Por Jorge Olmos Contreras

Como era de esperarse, pudieron más los intereses personales y de grupo, que los de la propia Universidad. No bastaron los señalamientos del “trienio sabático” de Marco Antonio Cortés Guardado, ni el manejo desaseado de su secretaria administrativa, Gloria Angélica Hernández Obledo, en la asignación de contratos directos y otros concursados, pero severamente cuestionados, que implicaron el gasto de cientos de millones de pesos; tampoco fue tomada en cuenta la denuncia pública que hicimos sobre la estirpe del señor Guardado y la negra historia de su hermano Arturo (implicado en el asesinato de un infante); ni habrían sido suficientes otros argumentos, ni ningún otro señalamiento igual de grave contra Marco Antonio, pues la decisión de cobijarlo vino de muy arriba, de allá donde Raúl Padilla López tiene su feudo y controla todo lo que tenga que ver con esta querida, pero sufrida institución, alma mater de todos los que hemos pasado alguna vez por sus aulas.

Por Jorge Olmos Contreras

En sólo siete meses, el ex panista y ahora militante del Movimiento Ciudadano (MC), Arturo Dávalos Peña puso orden en el gobierno municipal, se desmarcó de manera funcional de su antecesor, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, y está demostrando un estilo de gobernar respetuoso, sin escándalos y con una inversión sin precedentes en obras públicas, compra de maquinaria y equipo para las diferentes dependencias de la administración municipal.

Por Jorge Olmos Contreras

Como era de esperarse, pudieron más los intereses personales y de grupo, que los de la propia Universidad. No bastaron los señalamientos del “trienio sabático” de Marco Antonio Cortés Guardado, ni el manejo desaseado de su secretaria administrativa, Gloria Angélica Hernández Obledo, en la asignación de contratos directos y otros concursados, pero severamente cuestionados, que implicaron el gasto de cientos de millones de pesos; tampoco fue tomada en cuenta la denuncia pública que hicimos sobre la estirpe del señor Guardado y la negra historia de su hermano Arturo (implicado en el asesinato de un infante); ni habrían sido suficientes otros argumentos, ni ningún otro señalamiento igual de grave contra Marco Antonio, pues la decisión de cobijarlo vino de muy arriba, de allá donde Raúl Padilla López tiene su feudo y controla todo lo que tenga que ver con esta querida, pero sufrida institución, alma mater de todos los que hemos pasado alguna vez por sus aulas.

Por Jorge Olmos Contreras

Definitivamente algo anda mal en la Fiscalía General de Jalisco, a cargo del licenciado Eduardo Almaguer Ramírez, ya que en un claro afán de querer poner todo tipo de obstáculos al cantante grupero Gerardo Ortiz, no le importó invadir esferas municipales al enviar un exhorto al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para pedirle que, conforme a sus atribuciones (las del gobierno municipal), cancele la participación del polémico artista en el concierto del próximo sábado 07 de mayo.

De entrada, la Fiscalía de Jalisco no tiene facultades para emitir un exhorto de esta naturaleza, porque se trata de una clara intromisión en asuntos propios del Ayuntamiento de Puerto Vallarta.

Y no sólo representa una intromisión en la vida del municipio, sino que también es un intento de violación de la autonomía municipal, ya que el exhorto del fiscal Almaguer provocó que el gobierno local tomara la decisión de, efectivamente, cancelar la presentación de Gerardo Ortiz en el baile de la explanada “Villaseñor”.

El Ayuntamiento no puede coartar el derecho de trabajar a ninguna persona, ni tampoco se puede someter a un exhorto que no tiene nada de jurídico --puesto que no es un juez el que lo está ejecutando—y que proviene del poder ejecutivo, un poder que está entrometiéndose en asuntos que son facultad exclusiva de los municipios.

