Mientras los ciudadanos cada vez tienen mayor hartazgo con la gran burocracia que se sirve con la cuchara grande cuando tiene la oportunidad de tomar decisiones, en vez de servir a los demás, ahora resulta que a los magistrados y jueces se les pretende premiar de por vida, con una prestación por jubilación llamada “monto de haber de retiro” y que podría recibir un magistrado entre dos y más de tres millones de pesos, cuando se pide se les duplique lo que hoy perciben de acuerdo a la ley, esto es, en vez de seis meses el Estado les entregaría un año de sueldo, y de 12 días lo elevarían a 20 por año.
Este privilegio que firmaron los diputados Héctor Pizano, como presidente de la Comisión de Justicia, junto con el legislador Joaquín Portilla, de acceder la asamblea del Poder Legislativo, sería crear privilegios especiales, institucionalizar un abuso a un Poder del Estado que se ha caracterizado por ser el más oscuro, cerrado a la transparencia con una fama pública muy desafortunada por la forma como administran e imparten justicia.
La iniciativa contrasta con otra muy positiva que el mismo diputado Héctor Pizano ha presentado de reducir a la mitad las prerrogativas a los partidos políticos y que representaría un ahorro al año de cuando menos 100 millones de pesos.
Choca también con el programa de austeridad que el gobernador Aristóteles Sandoval dio a conocer a los pocos días de haber asumido la responsabilidad de dirigir al Poder Ejecutivo de Jalisco, que tiene como finalidad ahorrar 600 millones de pesos durante el sexenio con “la eliminación de privilegios a funcionarios como la prestación de vehículos, pago de teléfonos celulares y seguros de gastos médicos”, que los anteriores gobiernos de Acción Nacional impusieron como estrategias de obtener mayores ingresos del Gobierno.
“No tiene cabida en nuestro Gobierno quien con sueldo suficiente, además exige que se le paguen sus lujos con dinero de los ciudadanos”, argumentó el Gobernador cuando dio a conocer su programa de 10 puntos de austeridad, que sólo se justificarán –así lo aclaró– en el caso de los funcionarios que tienen a cargo tareas de seguridad, protección civil y urgencias médicas.
“LA LEY ANTICOCHINOS”
El mismo presidente estatal del PRI, Hugo Contreras, anunció entrar en consonancia con la línea que marcó el Gobernador en materia de ahorro y austeridad cuando presentó a la opinión pública su iniciativa de “ley anticochinos”, esto es, evitar que se sigan cometiendo los abusos de parte de ex funcionarios y ex trabajadores con cómplices que participan en pleitos laborales y que se convierten en demandas millonarias. Se estima que estas promociones podrían significarle un costo al Estado (con sus poderes y ayuntamientos) superior a los cuatro mil millones de pesos.
Sin embargo, el Presidente estatal del PRI ha guardado silencio en cuanto a la iniciativa de dos de sus diputados. Y surge la pregunta: ¿Hay o no un compromiso institucional con la austeridad o simplemente se trata de un pose? Si bien los diputados son libres y autónomos, se supone que debe existir concordancia con el espíritu que mueve a un gobierno y que ha postulado y defendido el gobernador Aristóteles Sandoval.
El argumento que ha esgrimido el legislador priísta es fortalecer así al Poder Judicial, luego que se ha visto envuelto en una serie de conflictos con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sin embargo pagarles estas cantidades a magistrados no es la forma de mejorar el funcionamiento del órgano impartidor de justicia. Actualmente un magistrado recibe un salario mensual de 135 mil pesos. Por supuesto que la tarea y responsabilidad de estos servidores de la justicia es de máxima responsabilidad, deben de estar bien pagados y los magistrados reciben un sueldo muy decoroso.
Distinta es la situación de los jueces del Estado, a ellos sí se les debe de revisar sus percepciones y realizar un buen ajuste, que es un elemento importante para mejorar la justicia, que se le debe de considerar como una inversión más que un costo. Allí sí habría fortalecimiento a un Poder.
GANDALLAS
En el fondo la intención de esta iniciativa bien podría ser que el nuevo gobierno compre “institucionalmente” cinco magistraturas cuyos titulares en edad de jubilación promovieron se les otorgara doble jubilación (una pagada por Pensiones del Estado y otra por el Gobierno que sumaría un ingresos superior a los 250 mil pesos mensuales), controversia que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que por fortuna fue rechazada.
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