Contra lo que era de esperarse, la comunidad aceptó sin protestar la presencia del Procurador Social Juan Hernández, que acompañado por la agente municipal Sarah Noemí Parral y “gente del ayuntamiento”, acudieron para llevar a cabo el desalojo del terreno de mil 51 metros cuadrados.
Los habitantes de Mismaloya no impidieron la acción, en la creencia general de que el predio es zona de donación, destinado a áreas verdes, pero hoy lamentan su pasividad, al enterarse de que el predio será utilizado para erigir una estación gasolinera con su respectivo Oxxo.
Invasores y comunidad saben ahora, porque así se los comunicó el ayuntamiento, que el terreno de marras fue cedido mediante un contrato de “Dación en Pago”, por el entonces presidente municipal Salvador González Reséndiz y Jorge Antonio García Rojas, a la empresa Balken, representada por Miguel Ángel Aguirre Álvarez, para cubrir adeudos con los constructores de la Unidad Municipal Administrativa.
“Asimismo, con fecha 14 de septiembre de 2012 ambas partes celebraron un convenio adicional al DOP-006/2011 mediante el cual se ampliaron las metas no consideradas en el catálogo original para la priorización del catálogo de referencia en consecuencia la ampliación del monto del contrato original. El precio total de la operación fue de $2,364,750.00 a razón de $2,250.00 pesos metro cuadrado.
“Posteriormente, 10 días después, con fecha 27 de septiembre de 2012, la empresa BALKEN, S.A. de C.V., mediante escritura 33,711 trasmitió entre otros, el predio citado a la sociedad mercantil denominada Cinco Contemporánea S.A. de C.V.”
Lo anterior establece un documento que con peticiones anexas de información, fue enviado por los ocupantes del predio al presidente municipal a través de la agente municipal Sarah Noemí Parral, para solicitar su apoyo, y al cual no les dio respuesta.
CERRARON LOS OJOS
El asunto fue llevado personalmente por las familias ocupantes del predio ante regidores como Humberto Arévalo, Susana Carreño y Otoniel Barragán, quienes dijeron que les brindarían ayuda, pero pidiendo que no hicieran mayor “escándalo”, que presentaran una formal querella (lo que hicieron sin resultados), que se organizaran… pero así los dejaron.
Lo mismo ocurrió cuando acudieron a las oficinas del diputado Juan José Cuevas, “El Peri”, quien les hizo dar vueltas, perder el tiempo y toda esperanza… cuando advirtió que ayudaría “pero no quiero que aparezca mi nombre en ningún momento”…
Raúl Pérez y Justino Meza, cabezas de familias expulsadas, denunciaron que los días del desalojo, personal del ayuntamiento, encabezado por el titular de la Procuraduría Social, Juan Hernández, llegó amenazadoramente a lanzarlos del predio, “¡porque es zona federal”, gritaron, y mostraron “un decreto de la SCT”, apuntan aquellos.
Afirman que tras el terraplén despejado y el enmallado del área desalojada, comenzarán a ser construidas una gasolinera y una tienda Oxxo; en tanto, maquinaria pesada ocupa el espacio, que según un par de titubeantes albañiles habilitados como custodios, “es bodega para la gente de la Secretaría de Comunicaciones, de los que renuevan la carretera”.
TODOS TEMEN
Entrevistas en el multicitado terreno y sus inmediaciones, en la playa y con la agente municipal, dejan ver un temor general ante el desalojo ocurrido, pues si bien no se efectuó con violencia y hasta pago de una risible “indemnización” se dio; ahora que saben la triste realidad de que perdieron sus áreas verdes, los habitantes y representantes de autoridades en Mismaloya temen haber presenciado el inicio de otro y más duro embate “legaloide” de los poderosos empresarios que buscan desaparecer la población y apoderarse de la emblemática playa y su entorno.
Por eso los restauranteros del área ven con desconfianza el proceso de certificación de la playa, ahora en proceso; de tal manera, los vecinos se aprestan para una nueva batalla.
Dicen que la administración municipal calienta los ánimos del pueblo en contra de la agente municipal Sarah Noemí Hernández.
Ella está consciente del temor del desalojo masivo y lo comparte; lamenta que su gente, “sobre todo los niños, no tenemos un jardín o área de juegos, y el único que contábamos, resulta que se entregó a cambio de una deuda del ayuntamiento”.
Y es que ella misma se enteró de esta situación cuando acudió en apoyo de las familias antes de ser desalojadas; en el ayuntamiento lo primero que hicieron, informarle que el terreno originalmente destinado a la instalación de bombas del SEAPAL, y luego para áreas verdes del poblado, ya era propiedad privada.
Las supuestas familias invasoras, ahora viven en covachas y al aire libre, en condiciones lamentables, sobre terrenos aledaños a donde será construida la gasolinera y el Oxxo de Mismaloya.
