giweather joomla module

Advertencia

JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 44
JUser: :_load: No se ha podido cargar al usuario con 'ID': 56
Valora este artículo
(0 votos)

Por Jorge Olmos Contreras

El líder de El Barzón en Puerto Vallarta, Fidencio Hernández Lomelí manipuló a cientos de personas –desalojados de Cartolandia—para que rechazaran la constitución legal de una Cooperativa Vallartense de Solicitantes de Tierra para Autoconstrucción de Vivienda, cuyo objetivo era comprar una parcela rumbo a Las Palmas para construir un fraccionamiento, pero de forma legal; y sí en cambio, los ha manejado a su antojo para sacar provecho personal.

Valora este artículo
(0 votos)

Por María Estela Camacho

La “M” es una letra que puede encabezar muchas palabras como Madre, Merde…y Mochilas entre otras, algunas nos traen a la mente buenos recuerdos y otras nos parecen vomitivas, cuando recibí la tercera llamada de algunas personas y las tres coincidieron en decirme que estaban regalando mochilas,( me permito aclarar que son maletas que se cargan en las espaldas, para que no haya confusiones) para los niños con útiles escolares, pero en color naranja y con una leyenda que decía Movimiento Ciudadano, me  quedé esperando la reacción de los otros partidos políticos, pero al no ver nada en la prensa local, supuse que los dirigentes estaban dormidos o de acuerdo.

Yo tengo las siguientes preguntas… Quien está pagando este dineral..? Yo sinceramente no creo que está saliendo del bolsillo de alguien en un gesto de altruismo… porque deben ser millones de pesos entre el costo real y la “mochada”… Que no es proselitismo ¿

Claro, proselitismo obvio y barato (barato no por el costo) sino porque no le metieron cabeza a la acción de ese partido político.

Por eso estamos como estamos, por un lado la indiferencia de las fuerzas políticas del Puerto, nos enmochilan a los niños, el Señor Presidente Municipal, del que nunca me acuerdo su nombre sino solo de su apodo, quiere seguir endeudando a Vallarta y ahora con una deuda que se puede extender a veinte años, y que por las condiciones de su arreglo de no pagar durante los próximos dos años (circunstancialmente los dos laaargos años que le quedan de gobierno) significaría que esta enduedando Vallarta por los próximos casi siete trienios, total, si nunca vivió aquí antes de ser Presidente municipal, menos se va a quedar después de que termine su mandato, tan tonto no es y ahí los Vallartenses  que se hagan bolas…!

El buscará nuevos horizontes y nuevos acomodos políticos, total en este País no hay sanciones, sino  que le pregunten a nuestro “alcaldito” Chavita, o no ¿

He dicho…!

Valora este artículo
(0 votos)

Por Fedro Carlos Guillén

La intolerancia puede ser definida aproximadamente como la indignación de los hombres que no tienen opiniones. Chesterton.

Valora este artículo
(0 votos)

POR ESO ESTAMOS COMO ESTAMOS…!

Por: María Esthela Camacho

Efectivamente por eso estamos como estamos… el dia de ayer jueves, recibí tres llamadas telefónicas para decirme que prendiera mi tele para que viera una nota de Vallarta, como no tengo tele en mi oficina, pregunté los datos de en que canal, etc., etc., el programa se llama Todo para la Mujer, lo dirige Maxine Woodside, en Teleformula se vé de costa a costa y en el extranjero.

Valora este artículo
(0 votos)

Por Carlos Martínez Macías

Al amparo de la seriedad y prestigio de algunos diarios locales y aprovechando las difíciles condiciones económicas que pasan muchas familias agobiadas por las deudas, han proliferado vivales que ofrecen préstamos “sin garantías ni revisiones al buró de crédito” que en realidad son un gran fraude.

Aparecen en periódicos ofreciendo dinero con trámites sencillos. Enganchan al “cliente” y le piden que pague equis cantidad de dinero por investigación crediticia. Un personaje arriba al domicilio del incauto, recaba copias de recibos de nómina, comprobante de domicilio e identificación y cobra la cuota de supervisión con la promesa de que una vez aprobado el préstamo se reintegra tal cantidad.

Luego viene el calvario. Nunca dan su domicilio y cuando llaman para pedir información les notifican que su crédito “fue aprobado” y que en unos días más estará el dinero, lo que nunca sucede.

