Anunciando públicamente su registro como precandidato a presidente municipal que en tiempo y forma realizó al interior de Movimiento Ciudadano, el empresario Adrián Guerra consideró un éxito como equipo y sociedad bahiabanderense este paso para consolidarse rumbo a la presidencia de Bahía de Banderas.

Fehaciente expresó que \"siempre de la mano logramos caminar más lejos\" además de agradecer a los simpatizantes que sin parar se han seguido sumando al \'proyecto de todos\' que hoy abandera a través de Movimiento Ciudadano, expresó el empresario Adrián Guerra.

\"Oficialmente su servidor, Adrián Guerra, soy el precandidato único por la presidencia municipal de Bahía de Banderas por el partido Movimiento Ciudadano\", contundente anunció añadiendo su reconocimiento a la ciudadanía que confía sin lugar a dudas y que cansada de lo mismo ahora sí le apuesta a una persona que ya conocen y de quien saben nunca les ha fallado. 

Asimismo en su primer día como precandidato por la presidencia de Bahía de Banderas por Movimiento Ciudadano, Adrián Guerra no dejó fuera del agradecimiento a sus colaboradores que también le respaldaron con su trabajo de equipo en este proceso y trámite, personas que también se distinguen por comprometidas.

Al texto, el oficio de registro de la precandidatura, dicta:

“Oficio: N. SA/030/2014

Lic. Sergio López Zúñiga

Consejero Presidente

Instituto Estatal Electoral de Nayarit

Presente:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118, fracción IV, de la Ley Electoral de Nayarit, comunicamos a usted y al órgano que preside, que una vez realizados los dictámenes de procedencia de registro de los precandidatos que participarán en el proceso interno de elección y selección de candidatos de Movimiento Ciudadano en el Estado de Nayarit, anexo el presente escrito, encontrará de manera impresa y en medio magnético los nombres de las personas registradas.

Lo anterior para los efectos de su publicación en el Periódico Oficial.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para expresarle la seguridad de nuestra distinguida consideración.

Atentamente

Por México en Movimiento

Por Jorge Olmos Contreras

La regidora Doris Ponce Aguilar es una mujer que logra lo que se propone cuando utiliza el chantaje de por medio para obtener prebendas y canonjías de parte del presidente municipal, tal y como sucedió durante la Semana Santa, donde le dieron manga ancha para que hiciera negocios con los permisos de venta de cerveza en las playas de Puerto Vallarta.

Aprovechando ciertos recovecos legales y la ausencia de decenas de concesionarios de la zona federal marítimo terrestre, Doris Ponce Aguilar permitió que se instalasen pequeños puestos y carpas que estuvieron vendiendo cerveza a todo el turista o paseante que anduviera en las playas.

Cabe precisar que Doris Ponce es la titular de la Comisión de Reglamentos al interior del Ayuntamiento, por lo que tiene contacto directo con el Jefe de Reglamentos, Jorge Quintero Alvarado, por lo que puede maniobrar a la perfección para otorgar permisos verbales de venta de productos en donde sea, como en las playas, sin que nadie moleste a quienes se benefician con los favores de la edil del Movimiento Ciudadano.

Es tan simple como entregar una lista de los agraciados con  los que Doris Ponce pudo haber hecho negocios debajo de la mesa, y pedirle o casi ordenarle al Jefe de Reglamentos que no moleste a los dueños de los puestos que ella le señale.

Así pudieron operar al margen de la ley decenas de puesteros que hicieron su agosto en pleno abril durante la Semana Santa, de ahí que se observaran tal cantidad de negocios con venta de cerveza para llevar, por lo que la regidora está obligada a dar una explicación pública o al menos dar un informe pormenorizado de cuántos permisos se dieron por escrito y cuántos verbalmente, y sobre todo, quiénes fueron los beneficiados y cuánto se cobró por cada favorcito.

Aquí habría que preguntarles a los regidores quién de ellos se apunta para cuestionar a su compañera del pleno por la proliferación de puestos con venta de bebidas alcohólicas.

Y como señalamos líneas arriba, Doris Ponce recurrió al chantaje para que el alcalde Ramón Guerrero le diera amplio margen como presidenta de la Comisión de Reglamentos y manejara a su antojo la venta de permisos, pues ni la Oficial Mayor de Padrón y Licencias, Iris Ulloa pudo intervenir para autorizar o prohibir tales autorizaciones.

El chantaje fue muy sencillo: Doris Amenazó con declararse regidora independiente o retirarle el voto a Ramón Guerrero en las próximas sesiones de Ayuntamiento, si no le cumplían con lo que pedía, es decir, manejar a discreción la venta de permisos en las playas.

Pero si Doris Ponce habría hecho negocios con dichos permisos verbales, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Jalisco, Sergio Hernández González no se quedó atrás, y por increíble que parezca, también otorgó permisos para le venta de cerveza en las playas de Puerto Vallarta para la venta de cervezas.

Sergio Hernández González –ex regidor de la Comisión de Ecología en Zapopan—hizo a un lado al encargado de la oficina de la Semarnat en Vallarta, Julio César Juez Ruiz, para extender y firmar permisos durante la Semana Santa.

Tenemos conocimiento que “regaló” esos permisos a ciertas personas que tienen que ver con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que violando el espíritu del artículo 115 constitucional, desconoció al gobierno municipal para autorizar dichos permisos.

