ministerio público que se librara la orden de aprehensión. Lo que significa que tanto el Fiscal Estatal como el Juzgador mencionado, están realizaron una de las conductas previstas por el artículo 262 de la Ley de Amparo”. (violando el mismo)

Y agregó: “El día 19 el Fiscal Estatal, a través del Director General Jurídico negó el acto reclamado al Juez Noveno de Distrito en materia penal, en tanto que el Juez de Control informó también la negativa del acto reclamado el 25 de marzo, y al día siguiente 26 se me negó la suspensión definitiva en el incidente 217/2019 del Juzgado de Amparo, dada la inexistencia del acto reclamado. Desde entonces los señalados fingieron que se continuaba integrando la carpeta de investigación, cuando en realidad estaban, tanto el Juez como el Fiscal, en espera a que se sobreseyera el amparo para luego insistir con posterioridad en la emisión y ejecución de la orden de aprehensión, aparentando que el ejercicio de la acción penal ocurrió el día 12 de abril y que fue el día 13 en que se libró la orden de detención y la ejecución el 14 de abril”.

“Pero esas elucubraciones y acciones lógicas e inteligentes para demostrar una normalidad de la secuencia de los actos procesales, caen por su propio peso y demuestran fehacientemente la conducta mendaz y delictiva de los dos funcionarios principalmente inodados, junto con el Agente del Ministerio Publico, Fernando Puga Paredes, quien firmó el día 12 de abril del presente año la solicitud de orden de aprehensión en contra de Francisco de Jesús Sandoval Rodríguez y otros, cometiendo un grave error, al no advertir en  el documento en que se contiene la orden de aprehensión, que aun cuando  la primera hoja, en la que se tiene por recibida la carpeta de investigación, está fechada el día 13 de abril, en tanto que la última, al concluir el texto de la orden de aprehensión trae una leyenda que a la letra dice: “Por lo que siendo el día 29 de Marzo de Marzo de 2019, así lo resuelve el Juez de Control y Juicio Oral del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Puerto Vallarta, Jalisco, abogado Juan Antonio Reynoso Nava, que legalmente autoriza y da fe al tenor del numeral 112 de la Ley Orgánica del poder Judicial del Estado de Jalisco”, precisó.

EL TEMOR DE UN VINCULADO A PROCESO

La orden en contra de Francisco Sandoval la giró el juez de control y confianza (mismo que ahora es denunciado), quien en su momento lo vinculó a proceso, “cumpliendo con la inconstitucional finalidad del Fiscal Estatal de acallar el escándalo que se provocó con el desaseado manejo en la obtención de la orden de aprehensión contra personal de Samsung”.

“También crearon otra investigación amañada y a modo para fabricar un responsable y librar de cargos a quienes fueron los verdaderos autores materiales e intelectuales del hecho y además para presumir sagacidad y efectividad ante la sociedad y medios de comunicación que dieron a conocerlos a la opinión pública”.

“El lunes 15 siguiente, se llevaron a cabo las audiencias de imputación y de vinculación a proceso, dictándose en mi contra la resolución por los delitos de abuso de autoridad y el de falsificación de documentos expedidos por los poderes del estado lográndose el cometido propuesto por la fiscalía estatal, con la ayuda de un Juez de Control a modo”.

Tras la denuncia, Francisco Sandoval tiene temor fundado de que algo pueda ocurrirle, por lo que advirtió que “si ya la fiscalía del estado integró una averiguación previa falsa para obtener la aprehensión de los funcionarios de Samsung e integró otra en mi contra, tan falsa como la primera, es que vuelva a instaurarse a mis espaldas otra carpeta de investigación de igual tesitura, ahora en venganza por haber denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la República los hechos delictivos cometidos en mi agravio por violaciones graves a mis derechos humanos”.

“Ello me obliga a través de esta queja a solicitar a esa Comisión Estatal de Derechos Humanos su protección dictando las medidas precautorias y cautelares a fin de evitar la consumación irreparable de la violación de Derechos Humanos y para que en caso de que se inicie otra carpeta de investigación en mi contra, se me notifique y se me dé la oportunidad de defenderme legalmente; temo pues con toda honestidad, se me haga responsable de hechos que no he cometido y se me detenga sin posibilidad de obtener mi libertad”, concluyó.

 

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