Por Jorge Olmos Contreras
Las acciones arbitrarias y prepotentes que ha emprendido desde hace por lo menos dos años el abogado Ulises Xavier Zaragoza Plasencia –abogado de la Comisión Federal de Electricidad—en contra de decenas de cientos de clientes consumidores de la paraestatal en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, podrían llegar a su fin si el Órgano Interno de Control (OIC) que realiza las auditorías internas toma en cuenta que las revisiones y multas aplicadas por este servidor público en perjuicio de los ciudadanos, han sido ilegales de todo derecho y, por lo tanto improcedentes.
Lo anterior, sustentado en la información que reveló la abogada que trabajaba de forma externa en la CFE en Guadalajara, Paulina Arriola Hernánez, quien, cansada de tantas injusticias, decidió salir de la dependencia y defender a los afectados, aunque por ese sólo hecho, ha sufrido hostigamiento y amenazas de parte de personal de la paraestatal.
En un testimonió que hizo a este medio de comunicación, Paulina Arriola explica que “toda persona tiene la obligación de pagar por un servicio, las autoridades tienen la facultad de cobrarnos con base a un procedimiento y al principio de legalidad “La autoridad solo puede ser lo que expresamente la ley le permite” esto para que no se quede al arbitrio e injusticias de las partes. (Las multas de tránsito, los PAMA, incluso las mismas detenciones, que, si no observan el procedimiento marcado para tal, se convierten en IMPROCEDENTES), es decir; algo que, como usuarios, gobernados y contribuyentes no tienen la obligación de pagar, complementar etc.
Atendiendo lo anterior, la CFE tenía la obligación y facultad de revisar los equipos de medición instalados en los domicilios, para que en aquellos casos en que los usuarios hubieran dejado de pagar energía, ya sea por manipular, robar, fallas del propio equipo o errores de los responsables de los procesos de la Comisión, era facultad expresa en su cuerpo legal cuantificar y cobrar dicha energía a través de un AJUSTE A LA FACTURACIÓN, a razón de que era energía que el usuario final consumía pero no pagaba (por esta alteración encontrada en la VERIFICACION) o al menos eso se presumió.
Dichas facultades estaban establecidas en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, sin embargo, en el año del 2014 el Gobierno Federal impulsa la Famosa REFORMA ENERGETICA en la cual se deja sin efectos (abroga) la Ley del Servicio Público… y se crean nuevas disposiciones entre otras muchas, la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y su Reglamento.
Dentro de las nuevas disposiciones de esta nueva ley es que, la facultad de verificar le pertenece únicamente a la SECRETARIA DE ENERGIA Y LA COMISION REGULADORA o en el caso de la CFE únicamente a través de Unidades Verificadoras Acreditas y aprobadas por el por la SE, para cumplimentar el requisito de Validez y Legalidad (FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO).
Derivado de lo anterior, la LIE y su Reglamento implementan un candado, y este es que para que la CFE realice sus ajustes a la facturación, es necesario que una Unidad de Verificación Acreditada realice una inspección al equipo de medición para después entonces determinar si procede un ajuste.
En la actualidad la CFE no cuenta con unidades de verificación acreditadas, sin embargo, su personal desde ALTOS MANDOS hasta JEFES DE PROCESOS, INGENIEROS, CONTADORES y ABOGADOS, realizan verificaciones a los equipos de medición y servicio de energía eléctrica, las cuales son la base para determinar a los usuarios un ajuste del TODO IMPROCEDENTE; dicho lo anterior se revela la evidente improcedencia de los ajuste que actualmente realiza la C.F.E., toda vez que deja de observar la obligación de realizar verificaciones a través de unidades de verificación legalmente acreditadas.
No es óbice el hecho de que la propia legislación establece que, si no se realizan las verificaciones siguiendo el procedimiento establecido, los ajustes de pleno derecho serán improcedentes.
EL ACOSO
En este contexto, Paulina Arriola confió a VALLARTA UNO el acoso que ha sufrido por parte de la CFE por revelar esta información. En otro testimonio, señala lo siguiente: “Me tomo el atrevimiento de acudir a ustedes para solicitar su intervención y hacer de su conocimiento irregularidades cometidas por Servidores Públicos de la C.F.E.
