Camino a sus casas, en el recorrido diario que realizan miles de tapatíos por la avenida López Mateos, rumbo a Tlajomulco de Zúñiga, hacia donde crece la mancha urbana, los espectaculares de nuevos desarrollos inmobiliarios se superponen.
A la altura de Las Fuentes puede verse el de Provenza Residencial “escrituración inmediata”. Una de las empresas señaladas por el Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos de pertenecer a los hijos del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”.
Ya en Tlajomulco, pasando El Palomar y la planta de Solectron, del lado izquierdo se puede ver -con un centro comercial del mismo nombre a un lado- Provenza Residencial, en el 5555 de López Mateos Sur.
Aunque las ventas de los terrenos parecen seguir con normalidad, el centro comercial aparenta estar abandonado. Muchos de los locales se mantienen cerrados.
La semana pasada el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevamente una alerta con respecto a los negocios de Esparragoza Moreno y su familia y congeló cuentas vinculadas a empresas sinaloenses de “El Azul”.
Lo mismo hizo el año pasado con sus negocios de Jalisco, entre los que está Provenza Residencial y el Parque Industrial La Tijera, operados por las empresas Grupo Cinjab, S.A. de C.V. y Grupo Impergoza, S.A. de C.V.
El Departamento del Tesoro destapó una red de lavado de dinero en vinculación con la familia Sánchez Garza: los hermanos Diego, Mauricio y José de Jesús Sánchez Garza aparecen en el gráfico del Departamento del Tesoro junto con su padre José de Jesús Sánchez Barba y su madre Beatriz Garza Rodríguez.
Se señalaron negocios como El Baño María, Hacienda Las Limas, Pronto Shoes, entre otros, como parte de los que pertenecían a los hijos de Rafael Caro Quintero.
También enlistaron los de la familia Sánchez Garza. Pero dos meses después de este anuncio, Rafael Caro Quintero fue liberado del penal de Puente Grande en Jalisco.
El Gobierno de Estados Unidos señaló la ineficiencia del Gobierno mexicano y Rafael Caro Quintero pasó a ser el primero en la lista de los más buscados de la DEA.
En Guadalajara nada cambió en relación con los negocios que iban en crecimiento de los hijos de ambos capos. Provenza sigue vendiéndose, operando de forma regular. El Barbaresco y el Lucrecia –dos bares de los Sánchez Garza- siguen trabajando sin mayor complicación. Todos los negocios señalados por lavado no parecen haberse afectado por la denuncia del gobierno estadounidense.
De la alta sociedad
Las familias Sánchez Garza y Caro Quintero tienen una posición en la alta sociedad tapatía. En las páginas de sociales se pueden ver las fotografías de Mauricio Sánchez Garza y sus hermanos. Uno de ellos, Alejandro, se declaró culpable de lavado de dinero en una corte de San Antonio, Texas, en mayo pasado.
El suegro y socio de Jesús Gallegos Álvarez -exsecretario de Turismo asesinado el pasado 9 de marzo, vinculado a redes de lavado- formó parte de una de las empresas de los Sánchez Garza señaladas por el Departamento del Tesoro.
Son solo impresiones de lo integrado que está el narcotráfico en las altas esferas de la sociedad tapatía.
Como el caso de Héctor Caro Elenes, hijo de “El Caro” Quintero, también señalado por el Departamento del Tesoro y que es campeón ecuestre y representó a México durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la disciplina de equitación.
Mientras tanto el gobierno del vecino del norte pone la cara dura ante la incompetencia que huele a complicidad de la autoridad mexicana:
“Continuaremos señalando a las compañías e individuos que apoyen las redes de Esparragoza Moreno, su socio criminal Rafael Caro Quintero, y otros líderes del Cártel de Sinaloa.
“Tomaremos las acciones necesarias para proteger el sistema financiero de Estados Unidos de sus ganancias ilícitas y nos aseguraremos de que sus intentos de evadir las sanciones no tengan éxito”, señaló en el comunicado del jueves 22 de agosto el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Adam J. Szubin.
De julio de 2012 a la fecha, la OFAC (que forma parte del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos) ha emprendido seis diferentes acciones contra las empresas vinculadas a los Caro Quintero (una) y a Esparragoza Moreno (cinco).
La mayoría de las empresas están establecidas en Sinaloa, pero varios de los negocios de ambos capos operan en Guadalajara.
Mediante estas acciones, la autoridad estadounidense busca debilitar los negocios de los narcotraficantes y prohíbe a las empresas estadounidenses tener tratos comerciales con cualquiera de las compañías señaladas.
Pero en Jalisco el combate al lavado de dinero es asignatura pendiente. La actuación de autoridades fedatarias y permisionarias en el establecimiento y desarrollo de los negocios de blanqueo de fondos de grupos criminales, pone en entredicho su credibilidad y razón de existir.
Ex secretario de Turismo es ligado a lavado
El exsecretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos Álvarez, asesinado el pasado 9 de marzo en la colonia Colinas de San Javier en Zapopan y posteriormente ligado por la Fiscalía General del Estado al narcotráfico, también formó parte de una red de lavado de dinero.
Cuya liga final son los capos Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza “El Azul”.
Previo a su muerte, el funcionario abatido solo residió un par de semanas en Zapopan en un lujoso departamento ubicado en la zona de Andares, que fue de su propiedad.
Antes vivió más de seis años en una lujosa mansión en Texas rodeado de un bosque y lago artificial que compartía terreno con uno de sus ambiciosos proyectos inmobiliarios, el fraccionamiento “Woodlands”.
Gallegos Álvarez había migrado a Estados Unidos con su familia por motivos de seguridad, informó la autoridad jalisciense en las primeras indagatorias.
El edificio Torre de Hierro era una de sus tantas propiedades.
En sociedad con su suegro, Agustín Espinosa Ron, lograron construir más de una decena de edificios en Zapopan, Guadalajara y Puerto Vallarta.
Una de las ligas con el crimen es su suegro, Agustín Espinoza Ron, quien fue socio de la familia Sánchez Garza, señalados por el Departamento del Tesoro y la DEA como operadores de parte de la red de lavado de dinero de Caro Quintero y “El Azul”.
Los Sánchez Garza se encargaron de edificar dos fraccionamientos de lujo: Pontevedra y Zotogrande, ambos sobre la avenida Acueducto, en Zapopan.
Agustín Espinoza Ron aparece como “apoderado general judicial para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio limitado” de la empresa Grupo Fracsa S.A de C.V.
Empresa encargada de la construcción de uno de los fraccionamientos y señalada por las autoridades estadounidenses como parte de la red de negocios de Caro Quintero.
A su vez, la familia Sánchez Garza hizo negocios con la familia del capo Juan José Esparragoza “El Azul”.
El Departamento del Tesoro también señaló que el Fraccionamiento Provenza era parte de los negocios de la familia Esparragoza Gastelúm.
Según consta en un juicio 1722/2006 iniciado por Proberbia Corporation en contra de Diego Sánchez Garza, del cual Reporte Indigo tiene copia, se consta que en dicho negocio intervino la esposa de “El Azul”, María Guadalupe Gastelúm Payán y se le señala como una de las inversionistas. (publicado por www.reporteindigo.com)