La polémica se armó en grande cuando los inspectores del Ayuntamiento quisieron clausurar los puestos autorizados por el funcionario federal y en minutos comenzaron a llegar llamadas al teléfono celular del Jefe Jorge Quintero para advertirle que se metería en problemas si cerraba estos negocios.

La mayoría de esas llamadas fueron de políticos identificados con el PRI, incluso le recordaron a Arturo Gradilla Ulloa –quien labora en esa área—que la Semarnat podía autorizar cualquier concesión de venta de mercancías o productos en la zona federal, como en las playas.

A Jorge Quintero le recordaron que además la regidora Doris Ponce había autorizado permisos verbales y que la Dirección de Inspección y Reglamentos no había hecho nada para impedir la venta de cerveza. Y además, que qué le parecería si llegaran inspectores federales de Semarnat y quisieran clausurar los puestos de playa que ellos no habían autorizado.

Total que el negocio se hizo desde dos vías, los permitidos por Doris Ponce Aguilar y los que firmó el delegado estatal de la Semarnat, el contador Sergio Hernández González, además de los que se habrían autorizado legalmente y cuyo dinero entró a la Tesorería Municipal.

Sin embargo, se desconoce cuántos permisos se autorizaron mediante recibos o documentos oficiales y cuánto dinero ingreso a las arcas municipales por este concepto.

Por el momento, el secretario nacional del medio ambiente, Juan José Guerra Abud debería tener mucho cuidado y vigilar de cerca lo que está haciendo su delegado en Jalisco, quien se atreve incluso a firmar permisos de venta de cerveza en las playas de Puerto Vallarta.

Sergio Hernández González ha sido muy cuestionado por su nombramiento al frente de la Semarnat Jalisco, se dice que fue impuesto por el diputado federal del Partido Verde, Enrique Aubry de Castro Palomino y que como contador público no reúne las características profesionales para dirigir la política del medio ambiente en la entidad.

De la regidora Doris Ponce no hay mucho que decir, ella siempre se ha dirigido por el camino chueco, así lo hizo con los permisos de puestos en las pasadas peregrinaciones y lo vuelve a hacer con los de venta de cerveza en Semana Santa.

Dos funcionarios, sin duda, deshonestos.

Por Jorge Olmos Contreras

Otro negocio está en puerta al interior del Ayuntamiento debido a la actuación de malo servidores públicos que llevan a cabo acciones para su beneficio personal sin que el presidente municipal, Ramón Guerrero Martínez esté enterado, o al menos eso se piensa. Se trata del fraccionamiento privada residencial “Los Olivos”, ubicado justo atrás de “Las Moras” y que colinda con la colonia Villas del Puerto.

Este fraccionamiento, dirigido por el arquitecto Eduardo Iñiguez, estaba proyectado para construir 60 casas habitación supuestamente de primera calidad de 18 metros cuadrados, pero luego de que fueron descubiertos por funcionarios municipales abriendo un acceso que afectó el área verde de Villas del Puerto, el número de casas aumentó a 64.

Se presume que el desarrollador negoció cuatro casas para obsequiarlas a cuatro funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento, aunque eso se está investigando por parte de regidores del Ayuntamiento.

Los vecinos de Villas del Puerto están inconformes porque este fraccionamiento “Los Olivos” –cuyo gerente de ventas es Martín “El Pelón” Vázquez, un distinguido priista—no ha entregado sus áreas de donación y se ha aprovechado de las áreas verdes de Villas del Puerto Vallarta para decir que son de “Los Olivos” y que por lo tanto ya cumplieron con el requisito de ley.

Sin embargo, está claro que las áreas verdes usurpadas por “Los Olivos” y además invadidas, pertenecen a Villas del Puerto, cuyos colonos ya han tenido varias juntas con personal del Ayuntamiento y con los propios desarrolladores de “Los Olivos” para que respeten la zona que es de Villas del Puerto.

Para calmar a los vecinos de Villas del Puerto, tanto funcionarios municipales como los representantes de “Los Olivos” les prometieron que para reparar el daño de haber abierto un acceso ilegal –que será la entrada y salida de vehículos al fraccionamiento “Los Olivos”--, les van a arreglar la calle Mismaloya, pero las cosas siguen igual y la avenida está peor que nuca.

“De repente aparecen camionetas del Ayuntamiento para rellenar con arena algunos baches, pero la calle está para llorar”, dice una vecina indignada y agrega: “Lo que queremos es que se respete nuestra área verde y que ellos, los de “Los Olivos” hagan entrega oficial de la suya, pues sus áreas verdes están dentro del coto, no son públicas y en  vez de hacer otra entrada y salida, derribaron un muro para hacer una calle que dañó lo que era nuestro parque o zona de esparcimiento”.

Por Jorge Olmos Contreras

Los policías Alberto Figueroa y Gerónimo Castro de la Patrulla 242 no quisieron hacer nada, ni siquiera un reporte completo, de la agresión que sufrió un ciudadano en el fraccionamiento Los Sauces la semana pasada, cuando el abogado Sergio René Tovar Romero sacó de su casa un cuchillo para apuñalar a la mascota del vecino, sólo porque se había peleado con su perro.

