Una madrugada de febrero de 2015, Ramón Guerrero Martínez convocó a una de sus últimas sesiones del Ayuntamiento y propuso transferir a manera de “dación” ciertos terrenos al cantante Alejandro Fernández y saldar una deuda. Y casi a hurtadillas, en la misma reunión, pidió y le aprobaron el acuerdo para que él como alcalde suscribiera convenios con empresas para instalar dispositivos publicitarios en las avenidas y cruceros de la ciudad. Es decir, fue “el mochilas” quien abrió la oportunidad de inundar la ciudad con anuncios espectaculares, luminarios, display para pantallas led, como aquella pantalla gigantesca que una vez funcionó en el crucero del Sams.
Con esos antecedentes, oportunista como es, nos llamó la atención el posicionamiento adoptado por Ramón Guerrero cuando en su calidad de diputado local y vocal de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado hizo suyo un escrito presentado en conjunto por empresarios y autoridades locales demandando se finque un nuevo juicio político al magistrado Alberto Barba Gómez por resolver en favor de un empresario del ramo de anuncios espectaculares.
En Puerto Vallarta, a lo largo de las últimas dos décadas se ha librado una gran batalla contra la contaminadores visuales. Empresarios y autoridades municipales han coincidido, primero en quitar los espectaculares en la franja turística urbana, y dos, en la defensa contra quienes recurrieron a los tribunales alegando derechos a dicho negocio. Francisco Padilla Aceves, principal accionista de la empresa tapatía EMOSA y/o West Media, por años ha peleado hacer válido licencias de sus anuncios espectaculares. Ha logrado fallos a favor, uno de ellos resuelto el 1 de marzo de 2013 a favor de Publicitaria S.A. de CV, también empresa suya, fallo firmado por a Alberto Barba donde ordena al Ayuntamiento expedir licencias para sus once anuncios espectaculares. Antes, el 23 de noviembre del 2012 el magistrado resolvió el juicio número 221/2010 a favor de particulares y en contra de Puerto Vallarta y sus habitantes.
Alberto Barba es el magistrado presidente de la Sexta Sala Unitaria de lo Administrativo del Estado que está en el ojo del huracán a raíz de que el presidente de Guadalajara, Enrique Alfaro solicitó juicio político por autorizar indebidamente construcciones de edificios violentando usos de suelo. El Congreso del Estado ya dio luz verde a dicha demanda y al mismo clamor se unen empresarios y autoridades de Puerto Vallarta.
El pasado martes 14, se entregó a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Congreso local un escrito firmado por el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña y por el presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, también por la regidora presidente de la Comisión de Turismo y Promoción Económica, Susana Rodríguez, solicitando se finque un segundo juicio político al mismo magistrado Barba. Los resolutivos de Barba Gómez son lesivos a los intereses de la ciudad y sus habitantes, sostienen los firmantes.
Con el esfuerzo de todos por conservar la imagen del destino turístico, un asunto de interés general, que involucra a ciudadanos, empresarios y autoridades, “nos resulta lastimoso la resolución a la que se ha llegado en el ya referido juicio, pues representa un golpe de graves consecuencias a la preservación de la imagen de este destino, el cual es consecuencia de actos de omisión y omisiones de las autoridades involucradas en el proceso. Esta resolución no es más que el triunfo de intereses particulares sobre los comunes, el triunfo de la avaricia de hacer dinero a costa de una ciudad que tiene en el turismo su más grande fuente de ingresos, su generación de empleos así como la manera de desarrollarse de sus ciudadanos. Puerto Vallarta no puede ser víctima de unos cuantos intereses particulares, no se puede lucrar con dichos anuncios…” se indica.
Hasta ahí, Ramón Guerrero no había dicho ni pío y permanecía calladito. Pero por ser vocal de la comisión de Responsabilidades llegó a su escritorio el documento elaborado en Puerto Vallarta y firmado por el alcalde Arturo Dávalos y el dirigente empresarial, Jorge Villanueva. Para pronto llamó a periodistas y preparó un discurso en donde se erigió como el paladín de la defensa de la imagen de Puerto Vallarta. Sin embargo es una farsa la posición adoptada por “el mochilas”. En la sesión del pleno del Ayuntamiento, ya cuando se despedía mediante una licencia para irse a buscar la diputación local, propuso y le aprobaron desincorporar algunos bienes municipales y darlos a Alejandro Fernández para negociar el fin de un juicio en torno al estacionamiento de la plaza principal de El Pitillal. Fue en la misma sesión cuando se aprobó el acuerdo 0450/2015 el cual consistía en autorizar al primer edil firmar convenios con empresas para instalar dispositivos publicitarios diversos. “El mochilas” se fue de la ciudad y literalmente permaneció en el anonimato el acuerdo hasta que la regidora Susana Rodríguez se levantó con ánimos de hacer algo por la ciudad que la cobija, propuso revocarlo y se votó a favor.
