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Martes, 08 Diciembre 2015 02:02

VALLARTA PROFUNDO

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PREPARAN DENUNCIAS PENALES

Por una amañada e ilegal concesión del servicio de recolección de la basura, un ex alcalde podría enfrentar un proceso y caer en prisión. Se trata del influyente subsecretario de administración del gobierno del Estado, Salvador González Reséndiz.

 

Y es que el gobierno de Arturo Dávalos Peña tiene lista ya una propuesta que someterá al pleno del Ayuntamiento para revocar la concesión del servicio de basura a la firma Proactiva SA de CV.

De hecho tenemos información de primera mano, en el sentido de que se va a someter al pleno la revocación del contrato de concesión a la empresa Proactiva SA de CV y será el municipio el que asuma el control de este servicio, con lo que se podría poner fin al problema de los montones de desechos por toda la ciudad.

La intención del Ayuntamiento, es adquirir cuanto antes varios camiones para ponerlos a trabajar de inmediato en la recolección de la basura.

Desde luego, este paso implica irse a un juicio con la empresa Proactiva, pero se va a dar porque se tienen motivos suficientes para revocar la concesión, entre otros, un contrato leonino que siempre fue lesivo para los intereses de la comuna y un pésimo servicio que se siguió cobrando y por el cual Proactiva afirma que le deben algo así como 72 millones de pesos.

Se sabe que esta empresa fue creada al vapor durante la administración del priista Salvador González Reséndiz, que incluso cuando se votó a favor de otorgarle la concesión no estaba ni siquiera constituida, que se formalizó ese mismo día, pero después de la sesión de Cabildo, ante la notaría número 10 que preside el panista Jesús Ruiz Higuera.

De hecho, el abogado Francisco Vallejo Corona tiene en su escritorio las denuncias penales correspondiente contra ex servidores públicos –en donde desde luego que figura Salvador González Reséndiz—para interponerlas en caso de ser necesario, derivado del juicio que se seguirá contra Proactiva.

Por lo pronto, Puerto Vallarta está a punto de quitarse un lastre de encima, una pesada losa producto de la corrupción y el cochupo que caracterizaron el Ayuntamiento de González Reséndiz.

PARAN EN SECO AL DUEÑO DEL “PARTY”

Se creía intocable, hasta que llegó Arturo Dávalos y lo puso en su lugar. Nos referimos al dueño del “Party”, un conocido antro que fue clausurado y que no abrió hasta que el fulano pagó todas las horas extras atrasadas y se puso al corriente con el pago de sus impuestos.

Por fin hubo un alcalde que se fajó los pantalones y metió en cintura a uno de los empresarios ‘antreros’ más prepotentes, arrogantes y soberbios de la ciudad, que en anteriores administraciones gozó de impunidad y operó su bar cantina sin licencia ni permisos vigentes, sólo amparado por el Tribunal Administrativo.

Juan Carlos Calderón Magaña es el dueño del bar conocido como “Party Lounge”, un sitio que se hizo de mucha clientela por trabajar a altas horas de la noche, vender todo tipo de bebidas embriagantes para llevar –incluyendo a jovencitos que aún no cuentan con la mayoría de edad—y aceptar el ingreso de adolescentes, sobre todo mujeres, al antro, cuya ebullición se registraba entre las 0:00 horas y las 5:00 o 6:00 de la mañana.

Las irregularidades en esta cantina fueron detectadas desde hace años, pero curiosamente ningún alcalde se atrevió a meter en orden a este sujeto –cuyos antecedentes en Colima son similares, es decir, allá también tuvo problemas de esta naturaleza con otro antro--, aunque ya existiera un acta, la número 6111 derivada de la orden de vista número 5001, ambas del 29 de noviembre del 2014, por no contar con las condiciones necesarias para evitar que los ruidos salieran del local y molestaran a terceras personas.

En ese entones, Calderón Magaña recurrió al Tribunal Administrativo del Estado para conseguir la protección de la justicia mediante una resolución, y así trabajó durante varios meses.

Sin embargo, Juan Carlos Calderón abusó de esta protección jurídica y lo mismo cerraba a la hora que se le antojaba, ejercía otro tipo de comercio distinto al autorizado por la licencia municipal (vendía litros para llevar) y hasta se daba el lujo de llenar el “Party” con menores de edad, con el agregado de que ponía el sonido muy alto, pues pensaba que por estar amparado, podía hacer lo que quisiera con los reglamentos municipales, pero su minita de oro se le terminó.

EMPRESARIOS VORACES

Empresarios inmobiliarios sin escrúpulos, voraces y ambiciosos, representados por el ingeniero Jorge Armando Rodríguez Gil, se apropiaron de un tramo importante de la calle Francisca Rodríguez dizque para construir una torre de departamentos. Para adueñarse de esta vía pública, colocaron puertas con malla ciclónica en por lo menos tres puntos --sin importarles dejar sin acceso a dueños y arrendatarios de casas y apartamentos—y contrataron guardias de seguridad privada con perros pastor alemán para evitar que los ciudadanos hagan uso de esta vialidad como lo habían hecho durante muchos años.