Los gendarmes ni siquiera le dieron importancia al hecho, pues se trataba de un perro muerto que había sido asesinado por el abogado en mención, por lo que sólo tomaron los datos de la persona que reportó la agresión al 060 y se retiraron del lugar.

Los hechos ocurrieron en Los Sauces, donde hubo una pelea entre dos canes, pero Tovar Romero, con lujo de prepotencia, sacó un arma blanca para dar muerte a la mascota del vecino y luego se fue a ocultar a su casa al ver que había matado al perro.

Al momento en que llegó la patrulla, el abogado, muy cobarde, quiso remediar las cosas, le decía al propietario del perro, de nombre Pablo, que le daba en ese momento cinco mil pesos para que ya no hubiera problemas, pero Pablo no aceptó el dinero, le dijo que lo que había hecho no estaba bien, pero los policías, en vez de cumplir con su labor y llevarse detenido al agresor, lo dejaron ir y se marcharon como si nada hubiera pasado.

Sergio René Tovar se hizo ojo de hormiga, ya ni salía de su casa, pero después los vecinos supieron que presuntamente los había denunciado –a los dueños de la mascota muerta—en la Fiscalía Regional porque pensaba que lo querían matar, lo cual sólo es un argumento leguleyo para asustar a los propietarios del can asesinado y que no procedan en su contra.

Por ahora el abogado la libró, pero va a quedar asentado ante la opinión pública se fama de “mata perros” y su prepotencia aprovechando que es abogado y que tiene relaciones en los juzgados locales.

Hay que recordar que ya hay una iniciativa en el Congreso del Estado para incluir una penalización por maltrato animal y que contempla prisión de tres meses a tres años y multas de 50 a 200 días de salario mínimo a quien ponga en riesgo la vida animal.

Si ya estuviera reformado el Código Penal, el abogado tendría que ser llamado a cuentas por el Ministerio Público, aunque se sabe que el vecino afectado pondría una denuncia por estos hechos.

Los involucrados aceptaron el diálogo convocado por el representante del Gobernador, para aclarar dudas y rumores que dieron origen al problema

Como resultado del diálogo que logró establecer Andrés González Palomera entre deportistas y el ejido Las Juntas, este miércoles quedó destrabado el conflicto que se había generado por el control de las canchas ejidales en esta delegación.

Tal como se comprometió en reunión previa con integrantes del comité de deportistas, el representante del Gobierno del Estado en el municipio, se reunió nuevamente con las partes involucradas para buscar una solución, y tras un diálogo ameno y cordial, se lograron concretar acuerdos para poner fin a este problema.

De entrada, los miembros del comité deportivo encabezado por Alonso Aguilar, aceptaron levantar el plantón que mantenían en las canchas ejidales, luego de que el comisariado ejidal de Las Juntas que preside Jorge Mendoza Bernal, aclaró la serie de dudas y rumores que sin fundamento se generaron y dieron pie a este conflicto.

Entre las inquietudes que prevalecían, era la supuesta venta de este espacio deportivo, toda vez que se corroboró que existe un acuerdo de asamblea del ejido, en el sentido de que las canchas no se venden.

Asimismo, se acordó entre las partes continuar con el diálogo y la comunicación, para definir la administración de este espacio deportivo, entre otros aspectos que se irán resolviendo sobre la marcha.

Cabe destacar que tanto representantes de los deportistas como autoridades ejidales, reconocieron la labor de mediación que realizó Andrés González Palomera en este asunto, para lograr que las partes establecieran acuerdos y pusieran fin a este conflicto.

A su vez, el representante del Gobernador agradeció la confianza que le brindaron para aceptar dialogar, al reiterar que es la única forma y el camino indicado para lograr solucionar muchos de los problemas que aquejan a la sociedad.

Felicitó a los integrantes de comité de deportistas y al comisariado ejidal, por su buena disposición para entablar este diálogo que sin duda traerá beneficios para unos y otros, pero sobre para la comunidad en general.

En el encuentro participaron, por el lado de los deportistas, el presidente del comité, Alonso Aguilar; Raúl “Ruly” Torres, Pedro Toscano, Victoriano Plascencia, Ignacio Alejo, Noé Isas y Aureliano Bravo. Por el comisariado ejidal, su presidente Jorge Mendoza Bernal, Valentín Torres, Alejandro Hernández, Ludgerio López y Santos Rodríguez.

Por Ángel Plasencia

Antes de ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Roberto Rodríguez Preciado, quien acaba de asumir, pasó por la Dirección de Policía de Puerto Vallarta, de donde salió tras un atentado y muchas interrogantes

Un magistrado no necesita pasar las pruebas de control de confianza como un elemento de seguridad pública, con la designación en el Congreso local puede ocupar su cargo, aun sin tener carrera judicial. 

Al interior del Poder Judicial de Jalisco hay empleados que protestan por la falta de un esquema de escalafón que permita el crecimiento profesional de los que se integran a sus filas buscando desarrollar una carrera judicial. 

Por otro lado existen funcionarios que, aunque cuentan con capacitación profesional en Derecho, han ejercido principalmente en las áreas de seguridad y procuración de justicia. 

Aunque el historial de algunos de los que forman parte del STJJ pone en duda su probidad y experiencia como impartidores de justicia. 

El sueldo y las prestaciones que vienen con dicha jerarquía (más de 150 mil pesos al mes) van de la mano de una responsabilidad que muchos de los designados han practicado de cierta forma, a menor escala, desde su función como jueces, cuando tienen una carrera judicial.

