En referencia a los procesos de búsqueda de las siete mujeres adolescentes que desaparecieron durante este mes en Tlajomulco y Zapopan, y en otros casos de desaparición de mujeres en Jalisco, se han observado omisiones en la implementación del Protocolo Alba Jalisco, mismo que a la fecha no está ajustado y armonizado conforme a lo establecido en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Nos preocupa que una vez más el gobernador de Jalisco ha tratado de desestimar la dimensión de la problemática subestimando las implicaciones de la comisión del delito de desaparición, mencionando que en los casos previamente señalados se trata de “ausencias voluntarias”, sin tener presente el marco normativo vigente en la materia y sin dar cuenta de la situación de las 275 mujeres desaparecidas registradas en lo que va de su administración, según el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, presentado el pasado 6 de enero por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), y las 1,077 mujeres “Pendientes de Localizar” que registra el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), mismas que cabe señalar que en varios casos sus Cédulas Únicas de Difusión no han sido difundidas ni se les ha dado respuesta a sus familiares.
Además, resulta preocupante que la sociedad jalisciense desconozca los informes de análisis de contexto sobre la desaparición de mujeres en la entidad porque no han sido difundidos, y tampoco hay datos acerca de los programas y medidas de prevención en materia de desaparición, por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Coordinación de Seguridad Pública en la entidad, lo cual pone en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a las mujeres, adolescentes y niñas.
Asimismo, la narrativa de minimizar los reportes y las desapariciones de mujeres tiene serias implicaciones sobre el paradero y destino de las mismas, ya que algunas de las
desapariciones de mujeres están relacionadas con la grave problemática de la trata de personas o podrían culminar en feminicidio, una de las máximas expresiones de violencia de género.
Es preocupante también que las publicaciones en redes sociales por parte del gobernador contienen agresiones que demeritan al ejercicio periodístico que se lleva a cabo en Jalisco, particularmente sobre el tema de desaparición de personas, al expresar que las piezas informativas y de opinión contienen “mentiras” y es un “intento de desinformación social”. Desde la organización condenamos este tipo de agresiones y nos solidarizamos con el periodista Rubén Martín, ya que su trabajo ha sido referente en la cobertura de diversas temáticas relacionadas con la problemática de derechos humanos, en especial, la situación de desaparición de personas en la entidad.
Asimismo, nos sumamos a las demandas de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), Capítulo Jalisco, respecto al patrón de descalificaciones por parte del gobernador de Jalisco a medios de comunicación y a periodistas que difunden información crítica a la publicada oficialmente o no coincida con la suya.