Mi nombre es Paulina Arriola, era hasta el 15 de noviembre del año anterior abogada externa de C.F.E, el motivo de mi renuncia fue el acoso laboral sufrido, así como un sin número de irregularidades y abusos que la C.F.E sigue cometiendo impunemente.
Siendo más específica, el programa de recuperación de energía que comenzó gratamente en el 2011 para Jalisco y que aun continua pese a la reforma energética y no tener las facultades de estarlo haciendo.
¿Cómo funciona? Le cobran miles de pesos a personas de escasos recursos, se aprovechan de empresas y también visitan zonas humildes amedrentando, levantando documentos y haciendo firmar a las personas cosas que ni entienden y en muchos casos no se dan a la tarea de explicarles, diciéndoles que su medidor está mal, que tienen un diablito y demás cosas indebidas y, sobre todo, sin facultad de realizarlo.
Derivado de lo anterior y después de una controversia con la que era mi coordinación y jefatura – a cargo de Annel de la Cruz y Elvira Chavoya respectivamente-- decidí salirme y tuve la oportunidad poco a poco de que las personas con estos atropellos me buscaran… Por lo que decidí comenzar su defensa, primero buscando el acercamiento con la institución, después interponiendo una queja; pero para sorpresa mía lo que yo hago de forma legal y sin esconderme toda vez que la ley está escrita y es para todos la observancia de la misma, en este momento me encuentro denunciada y amedrentada por parte de los abogados de la C.F.E. obviamente cumpliendo los mandamientos de su jefatura, amenazando a otras dos personas que acudieron conmigo a entenderse de lo que se me acusaba.
Cuartando así mi derecho a ejercer libremente mi profesión, así como el de ciudadana a denunciar lo que está mal y estar del lado de la justicia y por encima de mí el atropello y el abuso a las personas, que son usuarios de la energía eléctrica y que por ser personal de la C.F.E, el que se presenta a sus domicilios a cortar, verificar, cobrar y hasta amedrentar les creen, sin saber que es un abuso de autoridad y exceso en sus funciones.
Me tomo el atrevimiento de acudir a ustedes ya que todos los días recibo llamadas que me recuerdan el poder de la C.F.E y la buena relación que tienen con las autoridades por lo que sé que acudir a alguna autoridad judicial sería ocioso, hasta en tanto tener el apoyo de testigos como lo son ustedes”.
Hasta ahí el escrito de Paulina Arriola, quien en Guadalajara fue jefa del abogado Ulises Zaragoza, el mismo que ha cometido una serie de atropellos en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, levantando multas ilegales y burlándose en su muro de Facebook de los consumidores que caen en sus garras.
Un usuario envió a este medio una carta donde alerta a los clientes de la CFE:
“Es un abuso increíble lo que hacen los de la CFE, los técnicos si le buscan le encuentran, haya diablito o no, su palabra es la ley y están urgidos de sacar dinero debido a las altas pérdidas que registran. Cuando cortan la energía, no hay quien resista estar sin electricidad, la recomendación es que antes de ir con la CFE a que le levanten un acta, que vayan con un abogado que conozca el marco normativo de la CFE, y si no por lo menos a PROFECO.
Les transcribo el artículo 113 de la ley de la PROFECO, donde dice que iniciando tu queja ante la PROFECO te tienen que reanudar el servicio de electricidad, abusados, defiendan sus derechos. "LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR" ARTÍCULO 113.- Previo reconocimiento de la personalidad y de la relación contractual entre las partes el conciliador expondrá a las partes un resumen de la reclamación y del informe presentado, señalando los elementos comunes y los puntos de controversia, y las exhortará para llegar a un arreglo. Sin prejuzgar sobre el conflicto planteado, les presentará una o varias opciones de solución, salvaguardando los derechos del consumidor. Tratándose de bienes o servicios de prestación o suministro periódicos tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, el solo inicio del procedimiento conciliatorio suspenderá cualquier facultad del proveedor de interrumpir o suspender unilateralmente el cumplimiento de sus obligaciones en tanto concluya dicho procedimiento”.