Pero tal parece que una nueva  vía (que ha funcionado al menos dos veces) para ser magistrado en Jalisco, es la de ser elemento de seguridad pública, con una participación en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. 

Prueba de ello es el presidente del STJJ, Luis Carlos Verga Pámanes, quien fue titular de la Dirección de Seguridad Ciudadana durante la administración del priista Javier Bravo Carbajal (2006-2009). 

Pero el caso más notable es el del magistrado que apenas hace unos días asumió:  Roberto Rodríguez Preciado, exdirector de Policía de Puerto Vallarta, quien dejó ese cargo tras sufrir un atentado contra su vida. 

A mediados de octubre del 2012, Rodríguez Preciado llevaba apenas unos días de asumir su puesto en la administración de Ramón Guerrero Martínez (expanista y actual alcalde del destino turístico por Movimiento Ciudadano), cuando fue atacado por un comando armado. 

Su vehículo blindado fue baleado por dos sujetos con armas largas, también le lanzaron una bomba molotov, por lo que tras el ataque la camioneta de Rodríguez Preciado quedó completamente calcinada. 

Un día después del suceso, en la ciudad de Puerto Vallarta fueron encontradas varias mantas donde presuntos miembros del grupo criminal de Los Zetas acusaban al actual magistrado de no cumplir supuestos acuerdos. 

“Sigue sin respetar los tratos que isiste (sic) con nosotros Roberto Rodríguez Preciado, Att,  ‘Z’.  

“Roberto Rodríguez Preciado la ciudadanía no tiene la culpa de los tratos que tu tienes con otras personas los ciudadanos de Vallarta an vivido trankilos (sic) hasta que llegaste a imponer tus compromisos que isiste (sic) con lacras tu eres culpable de lo que esta pasando y lo que siga pasando”, se leía en las mantas. 

El entonces titular de seguridad en el puerto negó en aquel entonces sus relaciones o acuerdos con el crimen organizado, pero a 15 días de asumir dejó su cargo; regidores del Ayuntamiento de Vallarta pidieron su destitución y la presión terminó por obligarlo a renunciar. 

Se fue argumentado que no buscaba entorpecer las investigaciones de la autoridad. 

Previo al atentado, el reportero local del medio Vallarta Uno, Jorge Olmos, reportó que una de las camionetas en que Rodríguez Preciado se desplazaba, una Ford Lobo blindada con placas JR 33494, no contaba con placas de vehículo oficial. Además el periodista señaló que operaba principalmente en una residencia ubicada en Conchas Chinas, Vallarta.

Trascendió que en julio del 2013 fue asesinado uno de los que fueran sus escoltas: Juan Carlos Loyola Juárez,  elemento de la Policía de Vallarta, asesinado en la colonia El Refugio junto con un elemento del Grupo Sigma de la policía estatal. 

Antes de ser jefe policiaco de Vallarta, Rodríguez Preciado fue también titular de la Dirección de Seguridad de Tonalá (2008) y subdelegado de asuntos patrimoniales de la procuraduría estatal, encargado del área de antisecuestros. 

Marcado en Tonalá 

Durante su gestión como director de seguridad de Tonalá, Roberto Rodríguez Preciado también estuvo envuelto en la polémica, con antecedentes de amenazas a funcionarios cercanos a él, de parte de grupos criminales. 

El actual magistrado es considerado una pieza del PAN, por estar vinculado al exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, y a Abraham González Uyeda, con quienes laboró en diversas ocasiones. 

González Uyeda es el padrino político del alcalde de Puerto Vallarta, Ramón Guerrero Martínez. 

Rodríguez Preciado trabajó como director de la policía durante la administración del alcalde interino de Tonalá, Agustín Ordóñez. 

Desde su llegada al municipio tonalteca se decía que era una imposición de parte de González Uyeda, entonces subsecretario de la Secretaría de Gobierno Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, dependencia donde el actual magistrado también trabajó. 

Durante su paso por Tonalá, en abril del 2009 se dio el hallazgo en una casa que se investigaba tras el asesinato del director de homicidios intencionales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Jalisco, Carlos Alberto Rayas Rodríguez.

Ahí se encontró una fotografía que mostraba con una cruz marcada la foto de su subdirector de policía, Ignacio Rodríguez Grimaldo. 

La imagen de Rodríguez Grimaldo aparecía tomada del sitio de Internet del Ayuntamiento de Tonalá, donde también aparecía el nombre de Rodríguez Preciado. Finalmente su salida de Tonalá se dio tras la llegada del alcalde Jorge Vizcarra Mayorga. 

Antes de asumir su cargo como magistrado del Supremo Tribunal, fue director del Instituto de Investigación y Estudios Legislativos del Congreso de Jalisco

Sus relaciones en el Congreso local quizá le significaron el paso final para asumir el cargo, apadrinado por los panistas. 

El magistrado está adscrito a la Octava Sala Especializada en Materia Civil. 

El CV del magistrado

Roberto Rodríguez Preciado es maestro en Derecho y se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública, sin haber tenido participación en el Poder Judicial hasta su nombramiento como magistrado. 

Aparece como profesor adscrito “honorífico” en el posgrado en Derecho de la Universidad de Guadalajara. 

