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Domingo, 19 Mayo 2019 00:36

En flagrante violación a la autonomía municipal, SEMOV impone operativos en perjuicio de PV; son ilegales y deben retirarse

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Por Jorge Olmos Contreras

Desconcierto y enojo entre cientos de automovilistas causó la implementación de puntos de revisión vial y alcoholimetría en diferentes avenidas de Puerto Vallarta desde la noche del viernes pasado y que siguieron el sábado y ayer domingo, toda vez que los operativos están a cargo de la Secretaría de Movilidad de Jalisco, ahora Secretaría del Transporte del gobierno del Estado, que no tiene ninguna competencia legal para establecer este tipo de retenes y mucho menos decomisar vehículos y aplicar infracciones, como lo han estado haciendo durante tres días consecutivos y amenazan con quedarse durante otros siete días más.

Las quejas no se han hecho esperar, ya que no fue uno, ni dos, ni tres, sino decenas de vehículos y motocicletas que, ante la mínima infracción o irregularidad detectada en estos operativos, fueron asegurados por oficiales de tránsito del Estado y enviados a los patios del edificio de la Unidad Regional de Servicios (Unirse), y multado a sus propietarios al momento, mediante un dispositivo electrónico que traían exprofeso.

Un sujeto prepotente, que trae colgada una charola metálica al cuello (como si fuera sacado de la serie policiaca La Ley y el Orden), y que ahora sabemos es el abogado Ricardo Guerrero –que se ostenta como "comisionado" de la Fiscalía del Estado e hijo del famoso gestor y coyote Jorge Guerrero—y una mujer, no menos prepotente y arrogante que trabaja en las oficinas de la Secretaría del Transporte en Guadalajara con Diego Monraz, encabezan estos operativos ilegales en perjuicio de los ciudadanos vallartenses.

El arrebato del gobierno del Estado en contra de Puerto Vallarta provocó la reacción del Ayuntamiento, ya que dichos operativos se implementaron sin dar visto al municipio y sin tomar en cuenta a la administración que encabeza Arturo Dávalos, en una clara violación a la autonomía municipal.

QUERÍAN PRESTADA HASTA LA CÁRCEL MUNICIPAL

Por ello, se sabe que a funcionarios del gabinete de seguridad del gobierno del Estado --cuya coordinación está a cargo del ex presidente municipal de Zapopan, Macedonio Tamez Guajardo— solicitaron al Ayuntamiento que les “prestara” una cárcel para meter en prisión a los “infractores” detenidos, pero el jurídico del municipio les negó dicha petición, con el argumento válido de que estos puntos de revisión violan el estado de derecho.

En este contexto, trascendió que el secretario general del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Francisco Vallejo Corona, se comunicó con una licenciada que encabeza estos operativos para señalarle, siempre de forma diplomática y cortés, que estaban incurriendo en una ilegalidad, toda vez que las funciones de tránsito y la aplicación de multas le corresponde única y exclusivamente al gobierno municipal.

Sin embargo, esta mujer procedió con soberbia y por sus pistolas dijo que continuarían los operativos, porque esas eran las órdenes que tenía; pero nunca dijo quién o quiénes dentro del gobierno del estado que preside Enrique Alfaro Ramírez, dieron la orden precisa para violar la autonomía municipal y dañar a cientos de vallartenses con multas improcedentes.

También se sabe que el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, está desconcertado y molesto por esta arremetida del gobierno del Estado contra Puerto Vallarta y sus habitantes.

MULTAS IMPROCEDENTES, LO QUE DICE LA LEY

En lo jurídico, abogados consultados por este medio informativo señalan que las multas que está aplicando la Secretaría del Transporte contra automovilistas deben ser impugnadas por la vía administrativa y que los dueños de vehículos que fueron retenidos pueden denunciar a los funcionarios de Movilidad por usurpación de funciones y lo que resulte, incluso también proceden las demandas de carácter civil.

