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Viernes, 18 Noviembre 2022 23:51

MP de Bucerías se lava las manos; asegura que los $ 60 mil se repartieron entre policías y abogado de agresores Destacado

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Por Jorge Olmos Contreras

El Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de la Región V-A con sede en Bucerías, adscrito a la agencia I, Marco Antonio Romero López, prácticamente se lavó las manos con relación al presunto acto de corrupción en que se habría embolsado 60 mil pesos para ordenar la libertad de una detenida, ya que, aseguró que ese dinero se repartió entre los policías investigadores que supuestamente fueron agredidos por una mujer (y otros dos detenidos) y el abogado de los supuestos agresores, todo –explicó—como producto de un acuerdo entre las partes.

De esta manera, el MP Romero López negó que él haya recibido dinero alguno de nadie, que el acuerdo reparatorio entre los involucrados quedó, efectivamente, en 60 mil pesos, 45 mil para las víctimas (los policías judiciales) y 15 mil para el abogado que intervino en defensa de los reos.

QUE NO RECIBIÓ NI PIDIÓ DINERO

Al solicitar su derecho de réplica, Marco Antonio Romero López, afirmó lo siguiente: “En ningún momento recibí, pedí o fui beneficiado con dinero alguno, no es mi actuar, ellos llegaron a un acuerdo con su abogado y las víctimas, en ese acuerdo yo no participo, ni tengo ingerencia (sic)”.

Y agregó: “El acuerdo de partes es como lo indica, entre las partes, yo no soy parte de ellos; en todo momento el acuerdo lo celebraron el abogado que ellos llevaron y las víctimas, eso es algo en lo que no me puedo meter. Ellos sólo llegan a un acuerdo y me hacen saber eso a mí; los honorarios y cobros de los abogados tampoco es algo en lo que tenga que ver yo, ellos saben cuánto es lo que acuerdan contractualmente. Si esos son los principales puntos del conflicto, creo que buscó y publicó a la persona incorrecta”

Más adelante subrayó: “Le repito, cuestiones monetarias y de acuerdos yo no tengo ingerencia (recontra sic), yo sólo soy la persona que una vez llegado al acuerdo estoy obligado a darles libertad, pero no tengo nada que ver en acuerdos monetarios de las partes o de honorarios”

También quiso dejar en claro y reiterar: “Referente a la nota, en primer lugar, nunca recibí dinero alguno, no puedo, el dinero de acuerdos reparatorios se entrega directamente a las víctimas, yo no puedo pedirlo; repito, es acuerdo entre las partes únicamente. Una vez que se llega a un acuerdo, a mí se me obliga a darles libertad a las personas detenidas, por ley.

Las personas, los 3, las dos chicas y el chico, estaban detenidos por agredir policías en funciones, todos ellos (los policías) salieron con lesiones según médico legista, dictaminadas y en la Carpeta; fueron amenazados, eso también está documentado con su correspondiente valoración psicológica.

En ningún momento se tuvo registro de agresión a ellos, en todo momento se les informó a todas las personas que preguntaron por ellos su situación jurídica; le repito todo eso con mucho gusto le puedo mostrar las constancias porque es la realidad, en todo momento hice y haré bien mi trabajo, no tengo porque no hacerlo, mis valores y mi educación así me lo hacen pensar”.

LAS DUDAS

Hasta ahí la aclaración del MP de Bucerías, sin embargo, quedan muchas dudas al respecto, sobre todo cuando en el caso están involucrados policías ministeriales de investigación, quienes curiosamente hoy son las víctimas… ¡de dos mujeres! y un hombre, quienes supuestamente los agredieron de tal forma (quizás salvajemente, como para pedir 45 mil pesos) que el mismo sábado pasado buscaron con premura médicos legistas (obvio, los conocen y quizás sean amigos) para que les elaboraran un parte de lesiones y pudieran exigir tal cantidad de dinero a las dos femeninas y al masculino.

Lo más absurdo, es que el MP diga que los policías judiciales fueron amenazados por estas dos mujeres y el hombre –por cierto, muy jóvenes--, por lo que incluso requirieron una “valoración psicológica” que también se habría integrado a la Carpeta respectiva; en otras palabras, los policías de investigación de la fiscalía Nayarit también fueron atendidos por un psicólogo, porque, ¡ay!, los pobrecitos estaban tan estresados por las amenazas que les hicieron tres jovencitos, dos de ellos damas. Que necesitaban terapia psicológica con urgencia.

En el asunto hay algo que no cuadra, pero que hace suponer que cualquier persona que se atreva a cuestionar, tocar, forcejear etc., con policías judiciales de Nayarit, se exponen a que la acusen de amenazas y lesiones y que, para salir pronto del lío, tienen forzosamente que aceptar un acuerdo reparatorio y soltar miles de pesos (en este caso fueron 45 mil) para evitar que el Ministerio Público judicialice la Carpeta de Investigación y la consigne a un juez de control y oralidad, donde, si hay complicidades o amistades entre policías, agentes del ministerio público y jueces, les pueden hacer la vida muy cansada y complicarles las cosas.

Todavía peor, si les toca un abogado abusivo, les quitan en cuestión de minutos 15 mil pesos, como fue el caso de los tres detenidos por “ayudarlos”.

EL CONTEXTO

Para poner en contexto las cosas, el sábado pasado se presentaron policías de investigación a un pequeño hotel de Bucerías con el argumento de que traían una orden de aprehensión y que iban a detener a un masculino, pero como llegaron de forma prepotente, otras personas que estaban en la recepción les reclamaron su actuar, y fue en ese momento en que se originó un forcejeo entre los ministeriales y dos mujeres y un hombre que nada tenían qué ver en el asunto, al grado de que un policía le apretó el cuello a una jovencita, la tiró al suelo y ella como pudo se defendió y le dio una patada en la entrepierna al judicial, cosa que tomaron como una grave agresión y llamaron a la policía municipal para que los llevaran detenidos por los delitos de lesiones, obstrucción de la justicia, amenazas y resistencia de particulares.

Y como de forma mágica apareció un abogado defensor de los detenidos el día domingo informándoles que tenían que desembolsar 45 mil pesos para los policías (para que se pusieran en paz, o lo que es lo mismo, un acuerdo reparatorio) y 15 mil pesos de sus honorarios, pues los reos y sus familias tuvieron que marchar con 60 mil pesos.

Si bien es cierto lo que dice el MP que él no recibió dinero, también lo es que se prestan a este tipo de acuerdos para sangrar económicamente a quienes caen en las garras de la “justicia”, máxime si las “víctimas” de agresión son policías investigadores, lo que antes se conocía como policías judiciales, quienes ahora alegan tener hasta trauma psicológico por las amenazas y lesiones (suponemos que muy graves) que ameritaron exigirles a los detenidos la friolera cantidad 45 mil pesos para librar el embrollo legal.

 

 

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