Al impedirle trabajar lícitamente al cantante Gerardo Ortiz, le están violando una de las garantías constitucionales consagradas en nuestra Carta Magna, pero eso tampoco le ha importado a la Fiscalía de Jalisco, que, de paso, se está llevando entre las patas al gobierno municipal, que sería el más afectado, si los abogados de los empresarios promotores del concierto deciden demandar por no cumplir con los permisos y licencias que ya se habían extendido para el baile.

Más aún, si algunas –que podrían ser decenas, cientos o miles—de las personas que ya compraron el boleto de entrada para ver cantar a Gerardo Ortiz, deciden denunciar por fraude a los organizadores del evento, pues les van a dar gato por liebre al suspender la presentación del cantante, las cosas se pueden poner feas y complicadas.

La Fiscalía es la que menos pierde con su escrito de petición, ya que le está pasando la papa caliente al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, cuyos altos funcionarios podrían haberse asesorado bien, antes de emitir una declaración y “acatar” el “exhorto” para cancelar el concierto del señor Ortiz.

Después de todo, si surgen problemas el día del baile y se suscitan desmanes de parte de algunas personas –que no estén debidamente informadas—que esperen la salida del cantante, será responsabilidad del exhorto del fiscal, al obligar al Ayuntamiento a cancelar el concierto; con la diferencia, que la bomba del desorden nos podría explotar aquí, en Puerto Vallarta, y no allá, en las cómodas oficinas de Almaguer Ramírez.

Ahora bien, en su oficio FGE/854/2016, Eduardo Almaguer afirma que el exhorto obedece “a que la Fiscalía lleva a cabo dos investigaciones relacionadas con la participación de patrullas y policías del municipio de Zapopan, en el video “Fuiste Mía”, del referido cantante, así como por la creación y exhibición de imágenes que muestran violencia hacia las mujeres y que hacen alusión al feminicidio y homicidio y que pudieran (sic) constituir una apología del delito”.

Asimismo, señala que “siendo de conocimiento público que varios de los temas que interpreta Gerardo Ortiz en sus presentaciones, hacen una exaltación pública de personas ligadas con miembros de la delincuencia organizada”.

Y remata: “Teniendo el temor fundado que pueda realizarse alguna conducta que pudiera atentar contra la seguridad de la sociedad que protegemos y por ello resulta importante reiterarle la solicitud planteada en líneas anteriores”.

El Fiscal no aporta pruebas fehacientes de que ya se haya condenado al cantante grupero por hacer una apología del delito con su video, o por hacer exaltación pública de personas ligadas a la delincuencia organizada, es decir, la Fiscalía no ha hecho su trabajo, y al no poder llevar todavía ante un juez a Gerardo Ortiz, sólo se limita a decir que tiene dos investigaciones y los famosos “pudiera”.

Luego entonces, al no tener una sentencia en su contra, el señor Ortiz es muy libre de presentarse a cualquier concierto en donde lo contraten.

Los argumentos del fiscal, al decir que tiene temor fundado de que pudiera presentarse alguna conducta que pudiera (otra vez el pudiera) atentar contra la seguridad de la sociedad, y que por ello le pide al Ayuntamiento cancelar la presencia de Gerardo Ortiz en el baile del sábado, son muy livianos y jurídicamente pobres.

Quizá se le olvida al fiscal la presunción de inocencia de toda persona indiciada o imputada como se le dice ahora. Al cantante ya lo están juzgando y condenando a la vez, y de paso, están afectando a cientos de personas que ya habían comprado su boleto para el baile del sábado, y también originándole un problema al Ayuntamiento.

Almaguer sustenta su oficio en el artículo 1, 13 y 15, fracciones VI, II y III respectivamente, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que a la letra dicen:

“Desarrollar las políticas de prevención social del delito, de seguridad pública, de procuración de justicia, de reinserción social y de protección civil a cargo del poder ejecutivo”.

“Dictar las medidas adecuadas para combatir y erradicar la violencia contra la mujer y los menores, desarrollando para tal efecto mecanismos institucionales”.

“Implementar acciones tendientes a prevenir el comportamiento criminal”.

