La Reforma al artículo tercero constitucional, que promueve la educación para la paz en México, tiene sentido de urgencia, para lo cual analizaremos en el Foro (R3C) a celebrarse en el Congreso, el informe del Instituto para la Economía y la Paz, organización independiente sin fines de lucro con sede en Sydney y en Nueva York, mismo que dio a conocer el impacto económico de la violencia en México en su reporte anual sobre la situación a nivel mundial que analiza las relaciones entre la economía, la paz y el desarrollo económico. En el caso de nuestro país concluye que a lo largo del año pasado la violencia tuvo un impacto en nuestra economía por 2.12 billones de pesos. Eso significa que a los mexicanos nos costó 13% del PIB. Si dicha cifra la dividiéramos entre cada mexicano las pérdidas serían de 17 mil 525 pesos en un año por cada habitante del país.
Ello ha significado un aumento en el gasto gubernamental contra la inseguridad de alrededor del 12%, al ubicarse en 220 mil millones de pesos, superior al gasto, por ejemplo, que se destina al rubro de la salud en el país.
La Paz es la primera demanda ciudadana, por eso constituye el primer eje de gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Como legislador abriré una vez más el espacio de la Cámara de Diputados, con el propósito de que los movimientos sociales enriquezca el diálogo, por la traducción de sus necesidades particulares por las que luchan, con otros movimientos sociales, hasta formar un frente que logre formular un proyecto de nación que articule un proyecto de nación que fortalezca nuestro sistema democrático representativo para hacerlo más incluyente.
Vamos en la ruta correcta, según revela el citado informe destaca que “los costos por secuestros en el país han disminuido en los últimos tres años, incluidas las extorsiones, que en total dejaron un impacto de 10 mil millones de pesos, tendencia que refleja el éxito logrado en la reducción de la actividad de los cárteles”, apunta el estudio.
Los movimientos, que generan participación del pueblo, en las decisiones de la acción política, generan liderazgo social al tiempo que cohesionan voluntades para enfrentar con eficacia el problema con menos costos económicos y sociales estrategias de corte preventivo.
Si pudiéramos traducir lo que el gobierno federal ha gastado en combatir la violencia en el país a cada mexicano nos cuesta mil 818 pesos anuales, cifra que se ha duplicado desde el año 2003.
