Entrevistado luego de que el Senado aprobó que dicha Fiscalía sea un órgano constitucional con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, el representante popular por el Quinto Distrito con cabecera en Puerto Vallarta, señaló que uno de los compromisos del Presidente Enrique Peña Nieto, es acabar con la inseguridad combatiendo la impunidad, y para ello se requieren una institución investigadora del delito fuerte y autónomo.
Rafa González comentó que probablemente el día de hoy en la Cámara de Diputados se presete lo aprobado ayer por el senado, “vamos por el camino correcto, la prevención e investigación de los delitos y una clara y equitativa impartición de justicia, debe generar confianza y un ambiente de seguridad para los ciudadanos, y esa es la esencia de este cambio”, aseguró.
Explicó que se pretende establecer una Fiscalía General que asuma la función de investigar la comisión de ilícitos, perseguir a los probables responsables y procurar la impartición de justicia al presentar las causas correspondientes ante los tribunales, “dicha Fiscalía estaría a cargo de un titular electo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado la República o, en sus recesos, de la Comisión Permanente”.
El legislador puntualizó que existen graves problemas institucionales, resultado de prácticas donde se toleraba al delincuente y el Ministerio Público defendía, no a la víctima sino al victimario, “con esta reforma de tránsito a una Fiscalía General, se pretende actuar con firmeza y transparencia para que caiga todo el peso de la Ley contra quienes atentan contra la integridad física o patrimonial de las familias mexicanas, el objetivo es terminar con la impunidad ”, afirmó Rafa González.
Cabe destacar que las Fiscalías Generales de Justicia de las Entidades Federativas se convertirían en organismos autónomos y modifica el término de Ministerio Publico, por Fiscal; además, esta podrá interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, exclusivamente respecto de disposiciones de carácter penal.
