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Lunes, 21 Abril 2014 08:41

Presidenta de Canirac desfalca con más de un millón de pesos a empresario camaronero y se niega a pagar

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La propietaria del River Café y actual presidenta de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Puerto Vallarta, Evangelina Sánchez Dueñas, está metida en un lío judicial desde hace cinco años, tiempo en que se asoció con el empresario Antonio Galindo Ochoa para que éste le surtiera camarón y otros mariscos desde Sinaloa a una bodega de la colonia La Vena, pero en el proceso la señora lo habría defraudado, cometido un presunto desfalco en agravio de su socio y además se ha negado a liquidarle el reconocimiento de un adeudo que asciende a 700 mil pesos.


 

 

Por Jorge Olmos Contreras

Evangelina Sánchez es una dama de sociedad en Puerto Vallarta, todos la conocen, con frecuencia su restaurante que se ubica en la isla del río Cuale es visitado por políticos, empresarios, periodistas, artistas, deportistas y turistas distinguidos, pero pocos se imaginan que detrás de esa señora de sonrisa bonachona se esconde una mujer fría y calculadora, que no se la pensó dos veces para presuntamente desfalcar a un hombre que había depositado toda su confianza en ella y que al final sólo se aprovechó de las circunstancias para tomar dinero y productos ajenos en agravio de su víctima.

Esta es la historia de un presunto desfalco, un abuso y un despojo cometido por Evangelina Sánchez en contra de Antonio Galindo Ochoa, quien la demandó por la vía civil ordinaria en el Juzgado Primero de lo Civil, --según expediente 498/2013-- en donde por extraño que parezca, el pasado 24 de enero el secretario de acuerdos, Jorge Luis Moreno Escobar y la juez, Lourdes Angélica Delgado Álvarez dictaron una resolución en contra del demandante para proteger a Evangelina.

Sin embargo, el 10 de febrero la defensa de Galindo Ochoa apeló y el caso será ventilado en los próximos días en una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), donde los magistrados van a deliberar sobre esta resolución que tiene tintes de atentar contra el marco del derecho, sostiene el abogado defensor del afectado, ya que presentó en tiempo y forma pruebas suficientes de cómo Evangelina Sánchez lo habría desfalcado y despojado de su mercancía, hechos que además fueron constatados por testigos, entre otros quien fue administrador de la bodega, Guillermo N.

El Consejo de la Judicatura está obligado a investigar lo que sucede en el Juzgado Primero de lo Civil en Puerto Vallarta, ya que el abogado de Evangelina Sánchez es Vicente Carrillo, quien también fue juez civil en este puerto y que fue inhabilitado por 10 años para ejercer la función pública por un caso de corrupción de facturas de automóviles. Este señor es íntimo amigo del secretario de acuerdos, Jorge Luis Moreno y de la propia juez, Lourdes Angélica Delgado, de ahí que al parecer se hayan confabulado para perjudicar a Antonio Galindo Ochoa dándole palo en su demanda y además condenándolo al pago de gastos y costas del juicio civil ordinario.

CHICANADAS

Pero no sólo eso, en el proceso del caso que lleva ya cinco años, al empresario camaronero le “traspapelaron” el expediente cuando el juicio estaba radicado en el Juzgado Tercero de lo Civil, donde despachaba otro juez,  Jesús Carlos de Anda, con la clara intención de que no presentara un recurso de inconformidad en tiempo y forma.

Para Galindo Ochoa, Evangelina Sánchez es una “vaquetona” que se ha atrevido a decir que “no me debe nada, cuando ella misma me pagó 350 mil pesos para que me desistiera de dos denuncias penales” que interpuso contra la presidenta de la Canirac, dice en entrevista.

Toda esta historia comenzó en el 2010, tiempo en que Refugio Ramón Trujillo, un albañil le presentó a Antonio Galindo a Evangelina Sánchez para establecer una sociedad e instalar una bodega en la colonia La Vena para guardar camarón y comercializarlo. Al empresario le agradó la idea y de entrada invirtió 300 mil pesos para arrancar el negocio, por lo que hizo dos envíos de camarón por más de un millón de pesos desde Sinaloa.

Después trajo cabrería, callo de hacha y otros productos marinos y dejaban todo a cuidado de “Memo”, pero Evangelina estaba a cargo de la bodega y descuidó todo, incluso dos muchachos que trabajan ahí fueron descubiertos con faltantes de 180 mil y 130 mil pesos respectivamente –uno de ellos todavía anda huyendo-- y con el paso del tiempo, Evangelina nunca entregó cuentas claras, hasta que Antonio Galindo le reclamó que le pagara todo lo que había invertido, pero la señora sólo firmó un papel con su puño y letra donde reconoce un adeudo por 700 mil pesos.

JUZGADO PROTEGE A VICTIMARIOS

Con estas y otras pruebas, la demandaron, pero el Juzgado Primero torció todo y protegió a Evangelina, de ahí que la defensa de Antonio Galindo haya presentado el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada el 24 de enero pasado

De acuerdo con el documento, al que VALLARTA UNO tuvo acceso, el abogado de Galindo Ochoa reclama como primer agravio en contra de su cliente “la ilegal y arbitraria resolución por haberse dictado contraria a derecho y a las pruebas desahogadas, como el testimonio y confesión de la demandada, con lo que se violó el principio regulador de la prueba en perjuicio del demandante, pues quedó debidamente acreditado el reconocimiento de adeudo de parte de Evangelina Sánchez”.

