Sin dar su derecho de réplica a las víctimas, ni a los abogados de éstas, Canal 40 tergiversa los hechos y da como un hecho la serie de mentiras que el desarrollador tapatío Eduardo Valencia les cuenta, al grado de asegurar que es inocente del escandaloso fraude cometido en perjuicio de norteamericanos y mexicanos, a quienes les vendió lofts con acabados de mala calidad y después intentó quitárselos al cambiar las chapas de las puertas de entrada.
Ni Jorge Fernández Menéndez, ni su compañera de noticias, Bibiana Belsasso, han permitido que los defraudados por Valencia sean escuchados, no les dan voz y por si esto fuera poco, tampoco reciben a los abogados, no les contestan los teléfonos del canal e ignoran los correos electrónicos, lo cual habla de la falta de profesionalismo de estos comunicadores, que solo se inclinan por darle foro al presunto delincuente.
Lo mismo sucedió con el portal de Carmen Aristegui Noticias, que solo recibió al defraudador y no a las víctimas.
Tan es así, que el 13 de abril pasado, los conductores de ADN40 le volvieron a dar entrada a la versión de Eduardo Valencia, quien vuelve a colgarse de supuestas amenazas del ex fiscal Edgar Veytia para asegurar que fue despojado de su patrimonio, es decir, de los condominios Acqua, lo cual es totalmente falso, ya que fue él, el propio Valencia, quien defraudó a sus clientes, quienes además tuvieron que desembolsar cuotas de entre 200 mil y 300 mil pesos cada uno, para pagar los adeudos que les dejó el desarrollador, así como subsanar fallas, cuya cifra alcanza los 23 millones 431 mil 448 pesos, de acuerdo con documentos que obran en poder de VALLARTA UNO.
LA RED DE MENTIRAS
Eduardo Valencia ha tejido una red de mentiras tan bien elaborada en torno a este caso, que hasta convenció hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH) para que le brindara protección “porque su seguridad personal e integridad física estaban en peligro”.
Tan vendió muy bien sus mentiras, que le creyeron supuestas amenazas de muerte y en un delirio de cuasi paranoia, decía que veía personas afueras de un hospital de Nuevo Vallarta –donde fue trasladado luego de ser golpeado en la cárcel de Bucerías— y hasta señalaba a uno de sus clientes defraudados de ser quien lo “asechaba”.
Sin embargo, recientemente, el 06 de marzo de este 2024, la misma CIDH levantó las medidas cautelares que había solicitado al gobierno mexicano en favor de Valencia Castellanos; entre otras cosas, porque la misma CIDH se dio cuenta –a través de la información que le hicieron llegar las víctimas—del fraude cometido por el desarrollador inmobiliario… y de sus mentiras.
En una carta, que es de carácter público, la CIDH informó lo siguiente:
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decide levantar las presentes medidas cautelares a favor de Eduardo Valencia Castellanos. Al momento de tomar la decisión, la Comisión valoró las medidas adoptadas a nivel interno por el Estado, así como el cambio de circunstancias y falta de eventos de riesgo en contra del beneficiario en la actualidad. Atendiendo a la naturaleza de las medidas cautelares y a la luz de la información disponible, la Comisión consideró que en el presente momento no es posible advertir una situación de riesgo en los términos del artículo 25 del Reglamento. Tras no identificarse el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, la CIDH decidió levantar las presentes medidas cautelares”.
ANTECEDENTES
Eduardo Valencia fue golpeado mientras estaba internado en la cárcel de Bucerías el 05 de diciembre del 2017 --luego de ser detenido por fraude, despojo y amenazas--; por sus lesiones fue llevado a un hospital, donde estuvo hasta el 17 de enero del 2018 y posteriormente fue excarcelado, tras recibir la libertad bajo caución.
Nunca se supo quiénes golpearon a Eduardo Valencia, él solo dijo que fueron internos, “hombres encapuchados” “enviados” –indicó-- por el ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, dizque porque había hablado mal del ex funcionario.
Así las cosas, el estado mexicano le brindó protección y le puso guardias para que lo acompañaran a firmar a Tepic; pero él solicitó más vigilancia en su casa de Guadalajara, por lo que incluso le dieron un botón de asistencia que nunca utilizó, pero sí, en cambio, dijo que “recibía llamadas de números desconocidos y correos electrónicos donde lo amenazaban” … pero nunca lo acreditó ante una autoridad competente.
Su delirio de persecución fue tal, que el 29 de julio del 2019, se negó a firmar un acuerdo al que llegaron varias dependencias para reforzar su seguridad, entre otras la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría General de Gobierno de Nayarit, la Fiscalía de Nayarit, la Secretaría de Seguridad de Jalisco y la Secretaría de Seguridad de Nayarit.