Hay que recordar que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Movilidad y Transporte del estado, los ámbitos de competencia del Estado y del municipio en materia de vialidad, movilidad y transporte, se integran y delimitan conforme a las siguientes bases:

  1. Corresponde al Municipio:
  2. d) Reglamentar y controlar el tránsito en los centros de población que se localicen en su territorio.

En tanto, el artículo 26 indica que “además de las atribuciones que establece la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco; son funciones de la policía vial estatal y de la policía de tránsito municipal, en su caso:

  1. Tomar conocimiento de las infracciones que cometan los conductores de los vehículos, concesionarios, permisionarios y subrogatarios, a esta ley o sus reglamentos y, en su caso, levantar o hacer constar dichas infracciones, para los efectos de determinar y aplicar la sanción correspondiente”.

El artículo 39 señala a su vez, que “los ayuntamientos, en concordancia con las disposiciones de esta ley, deberán expedir su reglamento de movilidad, siempre y cuando no hayan realizado convenio con la Secretaría, para la cual deberán:

  1. Definir las normas de movilidad que establezcan el orden y control vial, para que la circulación de los peatones y vehículos sea segura y fluida, aplicando las normas técnicas de carácter general expedidas conforme a las bases establecidas en esta ley”.

Mientras, el Artículo 41 precisa que “las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, en conjunto con la Secretaría, además de lo señalado en el artículo anterior, establecerán programas con la finalidad de:

  1. Evitar que quienes conducen vehículos automotores, los manejen fuera de los límites de velocidad permitidos en la zona que corresponda, teniendo como finalidad la prevención de accidentes”.

El artículo 196, por su parte, dice que “son autoridades competentes en movilidad, para la calificación y la aplicación de las sanciones administrativas previstas:

  1. En los municipios, los presidentes municipales por conducto de la dependencia competente en materia de vialidad y tránsito; su personal operativo y los jueces municipales”.

Además, el artículo 198 subraya que “para elaborar las cédulas de notificación de infracciones serán competentes, la autoridad municipal en materia de movilidad por conducto de los agentes de movilidad y la Secretaría de Movilidad por conducto de la policía vial”.

CLARA VIOLACIÓN A LA AUTONOMIA MUNICIPAL

Hasta ahí lo que dice la Ley de Movilidad, pero si usted le echa una leída al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy clara al respecto su fracción III, donde señala que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

  1. h) Seguridad Pública, policía preventiva municipal y tránsito.

La Carta Magna también indica claramente que “cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos (servicios públicos) o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el propio municipio”.

Sin embargo, aquí no fue así, ya que la Secretaría del Transporte y la Fiscalía estaban obligadas a solicitar el permiso del pleno del Ayuntamiento para poder coordinar, con policías viales y de seguridad del municipio, así como con jueces municipales, este tipo de operativos.

LA VENGANZA DE ALFARO

¿Qué debe hacer el municipio? Hacer un extrañamiento contra el gobierno del Estado y llevar el tema al Congreso del Estado por esta clara invasión a sus atribuciones y facultades en materia de vialidad, pero parece que los diputados locales del 05 Distrito están dormidos o aún peor, podrían estar de acuerdo con esta ilegalidad o hasta ser cómplices.

Quien haya sido, no midió el impacto de sus acciones, pues en Vallarta se desarrollan una serie de eventos deportivos de carácter internacional, como el futbol de playa del área de la Concacaf con reconocimiento de Fifa, y otros, y afectaron a cientos de turistas y visitantes.

En el terreno político, cobra más fuerza el rumor entre los vallartenses de que las medidas adoptadas por el gobierno del Estado en perjuicio de los habitantes de Puerto Vallarta, obedece a un gesto vengativo y poco honorable, de parte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, por el abucheo que recibió en la más reciente visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Así las cosas, compare usted los estilos, pues mientras López Obrador cuida que no se utilicen las fuerzas del orden para reprimir al pueblo, en Jalisco Enrique Alfaro permite que se instalen operativos ilegales en perjuicio de la población.

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