Por Jorge Olmos Contreras

Con la candidatura del PRI –para alcalde Bahía de Banderas-- prácticamente en sus manos, el “señor de los bailes”, José Gómez Pérez todavía no explica a la opinión pública cómo es que se involucró en un crimen que se cometió en contra de un compadre suyo en la Ciudad de México y cómo guardó absoluto silencio sobre la sociedad que tenía con el ejecutado, un abogado de nombre Moisés Andrade, en hechos ocurridos en el 2008.

José Gómez, junto con un contratista del Ayuntamiento de Puerto Vallarta en la administración de Javier Bravo, de nombre Antonio Ugalde, formaron una empresa a la que invitaron a Moisés Andrade, un conocido licenciado tanto de Bahía de Banderas como de Vallarta, pero un día fue asesinado en circunstancias nada claras cuando llegaba a la capital del país.

Ni Antonio Ugalde, ni José Gómez, pudieron dar una explicación de la ejecución de su socio, sin embargo, fueron los beneficiarios de la sociedad, una empresa constructora que manejaba millones de pesos y donde se sospechaba había lavado de dinero.

Hasta ahora, ni el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), ni el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, han alertado a la dirigencia de ese partido, tanto en el contexto nacional, como estatal y municipal, para advertir lo que puede destaparse contra José Gómez y su relación con el artero homicidio de su compadre Moisés Andrade.

En el 2007 y a principios del 2008, escribimos lo siguiente con respecto al homicidio de Moisés Andrade Reyes:

LA HISTORIA

“La siguiente, es la historia de un crimen que, como tantos otros, permanecen en el limbo, en espera de que alguien devele su misterio y ponga al descubierto el o los autores intelectuales. En este caso, se trata de una sociedad que terminó mal entre compadres, quizá por la ambición de hacerse de dinero fácil y para quitar de en medio a quien no entendiera que cinco millones de pesos es dinero suficiente como para mandar asesinar a alguien, así se trate del amigo de toda la vida o del padrino de sus hijos.

Esto fue lo que le sucedió al abogado vallartense, Moisés Andrade Reyes, quien junto con su compadre, José Gómez Pérez y el ingeniero Antonio Ugalde formaron una compañía constructora sin saber que a la larga, dicha sociedad terminaría con un crimen: el asesinato de Moisés, quien el pasado seis de febrero fue ejecutado por desconocidos cerca de unos juzgados del Distrito Federal, a donde Andrade Reyes fue invitado mediante presuntos engaños y mentiras por el propio Ugalde, amigo íntimo del asesinado.

En todo esto, sin lugar a dudas una pieza clave en la ejecución de Andrade es el propio ingeniero Antonio Ugalde, toda vez que fue él quien se llevó a la capital del país a Moisés Andrade, quien sólo regresó en un ataúd.

En esta historia de embrollos, aparece también José Gómez Pérez, dueño de la discoteca Xanadú de San José del Valle y que durante mucho tiempo fue secretario particular del alcalde de Bahía de Banderas, doctor Jaime Cuevas, ya que él habría sido quien sugirió a Ugalde llevarse a Moisés al Distrito Federal, donde finalmente sería muerto a tiros.

Por cierto, algunos columnistas habían hablado muy bien de José Gómez Pérez, le auguran un prometedor futuro político, sin saber que, pese a su corta edad, ya está metido en un lío tremendo que deberá aclarar en su momento a las autoridades ministeriales.

LA SOLICITUD

Mediante Ley de Transparencia, este columnista solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal información sobre el crimen contra Moisés Andrade, por lo que el encargado de la oficina de información pública de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de esa dependencia, José Luís Arce Aguilar, respondió en tiempo y forma a dicha petición. En los documentos que comprenden cuatro fojas útiles no certificadas, se encuentran datos del homicidio contra Andrade Reyes, quien recibió dos balazos por la espalda por uno o dos desconocidos que se dieron a la fuga.

Lo curioso del crimen, es que los pistoleros llegaron directamente a asesinar al abogado de Puerto Vallarta, sin dirigir su ataque al acompañante de Moisés Andrade, es decir, a Antonio Ugalde, quien sólo presenció cómo fue ejecutado su compañero y cómo el o los asesinos huyeron. Es más, los asesinos ni siquiera voltearon a ver a Ugalde, ya sabían a lo que iban, cuál era su misión y por lo tanto, el trabajo habría sido por encargo; no se trataba de un asalto o robo con violencia, sino toda una ejecución profesional a cargo de matones a sueldo.

Así las cosas, Antonio Ugalde rindió su declaración ante el Ministerio Público del D. F., pero se desconoce qué dijo por tratarse de una Averiguación Previa cuyo contenido no puede darse a los medios de comunicación por tratarse de una indagatoria; sin embargo, en Puerto Vallarta comienzan a salir más datos que hablan de una presunta conspiración de los amigos de Moisés para desaparecerlo, debido a que entre los socios se habría dado una disputa por cinco millones de pesos que no fueron entregados a sus verdaderos dueños.

La especulación en torno a este crimen se ha desatado aún más, debido a que los familiares del occiso no han querido declarar nada, se escoden, como si algo temieran, incluso el padre y la esposa de Moisés Andrade ni siquiera denunciaron el homicidio ante el Ministerio Público del Fuero Común en Puerto Vallarta, sólo se limitaron a velarlo en la funeraria Celis y a sepultarlo en el panteón de la colonia El Progreso.

La Procuraduría del Distrito Federal sí abrió una Averiguación Previa en torno a este homicidio, pero para que los agentes de la Ciudad de México vengan a Puerto Vallarta a investigar el crimen, será necesario que los familiares o la esposa lo soliciten e insistan para que se esclarezca la ejecución de Andrade.

Una de las formas en que la PGJDF podría actuar en este caso, es que los familiares de Moisés interpongan una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ésta a la vez solicite a la Procuraduría del D. F. su inmediata reacción para esclarecer los hechos, lo que comprendería que agentes judiciales del Distrito Federal se trasladaran a Puerto Vallarta y pidieran el apoyo de sus homólogos de Vallarta para comenzar las investigaciones que conduzcan con él o los autores intelectuales del crimen.

El principal sospechoso, Antonio Ugalde fue quien incluso se hizo cargo de los gastos de los servicios funerales, así como del traslado del cadáver de Moisés de la ciudad de México a Vallarta.

En tanto, la viuda de Andrade, de nombre María, no ha querido involucrarse en la investigación de la muerte de su marido, pero sí, en cambio, ha estado muy interesada en tratar de cobrar los seguros de vida que tenía el esposo, ya que ha intentado contratar abogados para que la auxilien en estos menesteres.

Como dato importante, la esposa de Moisés Andrade –hoy viuda de Andrade-- también figura en la empresa que su esposo tenía con Ugalde y José Gómez Pérez, incluso se sabe que los socios se han movido y llevado a cabo maniobras legaloides con tal de sacar a María de dicha sociedad.

En todo esto, un papel importante lo juega un sujeto de nombre “Gerardo” que al parecer también es socio de los otros tres, Ugalde, José Gómez y el muerto, ya que según un informante, este tipo habría amenazado de muerte a Antonio Ugalde por una deuda de cinco millones de pesos, pero al final matarían al abogado Andrade, al confundirlo supuestamente con Ugalde, quien ahora se pasea muy tranquilo en sus camionetas del año por todos los rincones de Puerto Vallarta.

LOS SOSPECHOSOS

Sin embargo, las sospechas siguen recayendo en Antonio Ugalde, ya que este señor es originario del Distrito Federal –donde curiosamente mataron al abogado vallartense—y su reputación en Puerto Vallarta no es muy buena, ya que hasta su compadre presidente del PRI, Jorge Luís García Delgado se expresa de él con el calificativo de “mafioso”.

Antonio Ugalde, según la investigación periodística del columnista, ingresó a la campaña del ex candidato del PRI a gobernador del Estado, Arturo Zamora por recomendación de Rafael Yerena Zambrano, pero poco después salió del equipo de Zamora.

