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Lunes, 02 Noviembre 2020 02:05

Los gastos frívolos de Alfaro en la pandemia: obras a la basura, pisos nuevos… Destacado

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Una mirada a las adjudicaciones directas y licitaciones de Jalisco evidencia que, mientras la pandemia amenazaba con menguar las finanzas, la entidad aprobaba gastos superfluos que, a veces, terminaban en arreglos inútiles, como los de Puente Grande.

Por Óscar Balderas

EMEEQUIS.– Con una mano, el gobierno de Enrique Alfaro apretó el cinturón de los jaliscienses en aras de combatir a la pandemia con austeridad. Pero con la otra pagó decenas de gastos superfluos en plena crisis sanitaria, que quedaron registrados en sus licitaciones y adjudicaciones directas.

Mientras el discurso oficial en el estado era que había que racionalizar el dinero público para comprar insumos médicos, el 19 de mayo de este año el gobierno de Jalisco cerró una licitación para quitar un piso de linóleo y sustituirlo por uno laminado de madera en un salón de eventos dentro del Palacio de Gobierno, es decir, el despacho del gobernador.

Ese día, con ocho semanas ya en plena pandemia, la Secretaría de Administración estatal aprobó que, con recursos públicos, se pagaran 458 mil 409 pesos a la empresa Estuco S.A. de C.V. por ese cambio cosmético en el llamado Salón Ex Congreso, ubicado en la planta alta del Palacio de Gobierno.

 Varios regidores en Guadalajara, como Claudia Delgadillo, han denunciado que esas instalaciones de gobierno han sido remodeladas en el pasado, porque los funcionarios los usan como salones de fiesta privados. 

Como ocurrió en noviembre de 2019, cuando otra regidora, Claudia Salazar –de Movimiento Ciudadano, el partido del gobernador Enrique Alfaro– usó uno de los salones para organizar una boda para su mejor amiga.

OBRAS COSMÉTICAS PARA PROBLEMAS REALES

No fue la única costosa remodelación en la pandemia. Tres meses después, en agosto de este año, la Secretaría de Administración volvió a aprobar un cambio cosmético en un edificio del gobierno: mediante una licitación se dio luz verde para gastar 945 mil 680 pesos para remozar el edificio de la Comisión de Búsqueda para Personas. 

Ese gasto de casi un millón de pesos contrasta con las urgencias a la que se enfrentan las madres y padres de desaparecidos en Jalisco, quienes han criticado que la Comisión de Búsqueda para Personas primero tuvo un edificio modernizado, antes que la voluntad y los recursos para acompañar a las víctimas.

Sólo en la pandemia, la Fiscalía estatal conoció de 16 nuevas fosas clandestinas en Jalisco con cientos de restos óseos que no pueden identificar. Además, se acumulan más de mil 266 expedientes de personas desaparecidas o no localizadas en el estado. En algunos casos, como el del hondureño Oscar Antonio López Enamorado, las autoridades de Jalisco tardan hasta diez años en iniciar una búsqueda.

EL DINERO PÚBLICO SE VUELVE INÚTIL

Otras remodelaciones de este año con cargo al erario terminaron, literalmente, en la basura: mediante adjudicación directa, el gobierno de Jalisco otorgó este año un contrato de 3 millones 485 mil pesos por el servicio de mantenimiento en áreas comunes en el penal de Puente Grande.

También aprobaron un contrato de 394 mil 793 pesos por trabajos de albañilería en el mismo complejo penitenciario.

Hoy ese gasto no sirvió, pues la falta de coordinación entre el gobierno de Jalisco y el federal impidió advertir a Enrique Alfaro que a finales de septiembre se ordenaría desde la Ciudad de México el cierre del penal de Puente Grande, por lo que esa “inversión” resultó inútil.

“Nos enteramos por los medios (del cierre del penal de Puente Grande). Respetamos la decisión, aunque nos hubiera gustado tener más claro qué es lo que buscan con esta estrategia, qué es lo que piensan hacia adelante con respecto hasta las instalaciones, pero hasta el momento no hay información”, dijo un sorprendido Enrique Alfaro ante los medios horas después del anuncio del gobierno federal.

TIRARLE MILLONES A LAS REDES SOCIALES

Más gastos millonarios fueron aprobados por la Secretaría de Administración con el nuevo coronavirus amenazando las finanzas públicas: con fecha de 20 de abril se acordó un contrato de 5 millones de pesos para que Enrique Alfaro pudiera presumir en Facebook y Twitter los “logros” de su gobierno frente a la pandemia.

