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Sábado, 29 Diciembre 2018 06:24

Además de tener golpeadores, “Glomars Seguridad” operaba sin permisos; pero en Nayarit la solapan

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Por Jorge Olmos Contreras

La empresa “Glomars Seguridad” que fue contratada supuestamente por el Grupo Dine para reprimir a ciudadanos que protestaron en días pasados por el cierre de acceso a la playa en el estero “La Lancha” en Punta Mita, además de tener policías privados golpeadores, operaba sin permisos, por lo que su situación era irregular y podría fincárseles a sus representantes otros delitos, como usurpación de funciones y portación de armas de fuego.

Fue el diputado Ismael Duñalds Ventura, integrante de la XXXII Legislatura del estado de Nayarit, quien el 21 de noviembre pasado le envió un oficio al encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad federativa, Jorge Benito Rodríguez Martínez, donde le solicita se sancione a la empresa “Glomars Seguridad” por invadir facultades que competen sólo a la policía municipal o estatal, al realizar labores de vigilancia en un predio de carácter público, como lo es el que está en las inmediaciones del estero “La Lancha” y cuyo acceso a la playa fue cerrado por elementos de dicha compañía de seguridad privada.

No sólo eso, sino que, además –le informa el diputado al funcionario de seguridad pública del estado—policías privados de esta empresa golpearon y rociaron con gas lacrimógeno a ciudadanos que se manifestaban pacíficamente y que protestaban por el cierre del paso a la playa, por lo que urgió a una sanción a “Glomars Seguridad”.

Sin embargo, el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit, sólo respondió –el pasado 17 de diciembre—que se emprendió un proceso administrativo contra “Glomars Seguridad”, ya que la empresa no se encontraba regularizada y que se le apercibió para que en 30 días hábiles iniciara los trámites correspondientes para su regularización, los cuales comenzó el 28 de noviembre.

Asimismo, que se le prohibió volver a operar el servicio de seguridad privada, hasta que no tenga en regla sus permisos, es decir, hasta que se regularice.

Sin embargo, Jorge Benito Rodríguez no informó la sanción que se le impuso a “Glomars Seguridad”, ni de cuánto fue la multa que dicha dependencia gubernamental debió aplicar a los dueños de la empresa de seguridad privada.

Tampoco dijo nada sobre si se investigó el uso de armas de fuego, la usurpación de funciones ni las vejaciones a los ciudadanos que protestaron por el cierre del paso a la playa. Es como si el funcionario fuera muy complaciente con “Glomars Seguridad”.

En otras palabras, cualquiera puede constituir una empresa de seguridad privada, operar sin permisos, usurpar funciones propias de la policías estatal y municipal, golpear a las personas, intimidarlas y amenazarlas, y ser sancionado únicamente con un proceso administrativo para exhortar a que se regularicen, pues la sanción no va más allá, y en este caso, se le tendría que negar el permiso a “Glomars Seguridad” para operar, debido a la falta que cometió y el abuso contra ciudadanos indefensos.

El encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Nayarit fue muy generoso y magnánimo con esta empresa, y se lavó las manos en su oficio al indicarle al diputado Duñalds que en el caso de las personas que resultaron golpeadas, “se deberá hacer conocimiento del Agente del Ministerio Público, quien es la autoridad pertinente para conocer y resolver al respecto”.

El gobernador Antonio Echevarría García debería llamarle la atención a Jorge Benito Rodríguez y pedirle cuentas sobre su posición tan blandengue en este caso.

 

 

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