Otras “empresas” todavía tienen el cinismo de publicar listas de créditos aprobados. Cuando la gente acude al domicilio, encuentra una lista con personas y montos autorizados pero resulta que no aparece su nombre. La explicación es simple: son nombres ficticios.

Hay casos de gente que pide hasta tres mil pesos por una línea de crédito “garantizada” de Banamex y hasta dan a conocer sucursales donde realizarán la operación. Ofrecen elaborar recibos de nómina y construir un falso historial crediticio para que no falle la transacción.

El terrible problema de la cartera vencida en México ha derivado en miles de deudores que no encuentran la salida y esto es agravado con las prácticas de cobranza gangsteriles de algunos despachos de abogados. Paralelamente han aparecido este tipo de empresas que estafan a las personas abusando de la necesidad de los deudores.

Hace unos días la Fiscalía General de Jalisco lanzó una campaña donde advierte a la ciudadanía que no se deje sorprender por los extorsionadores telefónicos. Que no caigan ante amenazas de supuestos secuestros que son armados a partir de un modus operandi que incluye conseguir información de las víctimas.

Pero la autoridad ha eludido integrar una campaña preventiva y disuasiva contra estas prácticas criminales de despachos que amenazan con derribar puertas, forzar cerraduras y usar hasta la policía para una cobranza; o bien investigar las organizaciones fraudulentas que ofertan “créditos” cuando en realidad están robando a la gente.

En esta labor, los diarios tendrían que ajustar sus códigos de ética y filtrar estos avisos porque al no hacerlo simplemente convalidan un abierto fraude.

 

Valora este artículo
(0 votos)

Por Gabriel Ibarra Bourjac —-

MANUEL VILLAGÓMEZ Y GUILLERMO COSÍO HACE MÁS DE UN AÑO ADVIRTIERON DEL ENTREGUISMO DE EMILIO GONZÁLEZ MÁRQUEZ A LOS INTERESES POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DE GUANAJUATO, PARA LO CUAL EL EX GOBERNADOR NO TUVO ESCRÚPULOS DE FIRMAR UN CONVENIO AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN CON SU SIMILAR DE GUANAJUATO PARA CEDER AGUA QUE POR DERECHO LE CORRESPONDÍA A JALISCO.

Ya lo habíamos señalado hace más de un año en estas páginas de Conciencia Pública: “Emilio González Márquez y César Coll son traidores a Jalisco”, quienes cedieron ante los poderosos intereses económicos y políticos de Guanajuato al firmar un convenio para entregar agua que correspondía a los habitantes de esta tierra y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado sin validez.


Manuel Villagómez, presidente de la Fundación Lerma-Chapala lo calificó desde entonces que la construcción de la Presa El Zapotillo “es una traición a Jalisco, porque la pretensión siempre fue llevar agua a León, Guanajuato” (…) Se contó con la complicidad del gobernador Emilio González Márquez, al ceder los intereses de Jalisco ante los poderosos intereses políticos y económicos”.


Tanto César Coll como Emilio González Márquez acordaron beneficiar más a León que a Guadalajara, tomando una decisión unilateral y con el acuerdo de octubre del 2007 decidieron inundar Temacapulín, Acasio y Palmarejo al incrementar la cortina de 85 a 105 metros para almacenar 905 millones de metros cúbicos y dejarle a León 196 millones de metros cúbicos más de los 120 millones de metros cúbicos del Río Verde, de tal forma que quedan 316 millones de metros cúbicos para Guanajuato y 104 millones de metros cúbicos para Guadalajara, lo que significa “la traición a Jalisco de César Coll”.

“CEDIERON AGUA A GUANAJUATO”: COSÍO


El ex gobernador de Jalisco, Guillermo Cosío Vidaurri, hace más de un año fue de las voces críticas que se hicieron escuchar elaborando un documento de análisis sobre la actuación de los últimos cuatro gobernadores (incluye a Carlos Rivera y los tres panistas) en el tema del agua, documento que Conciencia Pública dio a conocer. “Estamos a poco menos de 20 años, de que dejó de tenerse como viable la construcción dela Presa de El Purgatorio, proyectada por el Gobierno de mi cargo para dotar de agua potable a la Zona Metropolitana de Guadalajara, como remate del proyecto La Zurda-Calderón, puesto en marcha en el ejercicio de mi administración y suspendido al iniciarse la licencia que yo solicité de mi cargo”.


