De acuerdo con la información publicada en el informe, Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas a nivel nacional. En los últimos trece meses suman dos mil 100 personas en esta entidad, de un total de nueve mil 286 personas que desaparecieron entre los años sesenta y el 31 de diciembre de 2019. Esto supone que uno de cada 5 desaparecidos en la entidad no regresaron a sus hogares durante las actuales administraciones, tanto estatal como federal.
Durante el segundo semestre de 2019, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) realizó diversas solicitudes de información a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) para conocer a detalle la metodología usada en el registro de datos relacionados con la comisión de delitos, el registro de víctimas de desaparición y el registro de averiguaciones previas y carpetas de investigación. La respuesta proporcionada por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas fue que existe un “sistema web de información (…) y no se cuenta con información relativa a manuales, reglamentos, protocolos y/o metodología para la elaboración de estadísticas y resguardo de información, así como la de más información pretendida, ello al no tener obligación legal de generar la misma”.
Esta situación demuestra que en la FEJ no existen procesos de supervisión en la sistematización de datos y actualización de registros de graves violaciones a los derechos humanos en la entidad, lo que abona a la desconfianza respecto a la fiabilidad de las cifras publicadas tanto en el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) como en el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Los registros también presentan conceptos erróneos en la clasificación de los datos, en relación con las definiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGDFDP), aunado a esto, las clasificaciones también son equivocadas según lo establecido en el artículo 89 de la LGDFDP referente a los criterios para clasificar a las “Personas No Localizadas” como “Personas Desaparecidas”. En la fracción IV de dicho artículo se señala que uno de los supuestos para la presunción del delito es “cuando, aún sin haber elementos de la probable comisión de un delito, han transcurrido setenta y dos horas sin tener noticia de la suerte, ubicación o paradero de la persona”.
Por lo antes expuesto, exigimos que:
Primero.- Que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el Gobierno de Jalisco transparenten y establezcan protocolos y metodologías rigurosas y homologadas para la clasificación y elaboración de los registros propios; además de brindar explicaciones claras sobre los procesos realizados para la entrega de información, toda vez que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de acuerdo a la LGDFDP, señala que son las fiscalías de cada estado las que proporcionan los datos a la Comisión Nacional de Búsqueda.
Segundo.- Que las autoridades estatales y municipales reconozcan su responsabilidad ante la problemática de desaparición cuyo saldo hasta la fecha es la falta de prevención, el aumento en el número de personas desaparecidas, el incremento en el hallazgo de fosas clandestinas, la existencia de “casas de seguridad”, el allanamiento de domicilios para la sustracción de personas y el alto grado de impunidad en las investigaciones ante la FEPD.
Tercero.- Que se realicen las acciones para posibilitar el apoyo de instancias internacionales ante la falta de investigación en cada uno de los casos de las personas desaparecidas en Jalisco, esto con el fin de contribuir en la mejora de los procesos de investigación y búsqueda, así como la determinación de los responsables en cada uno de los casos en el marco de los principios de justicia y verdad.
Atentamente:
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.