Después, habría ocupado un cargo público en la actual administración municipal, pero poco después dejó el puesto por razones desconocidas. Pero Ugalde no dejó del todo la Presidencia Municipal, ya que él y su hermana se alquilan para asesorar a los ciudadanos que requieren de algún trabajo de construcción y ofrecen sus servicios a las afueras de la Dirección de Planeación y de Obras Públicas.

EL DUEÑO DE LA DISCOTECA XANADU

Por otra parte, otra persona clave para esclarecer el crimen de Moisés Andrade y su móvil, es el dueño de la discoteca “Xanadú” de San José del Valle, Nayarit, José Gómez Pérez, quien además de ser compadre de Andrade, fungía como el secretario particular del alcalde de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas Tello, quien al menos debería dar una explicación a la opinión pública de las actividades de su querido secretario particular”.

Hasta ahí la columna que escribimos hace años sobre el caso del abogado muerto y sus compadres.

Hoy surgen más datos que dejan en muy mala situación a José Gómez Pérez, quien en los tiempos de bonanza de su compadre muerto, traía una vistosa camioneta Scalade.

Este miércoles 23 de abril, José Gómez Pérez será ungido como candidato del PRI a la presidencia municipal de Bahía de Banderas

los abogados. Se ha metido en muchos líos por tomar juicios calientes, como el del hotel Palma Real de Jarretaderas, donde fue denunciante y defensor de la misma persona. Sin embargo, su ambición lo llevó a aceptar un caso que casi le cuesta la vida, el de ejecutar embargos de unos terrenos de El Porvenir donde está en juego un desfalco contra los ejidatarios por más de siete millones de pesos.

Por Jorge Olmos Contreras

Él ya sabía que estaba metido en un lío grande, estaba nervioso, no podía conciliar el sueño de tanto pensar en que ya le habían enviado una amenaza velada para que no se metiera en un pleito jurídico de terrenos de El Porvenir, en Bahía de Banderas en el Estado de Nayarit, donde un vivales ha tratado de quedarse con más de 100 hectáreas de los ejidatarios del lugar mediante artilugios jurídicos y aprovechándose de un poder que los campesinos le dieron para realizar una transacción con la constructora de vivienda Homex.

El origen del “levantón” que le dieron al abogado Daniel Hermosillo Anchondo la tarde del 28 de enero en el estacionamiento de la farmacia Guadalajara de “La Aurora”, podría estar precisamente en El Porvenir, donde los hijos de uno de los ejidatarios afectados por el proceder de Hermosillo y de un ingeniero de nombre Sergio Díaz Amezcua, habrían recurrido a pistoleros para evitar ser despojados de alrededor de 12 hectáreas.

De hecho, Sergio Díaz Amezcua es la clave del conflicto entre los ejidatarios y la constructora Homex; es a él a quien buscan por todos lados para ajustar cuentas, comentan vecinos de El Porvenir que piden que no se divulgue su identidad, prefieren permanecer en el anonimato, porque –dicen—el problema es muy fuerte y han intervenido personas armadas “pero el ingeniero no se deja ver por aquí”.

MUERTOS DE MIEDO

Un día, por ejemplo, dos abogados de Puerto Vallarta llegaron al Juzgado Primero de lo Civil de Bucerías para ejecutar el embargo de uno de los terrenos en disputa, pero antes de que arribaran al lugar fueron interceptados por hombres que portaban armas largas, quienes les advirtieron que no ejecutaran o se atuvieran a las consecuencias, que se fueran de ahí y los licenciados, entre ellos una mujer, se regresaron muertos de miedo a Vallarta.

Sin embargo, Daniel Hermosillo Anchondo no entendió las señales que le habrían enviado y aunque él mismo comentó en corto al reportero que ya había sido amenazado por este caso, decidió seguir en el juicio y en eso andaba, tratando de embargar los terrenos propiedad de los ejidatarios cuando sobrevino el “levantón”. Le dieron el susto de su vida, anduvo algunos días con guarda espaldas y en las primeras horas de transcurrido el incidente, no quiso ir a declarar al Ministerio Público, tenía mucho miedo.

EL ORIGEN DEL PROBLEMA

Para entender el problema, hay que trasladarnos al año 2007, cuando la Desarrolladora Homex de Culiacán, Sinaloa compró 100 hectáreas a 19 ejidatarios del ejido El Porvenir. El precio acordado fue de dos millones 200 mil pesos cada hectárea, es decir, el monto total ascendía a 220 millones de pesos.

El intermediario o bróker de la transacción fue el ingeniero Sergio Díaz Amezcua, quien pidió a los 19 ejidatarios que le firmaran contratos mercantiles para poder hacer el trabajo de la compra venta y poder cobrar la respectiva comisión por haber conseguido un comprador “serio” para sus tierras. También les pidió que le entregaran un poder especial para llevar a cabo todos los trámites.

Sin embargo, ese mismo año 2007, la Desarrolladora de Vivienda Homex cayó en crisis y suspendió todos los pagos, nunca finiquitó los dos millones 200 mil pesos por cada una de las 100 hectáreas. De hecho sólo alcanzó a cubrir el 40 por ciento de los pagos, a algunos les entregó más y a otros menos, según el número de hectáreas que vendieron.

Los ejidatarios se desesperaron al ver que los habían timado, pues les entregaron una ínfima cantidad de lo acordado y para acabarla de amolar, vieron que el tal Sergio Díaz Amezcua poseía los contratos mercantiles, leoninos de origen, donde los obligaba a pagarle cientos de miles de pesos por la comisión de una transacción que nunca se terminó, pues quedó a medias.

DEMANDAN ANULACION DEL CONTRATO

Por ello, ocho de los 19 ejidatarios demandaron ante el juzgado civil de Bucerías la anulación del contrato por ser lesivo a sus intereses, entre otros, la señora Manuela Monteagudo Quiñonez, una de las que más ha peleado porque no le arrebaten sus 12 hectáreas que tasaron en 26 millones 400 mil pesos y de los cuales sólo le dieron migajas.

Otros de los que demandaron fueron Luis Ramírez García, Rodolfo Villanueva Chávez, Ana María Verde Ponce, Manuel Encarnación Cárdenas, Victoriano Encarnación Cárdenas, José de Jesús Díaz Guerrero y María del Rosario Torres Rodríguez.

Todos ellos entregaron documentos del dominio pleno de sus tierras para cerrar la compraventa, pero el ingeniero Díaz Amezcua se aprovechó de ellos, sacó ventaja y para cobrarse una millonaria comisión de un trabajo que no terminó, intentó embargar algunos de los terrenos, entre otros, los de Manuela Monteagudo Quiñonez.

Incluso, Sergio Díaz actuó de mala fe en contra de los ejidatarios, a Manuela Monteagudo y a otros los demandó por la vía mercantil ordinaria, según el expediente 470/2009, donde el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil en Bucerías, el 28 de marzo del 2011, sentenció a Manuela Monteagudo a pagarle a Sergio Díaz Amezcua. 

La sentenciada fue confirmada además por los magistrados Jorge Ramón Marmolejo Coronado, José Guadalupe Campos Hernández y Rodolfo Adrián Rodríguez Alcantar, --quienes integran la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado--, el 14 de junio del año 2012.

En esta etapa es donde surge el verdadero problema, pues de alguna manera Sergio Díaz Amezcua recurre al ex director de tránsito municipal de Bahía de Banderas, Miguel Ángel García Romero, mejor conocido como “Miguelito Romero”, y éste a su vez contacta al abogado de Vallarta, Daniel Hermosillo Anchondo, con quien se asoció para tratar de ejecutar los embargos, trabajo por el que les pagarían una interesante cantidad de dinero.

LA VERSIÓN DEL EJIDO

El presidente del ejido de El Porvenir, Martín Castro Camacho y su tesorero, Alfonso Nolasco, aceptaron charlar con VALLARTA UNO y contaron su versión.