La ciudad ofrece la sensación de estar blindada contra anuncios espectaculares. En la Ley de Ingresos no siquiera se contemplan licencias, mucho menos pagos por expedir permisos de tal naturaleza. Es decir, legalmente no existe forma de dar licencia para un permiso no considerado en la ciudad. Eso equivale a desentenderse de una orden judicial, como la del magistrado Barba que ordenó en su momento extender licencia a cada anuncio de Francisco Padilla.
Hasta principios de los años noventa, Puerto Vallarta era un caos en materia de regulación de anuncios espectaculares. Poco a poco se logró desterrarlos de la zona urbana pero han sobrevivido en las inmediaciones. Hasta hace un año permaneció intacto en el crucero del Sams una pantalla gigantesca display. Fue Javier Bravo Carbajal que logró su desmonte lo cual le hizo ganar una andanada de críticas y la enemistad de la familia Mendiola, los concesionarios de la radiodifusora conocida como La Explosiva, dueños de dicha pantalla display.
El destino es una ciudad limpia de anuncios espectaculares. Los que abundan son anuncios en paradas de camiones urbanos, los llamados “parabuses” o anuncios luminosos. Sin embargo, hasta ahorita nadie los considera como una forma de contaminación visual y no se les molesta. El propio Ramón Martínez los toleró con cierta alegría, con la misma alegría que propuso le votaran a favor su iniciativa de suscribir como alcalde convenios para dispositivos publicitarios. Con esos antecedentes hasta suena a su desenmascaramiento traer al momento su acuerdo de febrero del 2015.
Tomar el escrito presentado por Dávalos, por Jorge Villanueva y a regidora Susana Rodríguez, es una forma de saludar con sombrero ajeno. Incurre “el mochilas” es un burdo engaño al intentar aparecer como el defensor de la imagen de la ciudad, cuando hace dos años propuso hacer todo lo contrario. Hasta parece morderse la lengua cuando al tomar el escrito y aludir al magistrado Barba Gómez, habla y presume corrupción, torceduras de leyes y ataques al patrimonio de la franja turística de Puerto Vallarta.
REVOLCADERO
Sobre el mismo tema pudimos hallar un documento informativo emitido conjuntamente por la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas y la Asociación Mexicana de Ex Presidentes Empresariales, AEBBA y AMEXE respectivamente, titulado “El Consejo Coordinador contra la disposición de dispositivos publicitarios”. Se lee en el primer párrafo: “Un frente común de los organismos empresariales y asociaciones civiles de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas fue la que se pronunció recientemente contra la aprobación de Cabildo que permitirá la instalación de nuevos dispositivos para colocar anuncios en diferentes puntos de la ciudad, que se traduce en y un recurso legal para neutralizarla”. Jorge Villanueva preside a la AEBBA y Gabriel Igartúa Sánchez a la AMEXE. El boletín de prensa se difundió el 19 de febrero 2015. En uno de los párrafos se hace mención que fue la madrugada del 2 de febrero del mismo año, cuando Ramón Guerrero propuso le autorizaran suscribir convenios con empresas del ramo para colocar dispositivos publicitarios en la ciudad. “Estamos convencidos de que esas medidas están excedidas en plazo y en alcances en detrimento de Puerto Vallarta, y que ese acuerdo edilicio sacado a altas horas de la madrugada del 2 de febrero, de llevarse a un estatus de ley dejaría en plena indefensión a la ciudadanía por 20 años o más…” dijo Jorge Villanueva. Echar atrás dicho acuerdo llevó casi un año, ya con Arturo Dávalos al frente de la alcaldía.****** Hace una semana, justo el viernes 10, se reunieron los choferes de camiones Sistecozome para contarse sus anécdotas y discutir eventuales estrategias para defender sus derechos. Compraron sus siete cartones y los bebieron en una finca de Las Juntas. Invitaron a su dirigente sindical, Reyes Vega García. Uno de los choferes, “el remi”, contó su caso. Ya casi suma un año que inició trámites para jubilarse al cabo de entregar 25 años de servicio en Sistecozome. No pudo finiquitar su jubilación porque ese día se formalizó el cierre de la empresa. El dirigente sindical, de una empresa que ya no existe, le dijo que haría todo por hacerle justicia. Eran tres las rutas que los camiones de la empresa del estado cubrían, La Aurora, Marina Vallarta e Ixtapa. Sin embargo, apenas contaba con un parque vehicular de tres o cuatro unidades y allá cada una o dos horas hacían su ruta en Ixtapa. Poco apoco las unidades de la Unión de Permisionarios se quedaron con las otras dos rutas. Víctor Lías Rodríguez, fue uno de los últimos administradores y dejó casi en ceros el censo de camiones.****** Que la balacera de hace unos días en el interior de la tiendas Walmart tendrá sus repercusiones. El balaceado y muerto cuatro horas después no era cualquier parroquiano. Algunos periodistas todavía viven el susto dado por desconocidos por la difusión de algunas fotografías. Nos dieron un nombre, un individuo de apellido Fregoso, pero que no es periodista. Que lo buscan por los rumbos de la colonia Emiliano Zapata. (Cartón cortesía de la revista Conciencia Pública)