El ex gobernador reclamó que: “Ni el gobernador provisional que me sucedió, ni los constitucionales que continuaron en ese desempeño, tuvieron intención de proseguir el proyecto, y en cambio, alguno se propuso sustituirlo mediante la construcción de una presa llamada Arcediano, que según los autores de ese nuevo enfoque, captaría aguas del Río Verde, asociadas con las provenientes del Río Santiago”.


Refirió que: “Algunos de nuestros gobernadores cedieron al estado de Guanajuato una parte del total de aguas que arrastra el Río Verde, para que se almacenase en la presa de El Zapotillo, a fin de que el mayor volumen, mediante un acueducto sea conducido a León y el resto, hipotéticamente, se orientase por otro acueducto a diversas poblaciones de la región de Los Altos”.

EL CINISMO DE COLL


Guillermo Cosío se refirió de la misma forma a la actitud de falta de interés de Coll Carabias, entonces director de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS) por defender el interés de Jalisco: “Ahora resulta que de acuerdo con el Director del CEA, no existen recursos para realizar las obras en cuestión, que demandan dos mil 700 millones de pesos –cifra calculada pero no presupuestada legalmente– de donde se infiere que en los años inmediatos no podrán llevarse a cabo y en consecuencia, los tapatíos y los alteños nos quedaremos esperando a la buena de Dios”.


Dice que a juzgar de lo que está ocurriendo: “Solamente existe la posibilidad de que por lo pronto únicamente se beneficie a los habitantes de León, Guanajuato”. Concluye: “En síntesis: Para poder obtener una menguada porción de las aguas del Río Verde, deberemos estar en espera de resultados que están condicionados al factor económico, y si éste no se da, nos quedaremos como el chinito: nomás milando, sabiendo que por nuestras barrancas corre un río que alguna vez fue todo para disfrute de Jalisco”.


Emilio González Márquez, con esa actitud irresponsable y vale madrista que lo distinguió, así como despilfarró decenas de miles de millones de pesos durante los seis años del gobierno al regalar dinero a diestra y siniestra, lo mismo pretendió hacer con el agua que le tocaba a Jalisco proveniente del Río Verde.


Por ese motivo, se ha señalado, puede ser sujeto de un juicio político e inhabilitación, si es que un senador o diputado del PRI se atreve a presentar la denuncia en su contra o sólo que existe un acuerdo secreto para protegerlo y no tocarlo, como se piensa que pudiera existir.

Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Valora este artículo
(0 votos)

Por Jorge Olmos Contreras

El Juzgado Tercero de Distrito en materia Administrativa admitió hoy un incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional del contrato de concesión del alumbrado público de Puerto Vallarta, promovido por la empresa Led Lumina S.A de C.V, por lo que de dictarse sentencia en contra, podrían ser destituidos tanto el presidente municipal, Ramón Demetrio Guerrero Martínez, como el síndico, Roberto Ascencio Castillo.

La firma Led Lumina fue una de las que concursaron en la convocatoria nacional para concesionar el servicio de alumbrado público –mismo que se otorgó en condiciones ventajosas a la empresa Citelum de México S.A de C.V-- y desde el seis de mayo promovió ante el Juzgado Tercero la suspensión provisional para que no se firmara el contrato entre el Ayuntamiento y Citelum, debido a graves irregularidades, según el amparo 939/2013.

Sin embargo, ni el alcalde Mochilas ni el síndico Ascencio acataron la suspensión provisional alegando una serie de argumentos legaloides –simples triquiñuelas jurídicas--, por lo que los representantes de Led Lumina promovieron el incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión provisional, el cual fue admitido por el Juzgado Tercero de Distrito, según se publica este miércoles 21 de agosto en la lista de acuerdos.

En la lista de acuerdos se indica:

“Se tiene por recibido el escrito de la parte quejosa, mediante el cual da cumplimiento con el requerimiento formulado en autos; dese vista a las autoridades; cítese a las partes a la audiencia de alegatos sobre el incidente por defecto en el cumplimiento a suspensión provisional decretada en autos para las once horas del tres de septiembre de dos mil trece”.

EL INCIDENTE

Ahora bien, cuando Led Lumina promovió el incidente de violación a la suspensión decretada con anterioridad, el Juzgado dejó registro del mismo en la siguiente síntesis del 15 de agosto y publicada el 16 del mismo mes al comentar que “mediante escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa interpone incidente de violación a la suspensión, sin embargo, previo a acordar de conformidad requiérase para que dentro del término de tres días exhiba una copia más de su escrito de exposición de motivos, en virtud de que resultan necesarias para ser distribuidas entre las partes."

