El 22 de enero del 2014, MILENIO JALISCO reportó: “Las denuncias penales que a inicio de la Administración de Aristóteles Sandoval Díaz se anunciaron contra ex funcionarios y dependencias estatales donde se encontraron irregularidades durante la Administración de Emilio González Márquez, ya están en curso”.
Según lo confirmó el fiscal general, Luis Carlos Nájera, se trata de “irregularidades administrativas y de carácter legal” que ameritaron ya tres denuncias.
En proceso de investigación está ya la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público del Estado de Jalisco (Iprovipe), el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (Capece), las irregularidades en las Villas Panamericanas y el monumental fraude en el Seguro Popular.
Quienes presuntamente estarían vinculados a las irregularidades por 7 mil 573 millones de pesos de pesos son Salvador Uribe Avín, Carlos Andrade Garín y José Antonio Muñoz Serrano.
Las tres denuncias presentadas son el resultado de auditorías a 28 dependencias del Poder Ejecutivo, 50 organismos descentralizados, 50 de obra pública, hasta ahora (www.unionjalisco.mx/2014/02/06).
Como bien lo señaló Juan José Bañuelos Guardado, “ya es capítulo de la Fiscalía” integrar la averiguación de forma tal que pueda llevar al castigo y restitución del daño patrimonial causado a los jaliscienses.
Según lo declarado por el contralor, con las auditorías fueron detectadas “800 irregularidades más”. No obstante, desde octubre del 2013 se investigaban a 27 dependencias del gobierno del estado y varios programas municipales.
Se estimaba, entonces, podría llegar a diez denuncias penales.
En el programa Foro al Tanto, el gobernador de Jalisco admitió que se indaga también la construcción a sobre precio de la Ciudad Judicial.
Falta aún la denuncia por las irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Rural, por más de 21 millones 800 mil pesos, así como la falsificación y alteración de firmas para el programa “Contigo Educación y Deporte” de la Secretaría de Desarrollo Humano, donde se presume un desvío por más de 100 millones de pesos.
No hay que olvidar las anomalías por 426 millones de pesos que reportó el despacho Russell Bedford sobre la auditoría que practicó a la LVIII Legislatura, a la cual la ASEJ -tan sólo en 2009- fincó cargos por 280 millones de pesos…
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