Por Jorge Olmos Contreras
Que nadie se diga engañado en Bucerías, fueron los mismos ejidatarios quienes aprobaron en una asamblea, la firma de un convenio Preparatorio de Finiquito, para que el Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), les pagara una contraprestación de 75 millones de pesos --pagaderos en tres partidas, una de 20, otra de 30 y una más de 25 millones--, por la afectación de poco más de 100 hectáreas de terrenos ejidales frente al mar, que en realidad son 100 hectáreas, 71 áreas y 76.37 centiáreas.
Es totalmente falso que se haya autorizado o aprobado, un pago de 150 millones de pesos. El acta del ejido del 02 de diciembre del año 2007 (hace 10 años) es muy clara, y en la asamblea de ese día, votaron a favor de que el comisario ejidal firmara dicho convenio con el FIBBA y la autoridad agraria correspondiente, asegura José Luis Niño Rodríguez, ex presidente de la mesa directiva ejidal de Bucerías, consultado por VALLARTA UNO.
De hecho, la figura que se autorizó, a través de una propuesta del juez de relatos del ejido, lleva por nombre “Convenio Preparatorio de Finiquito, Compensación y Reconocimiento de Linderos y Asignación de los Terrenos Expropiados al Ejido Bucerías”, con lo que se formalizó ese pago al ejido, debido a que en la expropiación del 10 de noviembre de 1970 --que por decreto hizo el entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez-- se afectaron varias hectáreas pertenecientes al núcleo ejidal, entre otras, las 100 que se ubican en este polígono, y que el FIBBA vendió a particulares. Hoy, en este sitio, se encuentran desarrollos turísticos y habitacionales, como el campo de golf Flamingos.
EL ABOGADO COBRÓ EL 20%
En la asamblea donde se autorizó este acuerdo, es decir, que el comisario ejidal firmara el convenio con el FIBBA, votaron a favor, 65 de los 71 ejidatarios asistentes.
Antes, un abogado de Sonora, de nombre Jesús Salinas (que ya no vive), se les acercó a los ejidatarios para proponerles iniciar un litigio contra el FIBBA por la afectación de esas 100 hectáreas. Y en una asamblea, se votó a favor de contratar este licenciado, que propuso cobrar 20 por ciento de la cifra total –por concepto de honorarios-- que se lograra acordar y cobrar como Pago de finiquito con el citado Fideicomiso.
De esta manera, el 07 de octubre del año 2007, este abogado y su equipo tramitaron un amparo indirecto –según el litigio cuyo expediente es el 116/04—para que el Fideicomiso pagara finalmente las tierras afectadas, lo cual sucedió.
Sin embargo, todo se dio en un entorno de incertidumbre, ya que el FIBBA nunca rindió cuentas al ejido sobre las ventas que hizo a particulares, ni mucho menos les extendió beneficios económicos a sus integrantes, tal y como lo exige el espíritu del mismo Fideicomiso, donde los ejidatarios afectados son los fideicomisarios, es decir, los beneficiados.
Así las cosas, el FIBBA se vio presionado y en una reunión de su Comité Técnico, se acordó pagar esos 75 millones de pesos al ejido Bucerías, como indemnización. De este dinero, el abogado se llevó la friolera cantidad de 15 millones de pesos, libres de polvo y paja; por lo que, en días recientes, algunos ejidatarios inconformes han alzado la voz en protesta del por qué se le pagó tanto dinero a Jesús Salinas. Sin embargo, en actas está el acuerdo a favor; aunque algunos han dicho –sin probarlo fehacientemente—que les falsificaron sus firmas, tanto para que se firmara el convenio de finiquito con el Fideicomiso, como el trato con el abogado.
Otros se dicen afectados por el acta de asamblea ejidal, y supuestamente han demandado la nulidad del convenio del 2007 y la correspondiente indemnización por sus tierras, pese a que la mayoría de los ejidatarios votó a favor y de que todos cobraron, por partes iguales, los 60 millones de pesos.
Una de las inconformes, es la señora María Heredia Torres, viuda de Santos Ramos Ávalos, quien demanda la indemnización por algo más de 10 hectáreas ubicadas en lo que hoy es un campo de golf, “la cual forma parte de los derechos agrarios que heredé. Por lo que adjunto copia simple de la sentencia definitiva dictada en los autos del expediente 383/2009 del índice del Tribunal Agrario, así como del diverso 580/2013, en el que demando la desocupación y entrega física de la parcela con una superficie de 10-59-90.00 hectáreas, ubicada en el predio conocido como campo de golf, del ejido de Bucerías”.
LAS TIERRAS, EN PODER DE UN MAGISTRADO
En este contexto, resulta por demás interesante el hecho de que, a través de un “adendum” el Comité Técnico del FIBBA le exige al ejido una firma para que se comprometiera a asignar las 100 hectáreas –producto de la contraprestación—ni más ni menos que al entonces Director General del mismo Fideicomiso, Pedro Álvarez Hormaeche, quien hoy es magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Nayarit.
