Sin duda, es un caso que indigna y que demuestra que cualquier persona con mucho, pero mucho dinero, puede burlar y pisotear las leyes en este país.
Nos referimos al empresario hotelero, Fernando González Corona, el magnate de los tiempos compartidos, sí, aquél que fue presidente municipal en 1995 y posteriormente diputado federal, en ambos cargos, postulado por el PAN.
Este señor, ahora hasta dueño de medios de comunicación masiva, se está saliendo con la suya en los abusos y delitos cometidos al desviar por sus propios pantalones y con la complicidad de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), un tramo de la carretera federal 200 Puerto Vallarta-Manzanillo, a la altura del hotel Garza Blanca.
EL HONESTO QUE NUNCA LO FUE
Y es que el señor González Corona, que presumía de honestidad y velar por los intereses de los desprotegidos cuando fundó el periódico Tribuna de la Bahía, en la década de los 90, logró desviar ese tramo de carretera en beneficio de sus propios intereses, al firmar un convenio de concertación de acciones, que celebraron la SCT y la persona moral Promotora Arena Blanca SA de CV, una de tantas sociedades a través de las cuales González Corona hace todo tipo de negocios, algunos no muy limpios como ya hemos visto.
Y bueno, resulta que, en su primer año de trabajo, la entonces secretaria de la función pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, rindió un informe en el que consignó que, tras varias auditorías realizadas, descubrió varios casos de corrupción ejemplar, entre estos, el desvío de esa carretera.
Pues bien, el 25 de febrero del año 2020, solicitamos a la Plataforma Nacional de Transparencia, que nos proporcionara el resultado de la auditoría que hizo la SFP sobre este caso en específico.
La respuesta fue que la información se iba a reservar por un año; que esta reserva sería del 10 de marzo del 2020 al 10 de marzo del 2021.
COMO UNA BOFETADA
Así las cosas, y después de esperar todo un año a que se liberara la información de la auditoría contra Fernando González Corona y funcionarios corruptos de la SCT, volvimos a solicitar por transparencia los resultados concretos; esto lo hicimos el pasado 08 de julio, es decir, hicimos nuestra solicitud en tiempo y forma, incluso a poco más de dos meses de que concluyera el tiempo de reserva.
Sin embargo, el sistema Infomex, que es el que maneja la Plataforma Nacional de Transparencia, respondió que nuestra solicitud se iba a prorrogar hasta el día 13 de septiembre, es decir, que 67 días después nos iban a entregar la información de los desmanes de González Corona y sus cómplices de la SCT.
¿Y qué creen ustedes?... pues que el 13 de septiembre nos enviaron otro mensaje por correo electrónico, donde nos avisaron que, “si bien la reserva de la auditoría había sido confirmada por un año por el Comité de Transparencia de la SFP, que también lo era que, a la fecha de la presentación de nuestra solicitud, la auditoría se encuentra en la etapa de dar vista, con el seguimiento de observaciones, al Órgano Interno de Control” (sic)
Pero espérenme, ahí no paró la cosa…
Y es que luego, el mismo Comité de Transparencia de la SFP remató su mensaje con un… “por lo que dar a conocer cualquier información o documentación referente a los hallazgos de dicho acto de fiscalización, pone en riesgo el resultado de la auditoría y su seguimiento, por lo que actualiza la causal de reserva por el periodo de un año”.
En otras palabras, los resultados de esta auditoría contra las empresas de Fernando González Corona al haber desviado arbitrariamente el trazo de la carretera a Mismaloya, se va a reservar por un año más, es decir, hasta el 13 de septiembre del año 2021, si bien nos va, van a liberar la información.
Fue como una cachetada la que nos dieron por parte del Comité de Transparencia de la SFP.
Lo peor de todo es que enviamos nuestro recurso de inconformidad por esta negativa el 14 de septiembre y, a la fecha, no se han tomado la molestia de respondernos, ya nos dejaron en visto.
IMPUNIDAD Y CORRUPCION, MÁS DE LO MISMO
Y bueno, hay que recordar que la anterior secretaria de la función pública Irma Eréndira Sandoval salió de la dependencia muy, pero muy cuestionada, y el actual secretario, Roberto Salcedo Aquino, está en las mismas, pues permite que funcionarios bajo su cargo no trabajen, violen la normatividad existente en materia de solicitudes de información y hasta incumplan sus propios plazos.
Ciertamente, son funcionarios que no responden a los lineamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se burlan de las leyes y las solicitudes de información, y que por lo tanto le están fallando… no al presidente, sino al pueblo de México, por lo que urge que el mismo AMLO tome cartas en el asunto.
En resumen, ellos, los encargados de la SFP, se auto fijaron un año para dar a conocer la auditoría, después prorrogaron por más de dos meses los resultados y cuando alguien los apretó y les solicitó los datos completos de dicho acto, se hicieron tontos y volvieron a reservar, por un año más, la famosa auditoría.
¿Quiere decir que, si no hacemos la solicitud por ley de transparencia, los funcionarios de la SFP ni siquiera se hubieran dado por enterados que existía este pendiente?
Y como este caso, hay miles más, cuyas solicitudes no se atienden en tiempo y forma y cuando los plazos llegan a su fin, se sacan un “as” debajo de la manga para no entregar los resultados de las auditorías en curso, lo que se traduce en impunidad y dibuja a una secretaría que no trabaja.
Por eso nos preguntamos… ¿a qué está jugando la SFP, a quién protege?... Por lo que se ve, está jugando al tío Lolo… y esto huele a más de lo mismo, a pura corrupción, esa que tanto pregona el presidente que ya no existe, pero que, en los hechos, en la realidad, es tangible, sobreviven prácticas lesivas que solo dañan al pueblo mexicano.
