El caso de un terreno que se ubica en la calle Pelícanos en Marina Vallarta que mide 620.84 metros cuadrados y que es propiedad de la División Fiduciaria del Banco Nacional de México (Banamex), es el mejor ejemplo de que los actos de corrupción en el gobierno municipal están a la orden del día y que no hay quien los detenga… hasta ahorita.
Y es que ese predio –como ya lo denunciamos en otro artículo—ha sido objeto de los amantes de lo ajeno a través de una supuesta inmobiliaria denominada “Portesp Int SA de CV”, cuyo representante, un tal Julián Salvador Barba Jiménez, falsificó documentos y con una escritura apócrifa se ostentó como dueño de este lote sin serlo, ya que los verdaderos propietarios son la fiduciaria Banamex y la firma Impulsora Turística de Vallarta (ITV) como fideicomitente.
LA HISTORIA
Para darles un contexto del asunto, resulta que en el 2019 la rama fiduciaria de Banamex recibió una llamada de la Notaría 2 de Puerto Vallarta para validar una escritura del Notario Público 132 de Guadalajara, Ramiro Ruiz Casillas, con la cual se había supuestamente protocolizado una compraventa, lo cual desde luego fue negado por el Banco.
En la charla, dicho notario manifestó que, efectivamente, ya había detectado la falsificación de una escritura supuestamente pasada ante él y a cuyo número ni siquiera había llegado aún en sus protocolos, siendo que desde luego sus escrituras tienen números consecutivos, por lo que, subrayó, la escritura no pasó ante él y por lo tanto no existía, era falsa, lo cual reiteró en un juicio de amparo.
Sin embargo, en el acto inexistente, se realizó la supuesta transmisión de propiedad en extinción y ejecución del fideicomiso que, según los defraudadores, llevó a cabo Banamex SA Integrante del Grupo Financiero Banamex, representado en ese supuesto acto por sus también supuestos delegados Fiduciarios, Juan Manuel Enríquez Hurtado y Jorge Alejandro Rojas Romero.
UN DOCUMENTO CHAFA
Una vez que se revisó el documento resultó tan chafa, que tiene descuidos que saltan a simple vista, ya que en este se dice que firman los licenciados (de Banamex) en su calidad de Transmitente, y por la otra parte la empresa “Portesp Int, S.A. DE C.V.”, representada en ese acto por Julián Salvador Barba Jiménez, quien supuestamente adquirió para su exclusividad “en virtud de ser soltera” (nótese el descuido en la ilícita maquinación), en su calidad de adquirente, el inmueble en comento.
Bueno, tan descaradamente apócrifa es esa escritura, que incluso en esta se asienta que “el inmueble antes descrito y materia de la operación, se encuentra debidamente inscrito en la oficina de Catastro Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”, municipio que no tiene nada qué ver con el inmueble supuestamente transmitido, ya que pertenece al catastro de Puerto Vallarta, pues el terreno está aquí, en Vallarta.
Ahora bien, se sabe que, en 1988, el predio tenía un valor fiscal de dos millones 477 mil pesos, y ahora vale mucho más, de ahí la ambición de estos grupos de ladrones inmobiliarios para apoderarse de lo ajeno con escrituras falsas.
De hecho, en el acta balín se afirma dolosamente que “Portesp Int SA de CV” adquirió la propiedad –el 27 de mayo del 2019-- a un costo de dos millones 610 mil pesos, dinero que supuestamente pagó a Banamex, lo que también es falso.
Asimismo, en el papel, Julián Salvador Barba Jiménez dijo ser comerciante, originario de Guadalajara y vivir en la calle Lucas Alamán en la colonia Universitaria y además presentó un poder notarial supuestamente pasado ante el notario número 04 de la demarcación de San Juan del Río, Querétaro.
INMUEBLE ASEGURADO
Por ello, en agosto del 2019, la Fiscal Adscrita a la Dirección de Visitaduría de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Jessica Ivonne Paredes Romero, solicitó al apoderado legal del verdadero propietario del inmueble comparecer ante ella por la denuncia del Notario Público 132 de Guadalajara, Ramiro Ruiz Casillas, en la Carpeta de Investigación número C.I.80902/2019.
En esa comparecencia, el apoderado legal de la fiduciaria Banamex e ITV, pidió a dicha agente realizar una investigación minuciosa sobre la escritura apócrifa y que girara oficio al Registro Público de la Propiedad para ordenar la inmovilización del inmueble, lo cual sí aconteció, ya que al día de hoy el Folio Registral del predio señala que está asegurado por el Ministerio Público.
ESCRITURA PLAGADA DE INCONSISTENCIAS
Sobre el tema, existe un informe del notario Ruiz Casillas, donde el fedatario señala que la escritura está plagada de inconsistencias, absurdos, incongruencias, errores e ilegalidades… Entre otras, como las siguientes:
1.- La Escritura Pública se asienta ser la número 5,801, Tomo XIII Décimo Tercero, pero no se asienta número de libro.
2.- El notario supuestamente asienta que “el inmueble antes descrito y materia de la operación se encuentra debidamente inscrito en la oficina de Catastro Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”, municipio que no tiene nada qué ver con el inmueble supuestamente transmitido, pues pertenece al catastro de Puerto Vallarta.