El 31 de julio del 2022, el botón de seguridad le fue suspendido debido a reporte de desuso por más de 200 días.
El 02 de noviembre del 2023, se implementaron acciones de colaboración de autoridades federales, estatales y municipales, donde la Secretaría de Gobernación puso a su disposición medidas de protección, junto con el gobierno de Jalisco, pero Valencia, en lugar de agradecer, interpuso un juicio de amparo, donde –en otra mentira más-- alegaba que se le negaba acompañamiento policiaco afuera de su domicilio y en sus desplazamientos en Guadalajara.
El estado mexicano lo contradijo y aseguró que no era la primera vez que Valencia se oponía a la reevaluación de riesgo, agregando que se le reiteró la importancia de denunciar las cuestiones que considerara constituían una amenaza en su contra, para determinar si eran hechos relacionados con él o su caso, pero éste se negó a presentar denuncias.
LAS PIÑAS DE VALENCIA
Para armar bien su caso y burlar la justicia, Eduardo Valencia les vendió “piñas” a las autoridades, ya que mientras estuvo en el hospital de Nuevo Vallarta, afirmó que “un policía le dijo que una persona había preguntado por la habitación en donde se encontraba, que se trataba de uno de sus agresores”; y que, además “el 18 de diciembre observaron una camioneta doble cabina de modelo reciente pasar por el hospital y filmar el área donde él se encontraba”.
Después contó versiones que le fueron creídas –a medias-- por los encargados de la CIDH, ya que dijo que policías estatales intentaron retirarlo del hospital y llevarlo otra vez a prisión; y que el 15 de febrero del 2018, mientras iba en su vehículo junto con su hermano, otro carro “donde iban cuatro hombres, se puso a su costado y los miraban, por lo que procedió a perderlos”-… En seguida, Valencia pidió custodia personalizada.
En este contexto, Valencia Castellanos se dedicó a pedir más seguridad y acusar al estado mexicano de incumplimiento. De hecho, envió cartas poco legibles y una, en especial, con letra escrita a mano, en donde dice que “persiste un contexto de alto riesgo” en su contra, ya que relató que el 21 de abril del 2018, mientras paseaba su perro, vio a tres hombres que “le parecieron sospechosos”, por lo que inmediatamente regresó a su casa.
EL DISFRAZ DE VÍCTIMA
En su papel ya de víctima, Eduardo Valencia envió correos a instituciones y ONGs, en los que pidió que le hicieran llegar un documento al Cenador (sic) Álvarez Icaza… con un mensaje: “Es mi declaración respecto a lo que me aconteció, en que caso q me llegara a pasar algo”.
Al mismo tiempo adjuntó un documento denominado “crónica de un desvío de poder anunciado”.
En el colmo de la mentira, Eduardo Valencia, sostuvo que no se habían cumplido las medidas cautelares (las de protección), que existía una “persecución judicial” en su contra y manifestó, sin venir al caso, que un amigo suyo fue secuestrado y ejecutado en noviembre del 2020… y hasta refirió el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval.
Y para seguir victimizándose, Valencia Castellanos le dijo a la Secretaría de Gobernación que el 08 de marzo del 2021, mientras manejaba un vehículo en Guadalajara, “notó” que a 50 metros estaba una camioneta blanca con vidrios polarizados obstruyendo la ciclovía, que se dirigió a una plaza comercial y que el automotor iba atrás de él; que después fue a la tienda Office Max y que ahí “notó” que otra persona se bajó del vehículo, pero que tras pasar el “filtro de temperatura de la tienda”, el sujeto regresó apresurado a la camioneta y “salieron del lugar”.
Que en ese momento presionó el botón de pánico y le dijeron que no se retirara del lugar, pero que adentro del establecimiento vio a otros dos hombres que se le “hicieron sospechosos”: uno tatuado con camisa tipo polo que se formó tras de él en la caja, y otro con una “mariconera negra”; que después llegó una patrulla y que lo regañaron porque le dijeron que no se fuera de ahí y sí lo hizo.
Como se puede ver, Eduardo Valencia utilizó a la CIDH y otros organismos defensores de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI), para burlar precisamente la justicia, ya que siempre puso como pretexto que su seguridad estaba en riesgo, acaso para tratar de echar abajo sus delitos, pues en la carta de la CIDH se indica que mientras iba recuperando propiedades e indemnizaciones, “iban aumentando amenazas contra él y su familia”.
Tan es así, que invocó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para requerir que se determinaran medidas de reparación a su favor, y que vieran a un Juez penal en Nayarit, a fin de solicitar el sobreseimiento de la causa seguida en su contra.
