De acuerdo con la revista “Borde Político”, Yerena está ubicado en el sexto lugar del ranking de desempeño político en Jalisco, donde hay 31 legisladores que representan a la entidad en San Lázaro.
También ocupa el lugar número 146 en la Cámara de Diputados –donde hay un total de 481 legisladores--, es decir, que su desempeño está por encima de 335 representantes populares.
Nada mal para un diputado que llegó a su curul por la vía de la representación popular impulsado por el PRI, que es de extracción obrero y que en lo que va de su cargo como legislador federal, ha presentado 18 iniciativas, le han aprobado cuatro y ha puesto sobre el debate 17 puntos de acuerdo. Su asistencia está en el orden del 97 por ciento.
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En cambio, Luis Ernesto Munguía González –el diputado federal que ganó la elección pasada en el 05 Distrito Electoral de Jalisco—se ubica en el último lugar del ranking de desempeño legislativo en Jalisco. Ocupa la nada honrosa posición 31 de 31 en la entidad federativa, mientras que, en la Cámara de Diputados, está en el casillero número 466 de 481, es decir, solo lo superan 15 legisladores federales.
Y aunque tiene 100 por ciento de asistencias al Congreso y ha presentado ocho iniciativas y seis puntos de acuerdo, no le han aprobado una sola iniciativa y jamás ha subido a tribuna para participar en un debate.
Es el peor representante que tiene Jalisco en el Congreso de la Unión.
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El maestro Luis Roberto González Gutiérrez, quien en tres años cumplidos al frente del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, ha entregado buenas cuentas y se perfila como uno de los priistas mejor posicionados en la carrera por la candidatura de su partido a la presidencia municipal de este centro turístico.
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Mientras el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sufre una de sus peores escisiones en Puerto Vallarta y no se vislumbran nuevos cuadros, ni mucho menos una generación joven que pueda ser competitiva en los próximos procesos electorales, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval –que se supone es el líder del priismo jalisciense—se muestra indiferente, ausente, apático y hasta negligente con el partido que lo llevó al poder, al no poner orden en el desorden; al dejar a su instituto político a la deriva y permitir que todos se pongan en contra de todos, generando así sólo anarquía política y un caos que deja a los priistas totalmente descobijados y listos para volver a perder.
Esto, al menos en Puerto Vallarta, donde no hay un proyecto político claro y donde comienzan a huir del Revolucionario Institucional algunos actores que, si bien no representan un clientelismo electoral importante, sí crean un ambiente de incertidumbre y confusión al abandonar las filas del otrora poderoso partido.
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El abogado Alfonso Bernal Romero, quien ya tiene listas las maletas para mudarse a la calle Río Grande donde están las oficinas del Comité Directivo Municipal del PRI y hacerse cargo de la presidencia tricolor.
Alfonso Bernal trae todo el impulso de Salvador González Reséndiz para tomar la dirigencia del PRI Vallarta y también el visto bueno del presidente estatal de ese partido, Héctor Pizano.
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Una nota informativa divulgada por el portal www.reportindigo.com, pone al descubierto a uno de los contratistas favoritos del ex presidente municipal, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, mejor conocido como “El Mochilas”, a quien le otorgó varios contratos millonarios de obra pública durante su administración. El beneficiado se llama José Antonio Cuevas Briseño, quien también ha obtenido adjudicaciones directas en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y más reciente, en el de Guadalajara.
El trabajo periodístico, firmado por Jonathan Ávila, señala que De 2012 a 2015 José Antonio Cuevas Briseño había obtenido un total de 12 contratos de obra pública en Tlajomulco y Puerto Vallarta, seis en cada uno de los municipios.
Se trata de los contratos 094 y 101 del año 2012, 043/13, 055 y 081 del 2014, y el 060/2015 en el caso de Tlajomulco. Mientras que en Puerto Vallarta fueron el 004 y 087 del 2013, 017, 058, 111 y 139 del año 2014.
Por estos contratos el arquitecto logró sumar 23 millones 405 mil 653 pesos del erario para llevar a cabo las obras.
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El alcalde Arturo Dávalos Peña, quien le puso el cascabel al gato y de pasada a muchos de cabeza –otros incluso no pueden dormir por la angustia—al lograr que el pleno del Ayuntamiento votara por mayoría calificada el inicio del proceso para pedir al Congreso del Estado la municipalización del Seapal Vallarta, lo que incluso ha causado que muchos empresarios de filiación priista se desgarren las uñas.
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Los abogados talibanes que asechan a trabajadores despedidos en los alrededores de Plaza Marina en donde todavía está la Sexta Junta de Conciliación y Arbitraje.
Y es que en Puerto Vallarta operan por lo menos seis despachos de abogados conocidos como “talibanes”, calificativo que se ganaron a pulso en Guadalajara por defender o atacar por igual a empresas que a trabajadores –y por inflar y cobrar sumas exorbitantes en casos de supuestos despidos injustificados--, un conflicto de interés que muchas veces los orilla a cometer acciones de carácter fraudulento, tanto en contra de patrones como de empleados, lo cual ha alertado a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
De acuerdo con informes internos de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Puerto Vallarta, se han detectado prácticas fraudulentas en seis corporativos jurídicos o en oficinas en donde despachan uno, dos, tres o cuatro abogados, que llevan las mismas demandas y que lo mismo representan al trabajador como al patrón.
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El Director del Seapal, César Abarca, que no se amilanó, ni se deprimió ni se puso la soga al cuello ante el anuncio de que probablemente el organismo operador de agua pase a manos del Ayuntamiento, pues seguro está de que las finanzas están en orden y que eso lo catapulta como un serio candidato a la alcaldía de Vallarta.
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Protección Civil Municipal, donde una empresaria local –que se omite su nombre por protección de datos personales—asegura que esa dependencia les condiciona el visto bueno para entregarles la licencia municipal a muchos negocios, y que le recomiendan a una empresa externa para que elaboren programas internos, a cambio de un pago.
Esta señora dice que desde la pasada administración tiene problemas para obtener su licencia, ya que protección civil le condiciona a tomar forzosamente la capacitación con ellos, aunque se las den cinco meses después.
Jamás dan la lista completa de los 60 consultores registrados ante protección Civil del Estado ni la de capacitadores para elegir libremente. Esta mujer tiene tres empresas y dice que siempre llega la misma persona recomendada por Protección Civil Municipal para hacerles el trabajo, “aun así sus costos sean más altos uno debe de contratarlo a él, porque si no tu visto bueno de comercio nunca te lo dan”.
Además de imponerles un capacitador –agrega--, más de tres veces por año llega gente de PC Municipal a pedir apoyos con varios pretextos, que ya se descompuso la ambulancia, que ya se descompuso el camión, que ahora es el día del bombero, que ya llegó navidad… y todo el año están vacunando a las empresas con regalos o dinero en efectivo “y la verdad no sé si realmente se use para el fin que ellos piden, pues se supone que ellos tienen un presupuesto”.
También piden donaciones como motosierras, cañones, lap tops, etc.
Pide que dejen que los empresarios de Vallarta decidir con quién tomar la capacitación y con quién hacer sus programas, “ya que a la larga me sale más caro estar donando cosas... al rato nos va pasar de nuevo que, por recomendar a alguien, nos van a decir que no es válido nuestro programa, como paso con el anterior jefe de PC, Alejandro Arias, que cobró programas de capacitación y ninguno resultó con validez oficial.
¿Qué tendrá qué decir de todo esto el subdirector de Protección civil Municipal, Adrián Bobadilla García?