Hay que recordar que Led Lumina se amparó desde el día seis de mayo y que el siete le fue admitido el juicio de garantías  que dejó provisionalmente sin efectos el contrato.

Es claro que si el Juzgado Tercero de Distrito admitió a Led Lumina la suspensión provisional, fue para que no se cumplieran los efectos del contrato de adjudicación de obra pública, es decir, independientemente de que se haya firmado o no dicho contrato, la suspensión es para que no se cumplieran los efectos de éste.

A continuación transcribo la parte informativa del Juzgado Tercero de Distrito con respecto exclusivamente al contrato:

“Fórmese por duplicado el incidente de suspensión, pídase informes previos a las autoridades responsables, se señala audiencia incidental para las once horas con diez minutos del quince de mayo dos mil trece. Se niega por una parte y se concede por otra la suspensión provisional, para el efecto de que no se cumplan los efectos del contrato de adjudicación de obra pública, siempre y cuando se exhiba la garantía de cien mil pesos por la parte quejosa”.

CAMINO A LA PERDICIÓN

Led Lumina cumplió las exigencias del Juzgado, pero el Ayuntamiento no y sus máximos representantes, el alcalde y el síndico, no sólo firmaron el contrato, sino que permitieron que la empresa Citelum comenzara los trabajos de sustitución de luminarias contemplados en el mismo; incluso, ya se les habría otorgado el primer pago.

En su momento, el síndico Roberto Ascencio hizo una declaración desafortunada, al sostener que el recurso de amparo de Led Lumina no iba a proceder porque se trataba de “hechos consumados”.

Pero como lo señalamos en otro artículo, a Roberto Ascencio se le olvidó  que la nueva Ley de Amparo, en su artículo 136, indica que la suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando no sea recurrido.

A continuación,  transcribo tal cual, dicho artículo:

"Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido.

Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional”.

Así las cosas, está claro que no hubo hechos consumados como lo alegó en su momento el síndico y que la suspensión comenzó a surtir efecto el siete de mayo, un día antes de que se citó a Citelum para firmar el contrato de adjudicación, con el agregado de que ni siquiera se firmó por una de las partes en un principio, es decir, por el propio síndico municipal.

LA DESTITUCIÓN

De esta manera, si Led Lúmina gana este incidente, el Mochilas, el Síndico y el Secretario General pueden ser destituidos e ir a la cárcel por violar una suspensión provisional, para que no se ejecutara el cumplimiento del contrato de concesión.

Para ilustrar mejor lo que podría pasarle al Mochilas y al síndico, está el caso de la alcaldesa del municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, Graciela Juárez Montes, quien la semana pasada fue destituida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), junto con su tesorera, Aidé Verónica Corona García, por el desacato a una sentencia de amparo.

La resolución del Máximo Tribunal también ordenó que dichas funcionarias municipales pertenecientes al PRI fueran consignadas directamente ante un Juez de Distrito con residencia en el estado de Querétaro para que sean procesadas por el delito de desacato judicial. 

Dicho ilícito se castiga con hasta 9 años de prisión e inhabilitación para ocupar cualquier puesto público. 

Valora este artículo
(0 votos)

El martes, al menos dos horas antes de la declaratoria de cancelación del pleno del Ayuntamiento se podía percibir que algo no caminaba y que los regidores de oposición ahora si habían llegado dispuestos a darse a respetar y no tolerar juegos con el reloj. Casi cinco horas después de la hora convocada, le tocó al secretario general, Antonio Pinto Rodríguez hacer el anuncio, noticia recibida con algarabía y palmoteos de manos de los regidores de oposición en la mesa del salón del Ayuntamiento.

Ahí estaba la ex regidora María Inés Francia Romo codo a codo con el dirigente panista Jesús Ruiz Higuera. La primera dijo haber acudido como una ciudadana interesada en el futuro económico de su ciudad y el segundo, respondió a la invitación de los regidores de su partido por su calidad de notario público. Ellos dos son el del interés que como pocas veces originó la intentona del presidente municipal, Ramón Guerrero Martínez por sacar adelante el acuerdo de los regidores para una reestructuración de la deuda con Bancomer que contrajo en su momento Javier Bravo Carbajal. El punto concentró opiniones a favor y mas en contra sobre eventuales beneficios,  perjuicios a la de por si ya precaria situación financiera del municipio.

