Los imputados se sujetaron al plazo constitucional de 144 horas, por lo que el juez de control oral de la Primera Sala del Distrito VIII, Juan Antonio Reynoso Nava, les impuso una medida cautelar prevista en el artículo 155 fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que deben presentarse cada 15 días a firmar en dicho juzgado.
No obstante, el juez no separó de sus cargos como secretarios del juzgado penal –donde se consignó la orden de aprehensión contra los ejecutivos de Samsung—ni a Guillermo Arnoldo Galindo Sahagún, ni a Jorge López Lara, quizá para proteger la figura de la presunción de inocencia.
Sin embargo, se han dado casos dentro del nuevo sistema de justicia penal, en que servidores públicos y funcionarios han sido separados de sus cargos mientras están sujetos a un proceso de carácter penal (como policías municipales y estatales), y al final, si se comprueban que son inocentes, se les reinstala en su puesto; pero si se acredita su responsabilidad en algún ilícito, son vinculados y posteriormente sentenciados a prisión.
En el caso de Guillermo Galindo y Jorge López Lara, no fue así, y pareciera que el juez que lleva el caso está siendo muy benevolente con ellos, ya que no pidió dicha separación y se ignora si el consejo de la judicatura ya lo hizo, al menos administrativamente.
Como sea, estamos ante un conflicto de intereses, ya que es contradictorio que funcionarios del juzgado penal estén sujetos a un proceso en calidad de imputados, y que sigan despachando como secretarios del mismo juzgado donde se originó una orden de aprehensión presuntamente maquinada para tratar de extorsionar a directivos de la empresa de telecomunicaciones Samsung.
El plazo constitucional al que se apegaron los dos secretarios del juzgado penal, de 144 horas, terminará el próximo martes 21 de mayo, día en que está prevista la continuación de la audiencia en contra de los imputados, en punto de las 08:00 de la mañana.
