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Martes, 25 Mayo 2021 02:30

Mediante actos fraudulentos, notarios Ramírez Valenzuela y Ruiz Higuera adjudican terreno ajeno a una tal Maribel Espinoza R. Destacado

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Por Jorge Olmos Contreras

Los notarios públicos Teodoro Ramírez Valenzuela de Bucerías y Jesús Ruiz Higuera de Puerto Vallarta, fueron demandados en un Juzgado Civil de Bahía de Banderas, por haberse prestado a cometer presuntos actos fraudulentos en perjuicio de un matrimonio, a quienes despojaron de un valioso terreno, mediante la figura de un traslado de dominio, ubicado en Mezcales, Nayarit. Junto con los fedatarios públicos, también están involucrados en el presunto ilícito, los vallartense Maribel Espinoza Rodríguez, vecina de la colonia Bobadilla y Daniel Gilberto Olvera Guerrero, que vive en la calle Montessori de esta ciudad; un sujeto de nombre Fausto Ríos Favela y la persona moral “Afix Confianza SAPI de CV”.

Todos ellos se habrían confabulado para elaborar una estrategia legaloide y de esta manera vender a terceros un lote de terreno que se localiza en sobre la carretera Mezcales--San José del Valle, con una superficie de 476.73 metros cuadrados y que cuenta con datos de registro bajo partida número 34, libro 1105, sección primera, serie A ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bucerías.

Los afectados son los esposos María Gliseria Salcedo Dueñas y Audencio Vargas Preciado -- quienes se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal—. Ellos celebraron un contrato de promesa de compraventa de este inmueble con los señores José Luis Encarnación Arreola y María Martha Villalvazo Martínez el 17 de julio del año 2013 y este se formalizó el 25 de febrero del 2015 con el notario número dos de Bucerías, Teodoro Ramírez Valenzuela, bajo la escritura 27,340.

LAS MENTIRAS

Posteriormente, los cónyuges acordaron rentar el terreno, pero en fechas recientes, la señora María Gliseria Salcedo se enteró por conducto de sus inquilinos que personas extrañas, ostentándose como abogados de una tal señora Maribel Espinoza Rodríguez, querían el inmueble; exigían que les fuera entregado sin morador alguno; que su cliente era la nueva dueña y que lo había comprado, enseñándoles copias de documentos que señalaban un supuesto traslado de dominio sobre dicho bien, por lo que tendrían que pagar rentas a la nueva propietaria.

Extrañada, María Gliseria preguntó a su esposo Audencio que qué pasada; que por qué había realizado contratos del bien inmueble sin avisarle y sin su autorización. Audencio contestó que eso no era cierto, que él no sabía nada de asuntos relacionados con contratos que afectaran el predio.

Así las cosas, la señora María Gliseria no se quedó con los brazos cruzados y comenzó a investigar en notarías, juzgados e instituciones registros de actos traslativos de propiedad, percatándose de que, efectivamente, personas como las mencionadas y señaladas realizaron actos jurídicos traslativos de dominio en su favor, pero sin su consentimiento.

María Gliseria se enteró asimismo que el 21 de mayo del 2015, en Bucerías, ante el Notario Público Teodoro Ramírez Valenzuela, supuestamente se elaboró un poder general limitado para pleitos y cobranzas y actos de administración y de dominio a favor de un tal Fausto Ríos Favela, contenidos en la escritura Pública número 27,740.

Pero cuando María Gliseria cuestionó a su esposo sobre dicho poder, éste le dijo que no era cierto, que él no conocía a su supuesto apoderado de nombre Fausto Ríos Favelaque no había otorgado su consentimiento a persona alguna.

LA DEMANDA

Por ello, los abogados de los esposos víctimas, ejercitaron una demanda para efectos de anular tales actos jurídicos traslativos de dominio, ante la evidente violación de derechos de propiedad que tienen sobre el inmueble; pues a decir de los representantes legales de los cónyuges, no se cumplen con los requisitos de validez y eficacia que deben tener dichos actos.

