El proceso jurisdiccional que interpuso el gobierno municipal de Puerto Vallarta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para la municipalización del servicio público de agua potable, continúa su curso y antes de que termine el año podría tenerse la resolución.
El secretario general del Ayuntamiento, Víctor Bernal Vargas, dio a conocer que la semana pasada formó parte de una comitiva del gobierno que encabeza Arturo Dávalos Peña, que incluyó la representación legal, la cual visitó la sede de la SCJN en la capital del país, para dar trámite a la última audiencia constitucional en la que se desahogaron todas las pruebas y alegatos para el proceso. También estuvieron presentes representantes del organismo operador del agua, Seapal, de la Comisión Estatal del Agua y del Gobierno del Estado de Jalisco.
Recordó que el 22 de julio de 2016, el pleno del Ayuntamiento aprobó por mayoría calificada solicitar la municipalización del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, que actualmente brinda el Gobierno del Estado a través del SEAPAL Vallarta, a fin de obtener diversos beneficios para la comuna.
“Tras el acuerdo se hizo la solicitud directamente al Gobierno del Estado y derivado de la negativa se solicitó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que todavía está pendiente de resolver”, agregó el secretario general.
Recordó que la legislación faculta al municipio como prestador del servicio del agua, así lo contempla el Artículo 115 Constitucional, los Artículos 73, 77 y 79 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, el Artículo 95 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal y los Artículos 47 y 54 de la Ley Estatal del Agua del Estado de Jalisco y sus Municipios.
“Ahora hay que esperar a la que la SCJN determine a quien le asiste la razón, estamos en la etapa procesal que consiste en terminar de elaborar el dictamen para el magistrado ponente y posteriormente el pleno, integrado por 11 magistrados, emitirá la resolución, esperemos antes de que termine el año”, subrayó.
Bernal Vargas reiteró que no se trata de un tema nuevo, ya que en la historia de Puerto Vallarta se recuerda que hubo una junta federal del agua y posteriormente se generó el organismo público descentralizado Seapal. “Hoy Vallarta está exigiendo lo que a derecho le corresponde de acuerdo a la Federación. En su momento se tomó una buena decisión porque el organismo ha venido funcionando de forma adecuada, pero el municipio tiene la capacidad administrativa y financiera para operarlo”.
Resaltó que al final de cuentas será una instancia municipal, una OPD que tendrá autonomía, y al no depender del estado traerá beneficios porque se podría accesar a mayores contribuciones federales para invertir en el rubro. Se tendría una correcta coordinación en la realización de obras y servicios, siempre alineados al Plan Municipal de Desarrollo, así como un ahorro importante al no duplicar obras; además la estabilización de tarifas, ya que el costo de operación disminuiría, para beneficio del usuario.
El secretario general aseguró que existe optimismo en que la decisión del SCJN será favorable y se conceda al municipio otorgar el servicio como ocurre en otros lugares. “En Puerto Vallarta tenemos la madurez y el crecimiento para poder administrar nuestra agua, no lo vemos como una bandera política sino como un esfuerzo por darle beneficio a la comuna, lo importante son los ciudadanos y es por lo que estamos trabajando”.
En el estado de Jalisco existen casos de éxito en la municipalización del servicio, en Tlajomulco de Zúñiga, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Ciudad Guzmán y Chapala.
