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Lunes, 15 Julio 2013 01:59

La ingratitud del Mochilas, el caso Carmen Alicia Castelo y Salvador López Aréchiga

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Por Jorge Olmos Contreras

Si algo dibuja a la perfección la ingratitud de Ramón Demetrio Guerrero Martínez con la gente que le ayudó a llegar a la alcaldía de Puerto Vallarta y su tendencia a aplicarles la política del kleenex (úsese y tírese), es el caso del ex director jurídico del Ayuntamiento, Salvador López Aréchiga y uno más, el de la abogada Carmen Alicia Castelo Rubio.

 

Estas dos personas fueron piezas importantes en la campaña político electoral que llevó a la silla presidencial al Mochilas en julio del año pasado. Salvador López organizó una estructura de ciudadanos capaces –casi todos abogados— que fungieron como representantes de casillas y fueron ellos los que impidieron que les metieran goles los del partido contrario, en este caso los del PRI.

En tanto, Carmen Alicia Castelo fue una férrea defensora del triunfo de Ramón Guerrero, al grado de que nunca dejó sola la comisión distrital que resguardaba los paquetes electorales, tal y como se lo pedían los encargados del órgano electoral. Ella se quedó a velar y pidió que se continuara con el recuento de los votos. Sabía que si se iba a dormir, alguien podía alterar los sobres que contenían los sufragios.

Al final, con todo e impugnaciones, Ramón Guerrero se convirtió en presidente municipal de Puerto Vallarta, gracias a muchos factores que le permitieron hacer historia porque llegaba de la mano de un partido, el del Movimiento Ciudadano, que sin tener presencia obtuvo la mayoría de los votos.

Pero la luna de miel que traían cientos de personas con el famoso Mochilas se comenzó a convertir en una luna amarga, sobre todo porque en la transición de la victoria a la toma del poder –casi tres meses--, el alcalde electo comenzó a dar señales de autoritarismo, de no escuchar y de relegar a segundo plano a las personas que le ayudaron a obtener el triunfo y a privilegiar a un selecto grupúsculo importado de Guadalajara.

Una vez instalados en la presidencia municipal, personas que traían todas las ganas de cambiar las cosas, de mejorar en todos los aspectos para poner orden en el desorden y que de paso, ingenuamente creyeron que con Ramón Guerrero si podría haber respeto a leyes y reglamentos, cero corrupción y mucha honestidad, pasaron de la emoción al desencanto, del optimismo, al pesimismo, de la ilusión y esperanza a una gran desilusión y desesperanza.

Una de estas personas fue precisamente Carmen Alicia Castelo Rubio, quien pedía a gritos la pusieran en el departamento de Planeación Urbana Municipal que depende de la Dirección de Obras Públicas, ya que ella tenía conocimiento de la enorme corrupción que se gestó y desarrolló en esa dependencia en las últimas tres administraciones.

La solicitud se la concedieron a medias y a regañadientes. El Mochilas aceptó que Castelo Rubio manejara la subdirección de planeación urbana. Pero un hecho puso fin a la permanencia de Carmen en esta área y éste fue la clausura que la abogada ordenó de una obra irregular en una casa habitación en el fraccionamiento Isla Iguana.

La casa pertenece a uno de los hijos del diputado Rafael González Pimienta y, en efecto, el dueño no tenía permiso para ampliar, remodelar o construir sobre la finca, por eso Carmen Alicia la mandó clausurar.

Sin embargo, alguien llamó al presidente municipal para pedirle su inmediata intervención para levantar los sellos de clausura. Y así fue, El Mochilas hizo una llamada y le pidió al síndico, Roberto Ascencio que hablaran con Carmen para que ya no se metiera en este caso.

El síndico por su parte le pidió al Director Jurídico, Salvador López, que hablara con Castelo Rubio y ella, muy molesta, les reclamó su actitud y la del alcalde. Les dijo que de qué se trataba, si de solapar actos de corrupción o si estaban dispuestos a ser un Ayuntamiento diferente, honesto que aplicara la ley igual para todos, pero le contestaron que era una orden del presidente.

Carmen Alicia Castelo quiso hablar con Ramón Guerrero, pero éste no le contestó las llamadas, por lo que decidió enviarle un mensaje a su celular preguntándole si iba a permitir este tipo de sinvergüenzadas. Dicen que esto molestó sobre manera al Mochilas y éste le habló al síndico para decirle que ya no quería ver a Carmen en el Ayuntamiento, que no la quería pues.