A casi diez meses de haber asumido el gobierno municipal nadie ha sido capaz de acertar a plenitud a cuánto asciende la deuda pública de Puerto Vallarta. Por razones que apenas él conoce, Ramón Guerrero ha guardado silencio después de que en campaña y al principio de su gestión estimara en dos y hasta en mas de tres mil millones de pesos el monto de esa deuda. Otros calculan en cientos de millones, pero que a duras penas supera el renglón de los mil millones. Eso parece indicar que será hasta ocioso precisar dichas cifras pues nuestros gobernantes, eso sí por motivaciones políticas, han ayudado a crear dudas y confusiones en el tema.

El punto principal del orden del día de la sesión extraordinaria tiene origen en aquel préstamo pedido por el profe Bravo en las postrimerías de su gobierno. Fueron 450 millones de pesos, dinero que en teoría sería destinado íntegramente para el equipamiento urbano de la ciudad, pero al final, la mayor parte se gastó en quien sabe qué. Varios hombres de negocios, incluyendo catedráticos, directores y dueños de periódicos se prestaron a la compase, al aceptar ser parte de un club de “fiscales ciudadanos”.

A menos de cinco años tampoco se sabe mucho de cuánto se abonó al capital de aquel préstamo y cuánto queda por pagar. A cuentagotas, y tampoco es oficial, se han manejado algunos cifras, por ejemplo que se paga algo así como cuatro millones mensuales por intereses y que aun se le debe a Bancomer poco mas de 334 millones de pesos.

Ha sido semejante deuda el dolor de cabeza que en su momento llevó a Salvador González Reséndiz realizar una renegociación con el banco. Lo hizo con medianos resultados pues el problema no se arrancó de raíz y, como ahora lo pretende Guerrero Martínez, buscó disminuir los intereses extendiendo los plazos de pago. El equipo de  expertos financieros contratados por González Reséndiz concluyeron que las condiciones del préstamo rayaban los límites del anatocismo, el famoso “cobro de interés sobre intereses” que hace algunos años mandó a la quiebra a constructoras de vivienda y aquí hizo perder a cientos de familias que se endeudaron comprando residencias en la zona de Aralias, Los Sauces y otros fraccionamientos de lujo.   

Con ese lastre que representa el millonario adeudo, en diciembre pasado Ramón Guerrero logró sacar un acuerdo que le permitía contraer un préstamo de 100 millones de pesos. Sin embargo, hasta donde se recuerda, nunca se formalizaron los contratos para entrarle al dinero.

Pero bueno, nuestro alcalde se ha dado a la tarea de buscar acuerdos con la banca para alcanzar mejores condiciones de pago. Esa es su argumentación. Los regidores de oposición, son de los que no están convencidos y de menos afirman no tener información suficiente como para aprobar una propuesta de tal magnitud. Eso dijeron ayer al conocer la cancelación de la sesión extraordinaria.

Por sí mismo, no es cuestionable una reestructuración de una deuda, pública o privada. Quien tenga alguna deuda y se atrasa en sus pagos no tiene mas opción que acercarse a su banco y renegociar. El punto crítico acá es la propuesta de extender el plazo del pago. Bravo contrató los 450 millones de pesos por 15 años y ahora se trata de prolongarlo otros diez años. Es decir, se propone se termine de pagar hasta el 2024.

Los opositores barajean argumentaciones distintas y no se convencen con la razón de que lo mejor es disminuir en la mitad los pagos por intereses que mensualmente se pagan ahora y ese mismo dinero, unos dos millones de pesos, gastarlo en el mantenimiento de la ciudad. Si es cierto que la burra no era arisca, acá los políticos se encargaron de convertir a la ciudadanía en una sociedad incrédula ante cualquier acto de sus gobernantes. Cuando Javier Bravo pidió permiso a los regidores de pedir dinero, juró que era por su ciudad, dizque le creyeron y los regidores le dieron el voto. Ahora se le dificulta a Ramón Guerrero convencer que busca dinero para gastarlo en Puerto Vallarta.

Ahora, se evidenció la tarde del martes deficiencias de operación política del gobierno municipal. Por momentos, el alcalde ocupaba tres oficinas y era obligado a saltar del despacho principal a la sala de juntas y a la oficina que ocupan sus asesores. Pudo haber esperado se concrete la reforma fiscal que impulsa el presidente de la república, Enrique Peña Nieto que contiene modificaciones a las reglas bancarias en el tema de préstamos, mejores condiciones para acreedores, pero Ramón Guerrero tiene sus prisas. Como que va contra el tiempo.

