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Lunes, 29 Septiembre 2025 03:49

Se destapa la cloaca en Marina del Rey, presidente de vecinos se “apropió” de un departamento y opera armado; condóminos exigen su destitución Destacado

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Por Jorge Olmos Contreras

El caso de un millonario adeudo por consumo de agua potable que los condominios Marina del Rey tienen con el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (Seapal), ha destapado una cloaca maloliente que exhibe a un grupo de personas que se han apoderado de la administración del inmueble para revender servicios como agua y energía eléctrica, cobrar altas cuotas a los propietarios –en su mayoría extranjeros de la tercera edad—, rentar departamentos sin el consentimiento de los dueños y apropiarse de inmuebles.

Hoy que el Seapal pretende cobrar la diferencia en los consumos de agua –toda vez que, tanto los departamentos como los locales comerciales de Marina del Rey tienen de manera indebida contratos domésticos en lugar de comerciales--, sale a relucir lo que en realidad ocurre al interior de este edificio ubicado en la calle Quila 112 del fraccionamiento Marina Vallarta.

De entrada, se sabe que la administración del llamado Condominio Marina del Rey la maneja desde hace años un grupo formado por Cristina Hernández García (secretaria administrativa), Paulina Bermúdez Canalizó, Jorge Armando Bañuelos Castillón (supuesto gerente operativo) y el abogado Francisco Miguel Ayón Ruiz.

Todos ellos han permitido que personajes como el peruano Ignacio Sánchez Carrillo abusaran con las cuotas condominales y se aprovecharan de su posición para sangrar financieramente a los propietarios, a quienes les cobran grandes cantidades por consumo de agua potable, a sabiendas de que su contrato con el Seapal es irregular y de que se estaba formando una bola de nieve que tarde o temprano les iba a reventar, por el enorme adeudo que tienen con el organismo de agua potable.

ADMINISTRADORES Y LOCATARIOS, LA COMPLICIDAD

Pero mientras estos administradores corruptos seguían recibiendo jugosos “pagos” (sin rendir cuentas a la asamblea) por concepto de agua potable de los condóminos y de los locatarios –son alrededor de 40 locales cuyos dueños, también cómplices de que la bola de nieve creciera a niveles impresionantes, como el 8 Tostadas, El Torito, el restaurante bar Brando’s, entre otros--, estaban felices porque engrosaban sus bolsillos a costa de los demás.

Las quejas y reclamos por parte de los vecinos por los turbios manejos financieros de estos administradores no se hicieron esperar, ya que los dueños descubrieron, además, que los departamentos eran rentados a desconocidos mientras ellos estaban ausentes, ya sea de viaje o de visita en su país de origen, por lo que algunos condóminos alzaron la voz.

Sin embargo, un día, en una junta de asamblea, este grupito presentó como el nuevo presidente del consejo de vigilancia (es decir, el presidente de la junta vecinal) a un tal Ernesto Álvarez Contreras, quien de buenas a primeras se ostentó como propietario del departamento 1515 y que por ello tenía facultades de asumir el cargo.

SE ROBAN EL DEPARTAMENTO 1515

Los condóminos se sorprendieron y asustaron, no sabían lo que estaba pasando, ya que ellos sabían –saben—perfectamente que la dueña de ese departamento es la señora Rosa Eugenia Pineda del Toro (como se documenta en este artículo) según el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes y antecedente registral número 3250575 del Registro Público de la Propiedad, de fecha 04 de agosto de este 2025, firmado por David Quirarte Tolentino, Jefe de la Oficina Registral de Puerto Vallarta y cuya copia simple está en poder de este medio.

La señora Rosa Eugenia Pineda del Toro murió años atrás, y como el departamento estaba solo, este individuo se habría aprovechado y junto con las administradoras, se apropiaron ilegalmente del inmueble.

Con lo anterior, es claro que Ernesto Álvarez Contreras se apoderó del departamento 1515 con la anuencia de los administradores Cristina Hernández, Paulina Bermúdez Canalizó y Jorge Armando Bañuelos Castillón y que no debería estar al frente de la presidencia de la junta vecinal.

