Como ya es del dominio público, ningún servicio educativo está considerado como actividad esencial ni por el gobierno federal, ni por el estatal, por lo que está prohibido impartir clases o cursos presenciales en estos momentos; sin embargo, el colegio “Pierre Faure People PV AC”, en un claro desafío a las autoridades de los tres niveles, están violentando esta disposición.
Asimismo, hay que recordar que como parte de la emergencia sanitaria por el COVID 19, el Gobierno Federal dictaminó la suspensión inmediata de las actividades económicas no esenciales desde el 30 de marzo; no obstante, “Pierre Faure People PV AC” -- ubicado en Camino a Boca de Tomates número 180-A-- a través de su representante legal, Mónica García Chávez, se encuentra impartiendo un curso de verano con horario de 8:30 a 2:00 pm en medio de esa crisis sanitaria, contraviniendo leyes y reglamentos, pero sobre todo, anteponiendo y poniendo en riesgo la salud de los niños sin que hasta ahorita la autoridad haga nada al respecto, ya que de manera irregular se retiraron los sellos de clausura que la Dirección de Reglamentos colocó en mayo pasado durante un operativo.
HACEN PERDEDIZOS LOS SELLOS DE CLAUSURA
Lo increíble de todo esto es que, pese a que hay fotografías de la colocación de dichos sellos, no existe registro alguno del levantamiento de estos en la Coordinación de Jueces Municipales, es decir, algún funcionario dentro del Ayuntamiento cometió una grave irregularidad al retirar los sellos oficiales de clausura y hacerlos perdedizos, quizás para ayudar a la dueña del colegio en comento que, además, no cuenta con validez oficial para impartir clases, como se demostrará con documentos de prueba.
Sería muy grave que algún niño o profesor de ese colegio se llegara a contagiar del SARS Cov 2, el virus que ocasiona la enfermedad Covid-19, y cuyos casos van al alza en Puerto Vallarta.
También habría fuertes consecuencias para autoridades locales por su omisión, al dejar que se imparten clases o cursos presenciales en esa escuela, sobre todo por el antecedente de que ya fue clausurada y le permitieron indebidamente volver a operar.
LEVANTAMIENTO DE SELLOS NO PASÓ POR JUZGADOS
Ahora bien, el pasado 18 de mayo, el señor Víctor Manuel Chávez González –dueño del Instituto Pierre Faure y que a diferencia de Pierre Faure People (dos asociaciones distintas) sí cuenta con el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE) — solicitó a través de la Ley de Transparencia copia del trámite y pago de multas para retirar los sellos de “clausurado”, derivado de un operativo implementado por la Dirección de Inspección y Reglamentos al Colegio Pierre Faure People el 7 y 8 del mismo mes, por la apertura de negocios calificados como “no esenciales”; y esta fue la respuesta: “su solicitud resulta negativo (sic), se hace de su conocimiento la respuesta emitida por la Coordinación de Juzgados Municipales, mediante oficio 231/2020:
“…Me permito hacer mención que esta coordinación de Jueces Municipales desconoce los hechos narrados en su escrito, de igual forma se realizó una búsqueda minuciosa y exhaustiva en las bitácoras del Juzgado Municipal, sin localizar información relacionada con la escuela PIERRE FAURE PEOPLE, por lo que me encuentro imposibilitado a dar cumplimiento a lo solicitado…” (SIC)
Con esta respuesta, es más que claro que alguien dentro del municipio está ayudando y solapando a la dueña del colegio en mención y cuya conducta debe ser sancionada por el mismo presidente municipal, pues no se puede jugar con la salud de los niños.
OMISIÓN Y FAVORITISMO
Este favoritismo de parte de algunos funcionarios municipales hacia Mónica Chávez también se refleja en que le permiten trabajar (y abrir) con una licencia municipal de este año 2020 que está a nombre de la Asociación Civil Polyedu, que nada tiene qué ver ni con Mónica Chávez ni con la razón social Pierra Faure People PV AC, pero que sí es propietaria de otro colegio, del “Faure Pierre”.
Por ello, Víctor Manuel Chávez, ya presentó las denuncias correspondientes ante la autoridad competente para el esclarecimiento de estos hechos y se finquen así responsabilidades a quien o a quienes le correspondan por las acciones y hechos que la que ley señala como delitos.