Sin embargo, en ningún apartado del oficio Almaguer sustenta el porqué de un exhorto de este tipo a un municipio, en dónde está la facultad de la fiscalía para hacerlo; ni mucho menos en qué punto está la obligatoriedad del Ayuntamiento para cancelar un concierto ante una solicitud del fiscal.

Y es que, bajo esta lógica, el fiscal no sólo debería exhortar al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, sino también a otros municipios para que no permitan conciertos, música norteña, narco corridos, palenques, centros de consumo donde se transmiten videos musicales que hacen apología del delito y exaltan a personajes de la delincuencia organizada.

Es más, ya siendo muy moralistas, deberíamos incluso pedirle que exhorte a la empresa Televisa para que no transmita programas hasta como el de “La Rosa de Guadalupe”, ya que en algunos capítulos se hace apología de delitos, hay violencia, tema de narcotráfico, consumo de drogas etc., en horario vespertino.

O pedirle que exhorte a todas las televisoras que transmiten las películas de los hermanos Almada, a que ya no lo hagan; o a Netflix que retire las series de Pablo Escobar, etc.

Pero bueno, ante las medidas ya tomadas, no entendemos cómo el van a hacer los empresarios organizadores del concierto para devolver el dinero a aquellos que no van a estar contentos con el puro baile y que querían ver cantar a Gerardo Ortiz.

¿O no me diga usted que la Fiscalía va a devolver las entradas? Máxime cuando de última hora se informa que ya se canceló hasta el baile.

• El hermano del actual rector del CUC fue cómplice del asesinato de un niño en un caso que indignó a la sociedad tapatía en los años setenta.

En el lugar se detuvo a dos sujetos en posesión de droga, además de asegurar varios envoltorios de cristal y marihuana

Por Jorge Olmos Contreras

Contra los que muchos puedan pensar, Rodolfo González Macías no fue un buen presidente municipal de Puerto Vallarta, ni si quiera se le acercó al calificativo de “pasable”. Por el contrario, fue otro político golondrino –uno más, de esos que llegan cada cierta temporada-- que arribó a la ciudad en busca de poder y riqueza, impulsado por el entonces gobernador priista, Guillermo Cosío Vidaurri, quien no tuvo empacho en hacerlo Director del Seapal, primero, e imponerlo como candidato del PRI años más tarde, pese a que fue rechazado por el Consejo Político de ese partido en 1991.

Por Jorge Olmos Contreras

En el sector empresarial de Puerto Vallarta ya se le conoce como “El Porfirio Díaz” del Fideicomiso de Turismo, debido a que tiene ya 22 años ostentando el cargo de secretario del Comité Técnico, sin que nadie se haya atrevido a pedirle su renuncia, entre otras cosas, porque es el que mete las manos en todas las decisiones que tienen que ver con el destino que se le da a los recursos que se generan por el Impuesto de Hospedaje y que este año se estima alcanzaran la friolera cantidad de 90 millones de pesos.

Por Jorge Olmos Contreras

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Servicios y Turismo de Puerto Vallarta, Teresita Marmolejo, está incurriendo en tráfico de influencias, al utilizar información privilegiada del Fideicomiso de Turismo para canalizar negocios en donde ella tiene especial interés, forma parte o es socia por sí o por interpósita persona, tal y como sucedió con la contratación de 100 extras para la grabación de algunos episodios de la película ¡Como va!

Por Jorge Olmos Contreras

Contra los que muchos puedan pensar, Rodolfo González Macías no fue un buen presidente municipal de Puerto Vallarta, ni si quiera se le acercó al calificativo de “pasable”. Por el contrario, fue otro político golondrino –uno más, de esos que llegan cada cierta temporada-- que arribó a la ciudad en busca de poder y riqueza, impulsado por el entonces gobernador priista, Guillermo Cosío Vidaurri, quien no tuvo empacho en hacerlo Director del Seapal, primero, e imponerlo como candidato del PRI años más tarde, pese a que fue rechazado por el Consejo Político de ese partido en 1991.