Director de seguridad de las corporaciones de Puerto Vallarta y Tonalá, el magistrado de la octava sala en materia civil también pasó por la Secretaría de Gobierno durante el sexenio de Felipe Calderón; se desempeñó como director general adjunto de la coordinación con entidades federativas. 

También trabajó en la Procuraduría de Justicia durante la gestión de Gerardo Octavio Solís, en el sexenio de Ramírez Acuña, como agente del ministerio público y subdelegado de asuntos patrimoniales.

Nota: Este artículo aparece publicado en la versión digital del portal www.reporteindigo.com en su edición Guadalajara y por ser de interés público se retoma otorgándole todo el crédito y la cortesía a Reporte Índigo)

Por Jorge Olmos Contreras

Con la candidatura del PRI –para alcalde Bahía de Banderas-- prácticamente en sus manos, el “señor de los bailes”, José Gómez Pérez todavía no explica a la opinión pública cómo es que se involucró en un crimen que se cometió en contra de un compadre suyo en la Ciudad de México y cómo guardó absoluto silencio sobre la sociedad que tenía con el ejecutado, un abogado de nombre Moisés Andrade, en hechos ocurridos en el 2008.

José Gómez, junto con un contratista del Ayuntamiento de Puerto Vallarta en la administración de Javier Bravo, de nombre Antonio Ugalde, formaron una empresa a la que invitaron a Moisés Andrade, un conocido licenciado tanto de Bahía de Banderas como de Vallarta, pero un día fue asesinado en circunstancias nada claras cuando llegaba a la capital del país.

Ni Antonio Ugalde, ni José Gómez, pudieron dar una explicación de la ejecución de su socio, sin embargo, fueron los beneficiarios de la sociedad, una empresa constructora que manejaba millones de pesos y donde se sospechaba había lavado de dinero.

Hasta ahora, ni el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), ni el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, han alertado a la dirigencia de ese partido, tanto en el contexto nacional, como estatal y municipal, para advertir lo que puede destaparse contra José Gómez y su relación con el artero homicidio de su compadre Moisés Andrade.

En el 2007 y a principios del 2008, escribimos lo siguiente con respecto al homicidio de Moisés Andrade Reyes:

LA HISTORIA

“La siguiente, es la historia de un crimen que, como tantos otros, permanecen en el limbo, en espera de que alguien devele su misterio y ponga al descubierto el o los autores intelectuales. En este caso, se trata de una sociedad que terminó mal entre compadres, quizá por la ambición de hacerse de dinero fácil y para quitar de en medio a quien no entendiera que cinco millones de pesos es dinero suficiente como para mandar asesinar a alguien, así se trate del amigo de toda la vida o del padrino de sus hijos.

Esto fue lo que le sucedió al abogado vallartense, Moisés Andrade Reyes, quien junto con su compadre, José Gómez Pérez y el ingeniero Antonio Ugalde formaron una compañía constructora sin saber que a la larga, dicha sociedad terminaría con un crimen: el asesinato de Moisés, quien el pasado seis de febrero fue ejecutado por desconocidos cerca de unos juzgados del Distrito Federal, a donde Andrade Reyes fue invitado mediante presuntos engaños y mentiras por el propio Ugalde, amigo íntimo del asesinado.

En todo esto, sin lugar a dudas una pieza clave en la ejecución de Andrade es el propio ingeniero Antonio Ugalde, toda vez que fue él quien se llevó a la capital del país a Moisés Andrade, quien sólo regresó en un ataúd.

En esta historia de embrollos, aparece también José Gómez Pérez, dueño de la discoteca Xanadú de San José del Valle y que durante mucho tiempo fue secretario particular del alcalde de Bahía de Banderas, doctor Jaime Cuevas, ya que él habría sido quien sugirió a Ugalde llevarse a Moisés al Distrito Federal, donde finalmente sería muerto a tiros.

Por cierto, algunos columnistas habían hablado muy bien de José Gómez Pérez, le auguran un prometedor futuro político, sin saber que, pese a su corta edad, ya está metido en un lío tremendo que deberá aclarar en su momento a las autoridades ministeriales.

LA SOLICITUD

Mediante Ley de Transparencia, este columnista solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal información sobre el crimen contra Moisés Andrade, por lo que el encargado de la oficina de información pública de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de esa dependencia, José Luís Arce Aguilar, respondió en tiempo y forma a dicha petición. En los documentos que comprenden cuatro fojas útiles no certificadas, se encuentran datos del homicidio contra Andrade Reyes, quien recibió dos balazos por la espalda por uno o dos desconocidos que se dieron a la fuga.

Lo curioso del crimen, es que los pistoleros llegaron directamente a asesinar al abogado de Puerto Vallarta, sin dirigir su ataque al acompañante de Moisés Andrade, es decir, a Antonio Ugalde, quien sólo presenció cómo fue ejecutado su compañero y cómo el o los asesinos huyeron. Es más, los asesinos ni siquiera voltearon a ver a Ugalde, ya sabían a lo que iban, cuál era su misión y por lo tanto, el trabajo habría sido por encargo; no se trataba de un asalto o robo con violencia, sino toda una ejecución profesional a cargo de matones a sueldo.

