Y es que apenas ayer en una audiencia de revisión de medidas cautelares, el Juez Luis Daniel Canales González se atrevió a modificar una medida cautelar que tenía un homicida culposo –que era la prisión preventiva justificada-- por otra que le permite continuar su proceso legal en libertad.
El tema es realmente escandaloso, porque el pasado 04 de mayo, un sujeto de Nombre Alejandro N –que traía aliento alcohólico, según el testimonio de un policía que actuó como primer respondiente—chocó una motocicleta en la que viajaba una adolescente de 17 años, de nombre reservado, y un menor. Como resultado del impacto, la jovencita murió y el niño quedó lesionado.
Lo anterior ocurrió sobre la carretera de San Rafael de los Moreno al Habal. Gracias a la oportuna intervención de la policía municipal, el responsable del accidente fue detenido y trasladado a Puerto Vallarta, donde lo pusieron a disposición del Ministerio Público.
MANDO Y CONDUCCIÓN
El Agente del Ministerio Público que tomó mando y conducción de los hechos fue Jaime Emmanuel Arrendo Cortés, quien inició la Carpeta de Investigación (CI) correspondiente por los delitos de homicidio culposo grave y lesiones graves en contra de Alejandro N, por lo que solicitó la prisión preventiva oficiosa contra el presunto responsable, por el riesgo de que éste pudiera evadir la justicia, pues el sujeto había salido del país por lo menos en ocho ocasiones.
El homicida culposo, efectivamente, fue vinculado a proceso y le habían dictado la medida cautelar de prisión preventiva, pero ayer 01 de junio su abogado defensor, Jorge Luis Guerrero, solicitó una audiencia de revisión de medidas cautelares y cuál fue la sorpresa, que el juez Daniel Canales aceptó y modificó dicha medida para que el homicida saliera de la cárcel y pudiera seguir su proceso en libertad.
Lo anterior es doblemente cuestionable en la impartición de la justicia y el actuar de algunos jueces, porque si bien es cierto que la legislación permite modificar la medida cautelar, también lo es que no se mide con el mismo rasero cada caso.
SOLO CUANDO HAY PRESIÓN SOCIAL…
Hay que recordar que hace algunos meses hubo un homicidio culposo en Puerto Vallarta en el que se le dictó prisión preventiva a un hombre solo porque hubo protestas sociales y bloqueos viales, al grado tal que el juez encargado del caso tuvo que dejar en la cárcel al responsable de la muerte de una joven, solo porque él concluyó que el muchacho “era un peligro para la sociedad”; es decir, pudieron más los tribunales mediáticos que las leyes y el razonamiento del juzgador social.
Pero lo más indignante de la muerte de esta jovencita de 17 años en Tomatlán, es que ayer el juez Daniel Canales haya beneficiado al sujeto que los atropelló, cuando su hermana, la diputada Yussara Canales, comenzó a impulsar la llamada Ley Clarisa (por el caso de Clarisa) para castigar con mayor severidad a las personas que conduzcan en estado de ebriedad y que por su irresponsabilidad terminen con la vida de otras.
Desde luego, en la fiscalía regional de justicia existe malestar por la decisión del juez Canales, ya que el Ministerio Público aportó los datos suficientes como para que Alejandro N se quedara en prisión preventiva justificada.
Los familiares de la adolescente muerta y del niño lesionado, están más que indignados, y dicen que como ellos no tienen gente para cerrar las calles y avenidas ni para protestar masivamente, les dieron atole con el dedo.
LOS HECHOS
El 04 de mayo, el policía Bernardo de Jesús Barraza de Tomatlán, fue avisado de un accidente con lesionados, por lo que se trasladó al lugar y encontró la motocicleta impactada y metros adelante una joven ya sin signos vitales, además de un menor de 11 años lesionado. Que también estaba una camioneta pick up tipo Silverado con placas de California, y en su interior estaba el conductor y que al pedirle su nombre dijo llamarse Alejandro A, “quien despedía aliento alcohólico” (sic), por lo que fue detenido por el oficial, a la vez que llamó al Ministerio Público para informarle lo sucedido.
En este contexto, Alejandro fue arraigado y en la entrevista de rigor con la Policía Investigadora afirmó ser agricultor, ganar no más de 10 mil pesos mensuales, no tener licencia de conducir ni poseer bienes muebles ni inmuebles.
EL AGRICULTOR VIAJERO
Sin embargo, el Ministerio Público obtuvo información de que este hombre que se dice agricultor ha viajado varias veces al extranjero, algunas en aviones comerciales como Alaska Airlines, American Airlines, Volaris, Viva Aerobús, etc., entre los años 2021 a 2026.
También ha viajado a San Diego, California, a donde ha ingresado en calidad de peatón por la garita correspondiente.
La pregunta salta de inmediato: ¿Cómo una persona que dice ganar 10 mil pesos mensuales puede viajar en cómodos aviones al extranjero?
Por ello, se sabe que Yadira Alejandra Dueñas, adscrita a la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, firmó un oficio en el que recomienda una estricta supervisión del vinculado bajo el esquema de un riesgo procesal medio, sobre todo, porque se negó de manera voluntaria a proporcionar información, lo que generó un indicador adverso.
Con este análisis y demás investigaciones del caso, el MP Arredondo Cortés determinó que derivado del anterior oficio se desprende que el sujeto representa un riesgo procesal medio; además de que tiene doble nacionalidad y constantemente ha salido del país, por lo que existe riesgo de fuga por parte del imputado, según datos a los que tuvo acceso el columnista.
PRISIÓN PREVENTIVA SÍ… PERO LLEGÓ CANALES Y DIJO NO
Así las cosas, el 06 de mayo, el MP Arredondo notificó sobre este acuerdo al abogado Jorge Luis Guerrero --defensor del imputado—y le informó claramente que al momento de desahogar la audiencia inicial iba a solicitar como medida cautelar, en contra de su cliente, la prisión preventiva justificada.
Y así fue, el MP dictó su acuerdo en esta tesitura, que Alejandro N debería quedarse en prisión preventiva.
Pero llegó el 01 de junio, y en la revisión de las medidas cautelares solicitadas por la defensa (cosa que no han hecho con otras personas que están en estas condiciones), el juez Canales resolvió modificarlas y –como ya señalamos antes-- darle el beneficio al homicida culposo de seguir su proceso legal en libertad.
Con lo anterior, Daniel Canales metió en un serio aprieto a la diputada Yussara Canales, quien, tras la indignación social por el trágico fallecimiento de Clarisa Rodríguez, se ha propuesto Reformar el artículo 63 del Código Penal del Estado de Jalisco para elevar las sanciones por homicidio culposo agravado en siniestros viales, que actualmente van de cuatro años y un mes
¿Ahora qué va a decir la legisladora sobre el comportamiento de su hermano?
Pero bueno, lo más triste del caso de Tomatlán, es que no se informó si el sujeto que arrolló a la adolescente de 17 años va a reparar el daño, o si le exigieron alguna garantía para pagar gastos médicos del niño lesionado y los que se generaron por la sepultura de la jovencita, quien, por cierto, trabajaba en una panadería y salía a vender el producto en la motocicleta.
