El caso viene a colación por lo que acaba de ocurrir al interior del Juzgado de Control, Juicio Oral, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal Especializado en Violencia contra las Mujeres en Puerto Vallarta y que está presidido por la juez María Karina Dolores; una auténtica infamia en contra de familias humildes cuyos niñas y niños habrían sido abusados sexualmente por un masculino de nombre Carlos Jesús N, a la postre, familiar de una de las víctimas.
LA HISTORIA
Este hombre fue denunciado en el mes de mayo del 2023 –cuando tenía 21 años-- por una de las madres que conocieron de viva voz el relato de su hija, que en ese entonces tenía 12 años, por lo que la Agencia 1 del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación para Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales y en Agravio de Menores, inició una Carpeta de Investigación (CI) contra el presunto abusador.
En la querella –comenta la mamá de la niña afectada— se indica claramente que la menor estaba siendo abusada desde que tenía ocho años por su tío Carlos Jesús N, pero que en el 2023 los ataques sexuales fueron cada vez más frecuentes; por lo que el anterior juez de control, Francisco Barrera, giró una orden de aprehensión contra el presunto depredador sexual.
Antes, la madre de otra menor también denunció al mismo sujeto por abuso sexual agravado en perjuicio de una niña de nombre reservado, por lo cual, también se libró orden de aprehensión en contra de Carlos Jesús N.
EL PROFESOR APÓCRIFO
De acuerdo con información que ya se ha hecho pública en otros medios, Carlos Jesús N aprovechaba que su mamá le pedía que ayudara a niños vecinos de la colonia Centro de Puerto Vallarta con sus tareas –como profesor, dizque para regularizarse--, para quedarse solo con ellos y presuntamente cometer los ilícitos.
Según la versión de algunos padres de familia, Carlos Jesús N habría agredido por lo menos a ocho menores de entre cinco y nueve años, pero hasta ahorita solo dos casos se han dado a conocer, el de su sobrina y el de la amiguita de esta.
Sin embargo, la recién llegada juez María Karina Dolores –quien se supone está para defender a niños, niñas y adolescentes—decidió cancelar las dos órdenes de aprehensión contra el sujeto abusador, pese a que éste había estado prófugo desde hace tiempo, y pese a que el Ministerio Público presentó 29 datos de pruebas con los que se demostraba la felonía de este hombre.
Resulta por demás increíble que el presunto abusador haya eludido la justicia –se habría escondido o viajado a otra ciudad—para evitar ser aprehendido, y más curioso es que, en cuanto llegó la juez Karina a Puerto Vallarta, habría sostenido una reunión con los abogados Jorge Hernández Valencia y Adán Emmanuel Cárdenas –defensores del agresor-- para armar el caso en perjuicio de los niños y niñas que fueron violentados sexualmente.
EN DEFENSA DEL AGRESOR
Así las cosas, el pasado lunes 10 de febrero –sin notificación oficial alguna—personal del juzgado ya señalado les llamó a las madres de las víctimas para que acudieran a la audiencia inicial de imputación, que tendría lugar al siguiente día, el martes 11, es decir, no les dio ni 24 horas para que se prepararan, ni a las mamás ni a la representación social (al Ministerio Público).
El martes, grande fue la sorpresa para los padres de familia de las dos niñas que fueron dañadas, cuando se enteraron que, de entrada, la juez Karina había cancelado las órdenes de aprehensión en contra de Carlos Jesús N. y que el sujeto ya estaba ahí, en la audiencia, muy orondo, porque “había decidido entregarse”.
Tenía tanta prisa la juez Karina por quizás proteger al presunto abusador sexual, que lo primero que hizo fue enterar a los involucrados del caso su “sabia” decisión de cancelar las órdenes de captura.
Pero no solo eso, sino que la juez también hizo saber a los presentes que sí, que sí vinculaba a proceso por el ilícito de abuso sexual infantil agravado a Carlos Jesús N, cometido en agravio de la niña A de 10 años, y en perjuicio de la niña B de 09 años; pero que lo hacía –aclaró sin sonrojarse-- por hechos acontecidos cuando el imputado era adolescente (sic), según contaron las madres que acudieron a la audiencia.
