Tres hombres que presuntamente están vinculados al homicidio de J. Jesús Quirarte Ruvalcaba, quien se desempeñó como jefe del área de Robo de Vehículos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, les fue ampliado el arraigo al que están sujetos.
De igual forma, doce elementos de la Policía de Zapopan que están acusados de tener nexos con los detenidos y que fueron presentados ante el Ministerio Público en julio pasado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se les amplió también el arraigo.
El atentado en el que murió Quirarte Ruvalcaba ocurrió el 24 de febrero de 2011, en el cual también falleció su esposa María Guadalupe Aldrete Rosales.
La captura de los hombres se logró luego de que agentes de la Fiscalía General del Estado capturaron a un sujeto de nombre César Octavio García Reynoso, de 23 años, el día 22 de julio pasado, cuando circulaba en una camioneta Rouge 2008 por la colonia Villas de Guadalupe, en Zapopan.
Los agentes lo interceptaron porque el vehículo tenía reporte de robo, pero cuando lo revisaron, le aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, la cual fue sometida a peritajes que revelaron que la pistola fue utilizada en otros hechos delictivos.
Antes de ser consignado ante un juez por el robo de la camioneta, García Reynoso aportó datos con los que agentes investigadores localizaron a los tres hombres que presuntamente participaron en el homicidio de Quirarte Ruvalcaba y su esposa, quienes son Leopoldo Filomeno González Torres, 36 años, Sergio Robles Salazar, 33 años, y Alfonso Said Limón Reyes, 19 años.
Al ser cuestionado, González Torres señaló que policías de Zapopan colaboraban con ellos, por lo que la Fiscalía General solicitó la colaboración de la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio, la cual, ante la petición presentó inicialmente a ocho elementos activos que fueron señalados en las declaraciones de los inculpados, y fueron arraigados el 25 de julio.
Sin embargo, cuatro días después, otros cuatro oficiales de la Policía de Zapopan también fueron presentados por estar presuntamente vinculados con González Torres, Robles Salazar y Limón Reyes, y fueron puestos bajo arraigo.
En sus declaraciones, los tres civiles indicaron que antes de cometer algún delito, les avisaban a los policías con los que tenían nexos para que se alejaran del lugar donde perpetrarían dicho ilícito, a cambio de darles dinero en efectivo.
Con el fin de continuar con las investigaciones, pues se presume que los doce policías y los tres civiles están implicados en más delitos, el Ministerio Público solicitó la ampliación del arraigo, la cual fue otorgada por un juez por un lapso de 30 días más.
