Ante la violencia política en la que han estado inmersas las mujeres de Puerto Vallarta, por iniciativa de Adriana Fernández, consejera del Distrito 05 del Instituto Nacional Electoral (INE), se llevó a cabo la mesa de trabajo “Protocolo para la atención de la violencia contra las mujeres en razón de género”, en la que participaron mujeres de diferentes institutos políticos.
Magaly Fregoso Ortiz, quien participa en la política en el partido Movimiento Ciudadano (MC), exhortó a las mujeres a que no normalicen la violencia, sino por el contrario que se atrevan a denunciar cualquier tipo de violencia.
“No tenemos por qué aguantar la violencia, nadie tiene derecho sobre nosotros aunque somos funcionarias públicas. No podemos ser señaladas por banalidades, las mujeres estamos trabajando por causas justas, nos esforzamos por dar lo mejor, tenemos una familia, por ello no se debe demeritar el esfuerzo que hacemos todos los días”, expresó Fregoso Ortiz.
Asimismo reconoció que las mujeres pueden trabajar unidas y coordinarse por las causas en común, “las mujeres somos sororas por naturaleza”.
Asimismo, invitó a más mujeres, independientemente del partido político en el que participen a que se sumen al colectivo Mujeres Ayudando Mujeres (MAM), donde se está apoyando a las mujeres a través de diversas vertientes.
Cabe señalar que el objetivo de este tipo de reuniones es concientizar sobre la violencia política con elementos de género porque desde el 2014 la paridad es un mandato constitucional donde los partidos están obligados a postular el cincuenta por ciento de mujeres y cincuenta por ciento a los hombres.
Entre las conclusiones de la mesa de trabajo a la que convocó Adriana Fernández, consejera del Instituto Nacional Electoral, destacan la conformación de un Protocolo para la atención de la violencia política a nivel municipal.
De acuerdo con el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, violencia política abarca todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
