Amarillo y asustado porque le cumplimentaron una orden de aprehensión, Eduardo Diez de Bonilla regresó a prisión –ya estuvo preso una vez por el mismo delito—y, aunque pataleó y se quejó amargamente, la juez cuarta de control del sistema penal acusatorio, Susana Betancourt, no dudó en atender la solicitud del Ministerio Público para que la fiscalía arrestara al señor Diez de Bonilla.
SE LE ACABAN LAS ‘PALANCAS’
En esta ocasión, Eduardo Diez de Bonilla no contó con la protección del ex consejero de la judicatura de Jalisco, Gabhdiel Iván Novia Cruz, uno de los personajes que habría obstaculizado las denuncias y demandas que presentaron los ciudadanos Alexander James Andriadis y Diego Agustín Bedini.
Iván Novia es señalado en diferentes notas de prensa como uno de los abogados que fueron nombrados consejeros de la judicatura por recomendación del ex gobernador Enrique Alfaro Anguiano, y con ese poder que tenía al interior del aparato de justicia jalisciense, habría manipulado y amenazado a jueces para que resolvieran casos que a él o sus amigos convenían.
De esta manera, Alexander James Andriadis y Diego Agustín Bedini, dueños del hotel Guirnalda del Río y quienes denunciaron a Eduardo Diez de Bonilla, al ex propietario del desaparecido restaurante Lebistro, Humberto Esparza, y a su socio, Roberto Cuevas –llevan años clamando justicia—no veían para cuando las autoridades judiciales actuaran de forma imparcial y resolvieran el fraude cometido por Diez de Bonilla y secuaces en la compra venta de un inmueble ubicado en la calle Aquiles Serdán de la colonia Emiliano Zapata de Puerto Vallarta.
Sin embargo, Iván Novia dejó de ser consejero de la judicatura a mediados del 2024, mientras que Enrique Alfaro ya no es gobernador de Jalisco, por lo que una juez valiente, con iniciativa, como Susana Betancourt, decidió cumplimentar la orden de aprehensión contra estos pillos de los bienes raíces.
Eduardo Diez de Bonilla acostumbró a resguardarse con la cobija protectora que le brindó por varios años en este caso, una juez corrupta que presume controlar todos los juzgados civiles de Puerto Vallarta --y cuyo nombre omitimos por razones obvias--, pero sus influencias se le acabaron y esta vez sí fue vinculado a proceso por la juez Betancourt.
No obstante, Eduardo Diez presume entre sus conocidos y allegados que “su amigo”, el gobernador Pablo Lemus, lo va a sacar de prisión.
EL ARRESTO
Vergonzoso por donde se le vea para un abogado que se ufanaba de que nadie le podía hacer nada –entre otras cosas, porque su cuñado es el senador morenista, Alejandro Rojas Díaz Durán--, toda vez que los policías investigadores lo ubicaron el fin de semana y se lo llevaron directo al juzgado de control, donde, como ya señalamos, fue vinculado.
El cómplice de Eduardo Diez de Bonilla, Roberto Adolfo Cuevas Cabrera, se escondió en un domicilio del centro de la ciudad para no ser aprehendido, pero en cualquier momento va a caer, señalan abogados consultados por este medio.
Al parecer, Roberto Cuevas está utilizando tácticas dilatorias para evitar pisar la cárcel y ya se habría amparado contra la orden de aprehensión.
El reportero investigó por su parte cómo fue que se libró la orden de aprehensión contra los imputados, y obtuvo datos de que, tanto Eduardo Diez de Bonilla, como Roberto Cuevas –al creerse influyentes y protegidos por políticos y funcionarios del poder judicial—ignoraron en repetidas ocasiones los citatorios que les envió en tiempo y forma el Agente del Ministerio Público, José Carlos Peña Chavarín, para que comparecieran por los delitos de fraude específico y fraude procesal en agravio de Alexander James Andriadis y Diego Agustín Bedini.
Así las cosas, el 09 de enero, la juez Susana Betancourt resolvió dictar la orden de aprehensión en contra de los reos por la simple y sencilla razón de la necesidad de cautela, en virtud de que se decretó la sustracción de los imputados, quienes claramente evadieron los citatorios, mintieron de no estar en sus domicilios y no habían sido localizados; no, hasta que le echaron el guante a Eduardo Diez de Bonilla, quien en estos momentos atiende la medida cautelar impuesta y que consiste en prisión domiciliaria por un año mientras llega el día del juicio.