Así las cosas, Antonio Ugalde rindió su declaración ante el Ministerio Público del D. F., pero se desconoce qué dijo por tratarse de una Averiguación Previa cuyo contenido no puede darse a los medios de comunicación por tratarse de una indagatoria; sin embargo, en Puerto Vallarta comienzan a salir más datos que hablan de una presunta conspiración de los amigos de Moisés para desaparecerlo, debido a que entre los socios se habría dado una disputa por cinco millones de pesos que no fueron entregados a sus verdaderos dueños.

La especulación en torno a este crimen se ha desatado aún más, debido a que los familiares del occiso no han querido declarar nada, se escoden, como si algo temieran, incluso el padre y la esposa de Moisés Andrade ni siquiera denunciaron el homicidio ante el Ministerio Público del Fuero Común en Puerto Vallarta, sólo se limitaron a velarlo en la funeraria Celis y a sepultarlo en el panteón de la colonia El Progreso.

La Procuraduría del Distrito Federal sí abrió una Averiguación Previa en torno a este homicidio, pero para que los agentes de la Ciudad de México vengan a Puerto Vallarta a investigar el crimen, será necesario que los familiares o la esposa lo soliciten e insistan para que se esclarezca la ejecución de Andrade.

Una de las formas en que la PGJDF podría actuar en este caso, es que los familiares de Moisés interpongan una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ésta a la vez solicite a la Procuraduría del D. F. su inmediata reacción para esclarecer los hechos, lo que comprendería que agentes judiciales del Distrito Federal se trasladaran a Puerto Vallarta y pidieran el apoyo de sus homólogos de Vallarta para comenzar las investigaciones que conduzcan con él o los autores intelectuales del crimen.

El principal sospechoso, Antonio Ugalde fue quien incluso se hizo cargo de los gastos de los servicios funerales, así como del traslado del cadáver de Moisés de la ciudad de México a Vallarta.

En tanto, la viuda de Andrade, de nombre María, no ha querido involucrarse en la investigación de la muerte de su marido, pero sí, en cambio, ha estado muy interesada en tratar de cobrar los seguros de vida que tenía el esposo, ya que ha intentado contratar abogados para que la auxilien en estos menesteres.

Como dato importante, la esposa de Moisés Andrade –hoy viuda de Andrade-- también figura en la empresa que su esposo tenía con Ugalde y José Gómez Pérez, incluso se sabe que los socios se han movido y llevado a cabo maniobras legaloides con tal de sacar a María de dicha sociedad.

En todo esto, un papel importante lo juega un sujeto de nombre “Gerardo” que al parecer también es socio de los otros tres, Ugalde, José Gómez y el muerto, ya que según un informante, este tipo habría amenazado de muerte a Antonio Ugalde por una deuda de cinco millones de pesos, pero al final matarían al abogado Andrade, al confundirlo supuestamente con Ugalde, quien ahora se pasea muy tranquilo en sus camionetas del año por todos los rincones de Puerto Vallarta.

LOS SOSPECHOSOS

Sin embargo, las sospechas siguen recayendo en Antonio Ugalde, ya que este señor es originario del Distrito Federal –donde curiosamente mataron al abogado vallartense—y su reputación en Puerto Vallarta no es muy buena, ya que hasta su compadre presidente del PRI, Jorge Luís García Delgado se expresa de él con el calificativo de “mafioso”.

Antonio Ugalde, según la investigación periodística del columnista, ingresó a la campaña del ex candidato del PRI a gobernador del Estado, Arturo Zamora por recomendación de Rafael Yerena Zambrano, pero poco después salió del equipo de Zamora.

Después, habría ocupado un cargo público en la actual administración municipal, pero poco después dejó el puesto por razones desconocidas. Pero Ugalde no dejó del todo la Presidencia Municipal, ya que él y su hermana se alquilan para asesorar a los ciudadanos que requieren de algún trabajo de construcción y ofrecen sus servicios a las afueras de la Dirección de Planeación y de Obras Públicas.

EL DUEÑO DE LA DISCOTECA XANADU

Por otra parte, otra persona clave para esclarecer el crimen de Moisés Andrade y su móvil, es el dueño de la discoteca “Xanadú” de San José del Valle, Nayarit, José Gómez Pérez, quien además de ser compadre de Andrade, fungía como el secretario particular del alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, quien al menos debería dar una explicación a la opinión pública de las actividades de su querido secretario particular”.

Hasta ahí la columna que escribimos hace años sobre el caso del abogado muerto y sus compadres.

Hoy surgen más datos que dejan en muy mala situación a José Gómez Pérez, quien en los tiempos de bonanza de su compadre muerto, traía una vistosa camioneta Scalade.

Este miércoles 23 de abril, José Gómez Pérez será ungido como candidato del PRI a la presidencia municipal de Bahía de Banderas

González Palomera, en calidad de representante del Gobierno del Estado, se reunió con deportistas a fin de mediar y lograr un acuerdo con las partes involucradas para solucionar el problema

Con el ánimo de establecer un diálogo y lograr un acuerdo en el conflicto que sostienen deportistas y ejidatarios por el manejo de las canchas ejidales de Las Juntas, Andrés González Palomera, representante del Gobierno del Estado en el municipio, se reunió este martes con deportistas a cargo de este espacio deportivo, para tratar de mediar y encontrar una solución al problema.