SIN FUNDAMENTOS
En este sentido, abogados señalan que la juez no fundamentó debidamente su determinación al reclasificar el caso, sin embargo, indican, quizás el fondo que persigue es destruir los argumentos del Ministerio Público –al sostener que el sujeto era adolescente cuando cometió los ilícitos—para eventualmente dejar en libertad al presunto agresor.
Lo anterior, no obstante a que se demostró que Carlos Jesús N tenía 21 años cuando tocó a su sobrina.
Todavía peor, la juez ignoró al Ministerio Público –que sostuvo que se trata de dos casos diferentes los actos que cometió el sujeto de marras—y les concedió a los abogados mercantilistas del imputado la acumulación de las Carpetas de Investigación por tratarse de “un concurso real de delitos”.
UNA JUEZ MUY GENEROSA
Pero la juez estaba en modo generosa para con el presunto abusador y pasó por alto los datos de prueba que obran dentro de las Carpetas de Investigación, entre otros, cinco entrevistas, cuyos testimonios no fueron incorporados para el desahogo de pruebas.
En este contexto, los abogados –que en ese momento ya traían el diente afilado—solicitaron que se le concediera al imputado trato “como adolescente” … “porque los hechos no pudieron ocurrir cuando era mayor de edad”.
Ya encarrerada, la juez Karina no tuvo el menor empacho en afirmar que los 29 datos de prueba enunciados no fueron idóneos ni suficientes para probar el ilícito y que los hechos “no pudieron haber ocurrido porque estábamos en aislamiento” por la pandemia.
Bajo esta tesitura, la juzgadora tampoco tuvo empacho en especular que los hechos “debieron haber ocurrido antes”, en el 2019, cuando el imputado era adolescente.
Por fortuna, la Agente del Ministerio Público, Olga Yareli Solís, no se dejó intimidar por la juez que la interrumpió a cada rato y le ordenaba que no leyera el segundo caso, porque ya se habían acumulado.
Pero fue tan parcial la juez Karina, que incluso ordenó girar oficio a la fiscalía anticorrupción, por supuestas deficiencias en la integración de las Carpetas de Investigación.
También, pidió multar al titular de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes por “no haber comparecido a la audiencia”.
En resumen, la juez Karina Dolores dejó de lado las argumentaciones del MP y también los derechos de las niñas, niños y adolescentes y el interés superior del menor.
ABOGADOS CARROÑEROS
Y al continuar la audiencia, los abogados carroñeros –a esos que no les importa pisotear los derechos de los niños—solicitaron la suspensión condicional del proceso, pero como la valiente MP Olga Yareli y las víctimas (a través de sus padres) se opusieron a tal medida, a la juzgadora no le quedó de otra que fijar nueva audiencia para resolver el caso, la cual se llevará a cabo el próximo martes 18 a las 12:00 horas.
Muy benevolente, al imputado solo le dictó la medida cautelar de no salir de Vallarta ni de Bahía de Banderas y la prohibición de asistir a lugares donde se encuentren las víctimas, ofendidos o testigos por el término de dos meses, aun cuando existe el riesgo de que pueda sustraerse de la justicia.
Por este mismo caso, familiares de las víctimas realizaron ayer un plantón a las afueras de la Fiscalía Regional de justicia para pedir precisamente eso, justicia para sus niñas afectadas.
De todo esto se cuestiona asimismo el papel de los abogados Jorge Valencia y Adán Cárdenas, cuya imagen pública es muy conocida –Jorge hasta se dice representar a la Asociación de Residentes de Marina Vallarta y al Consejo Coordinador Empresarial; mientras que Adán es ‘catedrático’ en el Centro Universitario de la Costa—y apenas se puede creer que por un montón de billetes aceptan este tipo de defensa.
Y es que nadie se explica, cómo estos litigantes se prestan a perjudicar a menores y, cómo, a toda costa, quieren defender a un presunto abusador sexual que es señalado directamente por sus víctimas.
Todavía ayer, mientras se realizaba la marcha de protesta, estos abogados habrían contactado a la madre de una de las víctimas para “llegar a un acuerdo” a una “buena negociación”.