Afirmaron que en realidad se trata de 24 ejidatarios los que vendieron a Homex a través de dos personas, uno de ellos es Sergio Díaz Amezcua y el otro es ni más ni menos que Alí Farah --un vendedor de bienes raíces con muy mala reputación y que se ha involucrado incluso en casos de lavado de dinero--; la venta fue de más de 100 hectáreas a razón de 220 pesos el metro cuadrado y la promesa que les hicieron fue entregarles el 50 por ciento del dinero a la firma del contrato y el otro 50 por ciento cuando entregaran el dominio pleno de las tierras.

Asimismo, habrían acordado pagar 100 mil pesos por cada hectárea al bróker y otros 100 mil al ejido por concepto del derecho al tanto.

Pusieron un plazo de 10 años para pagarles la parcela, a algunos ejidatarios le dieron cuatro millones, sostiene Martín Castro, pero a otros Homex sólo les dio el 10 por ciento de lo acordado.

Y reconoce que a unos tres ejidatarios sí los embargaron por este caso, y que Manuela Monteagudo no es dueña de 12, sino de nueve hectáreas.

TERRENOS CODICIADOS

Estos terrenos son muy codiciados porque se encuentran entre Bucerías y San Vicente, en la zona conocida como “Brasiles”, incluso ahí estaba proyectada la construcción de la nueva presidencia municipal de Bahía de Banderas, pero el proyecto quedó trunco por la corrupción que impera en el Ayuntamiento del alcalde Rafael Cervantes Padilla.

Muchas personas han llegado con el cuento de tener compradores millonarios para estas tierras, como un tal “Don José”, que venía de Colima y quien le pidió mucho dinero a los ejidatarios como pago de honorarios porque les aseguró que tenía una persona que les compraría la hectárea a 4.5 millones de pesos, pero cuando un visitador agrario, Manuel Alonso Castellón habló a ese Estado para preguntar referencias de él, nadie lo conocía, sólo fue uno más que sorprendió a los campesinos.

El turno le tocó a Daniel Hermosillo Anchondo, quien estuvo a punto de pagar culpas ajenas –pues se asegura que lo iban a matar por prestarse al juego de Sergio Díaz Amezcua--, pero tuvo mucha suerte cuando fue “levantado”, pues a sus captores se les atravesó un agente de tránsito que siguió la camioneta donde lo llevaban, pidió refuerzos y sus secuestradores tuvieron que abandonarlo junto con la troca, no sin antes darle varios cachazos en pleno rostro.

La propietaria del River Café y actual presidenta de la Cámara de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Puerto Vallarta, Evangelina Sánchez Dueñas, está metida en un lío judicial desde hace cinco años, tiempo en que se asoció con el empresario Antonio Galindo Ochoa para que éste le surtiera camarón y otros mariscos desde Sinaloa a una bodega de la colonia La Vena, pero en el proceso la señora lo habría defraudado, cometido un presunto desfalco en agravio de su socio y además se ha negado a liquidarle el reconocimiento de un adeudo que asciende a 700 mil pesos.

Por Jorge Olmos Contreras

Evangelina Sánchez es una dama de sociedad en Puerto Vallarta, todos la conocen, con frecuencia su restaurante que se ubica en la isla del río Cuale es visitado por políticos, empresarios, periodistas, artistas, deportistas y turistas distinguidos, pero pocos se imaginan que detrás de esa señora de sonrisa bonachona se esconde una mujer fría y calculadora, que no se la pensó dos veces para presuntamente desfalcar a un hombre que había depositado toda su confianza en ella y que al final sólo se aprovechó de las circunstancias para tomar dinero y productos ajenos en agravio de su víctima.

Esta es la historia de un presunto desfalco, un abuso y un despojo cometido por Evangelina Sánchez en contra de Antonio Galindo Ochoa, quien la demandó por la vía civil ordinaria en el Juzgado Primero de lo Civil, --según expediente 498/2013-- en donde por extraño que parezca, el pasado 24 de enero el secretario de acuerdos, Jorge Luis Moreno Escobar y la juez, Lourdes Angélica Delgado Álvarez dictaron una resolución en contra del demandante para proteger a Evangelina.

Sin embargo, el 10 de febrero la defensa de Galindo Ochoa apeló y el caso será ventilado en los próximos días en una de las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), donde los magistrados van a deliberar sobre esta resolución que tiene tintes de atentar contra el marco del derecho, sostiene el abogado defensor del afectado, ya que presentó en tiempo y forma pruebas suficientes de cómo Evangelina Sánchez lo habría desfalcado y despojado de su mercancía, hechos que además fueron constatados por testigos, entre otros quien fue administrador de la bodega, Guillermo N.

El Consejo de la Judicatura está obligado a investigar lo que sucede en el Juzgado Primero de lo Civil en Puerto Vallarta, ya que el abogado de Evangelina Sánchez es Vicente Carrillo, quien también fue juez civil en este puerto y que fue inhabilitado por 10 años para ejercer la función pública por un caso de corrupción de facturas de automóviles. Este señor es íntimo amigo del secretario de acuerdos, Jorge Luis Moreno y de la propia juez, Lourdes Angélica Delgado, de ahí que al parecer se hayan confabulado para perjudicar a Antonio Galindo Ochoa dándole palo en su demanda y además condenándolo al pago de gastos y costas del juicio civil ordinario.

CHICANADAS

Pero no sólo eso, en el proceso del caso que lleva ya cinco años, al empresario camaronero le “traspapelaron” el expediente cuando el juicio estaba radicado en el Juzgado Tercero de lo Civil, donde despachaba otro juez,  Jesús Carlos de Anda, con la clara intención de que no presentara un recurso de inconformidad en tiempo y forma.

Para Galindo Ochoa, Evangelina Sánchez es una “vaquetona” que se ha atrevido a decir que “no me debe nada, cuando ella misma me pagó 350 mil pesos para que me desistiera de dos denuncias penales” que interpuso contra la presidenta de la Canirac, dice en entrevista.

Toda esta historia comenzó en el 2010, tiempo en que Refugio Ramón Trujillo, un albañil le presentó a Antonio Galindo a Evangelina Sánchez para establecer una sociedad e instalar una bodega en la colonia La Vena para guardar camarón y comercializarlo. Al empresario le agradó la idea y de entrada invirtió 300 mil pesos para arrancar el negocio, por lo que hizo dos envíos de camarón por más de un millón de pesos desde Sinaloa.

Después trajo cabrería, callo de hacha y otros productos marinos y dejaban todo a cuidado de “Memo”, pero Evangelina estaba a cargo de la bodega y descuidó todo, incluso dos muchachos que trabajan ahí fueron descubiertos con faltantes de 180 mil y 130 mil pesos respectivamente –uno de ellos todavía anda huyendo-- y con el paso del tiempo, Evangelina nunca entregó cuentas claras, hasta que Antonio Galindo le reclamó que le pagara todo lo que había invertido, pero la señora sólo firmó un papel con su puño y letra donde reconoce un adeudo por 700 mil pesos.

JUZGADO PROTEGE A VICTIMARIOS

Con estas y otras pruebas, la demandaron, pero el Juzgado Primero torció todo y protegió a Evangelina, de ahí que la defensa de Antonio Galindo haya presentado el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada el 24 de enero pasado

De acuerdo con el documento, al que VALLARTA UNO tuvo acceso, el abogado de Galindo Ochoa reclama como primer agravio en contra de su cliente “la ilegal y arbitraria resolución por haberse dictado contraria a derecho y a las pruebas desahogadas, como el testimonio y confesión de la demandada, con lo que se violó el principio regulador de la prueba en perjuicio del demandante, pues quedó debidamente acreditado el reconocimiento de adeudo de parte de Evangelina Sánchez”.

