Pese a que el levantón está grabado, tres horas después Landa aparecía falsamente “capturado” en La Marquesa, según el parte policial PF/DA/CICTA/418/2010 suscrito por seis agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal –su titular era Genaro García Luna–, cuando dizque manejaba un Ford Focus blanco y con una subametralladora calibre .9 mm tipo HK-MP5 “a la altura de su abdomen, con dos cargadores abastecidos y con 48 cartuchos útiles”.
En vez de tacos, la magia del montaje presentó al joven portando una letal arma larga y en menos de tres horas la Policía Federal había convertido al comensal de Las Águilas en guardaespaldas de La Barbie, Édgar Valdez Villarreal, en una carretera.
Irrefutable prueba de prefabricación, ese video no bastó para que Landa fuera liberado. Sigue en prisión igual que Arturo Iván Arroyo Salas, Carmela Triana Fernández, los hermanos Juan Antonio, Mauricio y Maritzel López Reyes –ella de sólo 18 años en 2010– y la madre de los tres, Marisela Reyes Lozada.
El mismo García Luna que, auxiliado por su brazo derecho Luis Cárdenas Palomino, ordenó y organizó el show televisivo de una supuesta captura en vivo de Florence Cassez e Israel Vallarta y la falsa liberación de sus tres presuntos secuestrados (Cristina Ríos Valladares y su hijo Christian, de 11 años entonces, y del joven Ezequiel Yadir Elizalde Flores), fue quien puso en escena un falso convoy como si en realidad hubiese acompañado a La Barbie.
Los delitos cometidos por la dupla de funcionarios policiales federales no han prescrito: jurídicamente es posible llamarlos a cuentas y enjuiciarlos, e inclusive se ordenó elaborar su consignación, reveló una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR); pero políticamente están protegidos, en tanto la administración de Enrique Peña Nieto no perciba la necesidad de “ajustar cuentas” con los gobiernos panistas que dejaron una prolongada e impune saga de abusos y fabricación de culpables.
Hay paralelismos inevitables:
Si Florence y su exnovio Israel Vallarta (ella libre y en Francia y él con más de ocho años en una prisión de alta seguridad sin haber sido condenado o absuelto) fueron capturados el 8 de diciembre de 2005 y hasta el día 9 no se les exhibió en las principales cadenas de televisión, a estos otros siete ciudadanos capturados al azar en la zona de Las Águilas el 30 de agosto de 2010, la misma Policía Federal los incomunicó y presentó ante los medios al día siguiente, el 31, en víspera del IV informe de gobierno de Felipe Calderón.
El presidente no resistió entonces la tentación de presentar este logro, que era espurio en la medida en que había siete inocentes “escoltando” a La Barbie sin tener la mínima relación con el capo o con la delincuencia organizada.
Las víctimas de esta “pesca milagrosa” en el Distrito Federal –para presentarlos como integrantes del convoy protector de La Barbie en el Estado de México, cuando fue arrestado con el absurdo pretexto de que circulaba a exceso de velocidad, aunque luego la policía corrigió y habló de arduo trabajo de inteligencia de gabinete y de campo– cumplieron ya tres años y siete meses presos, pese a numerosas pruebas que evidencian la fabricación del caso.
Nada de lo que los altos mandos federales decían a la prensa ese 31 de agosto de 2010 era verdad.
Por eso se reía socarronamente La Barbie, quien diría formalmente ante el agente del Ministerio Público que lo del exceso de velocidad en la carretera a Toluca fue un invento, porque lo habían rodeado no menos de 120 policías armados en un operativo específico y lo capturaron en una casa campestre.
Lo querían asesinar, denunció, igual que lo habían hecho en Cuernavaca con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, el 16 de diciembre anterior. Le dispararon, narró el capo, pero tuvo suerte de no ser alcanzado por las balas.
La Barbie, nacido en Estados Unidos, declaró sin rodeos ante la autoridad que no conocía ni había visto en su vida a sus presuntos acompañantes; que fue sorprendido dentro de la casa en los rumbos de Salazar, Estado de México; que lo traicionaron García Luna y Felipe Calderón, con quienes había pactado protección, al igual que habría sellado antes un pacto de impunidad con el exsecretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño (muerto en 2008 al caer el Lear Jet 45 en el cual viajó de San Luis Potosí al Distrito Federal junto con el exzar antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos).
Las reuniones para el pacto entre capos de la droga y el gobierno fueron convocadas –detalló– por el enviado de Calderón, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien terminaría asesinado el 20 de abril de 2012. (Proceso/José Reveles)