Mientras el alcalde intentaba planchar su acuerdo, posiblemente buscando convencer a regidores para alcanzar la ansiada y obligada mayoría calificada, los regidores de oposición iban y venían de sus cubículos al salón de plenos.

De vez en vez salía y platicaba con reporteros y otros. Huberto Muñoz Vargas insinúo al autor que esta vez no estaban de humor y que darán la nota. Poco a poco, al paso de los minutos, se construyó el escenario de la impaciencia.

Concluyeron en la fala de respeto y un agravio a su investidura de regidores. Una espera que de una, dos, tres cuatro, se prolongó hasta cinco horas. El tiempo corrió esta vez en contra del alcalde. Los reporteros también se ofuscaron y literalmente a gritos demandaron la presencia del alcalde para que al menos a ellos les diera una explicación, una breve entrevista pedida desde un día antes.

La deuda municipal ha sido arma y herramienta de campañas electorales desde aquella elección de febrero de 1995. Y conste, en esas fechas la de deuda del municipio apenas rondaba los 38 millones de pesos. Pero no había dinero, como ahora, ni para gasolina ni arreglo del parque vehicular. Con dinero propio Fernando González Corona pago una flotilla de volteos para recoger la basura de las calles. Eso le valió cosechar simpatías y sumar votos en la elección y barrió al priista Sergio Arat Sánchez Cervantes. Ramón Guerrero hizo de la deuda en campaña el año pasado un agresivo discurso y contra todo pronóstico se alzó con la victoria en las urnas. Todo apunta a que para el siguiente proceso electoral muy poco o nada cambie y la deuda se mantenga como el recurso más efectivo de los discursos de campaña.

 

REVOLCADERO

 

Por cierto, el que se dejó ver el martes en la tarde, sentado en perfecto orden y dialogando amenamente con Jesús Ruiz Higuera y Mará Inés Francia Romo de Baños, fue Héctor Gallegos de Santiago. Adoptó poses de un opositor del gobierno municipal al que hace algunas semanas prestó sus servicios. Ahora se asume como el hombre del futuro del Movimiento Ciudadano, curiosamente el mismo partido que ha hecho suyo el presidente municipal, Ramón Guerrero Martínez. Eso sí, desde su rompimiento con el alcalde Gallegos no modifica su discurso critico hacia la administración municipal. De su lenguaje, la palabra mas repetitiva es la corrupción.****** Nos informan que Juan Enrique Ibarra Pedroza rastrea a Oscar Avalos Bernal. Quiere saber sus antecedentes, trayectoria, lo que hizo y no hizo en Estados Unidos, en la unidad de riego de Las Palmas y en el ejido del mismo poblado y hasta ahora como regidor.  Allá en su ejido, sus vecinos tienen mucho que decir del que ahora es regidor del Movimiento Ciudadano. Ibarra Pedroza quiere hacer lo que aprendió en el PRI, consultas y auscultaciones de todo aquel que confiesa aspiraciones. Oscar “el canitas” quiere ser candidato a diputado y como que Ibarra le cierra el ojo.***** Si el viejo zorro del tricolor, ahora vestido de aguilucho, Ibarra Pedroza, quiere saber algo del regidor mochilista, solo necesita darse una vuelta por Las Palmas. Allá tal vez le platiquen del cómo y por qué le autorizó, y en asamblea, una especie de auto préstamo al Chonte Sotero Gutiérrez, quien es secretario de ejido que preside Avalos Bernal. (Una versión nos aclara que ese préstamo fue a la Unidad de Riego y no al Chonte). Este es el antes primo chiqueado de Pancho “la zorra” Gutiérrez. Como no le rezó a “Santa (José Luis) Huaracha” y le fue mal en el temporal de siembras. Es mas, le recomendamos a Ibarra Pedroza que vaya con don Macario López González, para que le platique las malas artes que emplea al regidor para hacer desistir a su hijo el químico de participar en las elecciones del ejido programadas para el 8 de septiembre. Pero bueno, Ibarra Pedroza puede ir a comer al asadero de Rafael Rodríguez y con suerte “el orejón” se anima a platicarle cómo le hizo “el canitas” para convencer a su hijo Rubén, declinar ir como tesorero en la planilla de Juan López y unírsele al profe Sebastián Peña.

