Este caso llama poderosamente la atención, porque quien dirige una presunta banda que se dedica a despojar inmuebles, es un empresario de San Luis Río Colorado, Sonora, de nombre Carlos Enrique Garibaldi Munguía, quien es la persona que ahora aparece como el “nuevo” propietario de la casa que arrebataron al legítimo posesionario.
LA OMISIÓN
Lo indignante del asunto, es que, pese a que la víctima ya interpuso una denuncia por despojo en la fiscalía regional de justicia desde noviembre del 2025; y acreditó ser el legal posesionario del inmueble desde hace 18 años --entregó un cúmulo de evidencias al Agente del Ministerio Público, José Carlos Peña Chavarín—el caso no ha sido atendido, ni investigado, ni nada, hay una omisión escandalosa por parte de quienes deberían procurar justicia.
LA HISTORIA
El 03 de octubre del 2007, Martín García Barba (vendedor) y Guillermina López Güitron (compradora y madre del actual poseedor) celebraron un contrato de promesa de compraventa con respecto a la finca marcada con el número 12 de la calle Albatros de Marina Vallarta. Dicho inmueble se encontraba debidamente registrado bajo el documento 1 libro 223, sección primera ordinal 8436 del Registro Público de la Propiedad de Puerto Vallarta, según la fe que dio en ese entonces Dolores García Morales, Notario Público Número 08 de Tlaquepaque.
El precio acordado por la operación fue de tres millones 500 mil pesos, de los cuales Guillermina López pagó dos millones en efectivo, y el resto, es decir un millón 500 mil pesos, en 15 pagos mensuales de 100 mil pesos cada uno, esto a partir del año 2009.
Esta propiedad, como otras de Marina Vallarta, estaban en un fideicomiso que, en el caso del inmueble del “Condominio Las Cúpulas”, fue vendido a Martín García Barba, quien a su vez nunca escrituró los terrenos vendidos.
LA MAQUINACIÓN MARINA MAZATLÁN-ARRENDADORA GARVAL
Sin embargo, de pronto apareció una desarrolladora denominada Marina Mazatlán SA de CV –donde se presume que Martín García Barba era “socio” ficticio-- y, con escritura en mano, elaborada en la Notaría No. 2 de Bucerías, Nayarit, cuyo titular era el finado Teodoro Ramírez Valenzuela, aseguró ser la “nueva” propietaria de los departamentos, casas y terrenos de “Condominio Las Cúpulas”.
No solo eso, sino que Marina Mazatlán SA de CV, maquina una operación bastante dudosa, en la que supuestamente vendió de forma “legal” inmuebles, como esta casa que ya tenía propietario y que, el hijo de la verdadera dueña, Gonzalo Mora López, tenía en posesión desde hace 18 años.
En esta etapa es donde aparece el nombre del presunto empresario de Sonora, Carlos Enrique Garibaldi Munguía, quien supuestamente le compró a Marina Mazatlán SA de CV la propiedad --apenas en agosto del 2025— mediante un contrato de compraventa; documento que podría estar amañado, pues es probable que hayan simulado hasta los avalúos para realizar la operación.
En el documento, por ejemplo, se observa que el precio acordado entre el apoderado legal de Marina Mazatlán SA de CV, un tal Alberto Yamuni Robles, y la empresa Arrendadora Garval, representada por el vallartense radicado en Sonora, Carlos Enrique Garibaldi Munguía de 59 años, fue de tres millones 314 mil 684 pesos, mientras que el avalúo fiscal fue por cuatro millones 426 mil pesos.
La víctima del despojo asegura que la casa fue valuada en 9.5 millones de pesos el año pasado; pero como la intención aviesa era el despojo, es claro que se habrían puesto de acuerdo para cometer la tropelía.
Lo que no se entiende, comenta el afectado, es cómo la Notaría 2 no checó con otros notarios si había antecedentes de la casa 12 del Condominio Las Cúpulas, porque de seguro iba a toparse con el contrato de promesa de compraventa del 2007 que firmaron --ante el notario 8 de Tlaquepaque-- Martín García Barba y Guillermina López Güitron.
También existen tres juicios civiles al respecto, pero eso lo abordaremos en otro artículo.
LA TENEBRA DEL DESPOJO
Hoy nos enfocamos en el despojo descarado que sufrió Gonzalo Mora y cómo ni el fiscal regional Alejandro Torres –a quien ya abordó la víctima para pedirle ayuda—ha movido un solo dedo para intervenir en este caso.
Y es que en menos de tres meses de que supuestamente Carlos Enrique Garibaldi Munguía “compró” la casa, pusieron en marcha –de forma premeditada y alevosa—todo un plan para quedarse con el inmueble.