Asimismo, indica que una de partes medulares “de la ilegal y arbitraria resolución, se desprende de que en el Juzgado cambiaron el sentido del texto inicial de la demanda que se ofreció como “documental privada” y que es un escrito con copia certificada del 05 de octubre del 2010, donde se señala que un local de la calle Mérida 278 de la colonia La vena se reunieron Evangelina Sánchez Dueñas, Antonio Galindo Ochoa Muza, Paul Estrada Hernández y Luis Carlos Rivas, con el objeto de aclarar los adeudos, entradas y salidas del congelador a cargo de Evangelina y queacordaron lo siguiente: que le adeudaban a Galindo Ochoa 979 mil pesos, firmando de conformidad todos los comparecientes”.

Sin embargo el texto original que ofertó la defensa reza textualmente: “Documental privada, consistente en la carta de reconocimiento de adeudo firmada de su puño y letra por Evangelina Sánchez Dueñas, probanza con la que acredito que aun cuando la hoy demandada firmó por la cantidad de 646 mil 280 pesos, omito reclamarle los 300 mil que me pagó extrajudicialmente”.

CAMBIAN TEXTOS

Esta prueba la relacionó la defensa con todos y cada uno de los hechos de la demanda, “puesel juez transcribió erróneamente, cambiando el sentido de la prueba ofrecida en términos de ley”.

“Lo anterior es así --explica el abogado defensor--, porque aun cuando el documento base de la acción que se exhibió en copia debidamente certificada, es un reconocimiento de adeudo de la demandada por 646 mil 280 pesos, omito cobrarle los 300 mil pesos que me pagó extrajudicialmentey que reconocí de buena fe desde la presentación de mi escrito inicial de demanda, por concepto de un préstamo que le hice a la misma”.

“Sin embargo, reconoció plenamente su adeudo ante la presencia de varios testigos y en audiencia de ley ante la presencia judicial, testigos que comparecieron a ratificar que Evangelina Sánchez reconoció plenamente su adeudo para con el suscrito, lisa y llanamente, sin objetar, ni aclarar absolutamente nada al respecto al momento de estampar de su puño y letra su firma autógrafa”.

“Luego entonces –añade--, a pesar de ser tan claro el documento base, el Juez omite darle el valor probatorio pleno, donde se acredita que Evangelina debe 346 mil 280 pesos y no 640 mil 280 que el juzgador establece en la resolución que se impugnó”.

“Es extraño que la juez haya cambiado el texto original de la prueba documental, lo que sin duda cambia el sentido de la misma en perjuicio de Galindo Ochoa, ya que si bien es cierto que los juzgadores no están obligados a reproducir textualmente los escritos de las partes, para evitar repeticiones innecesarias, también lo es que se encuentran impedidos legalmente cambiar o modificar el sentido de los textos al pretender reproducirlos en sus resoluciones, violando con ello el principio de equilibrio de las partes, lo cual a todas luces es ilegal”, subraya la defensa de Galindo.

MAS TRABAS

Asimismo, agrega, “la juez resolvió que el documento, que fue compulsado con su original, resultó insuficiente para demostrar el perjuicio, ya que lo valoró presuncionalmente”.

No obstante, para el abogado el documento al ser compulsadosurte todos sus efectos legales y por lo tanto tiene pleno valor probatorio, “pero el juzgador omitió el principio regulador de la prueba, aun cuando fue reconocido plenamente por la demandada haber firmado el reconocimiento de adeudo, en forma voluntaria, sin coacción alguna y ante la presencia de sus trabajadores y varios testigos también firmantes y deudores”.

En el proceso, fue interrogada Evangelina Sánchez y en la sesión de preguntas y respuestas cayó en varias contradicciones.

LAS CONTRADICCIONES

Primero dijo que en efecto, se reunió con Antonio Galindo el 05 de octubre del 2010 estando presentes Paul Estrada Hernández y Luis Carlos Rivas Modad, para aclarar los adeudos que tenían con el señor Galindo Ochoa.Que firmó un documento“porque era como un valor de inventario, una hojita a mano que hicieron ahí mismo”. Que la firma que se encuentra en el documento es la que usa habitualmente. Y que ha sido omisa en realizar dicho pago a pesar de múltiples requerimientos.

Luego, dijo que no eracierto que tenía bajo su responsabilidad el camarón propiedad de Antonio Galindo. Negó haber reconocido deber 646 mil 280 pesos, “que no era adeudo”, puntualizó.

De la lectura anterior, asevera Antonio Galindo a través de su abogado, Evangelina Sánchez se encuentra confesa de haber firmado el reconocimiento de adeudo por 646 mil 280 pesos, de los cuales le reclamaron únicamente 346 mil 280; y de haber sido omisa en realizar dicho pago.

Por ello, concluyen que Evangelina sí debe 346 mil pesos mismos que se ha negado pagar a pesar de los múltiples requerimientos

Por todo esto, piden que la sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que revise el caso revoque la sentencia definitiva y condene a la demandada al pago de las prestaciones reclamadas por 346 mil 280 pesos, más gastos y costas que ella originó al no pagar su adeudo a Antonio Galindo.

Sin rendición de cuentas claras a la Asamblea, retiros y depósitos millonarios cuyo origen y destino se desconocen y cheques emitidos por grandes cantidades de dinero que no coinciden con el talonario de la chequera de la cuenta bancaria del ejido, son parte de los malos manejos que se registraron en el núcleo ejidal durante la presidencia de Jorge Mendoza Bernal, quien ya está de regreso y dirige nuevamente las riendas del ejido Las Juntas, pese a protestas de un grupo que no lo quiere por el alto grado de corrupción que imperó durante su anterior gestión.

Por Jorge Olmos Contreras

Jorge Mendoza Bernal es un tipo que no tiene de qué preocuparse para allegarse dinero, pues en el ejido Las Juntas encontró una auténtica mina de oro que le da para gastar a raudales, pero en detrimento del patrimonio ejidal, tal y como lo demuestra una auditoría que se incluyó en el juicio agrario número 634/2010 del Tribunal Unitario Agrario del Décimo Tercer Distrito con sede en Guadalajara, y en donde se concluye que hay un desfalco descomunal durante la anterior presidencia del comisariado ejidal que le tocó presidir a Mendoza Bernal y que por increíble que parezca, ya está de regreso y dirige otra vez las riendas del ejido Las Juntas.

De acuerdo con la auditoría que realizó el despacho de contadores José Becerra Mejía que tiene 12 años de años de experiencia en el área de auditoría financiera y fiscal –y cuyo documento tuvo acceso VALLARTA UNO--, es factible que se tenga un detrimento al patrimonio del ejido en sus fondos y finanzas “el cual no es posible cuantificar”, por la razón de que no se proporcionaron los documentos en los cuales se muestren la correcta contabilidad de las operaciones del ejido Las Juntas.

Sin embargo, el contador José Becerra, en sus observaciones al manejo financiero del ejido, descubrió que Jorge Mendoza Bernal mintió en la asamblea del 18 de diciembre del 2010, ya que dijo haber entregado 337 mil 480 pesos, más el saldo total de los ingresos del Taxi por 83 mil 988 pesos, es decir, 421 mil 468 pesos al nuevo comisariado, pero en la primera asamblea de la nueva mesa directiva, sólo se contabilizaron 55 mil 950 pesos, resultando una diferencia de 365 mil 518 pesos.

Asimismo, la anterior mesa directiva a cargo de Jorge Mendoza, entregó al comisariado vigente en el 2011, dinero que está resguardado y que es propiedad de Miguel Ángel Vélez Cruz por 229 mil 436 pesos, pero que se desconoce su origen, no se sabe de dónde salieron y no se dio acceso a las actas de anteriores asambleas para verificarlo.

En este sentido, también Jorge Mendoza hizo entrega del fondo común del ejido por cuatro millones 837 mil 826 pesos, de dicha cantidad sólo se etiquetó un millón de pesos para escriturar la unidad deportiva ejidal, quedando tres millones 837 mil 826 pesos, misma que se concentró dizque para el reparto de utilidades a todos los ejidatarios, pero “no se hace mención en los cortes de tesorería si dicho recurso fue repartido entre los ejidatarios y no se proporcionó copia del documento que justifique dicho reparto”.

