Se trata del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha AC y el Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, los que firmaron el pronunciamiento que por ser de interés público se reproduce tal cual:
“De acuerdo con información proporcionada por sus familiares y difundida en medios de comunicación, Giovanni López Ramírez fue detenido de manera arbitraria y violenta el 4 de mayo de 2020 por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; la causa de la detención fue no usar cubrebocas en la vía pública. Al día siguiente, 5 de mayo, su familia tiene conocimiento de que estando bajo custodia de dichas autoridades había sido privado de la vida.
Al recibir el cuerpo, los familiares observaron que tenía signos de tortura, entre ellos, una herida por proyectil de arma de fuego en la pierna. Además, se hizo del conocimiento público que el presidente municipal de dicho municipio, a través de un tercero, ofreció a la tía de Giovanni 200 mil pesos para que no difundieran el video y también amenazó a la familia con matarlos si lo hacían.
Ante la falta de respuesta de las autoridades estatales, un mes después la familia decidió difundir en redes sociales y en medios de comunicación el video de la detención donde se observa, como mínimo, el uso desproporcionado de la fuerza.
Una vez realizada la denuncia pública la Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un comunicado donde informó que desde el 5 de mayo había iniciado una carpeta de investigación por los hechos, sin indicar si, se realizaría una investigación por probable tortura y siguiendo los estándares internacionales del Protocolo de Minnesota. Además, esta instancia desmintió la declaración de los familiares al señalar que, en los informes elaborados por la Policía Municipal, no se especificaba como causa de la detención el no uso de cubrebocas.
Así mismo, en la conferencia de prensa dada el 3 de junio por el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, y el Coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, se señala que la Fiscalía, “en primer término”, realizó una investigación documental solicitando “una serie de informes a la autoridad municipal”; se da por sentado que la forma en que ocurrieron los hechos –al menos respecto al motivo de la detención– es la versión de los agentes policiales aprehensores; se señala que los servidores públicos pudieron incurrir en “abuso” “del uso de la fuerza” y “de autoridad”; se indica que serán los peritos quienes determinarán si la muerte de Giovanni fue producto de dicho “uso de la fuerza”; justifican mediante la “secrecía necesaria para el buen desarrollo de la investigación” el no proporcionar información; se indica que los policías involucrados se encuentran “en activo” y se justifica ello con base en la relación contractual que mantiene el gobierno municipal con estos; se indica que “no hubo flagrancia” y con ello se justifican las dilaciones de la investigación; se admite que si bien un mes es un plazo “largo, demasiado largo, quizás” y “un tiempo excesivo” para la integración de la investigación, este plazo se debe a que “hay ocasiones en las que los peritos, los testigos, los médicos, requieren de tiempo para rendir sus informes, en ese sentido no nos gusta apresurarlos, para evitar que se comentan errores”.
La difusión de información sobre el caso y la falta de respuestas satisfactorias de las autoridades responsables de la investigación derivó en la convocatoria a una manifestación el 4 de junio de 2020 en la capital del estado con el objetivo de exigir justicia para Giovanni. Durante la misma, se desplegaron elementos de los cuerpos de seguridad estatales y municipales quienes, haciendo uso golpes, patadas, uso de gases lacrimógenos, amenazas y otras formas de agresión, dispersaron a las personas que se manifestaban y las persiguieron por las calles aledañas.
Hasta el momento de la publicación de este Pronunciamiento, se tiene la información oficial de 27 personas detenidas, 2 mujeres y 25 hombres; seis de estas personas son menores de edad.
Ante estos hechos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos se desplazaron a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco para documentar los hechos y contribuir a que se garantice el derecho al debido proceso y, en el casos de sus familiares, el derecho a la información, sin embargo, al realizar sus actividades de observación y documentación, estas defensoras y defensores fueron objeto de amenazas por parte de las autoridades locales.
CONSIDERACIONES
El 4 de junio de 2020, la Oficina en México del Alto Comisionado para Naciones Unidas recordó a las autoridades del estado de Jalisco que, de acuerdo con el “Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias” –conocido como “Protocolo de Minnesota”–, las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado se presumen como potencialmente ilícitas y existe una presunción general de la responsabilidad del Estado, salvo que se demuestre lo contrario.