3.- “El notario” asienta haber agregado copia certificada del testimonio del poder de Juan Manuel Enríquez Hurtado por parte de Banamex, otorgado en escritura 76,896 ante la fe de Roberto Núñez Bandera, Notario Público 01 de la Ciudad de México, obra agregada copia certificada del testimonio al apéndice del tomo 36 del libro “7 nueve” (SIC) bajo número 1 de mi protocolo” … ¿Qué libro es entonces, siete o nueve?
4.- Respecto del diverso “delegado” Jorge Alejandro Rojas Romero, alude que éste le acreditó su personalidad con testimonio de la escritura 55,923, otorgada ante la fe de Roberto Núñez Bandera, Notario Público 01 de la Ciudad de México; pero de éste curiosamente ni siquiera se asentó haber agregado copia de su poder a su protocolo, ni lo transcribió.
5.- “El Notario” nunca asentó haber tenido a la vista documento de identificación alguna por parte de los supuestos delegados de Banamex, ni asentó los datos respectivos, ni señaló cómo es que éstos se identificaron ante él.
6.- Más aún, los representantes de Banamex, manifestaron que esas personas de nombres Juan Manuel Enríquez Hurtado y Jorge Alejandro Rojas Romero, no son delegados de la fiduciaria, y pudo advertirse que, en realidad, ese supuesto notario que supuestamente elaboró la escritura, ni tuvo a la vista sus supuestos poderes, ni los agregó a sus protocolos, mucho menos los identificó con documento alguno.
7.- Luego, por su parte Julián Barba Jiménez, supuesto representante de “Portesp Int, S.A. DE C.V.”, dijo que “el notario” asentó haber agregado “al apéndice del Tomo correspondiente”, copia certificada del testimonio de la escritura 84 del 25 de marzo del 2019, pasada ante la fe de Carlos Andrés Ugalde Rodríguez, Notario Público Asignado para ejercer en la Notaría Pública número 4 en San Juan del Río, Querétaro.”
8.- Dicho sea de paso, en el “capítulo de incertos (sic)” (qué “Notario” tan poco letrado), se percibe que en todo momento “el notario” evade describir, transcribir y mucho menos asentar que mandó agregar a su protocolo la supuesta carta de instrucciones que Banamex recibió por parte de “el Comité Técnico” para enajenar ese inmueble, es más, ni siquiera se asentó, simplemente se refiere a este una y otra vez como “el comité técnico”.
9.- En la cláusula primera del contrato de la escritura apócrifa se menciona que por “instrucciones del Comité Técnico” transmitió la propiedad en extinción y ejecución de fideicomiso, libre de todo gravamen, sin limitación de dominio, al corriente en el pago de todo tipo de contribuciones, a favor de “Portesp Int, S.A. DE C.V.”, … Pero… ¿Cuál Comité Técnico?
Los abogados de Banamex e ITV sostienen que, “suponiendo sin conceder que se hubiera referido (que nunca lo hizo) al Comité Técnico del Fideicomiso, quien hubiera elaborado la dichosa carta instrucción, que seguramente ni siquiera existe, en todo caso ningún “Comité Técnico” ni del fideicomiso ni ningún otro estaban facultados para ordenar ese acto de transmisión de propiedad en extinción y ejecución del fideicomiso”.
“Para advertirlo –agregan-- basta ver de nuevo los fines del fideicomiso (escritura pública 10,461) para advertir que el único facultado para instruir ese acto es Impulsora Turística de Vallarta, S.A. DE C.V., la fideicomitente, y nunca lo hizo; por tanto, en todo caso, esa enajenación es ilegal, ningún “comité técnico” estaba facultado para instruirla”.
Hasta ahí algunas de las observaciones que se pueden leer en el informe del notario y lo dicho por los abogados de Banamex e ITV.
FUNCIONARIOS IMPLICADOS
Aquí lo realmente grave, es que no obstante a todo lo anterior, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, a través de la Subdirección de Planeación, expidió una licencia de Edificación en la calle Pelícanos 112 en Marina Vallarta a favor de unas personas físicas, con una carta del fallecido Notario 2 de Vallarta, Rodolfo Gómez de la Paz, donde indica que ellos serán los nuevos propietarios, es decir, el gobierno municipal viola su propia reglamentación y solapa el robo de un terreno propiedad de un Fideicomiso.
Todavía más grave es que el director jurídico del Ayuntamiento, José Emigdio Hurtado Rolón, así como la jefa del Área Legal de Desarrollo Urbano, Carolina Sandoval Parra; el Subdirector de Planeación, Luis Felipe Carrillo Contreras y la mismísima directora de Desarrollo Urbano, Adriana Guzmán Jiménez, tienen pleno conocimiento de esto, pero lo único que han hecho, es solapar el robo.
De hecho, se han presentado escritos del Banco, la Propietaria del Inmueble y demás en la Dirección Jurídica, señalando las irregularidades… Pero aún así, se prestan a levantar clausuras y a expedir licencias… Solo faltaría que, en su grado máximo de cinismo y corrupción, dieran el permiso de Habitabilidad, sabiendo que los documentos presentados para acreditar la propiedad son totalmente apócrifos.