Valora este artículo
(0 votos)

Por Sebastián Zavala Cordero/Columna “Aplanadora en Movimiento”

 

  • Lo que Mal Inicia…
Valora este artículo
(0 votos)

El contrato de concesión, define a uno de sus principales apartados, el denominado “censo”: es el recuento que el CONCESIONARIO en conjunto con personal del Municipio y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llevarán a cabo, dentro de los dos primeros meses de vigencia del Contrato de Concesión, para establecer la cantidad de puntos de luz base del objeto del presente contrato, previo a la sustitución de cualquier parte de la infraestructura en el sistema de Alumbrado Público, determinando el programa calendarizado de sustitución, para el oportuno reconocimiento de la paraestatal y la consecuente modificación de los contratos de suministro de energía eléctrica…”.

Si se apega estrictamente a dicho contenido, el arranque de los trabajos debe partir al concluir el censo. Si es legal o no, ya queda a juicio de las partes. Si se trata de una treta mediática de representantes del gobierno municipal, ya será trabajo de la concesionaria desenmascarar a quien intenta enmascarar el “negocio”. 

Sobre el tema del censo oscilan las diferencias que a últimas fechas sostiene el gobierno municipal con la empresa concesionaria del servicio del alumbrado público. El primero sostiene que las luminarias de parques y otras zonas de la franja turística. Dicha exclusión “es ilegal,” acusa por aparte la empresa. Sin embargo, más allá de los dichos, no queda claro fechas fatales y sigue siendo una montaña de especulaciones respeto a la terminación o no del famoso censo. Pero quienes lo dan por concluido tampoco dan cifras serias lo que permite la danza de los números.   

Primero, nos resulta de mucho asombro que nuestra autoridad municipal entre al campo de las disputas con la empresa a la cual ellos mismos seleccionaron como la mejor opción para otorgar el servicio del alumbrado público de la ciudad. No es el mejor augurio que mucho antes de entregar la responsabilidad a una empresa privada, ésta entre en conflictos con su “cliente”. En los círculos externos solo puede indicar que algo no camina bien.

Es aquella concesión que tantas suspicacias provocaron cuando se le aprobó al primer edil Ramón Guerrero su propuesta de otorgar en concesión el servicio del alumbrado público. La empresa ganadora de la licitación, Citelum de México S.A. de C.V., también arrastró por semanas y meses sospechas de haberse quedado con el negocio por la vía de acuerdos pactados en lo oscurito. Si consideramos el enfriamiento de las relaciones, es decir, los conflictos de los últimos días, pareciera indicar que nada de las sospechas resultaron ciertas y que la empresa ganó la licitación a ley.

Cualquier persona medianamente enterada del manejo de los temas de una licitación publica, sabe que el proceso se lleva a cabo descansando en las bases, ya conocidas por el público y por los interesados. Ya después viene la firma del contrato y en este constan las reglas sobre las que unos y otros van a trabajar. Aquí se vuelven a replantear aspectos torales que ya constan en la licitación, ya sea para reforzarse o para redefinir el compromiso que las partes asumen.

Lo que a ojos de todos, de quienes supieron de la intención y del acuerdo de otorgar la concesión a una empresa privada, también de quienes conocieron las bases de la licitación, que el objeto de la concesión es otorgar en concesión el suministro, instalación, reparación, sustitución, mantenimiento, operatividad, gestión y administración del servicio del alumbrado público y obras asociadas con dicho servicio. Así se indica en el contrato de concesión donde se añade que todo es para el mejoramiento urbano del municipio.

Sin embargo, subsisten dudas razonables. No queda claro si al guardarse información, como por ejemplo la exhibición de las fianzas de garantía, obedece a intenciones oscuras que beneficien a la empresa e inclusive al propio ayuntamiento. En una de esas estamos ante una simulación de las dos partes.

En la clausula 4.1 de dicho contrato se establece que “dentro de los 60 días naturales siguientes a la firma del presente Contrato de Concesión, se llevará a cabo el Censo de Luminarias, con el propósito de determinar las cantidades exactas de luminarias, que serán objeto del presente a efecto de que se ratifique o ajuste la cantidad, que será objeto de los servicios…”.

Enseguida se lee: “el Concesionario iniciará los trabajos de la etapa de renovación, después de haber concluido el Censo señalado en este Contrato. En caso de que sobreviniere Fuerza Mayor o Caso Fortuito que imposibilite la continuación de los trabajos o prestación de los servicios, será motivo de penalización el retrazo que pudiere generarse como consecuencia de lo inconcluso de los trabajos a la no prestación de los servicios atribuibles a los supuestos antes detallados”.