LA CUENTA BANCARIA

Por si esto fuera poco, el 23 de mayo del 2011 se aperturó la cuenta 00686134844 en Banorte y de entrada ese día se depositó un millón 489 mil 554.20 pesos; y al día siguiente 24 de mayo, se retiró la misma cantidad con cheque de caja, sin embargo, el informe de Tesorería correspondiente a la Asamblea del 29 de mayo, no se hace mención de dicho ejercicio ni de dónde vienen los recursos ni en qué se erogaron.

Para el 30 de agosto del 2011, se registró un depósito por 611 mil 715.84 pesos realizado vía SPEI por Aldi Roxana Vanegas Robles, pero se ignora a qué se debe dicho ingreso, pues Jorge Mendoza no quiso o no pudo proporcionar las actas de Asamblea.

Luego, en diciembre del 2011 se registró otro depósito representativo por 500 mil pesos vía SPEI de la empresa RGL Arrendadora de Inmuebles S. A. de C. V. con registro federal de contribuyentes RAI-081002-GLO por concepto de cuenta a pago de terceros, pero en la asamblea de enero del 2012 (ya que en diciembre 2011 no hubo asamblea) no se menciona dicho ingreso en el reporte que hace la Tesorería.

En el mismo mes de diciembre del 2011, se cobró el cheque número dos por un millón de pesos y revisando los talones de la chequera, dicho cheque es por 500 mil pesos y no tiene concepto del por qué se retiró el recurso.

NO COINCIDEN RETIROS CON LOS TALONARIOS

Ahora bien, a partir del estado de cuenta bancario de junio del 2012, se maneja una inversión por 500 mil pesos, pero tampoco se hace mención en la Asamblea dentro del reporte mensual de la Tesorería.

Las irregularidades son tantas con el manejo del dinero, que en el mes de agosto del 2012 se hace otro retiro por 500 mil pesos del cheque número uno, cobrado el día dos, pero en el talón aparece la cantidad de un millón de pesos, por lo que los talones de cheques traen inconsistencias; en este caso, tampoco se hace mención en qué se gastó dicho recurso.

Para el 14 de noviembre del 2012, se cobró el cheque número seis por 160 mil pesos, pero revisando el talón de la chequera, aparece en blanco,  y el que aparece con dicha cantidad es el número cinco, expedido en favor del señor Felipe Andrade, con el concepto “para pagar lote que vendió el ejido”, sin especificar más detalles.

EL COCHINERO

La falta de higiene en el manejo financiero del ejido Las Juntas es tal, que de la auditoría se desprende que incluso los Impuestos de los Depósitos en Efectivo (IDE) de los meses de septiembre a diciembre del 2011 por cuatro mil 520 pesos, no aparece el retiro por parte de Banorte, sin embargo, en la constancia que expide el Banco, no aparece como pendiente de pago, “lo cual indica que dicho impuesto fue cobrado en otra cuenta bancaria que se tiene ligada a la del ejido”.

Lo anterior, a pesar de que el comisariado “me entregó estado de cuenta de bancos de la única cuenta que manejan, y me comentó que no operan cuentas bancarias adicionales”, señala el contador en su análisis.

Caso similar sucede con el IDE de los meses de enero a abril del 2012, el que asciende a cuatro mil 571 pesos, ya que en las constancias del Banco no aparecen como pendientes de pago y en sus respectivos estados de cuenta bancarios no se tienen los retiros por IDE de cada mes, es decir, parece que también hay una grave evasión fiscal.

En sus conclusiones, el contador José Becerra sostiene que derivado de las actas de asamblea que le proporcionaron el comisario Ludgerio López Amaral, el secretario Victoriano García Román y la tesorera María de los Ángeles Mendoza Rosas, no se mostraron los comprobantes que justifiquen las erogaciones ya mencionadas (durante la presidencia de Jorge Mendoza Bernal), “por consiguiente, no me es posible aseverar que sean gastos reales”.

Respecto al manejo y transparencia de los ingresos y egresos del ejido, no están claros debido a que no se informa en su totalidad a la Asamblea sobre los manejos de sus fondos o finanzas en forma adecuada, puntualiza Becerra Mejía.

Y advierte: “De acuerdo a lo encontrado en la revisión sobre la poco y limitada información, es factible que se tenga un detrimento al patrimonio del ejido en sus fondos y finanzas, el cual no es posible cuantificar”.

En el Ejido las Juntas parece haber un cacicazgo de parte de Jorge Mendoza Bernal –quien hasta puso a su nombre la camioneta suburban del núcleo ejidal--, ya que no obstante los señalamientos del mal manejo de los recursos del ejido, fue elegido recientemente para presidir de nueva cuenta el Comisariado Ejidal, donde volverá a disponer a su gusto del dinero y las cuentas bancarias que se supone es de todos los ejidatarios.

Por otra parte, en cualquier momento podría originarse una investigación por parte de de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para verificar cómo es que el presidente del ejido, Jorge Mendoza Bernal durante su anterior gestión, estuvo haciendo transacciones financieras con un narcotraficante que purga su condena en el penal de Tepic, de nombre Bruno Arreola García (a) “El Gato”, quien además es miembro distinguido del ejido Las Juntas.

Existen grabaciones de las Asambleas –que se exhibirán en otro escrito-- en donde se menciona reiteradamente a Bruno Arreola, de ahí la sospecha del lavado de dinero en dicho núcleo ejidal.

Coludida con un club de prestamistas dirigido por Raúl Enrico Méndez que realizan cobros mediante amenazas veladas y presiones extrajudiciales, la abogada Norma Alicia Rodríguez está metida ahora en un serio problema legal, al violar el depósito de una finca que le confirió la autoridad judicial y de paso ordenar tumbar la casa de un humilde señor que se ubica en la calle Madero de la colonia El Coapinole

Por Jorge Olmos Contreras

Por tratar de quedarse con un predio y tratar de venderlo en 900 mil pesos, la conocida abogada Norma Alicia Rodríguez está metida en un serio problema legal, al no sólo ordenar a unos albañiles que contrató ex profeso derribar la casa de un humilde trabajador, sino que además violó el depósito que le había conferido un juzgado local y que es la propia vivienda que tumbó con picos y palas, sin importarle desalojar arbitrariamente –pues no había orden judicial—al señor José Manuel Belloso y destruirle sus pertenencias, las que dejaron abandonadas en una esquina del terreno.

La Averiguación Previa en contra de Norma Alicia Rodríguez por violación de depósito, despojo, daños en las cosas y lo que resulte, es la número 3053/2013 y está radicada en la Agencia Número Uno del Ministerio Público, ahí se da cuenta de cómo esta licenciada actúa en contra de indefensas personas a quienes asusta con llevarlos a la cárcel y embargarlos por simples prestamos que se autorizan desde la empresa “Airtouch” ubicada en la calle Viena de la colonia Versalles.

Al señor José Manuel Belloso le hicieron un préstamo de poco más de 100 mil pesos, le hicieron firmar varios pagarés y estuvo pagando varios de los documentos, pero al final se atrasó con el último pago y por este hecho lo demandan por la vía mercantil ordinaria en un Juzgado de Bucerías, mientras que en Puerto Vallarta le quisieron hacer efectiva la hipoteca, incluso antes de que el juez correspondiente resolviera si les adjudicaba a Raúl Enrico y sus socios la casa dejada en garantía, es decir, por cualquier lado querían perjudicar a este humilde persona.

La finca que el señor dejó en garantía por el préstamo en “Airtouch”, es la que se ubica en la calle Francisco Madero número 278 de la colonia El Coapinole, pero como a Raúl Enrico le urgía recuperar su dinero, habría dado instrucciones a Norma Alicia Rodríguez para que ésta llevara un grupo de trabajadores hasta ese lugar y tumbaran la casa, sacaran a sus moradores y arrojaran sus cosas a un baldío aledaño, donde actualmente permanecen amontonadas.

