En una rueda de prensa que se llevó a cabo en un restaurante de Mezcales, los inconformes exhibieron sendos documentos en donde se plasma que Víctor Francisco Rodríguez Cueva se hizo ejidatario mediante la creación de un juicio falso para despojar de sus derechos a la señora Alicia Moreno Cueva de 83 años, a quien además abandonó a su suerte sin atenderla con algún médico o proporcionarle medicamentos, por lo que la mujer murió.
Al morir doña Alicia Moreno –dicen los ejidatarios--, el actual presidente del ejido Valle de Banderas se quedó con sus bienes, pero el gobierno del Estado jamás hizo investigación alguna.
VIDANTA, EL ESLABÓN
En la misma conferencia de prensa, los integrantes del núcleo ejidal manifestaron que el 23 de noviembre del año pasado se concretó el robo de las tierras de uso común que el ejido Valle de Banderas tenía en Jalisco, y en cuyo despojo participaron la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Tribunal Agrario número 56 con sede en Tepic.
Indicaron que el principal beneficiado con el robo de sus tierras ha sido la empresa hotelera Vidanta, “firma que ha usufructuado nuestras tierras por años a través de concesiones federales de manera sospechosa, mismas que extendió a su antojo, incluso abrió un canal para que el río pasara por ahí y pareciera zona federal; esto se puede comprobar con un perito de suelos, esta propiedad consiste en poco más de 88 hectáreas.
“Estos –señalaron, al referirse probablemente al Grupo Vidanta—han sobornado a las diferentes mesas directivas con dádivas para que no se nos otorguen a nosotros”.
Por ello, este grupo de ejidatarios iniciaron un juicio de impugnación al acta de formalidades especiales del 26 de agosto del 2018 (juicio 944/2018)… “pero tristemente conspiraron tanto el RAN como la Procuraduría Agraria para que no se nos entregaran copias a tiempo y solo fue posible días antes de expirar el tiempo de su impugnación, por lo que el Tribunal Agrario falló en nuestra contra, hecho que no significa se haya hecho legalmente la asignación de tierras… sin que a Grupo Vidanta y otros posesionarios les costara nada”.
El grupo opositor externó ante los medios de comunicación presentes, que viven amenazados por la mesa directiva en turno; que les quitan el derecho constitucional a expresarse y gozar de las ganancias ingresadas por diferentes actividades y rentas.