Como se sabe, la calle Francisca Rodríguez baja desde la calle Camichín, en Alta Vista y desemboca en el muelle de Los Muertos, pero antes cruza con las calles Naranjo, Jacarandas, Aguacate, Insurgentes, Constitución, Ignacio L. Vallarta, Pino Suárez y finalmente Olas Altas, para llegar al muelle de Los Muertos.

El caso sigue latente y el robo, impune.

ROBO SISTEMATICO EN EL CASINO VALLARTA

No obstante a que opera con un permiso que no le pertenece a su compañía propietaria, como lo es “Producciones Móviles SA de CV”, sino a la figura “Entretenimiento de México SA de CV” bajo el número DGAJS/SCEVF/P-06/2005, el Casino Vallarta comete abusos excesivos contra sus clientes y consumidores, la mayoría de ellos adictos al juego que cada semana entran a una tómbola para concursar por premios que van de los dos mil 500 pesos, a los 10 mil y en ocasiones hasta los 50 mil pesos, pero a quienes no siempre se les paga cuando resultan agraciados con la rifa.

El Casino Vallarta le “regala” a sus clientes un boleto por cada cantidad de dinero que la persona gasta en las máquinas de juego para que concursen en una rifa cada semana, pero resulta que en ocasiones no se respeta el concurso y no se paga el premio al jugador que gana el sorteo, como le sucedió a una señora que fue la beneficiada con una rifa de 50 mil pesos y se negaron a pagarle al tenedor del boleto.

Antes, esta misma señora se ganó dos o tres veces las rifas menores, las de dos mil 500 pesos y el Casino Vallarta le pagó el dinero sin ningún problema al tenedor del boleto, que era pareja de la mujer. Sin embargo, cuando el premio fue el de 50 mil pesos y esta misma persona resultó ganadora, ya no le quisieron pagar, argumentando que no lo podía cobrar el tenedor, que tenía que ir ella misma a cobrarlo.

Por este caso, los afectados iniciaron un proceso jurídico contra Casino Vallarta, lo cual llamó la atención de la Secretaría de Gobernación, ya que los sorteos o rifas de los boletos semanales no cuentan con permiso especial de la Dirección de Juegos y Sorteos. De hecho, no hay un interventor de Gobernación al momento de que se realiza la rifa, lo cual es a todas luces ilegal, comentan algunos quejosos.

Y en efecto, de acuerdo con copias de los boletos de dichas rifas en poder del columnista, no se especifica el permiso de Gobernación, ni tampoco el Casino Vallarta, a través de su gerente al que sólo se le conoce con el nombre de Freddy, pudo explicar el por qué no asiste un interventor a las rifas, pese a que se le pidió información al respecto.

En este contexto, se sabe que la Secretaría de Gobernación realizará una investigación y una intervención directa al Casino Vallarta por esta y otras irregularidades, como la de estar implicado en juegos de apuestas de baraja conocidos como Black Jack y pokar–lo cal está prohibido o no tienen el permiso para ello--, pues muchas de las veces se llevan a los clientes a una sala de un conocido condominio de la calle Ignacio L. Vallarta, allá en la zona romántica de la colonia Emiliano Zapata, para que participen en apuestas clandestinas que duran toda la noche y parte del día.

Incluso, hace unos días, Gobernación clausuró las mesas de Pokar del casino Emotion de Galerías Vallarta, ya que realizaba un sorteo especial para lo cual se utilizaron mesas y máquinas que no contaban con los permisos necesarios. El Emotion de Pachuca fue el primero en donde se sorprendieron estos sorteos, y de ahí se hizo viral en los demás casinos de esta marca.

Pero lo más interesante de todo esto, es que algunas personas que acuden a estos sitios de juegos, han revelado a VALLARTA UNO una lista de los principales ludópatas de Puerto Vallarta.

En el caso del Casino Vallarta, la lista supera las 15 personas, todas ellas muy conocidas en la “hight society” de Puerto Vallarta, que gastan una fortuna cada semana con sólo sentarse en las máquinas tragamonedas y de apuestas remotas, como una familia de apellido Betancourt que desembolsa y pierde hasta 100 mil pesos en un fin de semana.

SE LE ESCAPA LA CANDIDATURA 

Como balde de agua fría cayo para el diputado de Bahía de Banderas, Héctor Santana el arribo del hermano de Cheque Peña al congreso del estado, el ingeniero Álvaro Peña. 

Todos saben en Nayarit de los negocios y empresas que tienen en común el gobernador y el cantante de Bahía de Banderas, esta relación pone al Santana García por los suelos pero también lo ubica en su lugar que no es otro que un empleado dispuesto a todo por conservar el estilo de vida que le ha dado el tener una dieta como diputado. 

Al saberse la noticia la misma gente del llamado “Honesto” envió mensajes abiertos hasta Inbox para el diputado Álvaro Peña pidiéndole un encuentro para ponerse a sus órdenes y trabajar por el proyecto.

La gente de Santana ya ve difícil que Héctor logre hacerla pues el lazo de hermandad y empresarial es muy fuerte entre Roberto Sandoval y la familia Peña de San José del Valle. Esto lo sabe el “Honesto” y su gente, por eso anda viendo cómo le hacen para grillar al ingeniero del Verde Ecologista y desplazarlo. Sin embargo los cercanos al gobernador saben bien cómo se las gasta Santana y ya esperan sus andanzas

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