Norma Alicia Rodríguez hizo justicia por su propia mano, embarró en este asunto a Raúl Enrico y de paso se metió en un lío judicial muy fuerte, ya que fue denunciada penalmente por estos hechos, ya que sin tener la adjudicación del Juzgado Civil, ella misma se presentó a la humilde vivienda con hombres contratados para que la derribaran, como se muestra en las fotografías.

La lente de VALLARTA UNO fue al lugar de los hechos y, efectivamente, pudo constatar que de la casa sólo quedan escombros y que todos los muebles que había en su interior fueron apilados en otro terreno.

La casa tenía 100.39 metros cuadrados, tiene un valor catastral de 225 mil pesos según la cuenta 23552 de la Dirección de Catastro Municipal, pero Norma Alicia Rodríguez y Raúl Enrico pusieron un enorme letrero de “Airtouch” donde la pusieron en venta –también de forma ilegal, pues no son los dueños—en 900 mil pesos, aunque a los pocos días de estos hechos, retiraron el anuncio.

La abogada Norma no sólo trae arrastrando esta denuncia penal, sino que en el Ministerio Público hay otro expediente muy delicado que la implica en un presunto fraude contra un extranjero, por lo que ya sería una conducta punitiva la que realiza contra terceras personas.

En cumplimiento a una orden de aprehensión, elementos de la Fiscalía General del Estado detuvieron a un sujeto acusado de participar en el homicidio de un hombre ocurrido en diciembre de 2011, en la colonia El Vergel, municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El señalado es Germán González Rodríguez, de 28 años, con domicilio en la colonia El Vergel, quien está acusado de participar en los hechos en los que privaron de la vida Francisco Javier Frausto Hernández, de 30 años.

González Rodríguez fue detenido luego de las investigaciones a su cómplice Édgar Ricardo Espinoza Navarro, quien fue capturado y consignado en febrero del 2012 por el hecho.

El crimen se suscitó el 23 de diciembre de 2011, en la confluencia de las calles Río Sena y Río Hondo, en la colonia El Vergel.

De acuerdo a lo declarado por Édgar Ricardo sobre el móvil, éste dijo que Francisco Javier le “faltó al respeto” a su esposa, ya que supuestamente se quiso propasar con ella, motivo por el cual se puso de acuerdo con su cómplice para privarlo de la vida.

Manifestó que el día de los hechos ambos iban abordo de un vehículo Honda Civic, modelo 1992, propiedad de Édgar Ricardo, y al pasar por la calle Río Sena vieron a Francisco cuando salía de su casa a apagar las luces de una camioneta, cuando le dispararon en varias ocasiones y luego escaparon.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Toluquilla, que trasladaron al lesionado al área de shock del puesto de socorros, sin embargo murió al siguiente día, cuando recibía atención médica.

Agentes de la Fiscalía General llevaron a cabo las investigaciones y se logró saber que el otro presunto responsable del hecho era Germán González Rodríguez.
 
Por dicho crimen, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en su contra, la cual otorgó el Juez Décimo Quinto en Materia Penal, mediante la cual se le capturó.

La Fiscalía General del Estado entregó al detenido al Juez para que lo procesen por el delito de homicidio calificado.

Por Jorge Olmos Contreras

El golpe político que propinó el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval al presidente municipal de Bahía de Banderas, Rafael Cervantes Padilla y de paso a su cuñado José Gómez, recientemente, se sintió en todo Bahía de Banderas y caló hondo incluso entre aquellos reporteros lambiscones que todos los días se dedican a ensalzar las cualidades inexistentes del muchacho organizador de bailes masivos y cuyas aspiraciones políticas fueron rotas casi de tajo por el mandatario estatal nayarita, al asegurar y felicitar a los punteros en las encuestas por la presidencia municipal de ese municipio, es decir al diputado Omar Reynoso y al autodenominado “honesto”, y actual dirigente del PRI municipal, Héctor Santana.

El gobernador fue a Bahía de Banderas exclusivamente para tratar de poner orden –por supuesto que no lo consiguió-- y enviar un mensaje contundente, en el sentido de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se deslinda por completo del “panista” alcalde, Rafael Cervantes Padilla.

“Que el PAN se haga responsable de Rafael Cervantes Padilla”, dijo palabras más palabras menos, el caso es que la postura de Roberto Sandoval es más clara que el agua y el que no lo entienda es porque no quiere en tender: el primer priista de Nayarit se está desmarcando de todo lo que huela a Rafa Cervantes y, por supuesto, en el costal hediondo va José Gómez, el joven maduro que sigue creyendo que el fiscal Edgar Veytia lo va a convertir “a huevo” en candidato oficial del PRI.

Midió mal los tiempos José Gómez, se rodeó de una bola de ineptos que le agregaron al caldo dos reporterillos de Puerto Vallarta que le vendieron una idea estulta –pero de muchos pesos—tanto a José Gómez como al alcalde incómodo, cuya sombra está a punto de envolverlo como la negra noche en donde sólo hay fatalidad y ningún futuro.

EL EXPEDIENTE

En estos momentos todavía debe estarse lamentando de los errores que ha cometido en la configuración de su equipo y en sus “asesores de prensa”, pero seguro le duele aún más todo el dinero que ha invertido y los compromisos que ha contraído, incluso y siempre bajo la más rigurosa presunción –es un secreto a voces en Bahía de Banderas—con grupos del crimen organizado.

En la Ciudad de México alguien ya hizo llegar un amplio expediente de José Gómez y de los apoyos nada claros ni transparentes que le ha brindado por sí, o por interpósita persona, el fiscal Edgar Veytia, quien ha impulsado la candidatura del señor Gómez, contra la mismísima voluntad de Roberto Sandoval.

Se trata de un reporte serio y detallado que habrían entregado agentes del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) al secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de ahí directo a la dirigencia nacional del PRI que comanda el ex gobernador del Estado de México, César Camacho Quiroz.

Se dice que la información es tan delicada, que la imagen del fiscal Edgar Veytia no sólo es fuertemente afectada, sino que el CEN del PRI ya está tomando cartas en el asunto para abrirle camino a otro candidato a la alcaldía de Bahía de Banderas que nada tenga que ver con el gobernador, Roberto Sandoval, ni mucho menos con el alcalde –tricolor de día y blanquiazul de noche—Rafael Cervantes Padilla.

EL REGRESO DE JAIME CUEVAS

Para muchos, José Gómez está en la lona, pero para otros no, y por increíble que parezca, surge de entre las cenizas políticas un personaje igual de pillo que los demás y con fama de haber sido el presidente municipal más tonto que haya gobernado Bahía de Banderas, aunque el honor ya se lo quitó (de calle) Rafa Cervantes.

Nos referimos al doctor Jaime Cuevas Tello, aquél que le ganó una vez la partida a Héctor Paniagua Salazar y que habría comprado la candidatura por unos millones que le dio a una conocida magistrada para que ésta operara a favor de Cuevas hace ya varios años.

Pues bien, Jaime Cuevas está de regreso, viene por más, y como no hay orden ni disciplina al interior del priismo de Bahía –mucho menos con la revolución de declaraciones que provocó el discurso del gobernador--, en México el CEN está pensando seriamente abrirle el camino al doctorcito para que vuelva a dirigir los destinos del municipio más rico de Nayarit.

Si Paniagua lo logró y fue alcalde dos veces, Jaime Cuevas, con todo y sus limitaciones políticas y personales, podría ser el candidato del PRI a la presidencia municipal de Bahía de Banderas e igualar el record de Paniagua.

EL PACTO SANDOVAL-ECHEVARRIA

Sin embargo, la lectura que nos deja el mensaje del gobernador podría caer como un balde de agua fría a los priistas de todo Bahía de Banderas y anexas, ya que ante el empuje y la cerrazón del fiscal Edgar Veytia por hacer candidato a José Gómez a costa de lo que sea, y a que detrás de los proyectos políticos que más han crecido –como Bahía de Banderas y Tepic—está la mano del ex gobernador Ney González Sánchez, Roberto Sandoval habría pactado con el dueño del Grupo Alica, Antonio Echevarría Domínguez para entregarle varios municipios importantes de esa entidad y considerados altamente problemáticos para el PRI, como Bahía y la capital.