Pero no solo a eso se prestaron los involucrados, sino a otros actos igual de fraudulentos, ya que el 07 de julio del 2015 ante el mismo notario Teodoro Ramírez Valenzuela, se elaboró un Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Garantía con Derecho de Reversióncelebrado por Fausto Ríos Favela, en su carácter de “fideicomitente” y o “fideicomisario” en segundo lugar; por “Afix Confianza SAPI de CV”; una tercera parte por Daniel Gilberto Olvera Guerrero en su carácter de “fideicomisario” en primer lugar y una última parte por Audencio Vargas Preciado a través, supuestamente, de su apoderado Fausto Ríos Favela… Que como ya vimos, ni siquiera conocía.

Para su sorpresa, el 02 de diciembre del 2015, María Gliseria se enteró que su esposo realizó, mediante la escritura pública número 28,598 ante el mismo notario Ramírez Valenzuela, un instrumento en el cual se relacionan, entre otros actos, un contrato de préstamo con garantía fiduciaria, en el cual la vecina de la colonia Bobadilla de Puerto Vallarta, Maribel Espinoza Rodríguez, se constituyó como la acreedora y Audencio Vargas Preciado como el deudor, de un préstamo por un millón 200 mil pesos y en donde supuestamente Audencio se comprometía a pagar dicho monto en 12 mensualidades de 48 mil pesos y el resto en un pago final global.

Como garantía, incluyendo los gastos y honorarios que se causaran por incumplimiento, el deudor se habría obligado a celebrar un contrato de fideicomiso irrevocable de garantía, mediante el cual se designaría como fideicomisario en primer lugar, entre otros, a Maribel Espinoza Rodríguez, quien, sin chistar, “aceptó” dichas condiciones sobre el inmueble.

ADJUDICAN TERRENO AJENO

Más adelante, el 08 de mayo del 2019, ante el notario dos de Puerto Vallarta, Jesús Ruiz Higuera, se elaboró otro instrumento –registrado el 24 de julio del 2019 con el numeral 23,825 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bucerías-- que contiene la adjudicación del patrimonio fideicomitido en cumplimiento del procedimiento de enajenación extrajudicial y la extinción total del fideicomiso y la consecuente liberación de garantía fiduciaria en el fideicomiso irrevocable de garantía, celebrado por la empresa "Afix Confianza" y por Maribel Espinoza Rodríguez, en su carácter de “fideicomisario”, misma que se adjudicó el inmueble, en su calidad de adquirente.

Sin embargo, los abogados de las víctimas señalan en su demanda, que tal adjudicación es nula de pleno derecho, al faltar el consentimiento de la señora María Gliseria, verdadera dueña del terreno.

Ahora bien, los involucrados –que se habrían adjudicado a la mala el predio—utilizaron argucias legaloides como argumentar que se notificó varias veces el incumplimiento del pago del préstamo a Audencio Vargas. Pero resulta, que lo hicieron en un domicilio de San Juan de Abajo, donde nunca estuvo o que lo hicieron por medio de avisos en el periódico Vallarta Opina.

Bajo esta tesitura, los abogados indican que estas irregularidades realizadas al patrimonio de la señora María Gliseria y ejecutadas por terceros ajenos a bienes de su propiedada través de un procedimiento de ejecución de fideicomiso totalmente ajeno a sus intereses --toda vez que no conocía la identidad física de dicha persona, ni de los terceros intervinientes-- y al haber adquirido de manera fraudulenta posibles derechos de propiedad que culminaron por perjudicar su patrimonio, es a todas luces ilícito.

EN ESTADO DE INDEFENSIÓN

Y es que, de esta manera, dejan en total estado de indefensión a la señora María Gliseria para comparecer en defensa de sus intereses legales, ya que le asisten derechos de copropiedad de su esposo Audencio Vargas, en razón de haber contraído nupcias, por lo que temen que se ordene el lanzamiento de dicho inmueble sin derecho alguno y violando las garantías de esta mujer, quien, reiteran, no ha delegado poder alguno, por lo que piden se decreten judicialmente a tales actos, su nulidad absoluta.

“Tales eventos fueron tramitados y llevados a cabo a las espaldas de María Gliseria; y por ende los actos derivados de dicho procedimiento que culminó con una adjudicación e inscripción de propiedad a nombre de un tercero, totalmente ajeno, como lo es Maribel Espinoza Rodríguez, deben ser decretados nulos”, sostienen los abogados Ezequiel Verdías Santana y Víctor Hugo Becerril Galena, quienes temen por el trámite de la ejecución de lanzamiento que pretende realizar la supuesta nueva propietaria.

 

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