Gracias a la buena relación y amistad que González Palomera mantiene con las partes involucradas, fue invitado a mediar el conflicto que nació hace pocos días, debido al interés del ejido de Las Juntas (donador del predio donde se localizan las canchas) de hacerse cargo de la administración de este espacio, que ha estado en manos de los deportistas desde hace alrededor de 50 años, y quienes argumentan haber edificado y mantenido al paso del tiempo.

Durante la reunión, Andrés González, comprometido con los temas de interés común en la sociedad vallartense, en este caso el deporte y la paz social, conminó a los presentes a reiniciar un dialogo cordial con los ejidatarios, que el día anterior le confirmaron evitarían más conflictos para poder llegar a acuerdos.

Finalmente, y luego de una charla de poco más de una hora, el representante del Gobernador en Puerto Vallarta, logró concretar una reunión más entre ejidatarios y comité de las canchas, hecho que permite a la sociedad pensar que el tema en torno a este espacio de los habitantes de Las Juntas y de todos los vallartenses, podrá llegar a un buen arreglo para ambas partes en beneficio del deporte.

Oficiales de la Policía Preventiva lograron la detención de dos personas sospechosas del homicidio de un hombre de origen extranjero avecindado en la colonia Los Portales y enseguida fueron turnados a las autoridades de la Fiscalía del Estado para que sean sometidos a investigación.

Los hechos se registraron a las 19:20 horas de hoy lunes 21 de abril, cuando vecinos de la calle Los Muertos y Yelapa escucharon gritos de auxilio en el interior de una de las fincas, por lo que de inmediato llamaron a la policía para alertar sobre el hecho.

Inmediatamente varias unidades de la Policía Preventiva llegaron al lugar y sorprendieron a una mujer que salía de la finca muy asustada y otro individuo más que escapaba brincando por las azoteas e intentó ingresar a una casa de la calle Corbeteña para ocultarse pero los uniformados lograron asegurarlo antes.

Los detenidos dijeron llamarse Nelly Carranza de 44 años de edad y Miguel Palomera de 42, quienes fueron entregados a las autoridades judiciales para que se investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades.

La víctima fue identificada con el nombre de Carlos de 65 años de edad, cuyo cuerpo quedó en el interior de una de las habitaciones de la finca que era utilizada como bodega, presentando al menos una herida producida al parecer con un cuchillo de cocina.

En el lugar se presentó el agente del Ministerio Público Osvaldo Delgadillo Villanueva y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes realizan las pesquisas en la escena y de esta forma esclarecer los hechos.

Con estas acciones la Comisaría de Policía Preventiva y Vialidad refrenda su compromiso con la sociedad de trabajar de manera eficaz para garantizar que quienes infringen la ley sean castigados conforme a derecho corresponda.

DE ULTIMA HORA

Luego de un fuerte despliegue policial, los oficiales de la Policía Preventiva lograron ubicar a un tercer individuo que es señalado como cómplice del homicidio de un vecino de la colonia Portales y de inmediato fue entregado junto con los otros dos sospechosos a la Fiscalía General del Estado para que se realicen las investigaciones correspondientes.

El tercero de los detenidos es José Ruiz de 39 años de edad, procedente de San José del Valle Nayarit, quien fue detenido alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las calles Lázaro Cárdenas e Hidalgo en el centro de la delegación El Pitillal, luego de que los uniformados ya le seguían la pista de cerca, tras la información proporcionada por el detenido Miguel Palomar.

Por Jorge Olmos Contreras

Un duro mensaje contra el presidente del ejido Las Juntas, Jorge Mendoza Bernal, fue inscrito en un muro de la calle Ricardo Flores Magón de esa demarcación y descubierto ayer por VALLARTA UNO, donde al parecer ejidatarios inconformes le reclaman su hartazgo por presuntos malos manejos financieros del núcleo ejidal, toda vez que literalmente le señalan lo siguiente: “No te artas (sic) de robar Mendoza” “Jorge Vende a Tus Putas”.

Y es que al interior de ese ejido existe una fuerte inconformidad por las irregularidades detectadas durante el primer periodo de Jorge Mendoza Bernal al frente del comisariado ejidal –este es la segunda vez que es presidente del núcleo—como el gasto de varios millones de pesos sin comprobar ni informar a la asamblea.

Apenas en marzo VALLARTA UNO denunció que mediante una auditoría que se integró a una Averiguación, se pudo saber de la emisión de cheques millonarios que no coincidían con el talonario, así como la entrada de dinero de dudosa procedencia que tampoco fue informado a la Asamblea de Ejidatarios.

El contador José Becerra, encargado de hacer la auditoría, descubrió que Jorge Mendoza Bernal mintió en la asamblea del 18 de diciembre del 2010, ya que dijo haber entregado 337 mil 480 pesos, más el saldo total de los ingresos del Taxi por 83 mil 988 pesos, es decir, 421 mil 468 pesos al nuevo comisariado, pero en la primera asamblea de la nueva mesa directiva, sólo se contabilizaron 55 mil 950 pesos, resultando una diferencia de 365 mil 518 pesos.

Asimismo, la anterior mesa directiva a cargo de Jorge Mendoza, entregó al comisariado vigente en el 2011, dinero que está resguardado y que es propiedad de Miguel Ángel Vélez Cruz por 229 mil 436 pesos, pero que se desconoce su origen, no se sabe de dónde salieron y no se dio acceso a las actas de anteriores asambleas para verificarlo.

