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Martes, 21 Mayo 2019 21:17

Vinculan por abuso de autoridad a secretarios del juzgado penal por radicar caso de “abuso de confianza” vs ejecutivos de la Samsung

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El juez de control y juicio oral del Octavo Distrito Judicial con sede en Puerto Vallarta, Juan Antonio Reynoso Nava, quien lleva el caso de la Carpeta de Investigación 219/2019 –por la que fue arrestado el ex fiscal regional, Francisco Sandoval Rodríguez--, vinculó ayer a proceso a los secretarios del juzgado penal, Guillermo Galindo y Jorge López Lara; esto, en el seguimiento de audiencia inicial que se llevó a cabo en una de las salas orales de esta ciudad. El delito por el que estarán sujetos a dicho proceso durante seis meses es por abuso de autoridad, que absorbió otros delitos menores.

El proceso complementario lo podrán seguir en libertad estos funcionarios del poder judicial, pero tendrán que firmar cada 15 días en el juzgado respectivo, y además se les respetó por segunda ocasión que continúen en sus puestos, es decir, seguirán siendo secretarios del juzgado penal, pero con la figura de vinculados, lo que en el viejo sistema de justicia se denominaba auto de formal prisión.

La audiencia intermedia, en que se sabrá si estas personas llegan a un arreglo con el Ministerio Público –según las pruebas que acredite la defensa y el propio MP-- o se cita a juicio, será el 20 de noviembre, día en que sabremos si los secretarios del juzgado que incurrieron en irregularidades por consignar una orden de aprehensión de un proceso presuntamente simulado en perjuicio de ejecutivos de la empresa de telecomunicaciones Samsung, son absueltos o sentenciados por fraude procesal.

Si la sentencia es en contra de Guillermo Galindo y Jorge López, podrían pasar de tres a seis años de prisión, según el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y es que estos funcionarios radicaron (le dieron entrada) al caso del presunto delito de abuso de confianza en contra de los empresarios de la Samsung como si se tratara de una Averiguación Previa, cuando el presunto delito sucedió en un año en que ya estaba vigente el nuevo sistema de justicia penal –el 04 de julio del 2016--, por lo que su obligación era declinar la competencia y manifestar que el caso tendría que haberse llevado a un juez de control y juicio oral.

Sin embargo, y a sabiendas de que este asunto no era de su competencia, radicaron el expediente y al siguiente día giraron la orden de aprehensión en contra de Rubén Francisco Morales Guilfoyle, Oscar Roberto González Guillen y Jun An Jeon (los ejecutivos de Samsung), por lo que el juez de control, Juan Antonio Nava, terminó por vincularlos durante la audiencia de ayer martes 21 de mayo.

Ahora bien, llama la atención el comportamiento del Ministerio Público en este asunto (representado en este caso por Fernando Puga Paredes y Gicela Gutiérrez Azpeitia), quien ni se inmutó ni se preocupó por solicitar al juez de control una medida cautelar más ejemplar contra los secretarios del juzgado y que está debidamente señalada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que es haber pedido que se separara de sus cargos tanto a Guillermo Galindo como a Jorge López mientras están vinculados a proceso.

Al no hacer dicha solicitud el Ministerio Público, el juez simple y sencillamente continuó con la medida cautelar que ya les había impuesto, de que firmen cada 15 días, pero que continúen en sus puestos en el juzgado penal, de donde se originó precisamente la orden de aprehensión.

En la audiencia de ayer, se sabe que el juez penal Héctor Godínez, titular del juzgado en donde se consignó la orden de aprehensión, se lavó las manos y echó de cabeza a sus secretarios al señalarlos como quienes cometieron irregularidades al radicar dicha orden de aprehensión, y que nunca le dieron cuenta de éstas.

Por su parte, ni Guillermo Galindo ni Jorge López Lara, comentaron nada contra el juez Héctor Godínez.

Empero, fue lastimoso escuchar a Guillermo Galindo al hacer uso de la voz (cuando pudo haberse abstenido de hablar, pues olvidó el principio de que todo lo que diga puede ser usado en su contra) y comentar, casi presumir, que él tenía una brillante carrera, sin un tache en su expediente, con más de nueve años en el poder judicial, que contaba con varias maestrías en derecho y que no se valía (palabras más, palabras menos) lo que les están haciendo a ellos como funcionarios del poder judicial.

Las palabras de Guillermo Galindo fueron utilizadas, en efecto, en su contra, pues el juez Nava le espetó que precisamente por esa experiencia que tenía y con todo y sus maestrías, no procedió jurídicamente como debería en este asunto, en el sentido de que debió declinar competencia –pues no se trataba de una Averiguación Previa, sino de una Carpeta de Investigación--, pero no lo hizo; por el contrario, él junto con López Lara, le dieron entrada al caso en contra de los coreanos y terminaron consignando (girando) la orden de aprehensión, por lo que todo podría definirse el 20 de noviembre.

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