Fuentes de Marina Vallarta que piden anonimato, señalaron que “por lo menos 18 barcos están detenidos por el personal de la aduana, la mayoría de ellos estacionados en la marina seca de la empresa Opequimar, hasta en tanto sus propietarios no comprueben su legal pertenencia y estancia en México”.
Indicaron que varios dueños de yates “se alejaron en cuanto vieron al personal de aduanas, escoltados por un numeroso grupo de marinos muy bien armados, que se presentaron como es su costumbre, con poses amenazadoras y miradas intimidantes”.
Precisaron que los empleados de las secretarías de Hacienda y Marina arribaron poco después de las 10:00 horas y se dirigieron a las oficinas de Impulsora Turística de Vallarta, para informar que de inmediato comenzarían el operativo de revisión, el cual se prolongó todo el día de ayer martes y hasta el mediodía de hoy miércoles 27 de noviembre.
TIENEN DIEZ DÍAS PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN
Por su parte, Rafael Alcántara Luarte, Habor Master de la Marina Riviera Nayarit, situada en la Cruz de Huanacaxtle, precisó que más o menos a la misma hora del martes, se presentó una veintena de empleados del SAT, debidamente uniformados y con oficio, acompañados por personal de la Secretaría de Marina Armada de México, para llevar a cabo un operativo de revisión a todas la embarcaciones.
Confirmó que uno de los objetivos sería establecer la identidad de los propietarios, que una semana antes en otro operativo similar, fueron invitados a comprobar su legal estancia en México; “aunque en esta ocasión son las embarcaciones las sujetas a revisión”, apuntó.
Indicó que cinco de ellas, cuyos propietarios y tripulación no se hallaban a bordo, fueron incautadas de manera precautoria por parte de las autoridades hacendarias, mientras no se presenten en las oficinas del SAT en Guadalajara, con la documentación requerida para comprobar su situación y legal estancia, para lo que cuentan con diez días hábiles a partir de mañana jueves.
Sobre el resto de las naves amarradas en la Marina de La Cruz, más de cien yates, el ejecutivo puntualizó: “tienen toda su documentación en regla”.
Lamentó que los operativos como el referido sean “tan vistosos” debido a la presencia de fuerzas armadas, pero destacó que el personal de Hacienda y de Marina se comportaron “con toda corrección y amabilidad, y me permitieron acompañarlos durante el recorrido para explicar a nuestros clientes la razón y motivo de las revisiones, lo que evitó cualquier mal entendido”.
PROHIBIDO TOMAR FOTOS; ES ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL
Empero, al terminar la entrevista con el Harbor Master, este reportero se percató de la presencia del personal del SAT en el Club de Yates de Marina Riviera Nayarit, y luego de tomar un par de fotografías de su improvisado centro de operaciones, un par de empleados de seguridad que resguardaban a sus compañeros en esa área, preguntaron cuál era el fin de las tomas.
“Son para mí”, fue la respuesta, a lo que uno de ellos dijo en tono autoritario: “¡Tienes que borrarlas!”. Hubo una negativa sonriente y la explicación de qué que serían en verdad utilizadas para ilustrar la nota informativa que aquí se publicaría por el operativo. La molestia de los “guaruras” con playera del SAT fue todavía más notoria: “Está prohibido tomar fotos en esta área, así que bórralas!...
La discusión se alargó, se tornó ríspida, los empleados bloquearon la salida al reportero, diciendo que impedirían su retirada hasta que no borrara las fotos. Jalonearon la cámara, recibieron respuesta, iniciaron los gritos y la situación pareció salirse de control.
Se levantó de su silla un individuo cuya autoridad allí era evidente; los empleados de seguridad bajo sus órdenes, le explicaron rápidamente la situación. El tipo dijo serio, solemne: “Tienes que borrar las fotos que tomaste de nosotros, porque estamos en una diligencia muy delicada… es asunto de seguridad nacional”…
La risa y pena ajena causada por tal respuesta, provocó el enojo del empleado, por lo que se elevaron la presión y agresividad de los empleados de Hacienda; bajo la amenaza de ser llevado al Ministerio Público acusado de cualquier cosa, de arrebatar la cámara y destruirla, la única opción fue borrar las imágenes que los funcionarios decidieron, y retirarse.