En este sentido, también Jorge Mendoza hizo entrega del fondo común del ejido por cuatro millones 837 mil 826 pesos, de dicha cantidad sólo se etiquetó un millón de pesos para escriturar la unidad deportiva ejidal, quedando tres millones 837 mil 826 pesos, misma que se concentró dizque para el reparto de utilidades a todos los ejidatarios, pero “no se hace mención en los cortes de tesorería si dicho recurso fue repartido entre los ejidatarios y no se proporcionó copia del documento que justifique dicho reparto”.

LA CUENTA BANCARIA

Por si esto fuera poco, el 23 de mayo del 2011 se aperturó la cuenta 00686134844 en Banorte y de entrada ese día se depositó un millón 489 mil 554.20 pesos; y al día siguiente 24 de mayo, se retiró la misma cantidad con cheque de caja, sin embargo, el informe de Tesorería correspondiente a la Asamblea del 29 de mayo, no se hace mención de dicho ejercicio ni de dónde vienen los recursos ni en qué se erogaron.

Para el 30 de agosto del 2011, se registró un depósito por 611 mil 715.84 pesos realizado vía SPEI por Aldi Roxana Vanegas Robles, pero se ignora a qué se debe dicho ingreso, pues Jorge Mendoza no quiso o no pudo proporcionar las actas de Asamblea.

Luego, en diciembre del 2011 se registró otro depósito representativo por 500 mil pesos vía SPEI de la empresa RGL Arrendadora de Inmuebles S. A. de C. V. con registro federal de contribuyentes RAI-081002-GLO por concepto de cuenta a pago de terceros, pero en la asamblea de enero del 2012 (ya que en diciembre 2011 no hubo asamblea) no se menciona dicho ingreso en el reporte que hace la Tesorería.

En el mismo mes de diciembre del 2011, se cobró el cheque número dos por un millón de pesos y revisando los talones de la chequera, dicho cheque es por 500 mil pesos y no tiene concepto del por qué se retiró el recurso.

LOS RETIROS

Ahora bien, a partir del estado de cuenta bancario de junio del 2012, se maneja una inversión por 500 mil pesos, pero tampoco se hace mención en la Asamblea dentro del reporte mensual de la Tesorería.

Las irregularidades son tantas con el manejo del dinero, que en el mes de agosto del 2012 se hace otro retiro por 500 mil pesos del cheque número uno, cobrado el día dos, pero en el talón aparece la cantidad de un millón de pesos, por lo que los talones de cheques traen inconsistencias; en este caso, tampoco se hace mención en qué se gastó dicho recurso.

Para el 14 de noviembre del 2012, se cobró el cheque número seis por 160 mil pesos, pero revisando el talón de la chequera, aparece en blanco,  y el que aparece con dicha cantidad es el número cinco, expedido en favor del señor Felipe Andrade, con el concepto “para pagar lote que vendió el ejido”, sin especificar más detalles.

EL DESORDEN FINANCIERO

La falta de higiene en el manejo financiero del ejido Las Juntas es tal, que de la auditoría se desprende que incluso los Impuestos de los Depósitos en Efectivo (IDE) de los meses de septiembre a diciembre del 2011 por cuatro mil 520 pesos, no aparece el retiro por parte de Banorte, sin embargo, en la constancia que expide el Banco, no aparece como pendiente de pago, “lo cual indica que dicho impuesto fue cobrado en otra cuenta bancaria que se tiene ligada a la del ejido”.

Lo anterior, a pesar de que el comisariado “me entregó estado de cuenta de bancos de la única cuenta que manejan, y me comentó que no operan cuentas bancarias adicionales”, señala el contador en su análisis.

Caso similar sucede con el IDE de los meses de enero a abril del 2012, el que asciende a cuatro mil 571 pesos, ya que en las constancias del Banco no aparecen como pendientes de pago y en sus respectivos estados de cuenta bancarios no se tienen los retiros por IDE de cada mes, es decir, parece que también hay una grave evasión fiscal.

En sus conclusiones, el contador José Becerra sostiene que derivado de las actas de asamblea que le proporcionaron el comisario Ludgerio López Amaral, el secretario Victoriano García Román y la tesorera María de los Ángeles Mendoza Rosas, no se mostraron los comprobantes que justifiquen las erogaciones ya mencionadas (durante la presidencia de Jorge Mendoza Bernal), “por consiguiente, no me es posible aseverar que sean gastos reales”.

Respecto al manejo y transparencia de los ingresos y egresos del ejido, no están claros debido a que no se informa en su totalidad a la Asamblea sobre los manejos de sus fondos o finanzas en forma adecuada, puntualiza Becerra Mejía.

Y advierte: “De acuerdo a lo encontrado en la revisión sobre la poco y limitada información, es factible que se tenga un detrimento al patrimonio del ejido en sus fondos y finanzas, el cual no es posible cuantificar”.

En el Ejido las Juntas parece haber un cacicazgo de parte de Jorge Mendoza Bernal –quien hasta puso a su nombre la camioneta suburban del núcleo ejidal--, ya que no obstante los señalamientos del mal manejo de los recursos del ejido, fue elegido recientemente para presidir de nueva cuenta el Comisariado Ejidal, donde volverá a disponer a su gusto del dinero y las cuentas bancarias que se supone es de todos los ejidatarios.