El ganador de ese contrato de gestoría de Internet y redes sociales para la campaña “Prevención y Acciones de Gobierno Estatal ante la Pandemia Covid-19” fue Indatcom S.A. de C.V., una de las empresas consentidas de Movimiento Ciudadano y que suele ganar jugosos contratos sin licitaciones junto con las empresas Eu Zen y La Covacha Gabinete Audiovisual.

Ese millonario pago se acordó a pesar de que en enero de 2020 el gobierno de Jalisco ya había firmado un contrato anual de hasta 16 millones 245 mil pesos con Indatcom S.A. de C.V. por el mismo servicio: “estrategia de comunicación digital”.

Y a ello hay que sumarle un tercer contrato millonario firmado a principios de 2020 con la empresa consentida, Eu Zen, por “servicios de comunicación estratégica” –que también incluye redes sociales– por un monto anual de hasta 17 millones 795 mil pesos.

Es decir, se acordó pagar tres veces por el mismo servicio de gestoría y comunicación de redes sociales para el gobierno de Jalisco: dos veces al principio de año más y una vez más en la crisis sanitaria.

Como colofón, el paso de Indatcom S.A. de C.V. no ha estado exento de polémicas: en 2016 los datos personales de más de 90 millones de mexicanos podían ser descargados de Internet, luego de que la lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) fue subida, sin candado, a un servidor de Amazon Web Services.  La recomendación fue hecha por Indatcom S.A. de C.V., según lo revelado por Dante Delgado, entonces dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.

ENTRE PAPEL HIGIÉNICO Y MÁS AUTOS DE LUJO

Más gastos hechos en la pandemia por el gobierno de Enrique Alfaro:

El 15 de mayo pasado se decidió una licitación para gastar más de medio millón de pesos –511 mil 560 pesos– en papel higiénico para la Secretaría de Educación estatal.

El 27 de mayo se dio luz verde para usar 432 mil 472 pesos en la compra de electrolitos orales para la Fiscalía del Estado de Jalisco.

El 21 de agosto se aprobó otro vehículo último modelo para el gobierno de Jalisco: ahora una camioneta RAM 1500 SLT con seis bocinas de alta fidelidad, seis bolsas de aire y tapicería de lujo que con cargo al erario costó 619 mil pesos y se entregó al Consejo Estatal de Seguridad Pública

Esa afición de la administración de Enrique Alfaro para pregonar austeridad, mientras adquiría cientos de vehículos del más reciente modelo, quedó publicada en el reportaje “Derroche sin freno: el gobierno de Jalisco estrena 377 autos último modelo” publicado en agosto por EMEEQUIS.

PERO EL GÓBER PELEA CADA CENTAVO

El dispendio del gobierno de Jalisco en plena pandemia contrasta con la más reciente misión de Enrique Alfaro: convertirse en el guardián del dinero público de su estado.

El mandatario de Movimiento Ciudadano se ha convertido en una de las voces más ruidosas de la llamada Alianza Federalista, integrada por 10 gobernadores de oposición, que pretende reformar el Pacto Fiscal con el gobierno federal para que a los estados se les regrese más dinero de lo que aportan al desarrollo nacional.

Según Enrique Alfaro, Jalisco es una de las cuatro entidades que más dinero aporta a la Federación y en ocasiones ha llegado a recibir 40 centavos de cada peso que envía al gobierno federal, que se le regresan en proyectos etiquetados desde la Ciudad de México que no contribuyen al desarrollo local.

“Los estados de la República no estamos pidiendo limosna. Tampoco estamos pidiendo o planteando extender la mano para ver qué más nos dan. Lo que estamos planteando es que se ha llevado a las finanzas estatales y municipales a un punto en el que ya no vamos a aguantar mucho más”, se quejó Enrique Alfaro en una reunión en la Cámara de Diputados con líderes de su partido, Movimiento Ciudadano.

Ante ello, Enrique Alfaro, y otros gobernadores, como los de Michoacán, Nuevo León y Aguascalientes, han amagado con hacer consultas públicas en sus estados para preguntar a los ciudadanos si quieren permanecer en el Pacto Fiscal o rediseñar su relación con el gobierno federal en el tema del dinero público. (Con información de EME-EQUIS)

 

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