El grupo de colaboradores que el alcalde Ramón Demetrio Guerrero Martínez importó de Zapopan y Guadalajara está a punto de colapsarse en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta por su participación, activa o pasiva, en graves actos de corrupción que se cometieron en el gobierno municipal de la ex villa maicera, cuando su titular era el panista Juan Sánchez Aldana.

Si algo le faltaba al coronel Silvestre Chávez para darle la puntilla al frente de Dirección de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, es verse involucrado en un delito en materia de Información Pública contemplado en el Código Penal de Jalisco, que sanciona con prisión de uno a cinco años y multa de 50 a mil días de salario mínimo a quien difunda pública y dolosamente información pública clasificada como reservada.

La lucha con marchas, plantones y protestas que han emprendido los vecinos de Villas Universidad desde octubre del año pasado para que no se instale una gasolinera cerca de sus casas, pretende ser borrada de un plumazo por el procurador social del Ayuntamiento vallartense, Juan Hernández, al ofrecerles mejoras a su colonia, a cambio de que firmen el consentimiento para que entre en operación la estación de servicio de combustible, cuyo permiso fue otorgado por el ex alcalde Salvador González Reséndiz a tan sólo tres días de que concluyera su administración, es decir, el 28 de septiembre del 2012.