De acuerdo a los pormenores de dicha AP, Humberto Muñoz habría permitido un quebranto patrimonial al Sistema de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta (Seapal), al aceptar unos terrenos localizados al norte de la laguna de Cajititlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, por un adeudo que tenía el empresario Antonio Sánchez Ramírez --urbanizador del fraccionamiento Nuevo Ixtapa—con el Seapal, pasivo cuya cifra ascendía a los ocho millones 036 mil 314 pesos.
El problema es que Humberto Muñoz no tomó en cuenta al Consejo de Administración del Seapal para esta operación, habría actuado solo –en asociación con Margarita Quintero—y al momento de aceptar la “dación en pago” de dichos terrenos, faltó un predio, de un total de siete acordados y el monto económico resultó menor a la deuda del fraccionador Antonio Sánchez, todo en perjuicio del patrimonio del organismo paraestatal del agua.
LA DENUNCIA
El 17 de julio del 2013, el apoderado legal del Seapal, Esteban Vázquez Lomelí, interpuso una denuncia en contra de quién o quiénes resultasen responsables de daño patrimonial al organismo, dentro de los cuales señalaba a la anterior administración de dicha entidad pública, ya que con fecha 31 de mayo del 2011, el señor Antonio Sánchez Ramírez, por la obligación que tenía de pagar los derechos de infraestructura del fraccionamiento Nuevo Ixtapa, se obligó con el Seapal a pagar la cantidad de ocho millones 036 mil 314 pesos, firmando un pagaré por dos millones 410 mil 894 pesos, correspondiente al 30 por ciento de la deuda. Y para dar cumplimiento al resto, ofrecía otorgar en dación de pago una serie de inmuebles que habrían sido seleccionados por el Seapal y supuestamente sometidos a los avalúos correspondientes para concretar la operación.
En este sentido, el 10 de junio del 2011, mediante acta de consejo de administración en su punto seis, el Director del Seapal, Humberto Muñoz Vargas, informó al Consejo sobre este acuerdo, explicando que Antonio Sánchez propuso los lotes 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72, con una superficie de 3654.62 metros cuadrados, del fraccionamiento “Tres Reyes” de Cajititlán, en Tlajomulco de Zúñiga, para el pago de los derechos de incorporación que adeudaba respecto a Nuevo Ixtapa.
Sin embargo, la asamblea determinó que se revisara si dichos lotes correspondían al valor para el pago del adeudo.
Para esto, el 12 de agosto del 2011 Antonio Sánchez solicitó que se le tomara el total de la superficie aportada en Dación en Pago y se aplicara a la cantidad total del precio final que resultase de los avalúos, que se llevaron a cabo de los siete predios, y que el valor fuera aplicado a pagar a la empresa pública y que la diferencia fuera liquidada en efectivo –con esto, al parecer el fraccionador quería dejar sin efecto el pagaré firmado el 31 de mayo del 2011--, por lo que el Consejo rechazó tal propuesta e instruyó a Humberto Muñoz Vargas a dar cumplimiento al convenio firmado precisamente el 31 de mayo.
EL QUEBRANTO
En la escritura 14542 quedó asentado que los gastos originados por la escrituración correrían a cargo del Seapal Vallarta, por lo que aun aceptando la dación en pago --concluye la Fiscalía—se dejaría un monto por cubrir a los acuerdos del 31 de mayo, al descontar su monto de las aportaciones hechas a favor del Seapal por la sociedad mercantil Urbanizaciones de Vallarta 2004 S.A de C.V, que es la fraccionadora de Nuevo Ixtapa.
Y es que en dicha escritura se estableció el reconocimiento del adeudo y convención de dación de pago sólo por cinco millones 625 mil 420 pesos, de un adeudo que originalmente sumaba ocho millones 036 mil 314 pesos, por concepto de derechos de infraestructura.