Y así fue, el 25 de septiembre del 2007, el Comité Técnico del FIBBA, reunido ex profeso, autorizó el convenio para que fuera Pedro Álvarez Hormaeche, la persona que, en nombre del Fideicomiso, recibiera el dominio pleno de las 100 hectáreas.
A su vez, el ejido, en asamblea del 13 de enero del 2008, votó a favor de que se asignaran estas tierras al hoy magistrado nayarita.
La cosa es que, a la fecha, ocho años después, el magistrado Álvarez Hormaeche no ha restituido jurídicamente las 100 hectáreas al FIBBA, para que pasen a formar parte de su patrimonio, pese a que, en el convenio del Comité Técnico, existe una cláusula penal para que el mismo FIBBA recurra a los medios legales necesarios, para obligar al receptor del polígono, entregarlo al patrimonio del mismo organismo.
En este contexto, en el FIBBA no han informado si ya requirieron al magistrado por la vía legal, toda vez que hay incertidumbre de los actuales posesionarios –grandes empresarios y particulares—por la seguridad jurídica de sus bienes.
NACHO VAZQUEZ, EL OPORTUNISTA
Por otra parte, cabe señalar que en este tipo de casos –como siempre-- surgen oportunistas, como un presunto abogado de nombre Ignacio López Vázquez, quien al saber que el ejido Bucerías recibió 75 millones de pesos, menos los 15 que le habrían pagado al abogado, o sea 60 millones de pesos que se repartieron entre los ejidatarios con derechos, de inmediato comenzó a buscar la forma de beneficiarse económicamente.
Fue así como Ignacio Vázquez rastreó a viejos ejidatarios de Bucerías que en el pasado vendieron o perdieron sus derechos ejidales, y o a sus familiares, y les sacó una firma para entablar demandas de restitución de derechos agrarios, contra aquellos que hace muchos años se hicieron ejidatarios, ya fuera por depuración del censo o porque pagaron una contraprestación económica a quienes vendieron los propios en forma de “traspaso”.
Es el caso de José Luis Niño Rodríguez –ex funcionario municipal de Puerto Vallarta--, sobre quien pesaba una demanda en el Tribunal Agrario, por supuestamente haberse quedado con los derechos de un ejidatario que se llama o se llamaba Tránsito Ramírez; pero no fue así, sino que al depurarse el padrón, la asamblea votó a favor de que se integrara al ejido Niño Rodríguez en lugar de Tránsito Ramírez, quien perdió sus derecho por diferentes causas.
Empero, Ignacio Vázquez perdió la demanda contra José Luis Niño, al igual que otras 15 que entabló contra el mismo número de ejidatarios.
EL EJIDATARIO NIÑO
Sobre sus orígenes en Bucerías, José Luis Niño comentó que él iba mucho al ejido porque su padre, Luis Niño Sánchez, un cantinero al que querían mucho, se hizo ejidatario en la primera ampliación de 1964; mientras que a él lo admitieron varios años después, luego de una depuración de 15 ejidatarios; y más tarde, lo hicieron presidente de la mesa directiva del núcleo que estaba o está formado por 106 personas.
José Luis Niño, en charla con el reportero, informó que un ejidatario de nombre Ponciano Ramos, fue el que le “pasó” cuatro hectáreas, a cambio de una compensación económica, y que así fue como formó un patrimonio, ya que luego vendió esos predios y construyó otras fincas que ha vendido poco a poco.
INTENTO DE EXTORSIÓN
No obstante, el sedicente abogado López Vázquez, lo demandó y en una ocasión se le acercó para pedirle 200 mil pesos, a cambio de retirar el proceso legal “a lo cual, desde luego me negué, no permití la extorsión”, acotó Niño Rodríguez.
Ignacio López Vázquez, es un abogado que se ha metido de lleno en problemas agrarios y ejidales para sacar provecho, pero lo hace pisoteando la ley, debido a que se siente protegido por agentes de la Policía Nayarit, que a su vez presumen ser gente del fiscal Edgar Veytia, sin que el funcionario estatal se haya pronunciado por algunos de estos casos.
Lo más seguro es que estén utilizando el nombre del Fiscal para amedrentar a personas como a José Luis Niño y tratar de sacarles dinero, pues incluso gente cercana al mismo López Vázquez, hizo correr la versión entre medios de comunicación de Bahía de Banderas, de que Niño había sido “levantado” por policías estatales, lo cual resultó completamente falso, según la investigación de VALLARTA UNO.
Pero para seguir sembrando zozobra entre los ejidatarios, la gente de Ignacio Vázquez también ha divulgado en algunos medios que el pago por las 100 hectáreas no fue de 75, sino de 150 millones de pesos, y que incluso es una cifra irrisoria, tomando en cuenta que actualmente esas tierras y lo que tienen construido, cuestan más de 100 millones de dólares, lo que ha despertado la ambición de muchos.
