Muchas son las historias de bonanza que tras la creación del municipio Puerto Vallarta, se escriben desde las diferentes trincheras, y una de ellas, fue la instalación y operación de la Sociedad Mercantil Montgomery & Co., empresa norteamericana productora y exportadora de plátanos que en 1923 se instaló en lo que hoy es la delegación de Ixtapa.
De acuerdo con lo narrado por el cronista de esta ciudad, el profesor Manuel Gómez Encarnación, esta empresa que retirara operaciones a mediados de la década de los treinta por motivo del reparto agrario, “significó notable bonanza económica regional como fuente de empleos e impulsora de buenos salarios. Influyó sobremanera en la cultura y sociedad del Vallarta de entonces y el crecimiento de algunos pueblos”.
Señaló que en este período, se estableció en Ixtapa una colonia moderna para los trabajadores administrativos, técnicos y de confianza, con agua potable entubada, drenaje, casas de madera prefabricadas traídas de Estados Unidos, corriente eléctrica, teléfono y hasta una cancha de tenis.
En el libro ‘Puerto Vallarta el Paraíso Escondido’ de Carlos Munguía Fregoso, quien fuera también cronista de esta ciudad, destaca que esta bonanza de Ixtapa, fue una de las épocas más importantes de la historia de esta ciudad. “Durante diez años, entre 1925 y 1935, el poblado de Ixtapa gozó de una gran actividad, sin comparación en todo el valle”.
En el texto se da a conocer que fue el abogado Joseph W. Montgomery, apoderado legal y socio de la compañía llamada Cuyamel Fruit Co. que tenía su sede en Nueva Orleans Luisiana, Estados Unidos, quien decidió establecer al sur del río Ameca una plantación de plátano que fuera filial de la empresa norteamericana.
Para ello, compró seis ranchos con una superficie total de 28 mil 391 hectáreas, entre los que se encontraba la hacienda de Ixtapa, cuyo propietario era don Alberto Beck y parte de la hacienda del Coapinole, que pertenecía a don Juan Saucedo.
A través de su obra, el autor narra que sería a partir de 1930 cuando la compañía comenzó a tener problemas con los trabajadores y con un grupo de comerciantes vallartenses, y finalmente con el gobierno al aplicar las leyes agrarias.
“En un principio los abogados de la compañía pensaron que podrían ampararse, alegando que aquella había comprado seis ranchos y de acuerdo con la ley tenían derecho a conservar 300 hectáreas de cada uno de ellos. Por lo tanto, podrían explotar 1,800 hectáreas, que era más de lo que tenían plantado hasta esa fecha. Después de tres años de litigios, la Suprema Corte rindió su fallo concediendo únicamente 300 hectáreas a la compañía, puesto que era de un solo dueño, y tuvo que cerrar sus operaciones a principios de 1935 por incosteable”.
