En las quejas y denuncias que están a punto de proceder por parte de la Unidad Anticorrupción, señalan como presuntos estafadores de contribuyentes, al Administrador Local, César Gerónimo García Aguiar, al Sub Administrador de Cobranza y Ejecución, Ricardo Enrique Partida Velázquez y a la Administradora de Auditoría saliente, María de Lourdes Gutiérrez Madrid.
Estas personas --indican los informantes que pidieron en todo momento el anonimato para evitar represalias--, sorprenden al contribuyente con el cuento de que les van a hacer una quita o rebaja de dinero de las multas que tengan, ya sea por créditos fiscales que no se han pagado o cualquier otra penalización que tenga el ciudadano por incumplimiento de responsabilidades fiscales, toda vez que para “arreglarles el problema” les piden mochadas que llegan hasta el 30 por ciento de la cantidad que debería pagar el contribuyente al SAT.
Los contribuyentes que “caen en la fortuna de salir beneficiados por el buen gesto” del Administrador Local –así les venden el asunto para sacarles dinero— “tienen la suerte” de que les cancelen sus créditos fiscales y o les condonen sus multas, a cambio de una jugosa mochada.
Por ejemplo, si de un crédito fiscal se desprenden multas por 650 mil pesos, el Administrador Local, César Gerónimo García Aguiar, de inmediato mueve a su gente –casi siempre le ordena a Ricardo Enrique Partida que lo haga—para que le haga una visita al contribuyente implicado y le ofrezcan una pronta solución, que consiste en que aporte en efectivo la cantidad de 227 mil 500 pesos, que corresponde al 30 por ciento total de lo que le van a ahorrar.
El contribuyente, con tal de no desembolsar los 650 mil pesos, prefiere arreglarse con estos funcionarios del SAT y olvidarse del problema. Desde luego, los recursos tampoco entran a las arcas de hacienda, sino a los bolsillos de estos empleados, puntualizan los quejosos.
Para algunos contadores consultados –que también pidieron el anonimato por razones obvias--, esto es un descarado robo en donde se coluden malos contadores con los funcionarios del SAT ya mencionados para hacer un gran negocio, toda vez que sólo engañan al contribuyente con el cuento de la condonación de multas, y se enriquecen a costillas del mismo.
Y es que –explicaron-- la condonación de multas es un derecho que tienen todos los contribuyentes inscritos en el SAT, el cual está estipulado en el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, según la Regla 2.17.7 y la Regla 2.17.13 de la Miscelánea Fiscal 2017.
Las personas que tienen multas, sólo deben hacer una solicitud por escrito al SAT para que les apliquen la condonación –a veces hasta del 100 por ciento—de la sanción.
Sin embargo, el grupo comandado por Gerónimo García y Enrique Partida Velázquez, han hecho correr la versión de que sólo ellos pueden condonar las multas, y se ponen de acuerdo con algunos contadores para presuntamente estafar a los indefensos contribuyentes.
Lo peor de todo –según esta investigación que ya podría estar caminando desde las altas esferas de la Secretaría de la Función Pública y la Unidad Anticorrupción--, es que estas prácticas lesivas e ilegales llevan años ejecutándose en perjuicio de cientos de contribuyentes.
Se habla de que se han negociado muchos millones de pesos por esta vía en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, por lo que la indagatoria que se supone ya está avanzada, incluye una revisión exhaustiva a los bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias e ingresos que tienen estos funcionarios y sus familiares cercanos, desde que están operando en este centro turístico.
Si las autoridades federales hacen bien su trabajo, van a caer no sólo estos funcionarios del SAT, sino también sus cómplices, entre ellos, varios conocidos contadores públicos de Puerto Vallarta, se indica en una de las denuncias.
En el contexto nacional, es preocupante –agregan los informantes—que el SAT se haya negado a hacer público el nombre de las personas físicas y morales que se han visto beneficiados con la condonación de multas y la cantidad de dinero que ha dejado de percibir el gobierno de la República por este concepto.