Es importante señalar que este, y otro instrumento internacional que establece las directrices para la investigación eficaz de muertes bajo custodia en las que existe un alto grado de sospecha de haber ocurrido tanto tortura como parte de una ejecución extralegal, Protocolo de Estambul, son conocidos por las autoridades del gobierno del estado de Jalisco, pues se mencionan en diferentes instrumentos jurídicos de esta entidad federativa, como el Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en el Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el 28 de junio de 2018.
Así, la obligación de los distintos niveles de gobierno del Estado Mexicano, ante los hechos descritos, es realizar una investigación pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial, y transparente, en la que pueden resultar necesarias tanto medidas de investigación rutinarias como técnicas altamente especializadas y mediante una estrategia que incluya la rendición de cuentas por todas las decisiones que tome el equipo de investigación (Protocolo de Minnesota). Esto último es particularmente importante subrayarlo dado que la dimensión que ha tomado el caso justificaría, incluso, la creación de un mecanismo especial imparcial de investigación, dado el interés público (Protocolo de Estambul).
Por otra parte, las autoridades del estado de Jalisco estaban obligadas a garantizar la libre manifestación y seguridad de las personas que participen en manifestaciones en exigencia de verdad, justicia y reparación para Giovanni y su familia.
PRONUNCIAMIENTO
Ante todo lo expuesto, las manifestaciones públicas de las autoridades responsables de la investigación del caso son altamente preocupantes dado que demuestran que, ante los probables hechos de tortura y ejecución extrajudicial de que fue víctima Giovanni López Ramírez, las autoridades no han seguido las directrices internacionales que garantizarían una investigación seria exhaustiva, violando el derecho de las víctimas a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice su derecho a conocer la verdad, a que se realice con debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones a derechos humanos sufridas por ellas, a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con respeto al debido proceso, sean enjuiciadas y sancionadas, así como obtener una reparación integral por los daños sufridos.
Las expresiones del Fiscal del Estado y del Coordinador del gabinete de Seguridad estatal denotan un manejo opaco en la información, un desconocimiento flagrante de los principios que deben guiar la investigación de una muerte bajo custodia policial, se confunde el papel de los peritos forenses al indicar que ellos son quienes determinarán si la muerte de Giovanni fue producto de dicho “uso de la fuerza”, y se reconoce expresamente que no se ha cumplido el principio de inmediatez.
Por otra parte, el Gobierno del Estado de Jalisco no sólo está violando el derecho de las víctimas a la justicia, sino que incurrió en nuevas violaciones a derechos humanos ante la manifestación pública de indignación por parte de diversos sectores de la sociedad que el 4 de junio de 2020 se manifestaron en la capital del estado.
En este sentido, las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades estatales y federales, así como a los Organismos Públicos de Derechos Humanos, lo siguiente:
- Reconocer la privación de la vida de Giovanni López Ramírez como resultado de violaciones graves a los derechos humanos y garantizar una investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente.
- Garantizar que las investigaciones penales y por violaciones a derechos humanos se realicen conforme a los estándares y protocolos internacionales para casos de muertes potencialmente ilícitas, tales como el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota.
- Prevenir la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos, garantizando los derechos a la libre manifestación, la seguridad, integridad personal y libertad de las personas que exigen justicia para Giovanni.
- Iniciar de oficio las carpetas de investigación y quejas correspondientes por probables actos de tortura en el marco de la manifestación del 4 de junio de 2020 en Guadalajara, Jalisco.
- En los casos de personas que denuncien tortura durante su detención, iniciar las investigaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
- Garantizar la integridad y el derecho a defender los derechos humanos de las y los integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y periodistas que realizan la documentación las violaciones de derechos humanos ocurridas durante las manifestaciones del 4 de junio de 2020.
Demandamos una investigación por probables hechos de tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni López Ramírez.
Repudiamos la política criminal que aplica el gobierno de Jalisco caracterizada por una violación sistemática a los derechos humanos.
Daremos seguimiento a las detenciones arbitrarias, al uso desproporcionado de la fuerza y probables actos de tortura ocurridos durante la manifestación realizada el 4 de junio de 2020 en Guadalajara, Jalisco”.
