La historia, por supuesto, destaca que el objetivo siempre fue, y es, atacar y detener los desarrollos turístico-inmobiliarios que se construyen en la ciudad, a cambio de que la secretaria del medio ambiente federal, María Luisa Albores González, volteara a ver lo que supuestamente sucedía en Puerto Vallarta y, en su momento, pedirle favores de índole político.
Y como María Luisa Albores compró las piñas que le vendió el grupo al que nos referimos, para pronto envió un grupo de inspectores de la Profepa que, sin chistar, comenzaron a clausurar aquellos desarrollos inmobiliarios que, a juicio de los informantes vallartenses de la señora Albores, estaban mal, no tenían permisos o no contaban con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
EL GRUPO
El grupo estaba (está) comandado por Raúl Rodríguez Rosales –un abogado que pulula en los circuitos de la asociación de vecinos de la colonia Emiliano Zapata--, asesorado por el ex director del Seapal, Salvador Llamas Urbina y apapachado por otro abogado, Maximiliano Lomelí Cisneros, quienes a su vez obtuvieron las finas y acomedidas atenciones de la periodista Susana Mendoza Carreño.
De acuerdo con las investigaciones de este medio, Salvador Llamas aprovechó la amistad que hizo con Susana Carreño –quien siempre se dirigió a él como “el ingeniero Llamas”—para proponer que entre ella y Raúl Rosales, presionaran a los dueños de los edificios que se estaban construyendo –o estaban por desarrollarse—en el sentido de que deberían aceptar sus condiciones, o serían denunciados en la Semarnat.
La pinza contra los empresarios se iba a cerrar desde las mismísimas oficinas de Salvador Llamas, quien comenzó a chantajear no solo a inversionistas inmobiliarios, sino también a hoteles debidamente establecidos y empresas como la cervecería Corona o restaurantes como VIPS, a cuyos gerentes les pedía cifras por arriba del millón de pesos para que se “regularizaran”.
Desde luego, eran los días aciagos en que Llamas presuntamente ya traía nexos con grupos de delincuencia organizada y quizás pensaba que podía hacer y deshacer lo que quisiera en Puerto Vallarta.
HASTA LA COCINA DE LA SEMARNAT
En este contexto, surgió la idea de que la señora Carreño acudiera a las ruedas de prensa mañaneras del presidente López Obrador (todo respaldado por Llamas), solo para denunciar a los “voraces desarrolladores inmobiliarios” de Puerto Vallarta.
Así las cosas, en poco tiempo fueron clausurados 21 desarrollos turístico-inmobiliarios dizque por no presentar la MIA, aunque dicho requisito no aplique para algunos proyectos que no están en zonas de riesgo ambiental.
Ahora se sabe que el llamado “cártel inmobiliario de Puerto Vallarta” se metió hasta la cocina de la Secretaría del Medio Ambiente, al grado de pedirle a María Luisa Albores que hiciera delegado del medio ambiente en Jalisco al mismísimo Raúl Rosales, desde cuyas oficinas se trabaja para que los 21 proyectos turístico-habitaciones que clausuraron, continúen parados.
Sin duda, es de reconocerse el esfuerzo de Susana Carreño por querer ser ejemplo de la prensa vallartense. Ella es una mujer valiente, ha sufrido atentados y humillaciones y se aplaude que acuda a las conferencias matutinas del presidente de la República y ojalá lo siga haciendo. Lo que se critica es aprovecharse de una coyuntura para perjudicar a otros, de utilizar un membrete de medio de comunicación como trampolín político y o para asociarse con ciertos personajes para sacar raja política, para imponer hasta delegados federales y manipular asociaciones de comunicadores.
Pero bueno, la ambición del grupo es tan grande, que ya divulgan por todas partes que la señora Susana Carreño va a ser la próxima candidata de Morena a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, versión que además confirmó esta semana el abogado y miembro del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Yerena Ruiz –mejor conocido como Tito Yerena-- en una entrevista que le hicieron en CPS noticias.
LOS MOTIVOS DE MAX
Por estas mismas razones, el otro abogado, Max Lomelí, se aprovechó de la “generosidad” del periodista sonorense, Carlos Martínez Macías, para meter –contra la voluntad de Carlos—a Susana Carreño para dirigir desde afuera la nueva estación de radio Paralelo 20 650 de AM, ya que el fin es darle más espacios a la señora y tenga un mayor auditorio en la comunidad vallartense.
Y por estos mismos motivos, Susana Carreño formó la asociación de periodistas de Puerto Vallarta denominada “Red Periodística”, ya que en el fondo se busca que todo el gremio apoye su probable y futura candidatura.
Sin embargo, este “cártel inmobiliario de Puerto Vallarta” ha cometido graves errores en su andar político-económico y dejados cabos sueltos, ya que es del dominio público –sobre todo en la zona romántica—que, mientras perjudican a algunos desarrollos, benefician a otros, a cambio de supuestos “donativos” que superan las seis cifras.
EL EDIFICIO ‘AMIGO’
En este escenario, aparece el edificio “Harmon” que se levanta en la calle Basilio Badillo número 223, cuyo dueño –un hombre de apellido Vergara—obtuvo una licencia de construcción de vivienda plurifamiliar vertical, (la 4607/22) por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente que preside la arquitecta Adriana Guzmán.
La persona moral que construye esos cinco niveles, más rooftop, alberca y pergolado, es “Corver Developments SAPI de CV” y el director responsable de la obra es el ingeniero Carlos Daniel Terán Saucedo.
Pues bien, por trascendidos, se comenta entre ingenieros que este edificio no cuenta con Manifestación de Impacto Ambiental por parte del gobierno federal, pero como el dueño se hizo “muy amigo” del grupo Raúl Rosales-Max Lomelí-Susana Carreño, continúa con la obra como si nada.
Lo anterior quiere decir que tal vez a la secretaria del medio ambiente le informaban solo lo que convenía al grupo, es decir, ayudaban a unos y perjudicaban a otros (y eso es solo por hablar en tiempo pasado).
Pero bueno, la ambición pierde a las personas, sobre todo cuando buscan la silla presidencial y ganancias económicas fáciles. Y este grupo es el mejor ejemplo de esa perdición, ya que desde hace tiempo incorporaron al “presidente vitalicio” del ejido Vallarta, Esteban Aréchiga, como otro factor para obtener beneficios de las tierras ejidales, donde Max Lomelí ya se apoderó de varios terrenos, según documentos en poder del columnista.
Es tan grande el espacio de poder económico y político que ha alcanzado uno de los miembros distinguidos de este grupo –nos referimos a Max Lomelí—que en fechas recientes se tuvo que ir al Tíbet para meditar, al lado de monjes budistas, lo que ha hecho de su vida, y ver si la paz monástica del lugar le ayuda a sanar su corazón enfermo, pero de esto, hablaremos en otro espacio.