Si esto resulta como lo dicen algunos analistas serios de Bahía de Banderas, la mesa estaría puesta, en charola de plata, para que el próximo alcalde de ese municipio sea el empresario de los materiales para construcción, Adrián Guerra.

Pero volvamos a los motivos que tuvo Roberto Sandoval para ir a Bahía a remover el avispero y decir que Omar Reynoso, quien es su cuñado para no variar, y Héctor Santana, son los punteros en las encuestas que le hacen llegar de primera mano. Si esto es así, José Gómez siempre vivió engañado por sus amigos chayoteros y asesores que siempre le dijeron que era el más veloz de la pradera.

Esto pese a que el Comité Estatal del PRI siempre ha estado del lado de José Gómez –por la mano dura de Edgar Veytia—pero a últimas fechas el gobernador comenzó a ver que José Gómez perdía hasta su gente de confianza y que se le empezaron a alejar muchos de sus más cercanos colaboradores. El fenómeno quizá se deba al rumor que empezó a propagarse en el sentido de Pepe Gómez ya había con “la maña” de Bahía.

LA OTRA LECTURA

Por eso insistimos en que la dirigencia nacional priista sabe a la perfección cómo están las cosas en Bahía, incluso el presunto pacto de Roberto Sandoval con Antonio Echevarría para meter candidatos perdedores y entregar Tepic y Bahía a la oposición.

La lectura que traen en el CEN del PRI es que Roberto Sandoval, al pactar la entrega de Bahía de Banderas, le allanaría el camino a José Gómez, pero para que pierda, y de paso se quitaría de encima al fiscal Edgar Veytia, aunque al final no habría nada para nadie, sólo para los partidos opositores al PRI.

Por otro lado, Roberto Sandoval no acaba por asimilar el crecimiento político que han tenido los pre-candidatos ligados a Ney González Sánchez y al senador Manuel Cota. En una encuesta, sólo tres estaban arriba y estos eran Omar Reynoso, Héctor Santana y José Gómez, los tres completamente identificados con el ex gobernador Ney.

En este sentido, es claro que Roberto Sandoval prefiere mil veces negociar con Antonio Echevarría que regresarle espacios a la gente de Ney González, cuyo candidato a gobernador es precisamente el senador Manuel Cota.

En Tepic sucede lo mismo, el puntero es neycista de hueso colorado, o sea Alejandro Galván, y los hombres de Roberto Sandoval, Giani y Roy, nunca crecieron.

En este escenario es donde surge la figura de Jaime Cuevas Tello, quien es bien visto por el CEN del PRI, pero donde saben que la mano negra de Edgar Veytia empuja a José Gómez.

Allá en México saben que José Gómez va a perder la elección en caso de ser candidato, sobre todo porque su cuñado Rafael Cervantes es una pesada losa que no podrá quitarse de encima y que lo va a arrastrar a la perdición total.

EL ESCANDALO QUE VIENE

Por si esto fuera, en el CEN del PRI ya saben que por alguna oscura razón el gobernador Roberto Sandoval puso en la secretaría general del PRI en Bahía de Banderas a una mujer que va a dar mucho de qué hablar en los próximos días; se trata de Claudia Díaz de Sandi, una dama que no escapa a los escándalos de sábanas y a quien se liga íntimamente al mandatario estatal nayarita.

Los chismes en los corrillos políticos la ubican incluso en un hecho bochornoso cuando la primera dama de Nayarit le habría pedido al gobernador que la sacara de Tepic; y fue cuando la enviaron a San José del Valle como delegada de una secretaría, con un sueldo que, según trascendidos, le enviaba el mismísimo jefe del ejecutivo nayarita.

Nadie entiende cómo y por qué Roberto Sandoval deja a esta mujer en la secretaría general del Comité Municipal priista en Bahía, ¿acaso –se preguntan muchos—será para que cuando surja el verdadero escándalo en torno a la figura de Claudia Díaz de Sandi, el PRI y su candidato se despeñen de una vez por todas?

Y es que Claudia Díaz de Sandi podría tener secretos debidamente guardados que serían oro molido durante un proceso electoral.

Con decirles que el escándalo que viene podría ser similar, toda proporción guardada, al asunto que orilló al presidente del PRI del Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, a solicitar renuncia y ser sometido a un proceso penal.

Por Jorge Olmos Contreras

En definitiva, algo se pudrió al interior del panismo vallartense, algo que huele muy mal y que pone a ese partido político en la palestra de la burla y el escarnio público, ya que otra vez no pudieron ponerse de acuerdo y será finalmente una delegación –integrada por reaccionarios, beatos, neopanistas, traidores y uno que otro militante decente—la que dirigirá las riendas de un instituto cuya credibilidad está por los suelos ante los ciudadanos de Puerto Vallarta.

La nueva delegación estará formada por los dos grupos que no se toleran, que se odian y que no tienen ni tendrán la capacidad para sentarse a dialogar y trabajar por el partido que les ha dado de comer y que gracias a sus siglas algunos han sido funcionarios, alcaldes y regidores.

Por un lado, los seguidores de Juan José Cueva García –quien perdió mucho con el palo que la Comisión de Elecciones del CEN del PAN le dio a doña Olivia Pérez—van a reclamar más espacios, pues aseguran tener a la mayoría de los militantes de su lado; pero por el otro, Ricardo Ponce Ibarría y sus titiriteros –léase Pina Ibarría y Néstor Tello— intentarán quedarse con el control de la delegación panista para preparar el escenario y poder sacar adelante al candidato que, desde la presidencia municipal, les ordenen para abanderar al PAN en los comicios constitucionales del próximo año.

DAÑO IRREPARABLE

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN no reparó en el daño que le hizo al panismo vallartense al anular el proceso interno de diciembre pasado. En México, no tienen la menor idea de que los panistas de Vallarta –con sus muy contadas excepciones—son tan retrógradas y dogmáticos que si un grupo es de color negro votan por el blanco, y si el otro es blanco, votan por el negro. Y alguien preguntará: ¿Y Por qué lo hacen? Y bien le podrían responder: “pues como dice el Gallego, nomás por chingar”.

Y por creerse el cuento de que en el PAN sí son democráticos, pues anularon el proceso, lo cual abre el abanico a múltiples especulaciones y a que los propios militantes se quiten la careta de beatos y exijan a su propio partido castigo y en su caso, expulsión a los responsables del fraude electoral interno que le dio el triunfo ilegal a Olivia Pérez.

El problema de los panistas vallartenses es precisamente ese, que no son honestos con ellos mismos y mucho menos con los ciudadanos. Hablan y hablan tonterías en los espacios noticiosos de la radio, organizan ruedas de prensa donde exhiben más ineptitud y estulticia política, quieren aparentar lo que no son; se dicen diplomáticos, dispuestos al diálogo, a dizque trabajar por el partido, y por debajo de la mesa se pegan con todo.

Son venales, hipócritas y descarados cuando en lo oscurito hablan de partirse la madre (perdón por el exceso de mi francés) y llegar hasta las últimas consecuencias, mientras en público sonríen, se dan la mano y hablan de unidad, cuando la realidad es que están más divididos que el PRI y el Movimiento Ciudadano juntos.

QUE DESCUBRAN AL VILLANO

Lo peor de todo es que no se observa a simple vista por dónde uno panista –uno sólo, no pedimos 10 ni 100, ni 500 porque sería una petición más que imposible—se faje los pantalones y diga la verdad de lo que sucedió el día de la elección interna.

Ya no queremos escuchar la misma historia tonta de que hubo tres votos irreales, que tres delegados se fueron de la convención y que votaron sin haber votado. No, ya no queremos eso, porque esto y nada es lo mismo, es un insulto a la inteligencia de los mismos panistas… aunque algunos carezcan de lo más elemental en materia de aprendizaje y sus aplicaciones políticas.