Una repasada al contrato permite destacar de las observaciones que el documento fue cuidadosamente revisado antes de la cascada de firmas. Con eso se pretende reafirmar que nada, o en su defecto muy poco, se ha dejado en el aire y ninguna de las dos partes, ni ayuntamiento ni concesionario, se puede decir sorprendido.

Entonces, son las partes ajenas a dicho documento de obligaciones, la sociedad en su conjunto, quienes pueden expresar el asombro de atestiguar las diferencias exhibidas por las partes.

En otras palabras, las bases de la licitación y el contrato de concesión, contienen lo normal en la serie de acuerdos de compromisos pactados de tal naturaleza. Ahí se incluyen todo lo referido al servicio del alumbrado de Puerto Vallarta. Contienen el llamado Terminación de Meta, a emitirse sin excepción durante la vigencia del contrato. También la obligación de emitirse los certificados de terminación de meta, con su debida acta de recepción, que de ninguna manera modificará las obligaciones del concesionario.

Por otro lado existe la Ley federa sobre Metrología y Normalización. Las partes la refieren pero en circunstancias normales ni siquiera seria necesaria apelar a la misma. Es de conveniencia a la concesionaria, toda vez que de la aplicación de la misma se establece las condiciones para generar utilidades, el ahorro pues, y cumplir las obligaciones contraídas de la empresa concesionaria. La obligación madre tiene que ver con la garantía de un ahorro, toda vez que ya existe la obligación contractual a favor del ayuntamiento, de recibir de Citelum el pago del equivalente al 30 por diento de los ahorro energéticos.

De lo anterior se deprende la obligación de conveniencia de asumir el servicio con equipo de luminarias debidamente certificadas, que cumplan los estándares de las normas oficiales mexicanas. En tanto más se sujeten a dicha normatividad, mas se garantiza el ahorro y cumplir la obligación con ayuntamiento.

No sabemos si las partes se disputan el depósito de la fianza  al primer año, monto que se mantiene en secreto, pero que se sabe es un importe equivalente al 10 por ciento del importe total de la propuesta económica (sin desglose del IVA). El ayuntamiento tendrá libertad de quedarse con la garantía si la concesionaria no cumple sus obligaciones del contrato el primer año.

En resumen, hay números hechos públicos, inclusive sobre el censo donde esos números no cuadran y si es cierto, simplemente se abre más el zanjón de las sospechas de estar ante un negocio gordo.

REVOLCADERO

Cuando en su momento se conoció el interés del gobierno municipal de concesionar el servicio del alumbrado público se advirtió en este espacio que muy pocos experimentos de este tipo han dado resultado en Puerto Vallarta. Muy pocos pronosticaron resultados satisfactorios. Apenas pasaron unos meses y surgieron las primeras desavenencias. Y conste, los problemas vienen contra pronósticos porque al principio quienes se opusieron daban por descontado que atrás del proceso de asignación de la concesión existió “negocio”. Que se sepa, nunca se ha podido comprobar que hubo dinero de por medio al asignar la concesión a la empresa Citelum. No se dispone de mayores datos pero los primeros indicios permiten presumir que la licitación se adjudicó en pleno derecho.***** Se han elevado cuestionamientos al equipo de alumbrado, de luminarias, que propone instalar la empresa en las calles de la ciudad. El balastro electrónico Magnus HID, es un producto expedido por ANCE y tiene el certificado de conformidad. Es decir, cumple la NOM-058. Las luminarias LED también tienen el certificado de producto ANCE; es decir se cumple con la NOM-031-ENER-2012, que apenas entro en vigor en mayo de este año. Es decir, conforme a las obligaciones con el ayuntamiento y al cumplir con las normatividad vigente, nada impide instalar dicho equipo. Se cumple con las certificaciones y se cumple con las especificaciones de las bases de licitación y se apega todo a las disposiciones de la Ley de Metrología y Normalización.****** Por cierto, el secretario general del ayuntamiento, Antonio Pinto Rodríguez es uno de los actores de primer reparto que han entrado en el sainete por el negocio del alumbrado. Los opositores de adentro, sobre todo el síndico Roberto Ascencio y los regidores de oposición, presumen que Pinto esconde algo al fijar una posición de abierto rechazo a la empresa Citelum.

 

Vínculos importantes

Publicidad

Para anuncios en la versión impresa y en línea comunicarse a la Redacción al teléfono 322 294 8412