Asimismo, indica que una de partes medulares “de la ilegal y arbitraria resolución, se desprende de que en el Juzgado cambiaron el sentido del texto inicial de la demanda que se ofreció como “documental privada” y que es un escrito con copia certificada del 05 de octubre del 2010, donde se señala que un local de la calle Mérida 278 de la colonia La vena se reunieron Evangelina Sánchez Dueñas, Antonio Galindo Ochoa Muza, Paul Estrada Hernández y Luis Carlos Rivas, con el objeto de aclarar los adeudos, entradas y salidas del congelador a cargo de Evangelina y queacordaron lo siguiente: que le adeudaban a Galindo Ochoa 979 mil pesos, firmando de conformidad todos los comparecientes”.

 

Sin embargo el texto original que ofertó la defensa reza textualmente: “Documental privada, consistente en la carta de reconocimiento de adeudo firmada de su puño y letra por Evangelina Sánchez Dueñas, probanza con la que acredito que aun cuando la hoy demandada firmó por la cantidad de 646 mil 280 pesos, omito reclamarle los 300 mil que me pagó extrajudicialmente”.

 

CAMBIAN TEXTOS

 

Esta prueba la relacionó la defensa con todos y cada uno de los hechos de la demanda, “puesel juez transcribió erróneamente, cambiando el sentido de la prueba ofrecida en términos de ley”.

 

“Lo anterior es así --explica el abogado defensor--, porque aun cuando el documento base de la acción que se exhibió en copia debidamente certificada, es un reconocimiento de adeudo de la demandada por 646 mil 280 pesos, omito cobrarle los 300 mil pesos que me pagó extrajudicialmentey que reconocí de buena fe desde la presentación de mi escrito inicial de demanda, por concepto de un préstamo que le hice a la misma”.

 

“Sin embargo, reconoció plenamente su adeudo ante la presencia de varios testigos y en audiencia de ley ante la presencia judicial, testigos que comparecieron a ratificar que Evangelina Sánchez reconoció plenamente su adeudo para con el suscrito, lisa y llanamente, sin objetar, ni aclarar absolutamente nada al respecto al momento de estampar de su puño y letra su firma autógrafa”.

 

“Luego entonces –añade--, a pesar de ser tan claro el documento base, el Juez omite darle el valor probatorio pleno, donde se acredita que Evangelina debe 346 mil 280 pesos y no 640 mil 280 que el juzgador establece en la resolución que se impugnó”.

 

“Es extraño que la juez haya cambiado el texto original de la prueba documental, lo que sin duda cambia el sentido de la misma en perjuicio de Galindo Ochoa, ya que si bien es cierto que los juzgadores no están obligados a reproducir textualmente los escritos de las partes, para evitar repeticiones innecesarias, también lo es que se encuentran impedidos legalmente cambiar o modificar el sentido de los textos al pretender reproducirlos en sus resoluciones, violando con ello el principio de equilibrio de las partes, lo cual a todas luces es ilegal”, subraya la defensa de Galindo.

 

MAS TRABAS

 

Asimismo, agrega, “la juez resolvió que el documento, que fue compulsado con su original, resultó insuficiente para demostrar el perjuicio, ya que lo valoró presuncionalmente”.

 

No obstante, para el abogado el documento al ser compulsadosurte todos sus efectos legales y por lo tanto tiene pleno valor probatorio, “pero el juzgador omitió el principio regulador de la prueba, aun cuando fue reconocido plenamente por la demandada haber firmado el reconocimiento de adeudo, en forma voluntaria, sin coacción alguna y ante la presencia de sus trabajadores y varios testigos también firmantes y deudores”.

 

En el proceso, fue interrogada Evangelina Sánchez y en la sesión de preguntas y respuestas cayó en varias contradicciones.

 

LAS CONTRADICCIONES

 

Primero dijo que en efecto, se reunió con Antonio Galindo el 05 de octubre del 2010 estando presentes Paul Estrada Hernández y Luis Carlos Rivas Modad, para aclarar los adeudos que tenían con el señor Galindo Ochoa.Que firmó un documento“porque era como un valor de inventario, una hojita a mano que hicieron ahí mismo”. Que la firma que se encuentra en el documento es la que usa habitualmente. Y que ha sido omisa en realizar dicho pago a pesar de múltiples requerimientos.

 

Luego, dijo que no eracierto que tenía bajo su responsabilidad el camarón propiedad de Antonio Galindo. Negó haber reconocido deber 646 mil 280 pesos, “que no era adeudo”, puntualizó.

 

De la lectura anterior, asevera Antonio Galindo a través de su abogado, Evangelina Sánchez se encuentra confesa de haber firmado el reconocimiento de adeudo por 646 mil 280 pesos, de los cuales le reclamaron únicamente 346 mil 280; y de haber sido omisa en realizar dicho pago.

 

Por ello, concluyen que Evangelina sí debe 346 mil pesos mismos que se ha negado pagar a pesar de los múltiples requerimientos

 

Por todo esto, piden que la sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que revise el caso revoque la sentencia definitiva y condene a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas por 346 mil 280 pesos, más gastos y costas que ella originó al no pagar su adeudo a Antonio Galindo.

 

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