El Director Jurídico le notificó a Carmen de la decisión del presidente, pero no la corrió, sino que le propuso moverla de la dependencia, pero Carmen se negó y los retó a que la despidieran conforme a derecho, pero no lo hicieron. A la fecha, Castelo sigue en el gobierno municipal, está relegada, no tiene prácticamente ninguna función pero si cobra su quincena puntualmente.

Ahora sabemos que al Mochilas lo llamaron para chantajearlo y él se prestó al juego en el caso de la casa clausurada de Isla Iguana. Le habrían dicho que si no levantaba los sellos, nunca tendría acceso a ciertos recursos del gobierno estatal y cedió. Al ceder, sacrificó a una mujer valiente que estaba dispuesta a ordenar el departamento de planeación urbana, donde ahora despacha un personaje corrupto y con una historia judicial en su contra, el señor Oscar Montiel Cervantes.

OTRO FUNCIONARIO INCÓMODO

Pero si Carmen Alicia logró quedarse a pesar de que no la quieren, al que si echaron y de la peor manera, fue a Salvador López Aréchiga, un abogado que pronto se percató de los negocios sucios que traía El Mochilas bajo el brazo y al que le empezó a cuestionar sus excesos al mando del gobierno municipal.

Ingrato hasta el tuétano, Ramón Guerrero no vio con buenos ojos la incorporación de Salvador López Aréchiga a la Dirección Jurídica que depende directamente de la Sindicatura, pero el titular, Roberto Ascencio Castillo, paró en seco al Mochilas y le dijo que él se hacía responsable por el actuar de Aréchiga y que le respetara el nombramiento.

El Mochilas apretó desde un principio a Roberto Ascencio para que no metiera al Jurídico a López Aréchiga, incluso le condicionó que si entraba Salvador, tendría que sacrificar unos veinte nombramientos a los que tenía derecho el síndico. Ascencio no se amilanó, y sostuvo su compromiso de hacer Director Jurídico a Aréchiga aunque le quitaran margen para nombrar colaboradores.

Al paso de los días, Salvador López fue el primero en advertir las ansias de Ramón Guerrero para afectar a los vallartenses con acciones que ponían en riesgo la estabilidad económica del pueblo, como el de querer aplicar un impuesto de mejoras o el de querer entregarle una comisión del 25 por ciento a un despacho de Monterrey para que se hiciera cargo de cobrar la cartera vencida del municipio que asciende a más de 300 millones de pesos.

Luego descubrió las irregularidades de la convocatoria nacional para concesionar el servicio de alumbrado público; la intentona por crear un fideicomiso para el manejo de la nómina de los trabajadores y la insistencia del Mochilas para que le firmaran contratos a personajes como Roberto Rodríguez Preciado para pagarle 70 mil pesos mensuales.

Tanto Aréchiga como Ascencio apremiaban al Mochilas para que tomara decisiones que tarde o temprano le iban a afectar al Ayuntamiento en caso de no tomarlas, como la firma de algunos laudos o convenios con empresarios a los que se les habían cobrado cuentas fiscales injustamente y donde procedía el reembolso.

El más conocido fue el del empresario Elías Sacal, a quien le tenían que reembolsar más de 13 millones de pesos y que por la indecisión del Mochilas se perdió la oportunidad para firmar un convenio en que se le iba a descontar al desarrollo Grand Venetian pagos paulatinos del impuesto predial.

Molesto, Elías Sacal sacó la chequera y pagó su predial de este año, pero ahora exige que el Ayuntamiento le devuelva más de 13 millones de pesos.

Del caso Grand Venetian hay más información, ya que apenas hace dos semanas el empresario habría reclamado que le devolvieran un millón de pesos que había soltado al secretario general, Antonio Pinto, con tal de que sacara adelante el convenio que nunca firmó El Mochilas.

Hay trascendidos en el sentido de que Elías Sacal fue amenazado por los colaboradores del Mochila para que dejara las cosas como estaban –es decir, que no reclame el millón de pesos que prácticamente le están robando—o de lo contrario le harían la vida imposible con todos los permisos que tiene que tramitar de sus nuevas inversiones en Puerto Vallarta.

Y es que Elías Sacal ya compró la marina de Puerto Vallarta y está por comenzar otros desarrollos, para lo cual necesariamente tendrá que tramitar permisos ante el Ayuntamiento.

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