Luego, la dación en pago de Nuevo Ixtapa aprobada en sesión ordinaria del Consejo de Administración del Seapal, el 12 de agosto del 2012, por una deuda de ocho millones 063 mil 314, señalaba que sería cubierta con cuatro terrenos con un supuesto valor catastral de cinco millones 625 mil 420 pesos; y dos terrenos más con un supuesto valor catastral de un millón 783 mil 771 y 493 mil 986 pesos, los que sumaban siete millones 909 mil 177 pesos.
Sin embargo, según escritura, los primeros cuatro terrenos tienen un valor de un millón 975 mil 176 pesos y no los cinco millones 625 mil 420 pesos que habían mencionado.
No obstante, dichos terrenos fueron recibidos por Humberto Muñoz Vargas el 23 de marzo del 2012 mediante respectiva escritura.
DICTAMEN CONTUNDENTE
En el proceso de la Averiguación Previa, se solicitó un dictamen pericial contable al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), en el cual se determinó que sí existe un daño patrimonial en agravio del Seapal Vallarta por tres millones 650 mil 244 pesos, tomando en cuenta el valor catastral de los cuatro predios de Cajititlán y que fueron tomados en concepto de dación en pago, ya que según los documentos que ingresaron en la notaría, no se especificó ni ingresó ningún avalúo comercial; “y aun habiendo y tomando en cuenta un avalúo comercial, el daño patrimonial ascendería a un millón 200 mil pesos”.
En este contexto, se recabó la declaración ministerial de Margarita Quintero, quien señaló que sí solicitó que se escriturara a favor del Seapal cinco predios; pero falta uno, el un número 70, el cual no quedó inscrito a favor del organismo de agua.
De hecho, el notario público número ocho, Jesús Ruiz Higuera y su asistente, Miguel Calleja, refutaron lo dicho por Margarita Quintero, al mencionar que nunca recibieron ningún avalúo comercial, sino hasta ya realizadas las dos escrituras, es decir, en marzo del 2013.
Incluso, la Fiscalía aseguró un juego de avalúos comerciales que Margarita Quintero ordenó realizar el 2011, en su entonces calidad de jefa del Departamento Jurídico, y que fueron ordenados por ella y Humberto Muñoz Vargas para determinar el valor de los predios de Cajititlán.
LOS HUNDEN
Por si esto fuera poco, la Fiscalía tomó las declaraciones de los miembros del Consejo de Administración del Seapal –a saber, Dulce María Flores, Gustavo Buenrostro, Carlos Efraín Yerena, Albino Garay, José Ludwid Estrada, Salvador Peña Chávez, Julia Rosa Baumgarten y Eduardo Legorreta Chauvet--, todos, a excepción de Dulce María Flores, dijeron que no autorizaron que se tomaran como dación en pago los terrenos de Cajititlán y que nunca estuvieron de acuerdo de cómo Humberto Muñoz Vargas manejó el cobro del crédito, señalando que dicha circunstancia fue realizada por su persona únicamente.
El notario Jesús Ruiz Higuera, comentó además que fue contratado por Humberto Muñoz y Margarita Quintero para escriturar a favor de Seapal cuatro predios de Cajititlán y dos predios más ubicados en Nuevo Ixtapa, “y que nunca existió una petición por un quinto predio”.
De esta manera, la Fiscalía citó a los inculpados, Humberto Muñoz y Margarita Quintero, a fin de que declararan en relación a estos hechos, pero se abstuvieron a declarar, por lo que la misma Fiscalía formalizó un interrogatorio, absteniéndose otra vez a contestar.
Por ello, la Fiscalía –al analizar los medios de prueba existentes—procedió a ejercitar acción penal en contra de Humberto Muñoz Vargas y Margarita Quintero González por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de Desvío y Aprovechamiento Indebido de Atribuciones y Facultades, previsto en el artículo 152 del Código Penal de Jalisco.
Por ser regidor, Humberto Muñoz goza de fuero constitucional, pero el mismo Pleno del Ayuntamiento podría votar para que el Congreso del Estado proceda a quitarle el fuero a fin de que enfrente esta grave acusación.