LA CIDH ECHA ABAJO LAS MENTIRAS
Bajo este escenario, la misma CIDH precisó cada punto de las mentiras de Eduardo Valencia, pues en su resolución indica:
“Sobre eventos específicos se reportó que: (i) el 15 de febrero de 2018, observaron que un vehículo con cuatro hombres se puso a su costado y los miraban, por lo que procedieron a perderlos; (ii) el 21 de abril de 2018, mientras caminaba a su perro, vio a tres hombres que le parecieron sospechosos, por lo que regresó inmediatamente a su casa; y, (iii) el 8 de marzo de 2021 notó personas que consideró sospechosas en un vehículo, el cual se dirigió a la misma plaza y a la misma tienda que él y, después, notó dos personas sospechosas dentro del lugar”
1.- Al respecto, la CIDH comprende que la situación cause zozobra y temor, sin embargo, “la Comisión no alcanza a advertir en ninguno de ellos alguna amenaza u hostigamiento directo en contra del señor Valencia.
2.- La Comisión señala, además, que sobre el último de los eventos se habría hecho uso del botón de emergencia brindado como medida de protección, sin embargo, no se habrían seguido las instrucciones recibidas, por lo que, al no atender a las autoridades, no existieron consecuencias que pudieran esclarecer los hechos.
3.- Por otro lado, se hizo referencia que un amigo del beneficiario fue secuestrado y ejecutado en noviembre de 2020, así como que el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado el 18 de diciembre de 2020. Sobre este punto, la CIDH no tiene elementos para considerar que estos eventos tendrían relación con el beneficiario.
4.- Adicionalmente, se toma nota de que en las comunicaciones de 4 de enero y 7 de agosto de 2023 el beneficiario reportó "amenazas contra él y su familia", las últimas el 24 de julio de 2023. En relación con ello, el Estado refirió en su comunicación de 31 de marzo 2023 comunicaciones electrónicas amenazantes y llamadas de números desconocidos y refirió la importancia de presentar denuncias. Sin embargo, pese a las constantes comunicaciones remitidas por la representación, la Comisión no ha recibido detalles sobre las referidas amenazas, ni se han remitido denuncias que hayan sido presentadas ante las autoridades, por lo que no se cuenta con elementos para valorar el impacto en la situación del beneficiario.
5.- En el presente asunto, atendiendo a la naturaleza del mecanismo de medidas cautelares, sumado a la información disponible y el análisis realizado, la Comisión entiende que actualmente no tiene elementos para sustentar el cumplimiento de los requisitos del artículo 25 del Reglamento.
6.- Por todo lo anterior, y considerando que la excepcionalidad y temporalidad es una característica propia de las medidas cautelares, la Comisión estima que corresponde levantar las presentes medidas.
LAS INCONGRUENCIAS DEL MAGISTRADO ROMO
Cuando Eduardo Valencia asegura contar con la “ayuda del Consejo de la Judicatura”, pareciera que es real, ya que Manuel Alejandro Méndez Romo, quien es el magistrado ponente del primer colegiado en materia penal en Tepic, en amparo en revisión desvirtuó la resolución de una juez de distrito del mismísimo colegiado, que halló culpable de los delitos de fraude genérico, despojo de inmuebles y amenazas a Valencia, lo cual vamos a desmenuzar en otro artículo.
Y todavía peor, dicho magistrado resolvió dicha revisión señalando, por ejemplo, que no había peritajes específicos –del acabado chafa y de mala calidad de los departamentos—“sino que son peritajes genéricos” lo cual es una burda mentira.
Ahora vamos a ver cómo el magistrado Méndez Romo les explica a las víctimas la ceguera que parece tener, toda vez que no vio el peritaje en el expediente.
Pero bueno, todo parece indicar que en la Fiscalía de Nayarit le tienen miedo a Eduardo Valencia, porque resulta que, no obstante, no haber acudido a las audiencias como es su obligación --toda vez que está en libertad condicional-, la fiscalía se ha abstenido en solicitar su reaprehensión; quizá porque Valencia ha presentado más de 30 denuncias contra funcionarios públicos, que van desde el procurador, ministerios públicos, jueces de distrito y testigos.
Y es que, mediante este método, es claro que Eduardo Valencia coacciona a las personas que imparten justicia y a los testigos. Y como estamos viendo, solo busca amedrentar para que no continúe ninguna Carpeta de Investigación en su contra; pese a que las víctimas siguen ahí, los daños también, pues los extranjeros que cayeron en su engaño tuvieron que invertir todavía miles de pesos para poder hacer habitables los departamentos, inclusive pagar adeudos del Condominio Maestro Flamingos.