Resulta que Garibaldi Munguía habría enviado a varios sujetos –encabezados por un tal Iván Garibaldi y su ayudante de nombre Erick Lizandro— para despojar, con lujo de violencia e intimidaciones, al poseedor de la casa, es decir, a Gonzalo Mora López, quien como ya señalamos, tenía en posesión pacífica el inmueble desde hace 18 años.
Lo más tenebroso del asunto, es la forma en que los involucrados en el despojo actuaron –como si se tratara de grupos delincuencia organizada--, toda vez que aprovecharon que Gonzalo Mora en ocasiones rentaba la finca a través de la plataforma de hospedaje Airbnb, para enviar a un huésped ficticio y que éste entregara la casa a sus cómplices sin ningún problema.
Estos hechos ocurrieron en octubre del 2025. Cuando Gonzalo Mora se enteró de la situación, fue al lugar para ver qué estaba pasando, pero cuando llegó fue recibido con amenazas de muerte y se encontró con que ya le habían cambiado la chapa de la puerta, que habían destruido las cámaras de seguridad y que adentro estaban varias personas, quienes aseguraron tener un contrato de arrendamiento firmado por el “dueño”.
LA DENUNCIA
Por ello, Mora López acudió a la fiscalía regional para denunciar, por el delito de despojo, a Carlos Enrique Garibaldi, Iván Garibaldi y quien o quienes resulten responsables.
En efecto, el 03 de noviembre, esta persona en calidad de víctima fue a la Agencia de Delitos Patrimoniales para denunciar que el jueves 30 de octubre del 2025, a las 18:00 horas, recibió en su domicilio a un huésped, el cual reservó por la APP de Airbnb. “Y como de costumbre, le compartí llaves de mi propiedad a un tal Eduardo Martínez. Su salida se haría de manera natural el domingo 02 de noviembre, apunta en la denuncia.
Sin embargo, el 01 de noviembre a las 09:00 horas, --agrega--personas ajenas y sin derecho alguno llegaron “como invitados” --entraron bajo el consentimiento del huésped— y causaron daños en la propiedad y en los enseres.
Después, el tal Eduardo Martínez se comunicó por WhatsApp para avisarle que se retiraría del lugar… “dando a entender que se deslindaba de su responsabilidad como encargado de la reservación”.
Gonzalo Mora se trasladó al domicilio, no sin antes llamar al 911, y se encontró con la chapa cambiada y adentro había tres individuos que no le permitieron entrar. A los cinco minutos llegó la policía municipal, cuyos oficiales le pidieron que mejor se retirara y comenzara un proceso judicial en contra de estas personas… “las cuales actualmente permanecen atrincheradas en el interior del domicilio”, recalca el afectado.
LO ROBADO
Mora López sostiene que le robaron todo lo que había adentro de la casa y cuyo inventario les entregó a las autoridades. Se trata de muebles de madera fina, como pino, guayabillo, teja, cumarú, credenzas, etc. “Arrasaron con todo, desde la, sala, el comedor, los burós, tocadores, una cantina, una barra, cuadros, aires acondicionados de última generación, paneles solares, televisiones, un sistema de bocinas Bose y más; todo valuado en más de dos millones de pesos”.
LA IMPOTENCIA
En la denuncia, Mora López manifiesta su impotencia y señala que “desde el año 2007 he detentado la posesión material y continua del inmueble de manera pacífica, realizando actos de uso, disfrute y mantenimiento, además de haberlo rentado recientemente mediante contrato, sin que nadie se opusiera o reclamara derecho sobre el mismo durante todos estos años. Como consecuencia de la irrupción violenta antes referida, me encuentro privado del uso, disfrute y posesión del inmueble, afectando de manera directa mi patrimonio y el ejercicio pleno de mis derechos constitucionales.
El día 1 de noviembre de 2025 acudí ante esta Agencia del Ministerio Público a presentar denuncia por el delito de despojo, quedando registrada bajo la Carpeta de Investigación 4846/2025, de la cual solicito se deriven las medidas de protección y restitución correspondientes”.
Ante la inacción del Ministerio Público, en diciembre pasado Gonzalo Mora acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer una queja contra los servidores públicos que se han negado incluso a recibir a los testigos del despojo.
Por igual, en enero, de este año, puso una queja en la Contraloría Interna, en febrero en Visitaduría y en abril una denuncia en la fiscalía anticorrupción, pero hasta ahora –comenta la víctima— “no han sancionado ni llamado la atención a los funcionarios involucrados en esta omisión”.
En la Fiscalía Anticorrupción de plano le dijeron que él no era víctima de estos hechos.
