Una verdadera pesadilla es la que viven todos los días los propietarios de las casas de la Privada Cisne en el fraccionamiento “Paraíso Vallarta” que se ubica en Mezcales en Bahía de Banderas, Nayarit, ya que luego de comprar residencias hasta por dos millones de pesos, hoy las viviendas presentan severos daños estructurales, sin que el desarrollador inmobiliario y o la constructora respondan por los vicios ocultos en los inmuebles.

INVESTIGACIONES ESPECIALES/VTA UNO

A unos días de que el Agente del Ministerio Público, Oscar Soltero concluya sus investigaciones en torno a la desafortunada muerte del joven estudiante de la secundaria técnica número 132 de El Mangal, José Luis N, de 14 años, ha trascendido –con base a las declaraciones de todos los involucrados, así como evidencias fotográficas y videos de cómo sucedieron los hechos—que el menor sufría desatención y violencia familiar y que no fue golpeado por sus compañeros (eran sus mejores amigos), sino que, efectivamente, se habría lastimado en dos ocasiones ese miércoles 28 de agosto, primero jugando futbol en la escuela y después en la calle al estar divirtiéndose con cinco de sus amiguitos.

Por Jorge Olmos Contreras

Surgido del grupo político-estudiantil “Perfil Joven” que se formó en el Centro Universitario de la Costa (CUC) y que se consolidó en el año 2010, Héctor Manuel Briseño Navarro es hoy uno de los asesores del presidente municipal, Luis Ernesto Munguía González que está en el ojo del huracán, por su ambición desmedida por manejar dinero público y controlar todas (y cuando decimos todas, son todas) las finanzas del Patronato del Sistema Integral de la Familia (DIF) de Puerto Vallarta.

Por Jorge Olmos Contreras

El relevo generacional en la política de Puerto Vallarta ya es un hecho: los jóvenes llegaron para quedarse y desplazar a los viejos políticos que por décadas tuvieron el control de los gobiernos municipales y que estaban acostumbrados a pasarse la estafeta trienio tras trienio para seguir manipulando la toma de decisiones en las políticas públicas.

Por Jorge Olmos Contreras

La señora Lía Castro es un caso especial dentro de la política nayarita, ya que a tan solo 12 días de haber dejado la presidencia municipal de Bahía de Banderas –en la que fungió como alcaldesa interina durante seis meses--, le entró la nostalgia de saberse una mortal más en esta tierra, de ya no tener el poder que la investidura le daba, y como añora los reflectores públicos, ahora le dio por autonombrarse representante (gestora dice ella) de las madres buscadoras de hijos desaparecidos.

Por Jorge Olmos Contreras

Entre marzo y abril de este año, la señora Lía Castro y su lugarteniente, que después hizo tesorero, se relamían los labios, se afilaban las uñas y observaban con malicia, morbo y con un enorme placer, cómo el proyecto político de la entonces presidente municipal para repetir en el encargo, Mirtha Villalvazo, se caía a pedazos y se iba al fondo de un abismo del que ya nunca saldría. Al ser la suplente de su comadre Mirtha, Lía sabía que sería alcaldesa por los últimos seis meses del XI Ayuntamiento de Bahía de Banderas, y ni tardo ni perezosa, preparó el terreno para tomar por asalto la administración del gobierno del vecino municipio.

Por Jorge Olmos Contreras

Las 14 jovencitas que fueron rescatadas de la casa Amanda que se ubica en la calle Palm Spring de la colonia Versalles, donde eran objeto de trata por parte del clan de Ruth Ávila S, mejor conocida como Baby Ruth, ya se encuentran con sus padres y familiares, luego de que cada una de ellas rindió su declaración ante la autoridad competente en Guadalajara, de cuya información se desprenden casos atroces y en los que están involucrados decenas de personas, en su mayoría extranjeros, que pagaban miles de dólares por tener relaciones con las víctimas.

Por Jorge Olmos Contreras

Podrido hasta la raíz se encuentra el sistema de justicia en Nayarit, donde agentes del ministerio público (poder ejecutivo) y jueces (poder judicial) se confabulan para aplastar a cualquier persona que se atreva a exigir que se respete su derecho a una justicia pronta y expedita, ya que, en el peor de los escenarios, le inventan un delito para girar orden de aprehensión en su contra y dejarla en prisión preventiva “justificada”.

Como resultado del diligente trabajo ministerial y de investigación realizado por la Fiscalía Especial Regional del Distrito VIII, se acreditó la responsabilidad de Miguel Ángel R. en la muerte de un hombre en situación de discapacidad e integrante de la comunidad LGBTQ+, por lo que se logró que fuera sentenciado con perspectiva de género, a la penalidad de 40 años de cárcel, en un juicio oral.