EL EMISARIO Y HOSTIGADOR

Sin embargo, tanto Cristina Hernández como Paulina Bermúdez le abrieron las puertas de Marina del Rey a este sujeto sobre quien pesan dos denuncias penales por amenazas y que, además, se da el lujo de atender en las oficinas del edificio a los condóminos inconformes con una pistola escuadra sobre el escritorio.

De hecho, existe una denuncia –que publicaremos en otro espacio—de cómo el ahora imputado Álvarez Contreras tomó la pistola con sus manos mientras uno de los condóminos le reclamaba el por qué le cortaban los servicios de agua y luz, si él ya había pagado esos conceptos.

El grupo de las señoras Hernández y Bermúdez operan como si fueran de la delincuencia organizada, ya que el tal Ernesto Álvarez utiliza como mensajero y amedrentador al supuesto gerente Jorge Armando Bañuelos Castillón para ir a molestar a los vecinos y exigirles cobros inexistentes, tal y como le sucedió al propietario que denunció en la fiscalía regional al susodicho Álvarez Contreras.

Para seguir controlando el edificio, el grupo manipula las cartas poder que supuestamente les mandan algunos condóminos para votar a favor de lo que ellos quieran, aseguran las víctimas.

LA DESTITUCIÓN… IGNORADA POR LOS CORRUPTOS

Así las cosas, los propietarios viven con miedo en Marina del Rey, ya que han documentado cómo el presidente espurio Ernesto Álvarez ha llegado con gente armada a las juntas, por lo que han enviado cartas a la Secretaría de Seguridad Pública pidiendo ayuda, un grito de auxilio, señalan los afectados en su misiva.

Algunos propietarios, hartos de tanta arbitrariedad, redactaron una carta dirigida a la asamblea donde exigen la destitución de Ernesto Álvarez como presidente del consejo, pues, indican, no es dueño de ningún departamento.

En el documento, indican las razones por las que piden la destitución de Ernesto:

1.- No rendición de cuentas al momento de solicitar los estados financieros

2.- Exige cuotas extraordinarias de un millón de pesos para pintar cúpulas sin mostrar cotizaciones a la asamblea

3.- Aumento de cuotas de mantenimiento sin demostrar en qué se van a utilizar, no presenta un estudio de costos y gastos.

4.- Aumento en el costo del agua y la luz superior al del proveedor, sin acreditar porcentajes, siendo un delito.

5.- No permite la participación del secretario Adrián Leal Ayala y lo amenaza con mandarlo a juicio por supuesto no pago de cuotas de mantenimiento, cuando el reglamento lo exenta de tal pago.

6.- Decisiones arbitrarias sin solicitar la votación de la asamblea, que es la máxima autoridad.

7.- Trato déspota y majadero hacia los propietarios con autoritarismo, vigilancia y espionaje estrepitoso a través de su asistente Jorge Armando Bañuelos Castillón, a quien le ha dado todos los poderes de autoridad por encima de los derechos de los condóminos.

8.- Haber contratado a una contadora de nombre Marisol Chavarín Pérez, quien es la pareja sentimental de Jorge Armando Bañuelos Castillón

9.- No haber presentado la auditoría en la última asamblea del 20 de abril

10.- Ha creado un ambiente de hostilidad altamente amenazante a la salud e integridad personal de todos los propietarios, presentándose con gente armada a la asamblea del 20 de abril, hecho reprobable y violatorio a nuestros derechos.

11.- Tratar con prepotencia e intimidación a los condóminos, mostrando una pistola con actitud amenazante. Habiendo en su haber dos denuncias por parte de dos condóminos por amenaza con arma de fuego y amenaza de muerte, eso no lo podemos permitir.

Hasta ahí el texto de la carta que, por cierto, ha sido ignorada por este grupo que maneja todo a su antojo y que ahora no sabe qué hacer si el Seapal les corta el suministro de agua potable por el adeudo de más de cinco millones de pesos.

En otro espacio vamos a informar cuáles locales y qué conocidos negocios que están en la parte baja de Condominio Marina del Rey están involucrados en este asunto, ya que también han sido parte de la corrupción, ya que se apropiaron de áreas de estacionamientos públicos para poner sus bares, restaurantes y establecimientos de otros giros.

 

 

 

 

 

 

 

 

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