Por Carlos Martínez Macías
Al amparo de la seriedad y prestigio de algunos diarios locales y aprovechando las difíciles condiciones económicas que pasan muchas familias agobiadas por las deudas, han proliferado vivales que ofrecen préstamos “sin garantías ni revisiones al buró de crédito” que en realidad son un gran fraude.
Aparecen en periódicos ofreciendo dinero con trámites sencillos. Enganchan al “cliente” y le piden que pague equis cantidad de dinero por investigación crediticia. Un personaje arriba al domicilio del incauto, recaba copias de recibos de nómina, comprobante de domicilio e identificación y cobra la cuota de supervisión con la promesa de que una vez aprobado el préstamo se reintegra tal cantidad.
Luego viene el calvario. Nunca dan su domicilio y cuando llaman para pedir información les notifican que su crédito “fue aprobado” y que en unos días más estará el dinero, lo que nunca sucede.
Otras “empresas” todavía tienen el cinismo de publicar listas de créditos aprobados. Cuando la gente acude al domicilio, encuentra una lista con personas y montos autorizados pero resulta que no aparece su nombre. La explicación es simple: son nombres ficticios.
Hay casos de gente que pide hasta tres mil pesos por una línea de crédito “garantizada” de Banamex y hasta dan a conocer sucursales donde realizarán la operación. Ofrecen elaborar recibos de nómina y construir un falso historial crediticio para que no falle la transacción.
El terrible problema de la cartera vencida en México ha derivado en miles de deudores que no encuentran la salida y esto es agravado con las prácticas de cobranza gangsteriles de algunos despachos de abogados. Paralelamente han aparecido este tipo de empresas que estafan a las personas abusando de la necesidad de los deudores.
Hace unos días la Fiscalía General de Jalisco lanzó una campaña donde advierte a la ciudadanía que no se deje sorprender por los extorsionadores telefónicos. Que no caigan ante amenazas de supuestos secuestros que son armados a partir de un modus operandi que incluye conseguir información de las víctimas.
Pero la autoridad ha eludido integrar una campaña preventiva y disuasiva contra estas prácticas criminales de despachos que amenazan con derribar puertas, forzar cerraduras y usar hasta la policía para una cobranza; o bien investigar las organizaciones fraudulentas que ofertan “créditos” cuando en realidad están robando a la gente.
En esta labor, los diarios tendrían que ajustar sus códigos de ética y filtrar estos avisos porque al no hacerlo simplemente convalidan un abierto fraude.
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