Queremos saber quién fue el villano, el personaje o los personajes que prepararon el fraude electoral azul, porque todos podemos suponer que en las oficinas del diputado Juan José Cuevas, mejor conocido como El Peri Cueva, se preparó la estrategia para derrotar a como dé lugar –a huevo, dijera su hermano David Cuevas García—al muchacho de Pina Ibarría, es decir, a Ricardo Ponce.

La gente del Peri Cuevas –entre otros Miguel González Guerra—maneja un argumento que con el paso de los días no es otra cosa más que una explicación no pedida (recuerden el refrán que dice “a explicación no pedida, acusación manifiesta”), en el sentido de que fueron ellos, los del otro bando, los que apoyaron a Ricardo Ponce, quienes organizaron la elección interna por ser mayoría en el entonces Comité Municipal, y por lo tanto, los responsables de que hubieran existido tres votos inexistentes.

ARGUMENTO INSIDIOSO

El argumento es realmente insidioso y oprobioso, así lo ha sido antes y ahora, toda vez que si los simpatizantes de Ricardo Ponce Ibarría fueron los que cometieron el fraude, no serían tan tontos como para darle deliberadamente tres votos fantasmas a Olivia Pérez para que la señora ganara. En su caso, mejor se quedan con los tres sufragios y se alzan con la victoria.

Y es que aquí no podemos creer la versión de algunos panistas que dicen que todo fue un descuido, una inocentada, que no hubo mala fe ni dolo al contabilizarse tres votos de más. O que le enviada del Comité Estatal, Lizbeth Adriana Rojas no estuvo a la altura. No, eso que se los crea su abuelita, pues aquí hay responsables y se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, no basta con anular el proceso interno.

El daño que se le hace a ese partido, insistimos, es mayúsculo, es una descalabrada que requiere terapia intensiva y una larga convalecencia que seguramente se prolongará más allá del 2015. Con esto queremos decir, que el PAN Vallarta no se va a levantar de este golpe y que no tiene a la vista una oportunidad de lanzar un candidato fuerte que sea competitivo en los próximos comicios.

AVE DE PANTANO AZUL

Si creen que Juan José Cuevas es de esas aves que cruzan el pantano y no se manchan, están muy equivocados, El Peri Cuevas fue el gran perdedor de la anulación, es el más afectado, y será el más golpeado por este error en los meses por venir.

Pero todavía más, si el CEN del PAN en realidad quiere poner orden y dar una lección a todos los panistas de Vallarta y por supuesto a los de otros estados y municipios, debería comenzar por descubrir al o a los autores intelectuales del fraude azul.

Porque de que hubo mano negra la hubo, no se pueden agregar tres votos fantasma así nomás porque sí. Alguien hizo la jugarreta, un pasado de listo vio y preparó el escenario ante una posible derrota. Echaron mano del último recurso que tenían para ganar, así fuera ensuciando el proceso y quitándole un triunfo legítimo a alguien, para darle una victoria ilegal y deshonrosa a otra persona.

¿Quién fue ese personaje que metió los tres votos de más?

¿Quién fue el osado que, quizá impulsado y alentado por el mismísimo Peri Cuevas metió la mano negra al proceso para enturbiarlo, sin saber que cuatro meses después no sólo perdería el contrincante, en este caso Ricardo Ponce Ibarría, sino todos los panistas de Puerto Vallarta?.

FUERA MÁSCARAS

Si a esto le sumamos que ya quitadas las caretas y ante la desesperación y prisa de tener una chamba y un sueldo nada despreciable en el Ayuntamiento, hubo dos panistas que sin la menor pena ni el asomo de vergüenza, se fueron raudos y veloces al gobierno del Movimiento Ciudadano para exigirle al alcalde que los metiera en la nómina municipal, pues es una doble razón para reafirmar que en el PAN algo se pudrió y continúa su rápida descomposición, como sucede con los cadáveres en el insoportable calor del verano.

Ni Pina Ibarría, ni mucho menos el acomodaticio y transa Néstor Tello tuvieron la paciencia para esperar a que el CEN decidiera qué hacer con el caso Vallarta. Ellos sacrificaron la imagen de Ricardo Ponce Ibarría (No es posible que una madre exponga así a su hijo) en aras de conseguir una chamba fugaz, no les importó que con sus acciones le quitaran a Ricky Ponce lo más valioso que debe tener un político, su credibilidad, máxime a un joven que apenas salía del cascarón.

¿Quién pierde y quién gana con la anulación del proceso interno del PAN?

Nosotros creemos que todos los panistas, pero sobre todo, los tenebrosos del Peri Cuevas y en igualdad de circunstancias –es decir están en la misma olla pestilente y desvergonzada—Ricardo Ponce Ibarría por el actuar de su madre y de su aliado por conveniencia, Néstor Tello.

Mientras esperamos a que el CEN, el Comité Estatal o algún panista de Vallarta tengan los suficientes productos de gallina para develar la cortina y diga quién o quiénes fueron los culpables del embrollo en que está metido el PAN de Puerto Vallarta, les dejamos la siguiente reflexión:

¿Por higiene política y por el bien del propio PAN, no deberían hacerse a un lado ya todos los actores que formaron parte de este melodrama azul que tiene postrado al panismo vallartense, pero sobre todo los Peri Cuevas, las Olivias Pérez, los Ricardo Ponce Ibarría, las Pinas, los Néstor, los Hugo Lynes, etc., para darle paso a los jóvenes que sí tienen ganas de trabajar y de trascender en la vida del otrora partido gobernante?

INFORMACION CLASIFICADA

COMO NENAS DE KINDER SE COMPORTAN AQUELLOS PANISTAS como un tal Petronilo que exhibe en Facebook su pobreza política al reclamarle en público al diputado Juan José Cuevas García haberlo borrado de sus contactos y por lo tanto “sacarle al debate público”.

De ese nivel están algunos panistas, de chisme de lavadero a politiquerías de pueblo.

Y LUEGO POR QUÉ LES PEGAN… Ayer fue visto en los juzgados penales aledaños al penal de Ixtapa el regidor perredista y ex priista, Miguel Ángel Yerena Ruiz, en pleno trabajo de abogado litigante.

No le importa a Tito (además dice que “se la pelan”, en el más vulgar lenguaje que suele utilizar, y pedimos una disculpa por repetirlo, pero es que así dice) andar litigando en horas de trabajo y dejar abandonado su cubil de edil en la presidencia municipal.

Y como todos están relajados, casi nadie va a trabajar… ah, pero qué bien cobran su quincena, pues también Tito le entra a la inmundicia.

El buen juez por su casa empieza, pero Tito Yerena ni buen juez, ni buen político ni mucho menos buen abogado, pues hay un expediente de despojo y robo de un terreno con cambio de cuenta catastral y toda la cosa que pronto saldrá a la luz pública.

Esperen programa.

Por Jorge Olmos Contreras

Medidos los tiempos y bien calibradas las tendencias electorales con rumbo al 2015, donde el escenario político pinta un panorama difícil para todos los partidos políticos por el hartazgo de la gente y la falta de confianza en los gobernantes y políticos en general, en Puerto Vallarta comienza a tomar forma el proyecto del vallartense de Vallarta, Andrés González Palomera, a quien sólo una traición le impedirá ser el candidato a la alcaldía por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Nadie sabe cuándo ni cómo llegó a Vallarta Antonio Copela –cuyo verdadero nombre es John Aurelio Cuda--, ni por qué pasó desapercibido entre la sociedad, el sector inmobiliario y de tiempos compartidos un criminal de su calaña, quien sólo vino a este destino turístico a seguir delinquiendo y a defraudar a decenas de personas con ventas de condominios fantasmas cuyo proyecto era puro aire y que terminó a medias, como el desarrollo Belaire ubicado en Marina Vallarta. Lo peor es que desde el Ayuntamiento le entregaron licencias y permisos para operar y así maquinar sus fraudes.